Las extorsiones a quienes explotan los bosques ya no son suficientes para el crimen organizado, ahora controla territorios forestales, decide quién puede cortar árboles, somete a ejidatarios, se apodera de aserraderos, vigila el transporte y coloca la madera en el mercado mediante documentos alterados.
- Una iniciativa presentada ante el Senado en 2025 advierte que la tala clandestina se convirtió en un negocio de gran escala, mientras un reporte de la Comisión Nacional Forestal, reconoce que la corrupción, la falta de vigilancia, la impunidad y la presencia de grupos delictivos facilitan la extracción y el lavado de madera para uso comercial.
El estudio oficial “Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), calculó tres posibles niveles de ilegalidad y determinó que, en el escenario donde 70 por ciento de la madera consumida tiene procedencia ilícita, el Estado dejó de recaudar por concepto de ISR entre 14 mil 818 y 20 mil 745 millones de pesos anuales; estima que la tala ilegal provoca al menos 8 por ciento de la deforestación bruta, alrededor de 16 mil 640 hectáreas cada año, con pérdidas de servicios ambientales que pueden alcanzar mil 33 millones de pesos.
Los bosques bajo disputa
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene identificadas 122 áreas críticas por ilícitos forestales y documentos legislativos señalan que 13 se encuentran dentro de zonas naturales prioritarias, entre ellas el Bosque de Agua, que une a la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México, el Parque Nacional La Malinche, entre Puebla y Tlaxcala, el Pico de Orizaba, entre Puebla y Veracruz, y la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán.
- Los informes periodísticos también ubican tala clandestina, lavado de madera o invasiones forestales en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Sonora, Durango, Sinaloa, Querétaro, Nayarit, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
- En Chihuahua, una investigación de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional identifica a facciones del Cártel de Sinaloa, entre ellas Los Salazar y Flechas MZ, en la explotación armada de los bosques de la Sierra Tarahumara y el Triángulo Dorado; con información atribuida a la Agencia de Investigación Criminal, señalan que La Línea, brazo del Cártel de Juárez, disputa el corredor maderero de Bocoyna y sostiene que jóvenes indígenas son reclutados por la fuerza para trabajar como taladores o vigilantes en municipios como Maguarichi, Guerrero, Uruachi, Ocampo, Madera y Guadalupe y Calvo.
En Michoacán, un reportaje de Bloomberg Businessweek relaciona la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos con la extorsión a la industria del aguacate y el despojo de terrenos forestales para abrir nuevas huertas, además de mencionar a una célula identificada como Cártel del Aguacate en Rincón de San Luis.
También se ubican a Los Tena, una escisión de Los Caballeros Templarios, en el despojo de predios de Aquila y en el contrabando de maderas protegidas como sangualica o granadillo hacia China.
Tala, desplazamiento y control comunitario
En Guerrero, las investigaciones periodísticas identifican a Los Viagras, Los Maldonado y la célula de Crescenciano “El Chano” Arreola en la explotación de los bosques de la Sierra de Petatlán y Tierra Caliente, donde grupos armados imponen la tala, trasladan la madera en camiones con placas de Michoacán y someten a las comunidades ejidatarias.
El estudio oficial del INECC, documentan que la violencia y la devastación de los bosques han provocado el abandono de proyectos comunitarios y el desplazamiento de familias completas.
- En Oaxaca, el diagnóstico gubernamental de la Semarnat y el INECC recoge registros de al menos 24 municipios con problemas de tala ilegal en los Chimalapas, la Sierra Sur, Valles Centrales y la Mixteca, regiones marcadas por marginación y presencia de grupos organizados de talamontes; en Chiapas, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, incorporado al mismo estudio, reportó un crecimiento superior a 500 por ciento del tráfico de madera en Ocosingo, Palenque, la Zona Norte, Centro y Fraylesca.
En el Estado de México, un comunicado oficial de la Profepa documentó durante 2025 el aseguramiento de 22 rollos de oyamel en Ocuilan, dentro del Bosque de Agua, mediante un operativo con participación de autoridades ambientales y fuerzas federales.
El Informe de Autoevaluación 2023 de la Conafor señala que se destinaron 49.26 millones de pesos a 236 proyectos para incorporar o reincorporar 275 mil 801 hectáreas al manejo forestal sustentable, además de promover certificados de cadena de custodia y mecanismos de trazabilidad; sostiene que la madera ilegal continúa desplazando a los productores autorizados porque no paga impuestos, permisos ni programas de manejo, mientras la insuficiente inspección y la impunidad permiten que los grupos criminales mantengan bajo control la explotación, el transporte y la venta.
Por la tala clandestina identifican focos rojos en 31% de municipios
La tala ilegal en el Estado de México se ha convertido en una problemática ambiental y de seguridad, en donde ya no solo participan talamontes aislados, sino grupos del crimen organizado que operan en distintas regiones boscosas de la entidad.
De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el estado enfrenta focos rojos en zonas estratégicas como la Sierra de las Cruces, el llamado Bosque de Agua, la región de la Mariposa Monarca, el corredor Iztaccíhuatl-Popocatépetl, así como áreas boscosas del sur y oriente mexiquense.
