Al iniciar el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, especialistas en derecho y defensores de derechos humanos advirtieron que varias de las reformas legislativas que se discutirán podrían representar un retroceso en libertades fundamentales consagradas en la Constitución.
- Del 23 de junio al 2 de julio, diputadas y diputados, así como senadoras y senadores, recibirán un paquete de al menos 22 iniciativas, muchas de ellas de carácter constitucional, como parte de la segunda oleada de reformas impulsadas por la mayoría parlamentaria.
- Entre las propuestas más controvertidas, según juristas consultados, destacan las modificaciones a las leyes de Telecomunicaciones, de la Guardia Nacional, de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Seguridad Pública, cuyos alcances —afirman— podrían restringir derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección frente al uso excesivo de la fuerza.
“Es preocupante que en nombre de una supuesta modernización del marco jurídico se introduzcan reformas que centralizan el poder, limitan la transparencia o debilitan los controles civiles sobre las fuerzas armadas”, advirtió un experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que pidió el anonimato ante el clima de presión política.
- Organismos civiles también han manifestado inquietud ante el posible debilitamiento de instituciones autónomas y la reducción de garantías procesales en materia de seguridad, en un contexto donde la militarización de funciones civiles ha sido objeto de debate.
- Aunque las comisiones dictaminadoras ya trabajan a marchas forzadas para avanzar en la redacción y discusión de las iniciativas, se espera un intenso debate en el pleno por parte de la oposición y legisladores independientes.
Los analistas coinciden en que el contenido y la velocidad con la que se pretende aprobar este conjunto de reformas requerirá un seguimiento estricto por parte de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, para garantizar que no se vulnere el marco de derechos humanos en el país.
Sheinbaum prevé que el Congreso apruebe más de 20 leyes pendientes
La presidenta confió en que durante el periodo extraordinario del Congreso de la Unión se aprueben más de 20 leyes pendientes.
- A pregunta en la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo señaló que el lunes 23 de junio comienza el periodo extraordinario y “el mismo lunes podemos informar cuáles son las leyes que se están proponiendo y su contenido”.
Expuso que, por ejemplo, algunas de las leyes pendientes de aprobación por el Congreso son: la ley general de población y la ley de búsqueda.
En este sentido, destacó:
- “Los acuerdos que hay, muy importante el trabajo que realizó la Secretaría de Gobernación con los colectivos de familias, de buscadores, muy importante, hay más de 100 colectivos que están de acuerdo con la nueva propuesta que se está presentando para su aprobación la próxima semana, las modificaciones que se hicieron”.
- Otras de estas leyes, dijo, son: la de seguridad y la de la Guardia Nacional; la de competencia económica y la de telecomunicaciones, entre otras. “Son varias leyes de distintos temas, son más de 20 leyes que esperamos se puedan aprobar en el periodo extraordinario”, sostuvo.
Ley de Telecomunicaciones facilita la censura y asesina la Libertad de Expresión
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantea riesgos significativos en términos de censura, violación de derechos humanos y distorsión de la competencia en el sector; esto según diversas organizaciones de la sociedad civil que exigen que el nuevo marco legal garantice la libertad de expresión y respete los derechos de las audiencias y de los medios de comunicación.
En términos generales, la legislación confiere a la Agencia de Transformación Digital (ATD) la responsabilidad de gestionar el espectro radioeléctrico y garantizar su disponibilidad para satisfacer la creciente demanda de comunicaciones inalámbricas. La meta es reducir la brecha digital, fortalecer la competitividad del país y ampliar el acceso a las tecnologías de la información.
- La ATD asumirá funciones que anteriormente estaban en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo recientemente disuelto. Entre sus nuevas competencias figuran la planificación del uso del espectro, la concesión de licencias, la supervisión de emisiones y la aplicación de sanciones.
- Asimismo, el proyecto establece que la supervisión de contenidos recaerá en el Gobierno Federal. No obstante, se afirma que los concesionarios conservarán “plena libertad de expresión, libertad programática y libertad editorial”, garantizando la ausencia de censura.
- Además, se subraya que las audiencias y los usuarios representan “el componente más importante del ecosistema de telecomunicaciones”, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será la encargada de proteger sus derechos.
El texto también prohíbe la difusión en el territorio nacional de propaganda política proveniente de gobiernos extranjeros, tanto en medios digitales como en estaciones de radio y televisión.
- Se contemplan sanciones económicas proporcionales a los ingresos de las empresas infractoras y, en caso de reincidencia, la revocación de concesiones a medios tradicionales, así como el bloqueo de plataformas digitales.
Censura la nueva Ley de Telecomunicaciones
La organización independiente Artículo 19 advierte que la norma carece de precisión en cuanto a la gestión del espectro.
- “Se vislumbra, por ejemplo, que se otorguen concesiones bajo criterios políticos y no de interés público, permitiendo el retiro de licencias a medios independientes y críticos con base en argumentos subjetivos, sin motivación o ambiguos”, señala.