- En ese sentido, el titular de la Semarnat en la entidad, Antonio Reyna, explicó que en total son 39 municipios con alta incidencia, aunque precisó que la tala ilegal ocurre en prácticamente todo el territorio estatal.
- Precisó que la tala clandestina ha evolucionado, pues a parte de la modalidad hormiga, que es realizada por personas que extraen pequeñas cantidades de madera, ahora también hay tala organizada, donde grupos criminales reclutan a pobladores, a quienes dijo le ofrecen hasta siete mil pesos semanales para participar en esta actividad ilícita.
Antonio Reyna detalló que el Estado de México es la única entidad del país que cuenta con una mesa ambiental contra la tala ilegal, instalada desde 2022, donde participan dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía estatal, Guardia Nacional, así como otras autoridades federales y estatales.
En este espacio, mencionó que se coordinan operativos semanales, uno o dos por semana, sumando 70 entre 2025 y lo que va del año.
“Hemos hecho decomisos, clausuras de aserraderos clandestinos, decomisos en carretera, les damos capacitación a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal en cuanto a la documentación que debe traer un vehículo cuando viene legalmente el producto, y eso nos ha ayudado mucho a detener también este tipo de vehículos”, comentó.
- Aunque reconoció que se han enfrentado a altos niveles de riesgo, pues los grupos criminales están armados y han incendiado vehículos oficiales, agredido a inspectores e intentado atacar con combustible a brigadistas
Aunque, aseguró que los operativos han logrado una ligera reducción, reconoció que el problema persiste y continúa expandiéndose. “El avance es real, pero no al ritmo que quisiéramos”.
Operativos no frenan la tala clandestina en el Estado de México
Entre 2022 y el 30 de junio pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha puesto en marcha 216 operativos en el Estado de México, sin embargo, no se ha contenido la tala clandestina y apenas el fin de semana anterior un ciclista documentó cómo un camión de carga llenaba su plataforma de árboles cortados ilegalmente en los senderos del Nevado de Toluca.
- Información de la Profepa entregada a La Silla Rota vía transparencia muestra que a partir de la conformación de la mesa de trabajo contra la tala ilegal, cada año se ha incrementado el número de operativos forestales en el Estado de México: en 2022 fueron 23; en 2023, 41; en 2024, 63; en el 2025, 64; y en el presente año hasta el 30 de junio se han realizado 25.
Los operativos buscan localizar aserraderos que cortan los troncos y venden la madera a mueblerías o fábricas, pero también para detectar camiones que transportan mercancía forestal ilegal.
En el Estado de México se registran gran parte de las denuncias por tala ilegal. De acuerdo con información de la procuraduría, hasta febrero del año pasado, de las 10 mil 371 denuncias que había entre 2019 y el segundo mes de este 2026, mil 274, casi la décima parte, se concentraban en la entidad mexiquense, que sólo estaba detrás de Michoacán, con 1 mil 497.
Ocoyoacac: epicentro de los operativos
En Ocoyoacac y municipios aledaños se han realizado cinco operativos forestales en contra de la tala clandestina.
Se trata del mismo lugar en el que el 15 de junio pasado habitantes del pueblo de San Pedro Atlapulco incendiaron tres camionetas en la carretera México-Toluca, presuntamente pertenecientes a talamontes. En esa ocasión, los inconformes les pidieron a las autoridades proteger las cinco mil 750 hectáreas de su bosque.
En promedio se han realizado 54 operativos por año desde 2022, cuando se conformó la mesa de trabajo que consiste en hacer inspecciones a aserraderos, recorridos de vigilancia forestal, filtros de revisión al transporte de materias primas forestales, cambios de uso de suelo y coadyuvancias con la Fiscalía General de la República, a partir de denuncias penales interpuestas por la Profepa.
Tala ilegal se recrudece
El negocio de la tala clandestina genera pérdidas ambientales enormes y grandes ganancias para los grupos organizados que la cometen, de acuerdo con el estudio “Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México”.
El documento, elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, informa que tan sólo en 2020 México perdió 127 mil 770 hectáreas de bosque, una deforestación superior a la del periodo 2010-2015, que fue de 91 mil 600 hectáreas.
Entre 2018 y 2020 se atendieron mil 514 denuncias en materia forestal, de las cuales mil 179 fueron por tala ilegal, según estadísticas de la Profepa que cita el estudio.
Los principales delitos
Los principales delitos que se cometen con la tala ilegal son los siguientes: “lavado” de madera ilegal a través de compañías agrícolas o forestales que usan prestanombres; fraudes y declaraciones para ocultar las actividades ilegales y la evasión fiscal.
El Código Penal Federal establece que se impondrá pena de 2 a 15 años de prisión y de 500 a 10 mil días de multa a quien desmonte o destruya vegetación, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso de suelo forestal en comunidades indígenas, zonas agrarias, comunales y/o ejidales.
Los impactos de esta actividad ilícita son los siguientes:
- Escenario conservador, 30% del consumo aparente es ilegal. El estudio dice que la Profepa estimaba en 2013 que la madera ilegal representa 30% del volumen anual autorizado en el país.
- Escenario intermedio, 50% del consumo aparente es ilegal. De acuerdo con información del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se estima que al menos la mitad de la madera que se comercializa en el mercado nacional tiene un origen ilegal.
- Escenario pesimista, 70% del consumo aparente es ilegal. En el informe “El Estado que Guarda el sector Forestal en México 2019” de la Comisión Nacional Forestal, cita un dato de la Profepa, según el cual la ilegalidad es del 70%.
Otro dato que arroja el estudio es que los ingresos no percibidos por la economía formal se estiman entre 41 mil y 97 mil millones de pesos anuales (en pesos constantes de 2018).
“Estos valores son 4 y 9 veces más grandes que el valor de la producción legal en México. En términos fiscales las pérdidas oscilan entre 8.8 mil y 20.7 mil millones de pesos al año.
Además, un impacto social que deja la tala ilegal es que aumenta la violencia e inseguridad en las comunidades forestales por la presencia del crimen organizado; puede ser causa y efecto de conflictos agrarios; causa desplazamientos de la población y presión urbana; perjudica las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y sus derechos sobre las tierras, sus medios de subsistencia y su capacidad para proteger el bosque.
En Ocoyoacac y municipios aledaños se han realizado cinco operativos forestales en contra de la tala clandestina.
- Se trata del mismo lugar donde el 15 de junio pasado habitantes del pueblo de San Pedro Atlapulco incendiaron tres camionetas presuntamente pertenecientes a talamontes, en la carretera México-Toluca, a la altura de El Zarco. En esa ocasión, los inconformes les pidieron a las autoridades proteger las 5 mil 750 hectáreas de su bosque.
- En promedio se han realizado 54 operativos por año desde 2022, cuando se conformó la mesa de trabajo que consiste en hacer inspecciones a aserraderos, recorridos de vigilancia forestal, filtros de revisión al transporte de materias primas forestales, cambios de uso de suelo y coadyuvancias con la Fiscalía General de la República, a partir de denuncias penales interpuestas por la Profepa.
Apenas el 10 de julio pasado la procuraduría informó sobre un megaoperativo contra la tala ilegal en 25 estados donde participaron las secretarías de Medio Ambiente, Gobernación, de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional, los gobiernos y policías estatales, y las fiscalías generales de Justicia locales.
En el caso del estado de México el operativo abarcó los municipios de Zinacantepec, que forma parte de la zona Sierra Nevado de Toluca; Ocuilan, que integra el Bosque de Agua, y Metepec.
Dos alcaldías de la CDMX pierden más árboles
En la última década, la alcaldía Tlalpan ha perdido 29.9 hectáreas de árboles, de acuerdo con Global Forest Watch. La alcaldesa, Alfa González Magallanes, dijo que esto es por la tala ilegal, los incendios forestales, así como enfermedades y plagas de los árboles.
La funcionaria capitalina mencionó que la problemática también es por el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares, los cuales sumaban 186 hasta 2020, según el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
La alcaldesa destacó que la pérdida de árboles está ligada a la tala clandestina a cargo de grupos delictivos.
Informó que, al momento, la alcaldía ha denunciado 23 casos de tala de árboles clandestina ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de las cuales 14 son de Topilejo y nueve de San Miguel Ajusco.
La alcaldesa destacó que el pasado 3 de julio se llevó a cabo la primera reunión entre comuneros y ejidatarios de la demarcación con autoridades de los gobiernos federal y local, la Secretaría de Defensa Nacional y autoridades de Morelos.
«Topilejo y el Ajusco son nuestras zonas más afectadas, que es también por el tema de la colindancia con Morelos, específicamente Huitzilac. Con el Estado de México, algo que llamó la atención es que no estuvo en esa reunión», comentó.
De acuerdo con González Magallanes, entre los acuerdos alcanzados está el definir un calendario para llevar a cabo recorridos para supervisar las zonas afectadas por la tala clandestina.
Resaltó que también se acordó con los ejidatarios la presentación de una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para combatir la tala de árboles y establecer penas más severas a quienes comentan este delito.
La alcaldesa en Tlalpan, afirmó, pondrá en marcha una campaña informativa para combatir y prevenir la tala de árboles con la colocación de lonas y carteles en zonas de la demarcación para informar a la comunidad que esta actividad es un delito.
“Nuestros compromisos son principalmente en materia preventiva sobre el cuidado y la importancia del medio ambiente, además de trabajar con campañas de reforestación”, señaló la alcaldesa.
Pérdidas verdes
De acuerdo con Global Forest Watch, de 2001 a 2022, Tlalpan perdió 72 hectáreas de cobertura arbórea, lo que la hace una de las alcaldías con más afectaciones.
- El informe revela que Álvaro Obregón perdió 56 hectáreas de árboles y la tendencia es al alza, pues en 2020 perdió una hectárea, en 2021, dos, y en 2022 sumó 25.
En tanto, la deforestación en la alcaldía Milpa Alta durante los últimos 20 años asciende a 45 hectáreas de árboles y en Tláhuac a 36 hectáreas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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