También cuestiona que la normativa obstaculiza el reconocimiento de los derechos colectivos sobre el espectro radioeléctrico y la propiedad comunal de la infraestructura en territorios originarios. “No se reconoce explícitamente el derecho a la comunicación con pertinencia cultural y lingüística de los pueblos indígenas”, apunta.
Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) considera que la redacción actual de la iniciativa podría permitir restricciones severas a la libertad de expresión en internet.
- La organización hace especial énfasis en el artículo 109 del Capítulo VIII, el cual establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital para el bloqueo temporal de una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las normativas correspondientes”.
- “La Agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento del bloqueo de una plataforma digital. El cierre total de plataformas constituye una medida extrema, equiparable a clausurar una estación de radio o televisión, lo cual resulta injustificable frente a la prohibición de censura previa que consagran tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, advierte R3D.
En una línea similar, Artículo 19 sostiene que bloquear una aplicación o servicio digital, de manera temporal o definitiva, es inconstitucional. “Los estándares internacionales en materia de derechos humanos prohíben mecanismos que obstaculicen la libre circulación de ideas y opiniones, como lo sería el bloqueo de plataformas digitales”, alega.
R3D también advierte que la nueva ley contiene disposiciones que pondrían en riesgo la privacidad de los usuarios. Destaca, por ejemplo, que el artículo 8, fracción LXV, faculta a la ATD para “expedir los lineamientos del registro de usuarios del servicio móvil, a cargo de los concesionarios y, en su caso, de los autorizados, siendo de observancia obligatoria”.
- La organización considera que esta disposición intenta revivir el fallido proyecto del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que pretendía vincular datos biométricos con los registros de tarjetas SIM y que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.
- “La ley no aclara en qué consiste este ‘registro de usuarios del servicio móvil’, pero sí otorga a la Agencia la facultad de permitir el acceso a dicho registro a otras autoridades, conforme a los criterios y condiciones que ésta misma establezca en sus lineamientos. Se deja a discreción del órgano definir qué instancias podrán consultar esta información, bajo qué procedimientos y con qué salvaguardas”, advierte.
- Además, señala que el artículo 161 autoriza a “las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional” a fabricar, vender, adquirir, instalar, portar y operar dispositivos para bloquear, cancelar o interferir señales de telefonía, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen, “en cumplimiento de sus funciones”.
“Esto abre la posibilidad de que se realicen restricciones arbitrarias a los servicios de telecomunicaciones, como los llamados ‘apagones de Internet’, cuyos impactos negativos en los derechos humanos han sido ampliamente documentados”, alerta R3D.
- El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) también manifestó su preocupación, señalando que los artículos relativos a la operación y diseño de la ATD violan el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
- “[Esto trasgrede el tratado] desde la falta de independencia del regulador, que es una obligación bajo el T-MEC, hasta la posibilidad de que empresas estatales funcionen como monopolios, lo cual contraviene las normas de competencia. Lo más grave: se abre la puerta a la censura o bloqueo de información transfronteriza enviada por medios electrónicos, en clara contradicción con el acuerdo comercial”, detalla.
- Las organizaciones coinciden en la necesidad de realizar una revisión integral de la ley, considerando los derechos humanos, la protección de minorías y mecanismos que salvaguarden la privacidad, libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado al Senado para “garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, acceso a la información, privacidad, derechos digitales e indígenas”.
Sheinbaum niega los señalamientos, pero en los hechos es una Mordaza Social
Sheinbaum negó que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión sea un mecanismo de censura. Aseguró que la normativa solo transfiere las responsabilidades del IFT a la ATD. No obstante, reconoció que es necesario ajustar la redacción de los artículos sobre las plataformas digitales, modificación que ahora está en manos del Congreso.
“El Gobierno de México no va a censurar a nadie, mucho menos a los que se publican en plataformas digitales. Ese artículo [referente a los medios en línea] tiene que aclararse o eliminarse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook o YouTube”, sostuvo.
- La censura y las limitaciones al acceso informativo se han convertido en una preocupación creciente en el país. Aunque el marco legal federal establece garantías para la libertad de expresión y la transparencia, distintos estudios señalan que problemas como el espionaje digital, la eliminación de organismos autónomos y la falta de normativas actualizadas han disminuido su efectividad.
- El informe ‘Libertad en la Red 2024’, elaborado por la organización Freedom House, clasifica a México como una nación “parcialmente libre” en cuanto al uso, disponibilidad y acceso a los medios digitales.
- “La libertad en línea experimentó un leve retroceso, evidenciando las persistentes debilidades del marco normativo mexicano para proteger los derechos humanos en el entorno digital. A pesar de ello, Internet sigue siendo un espacio valioso para la movilización política, el debate público y la labor periodística.
No obstante, México permanece entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y los comunicadores digitales son frecuentemente objeto de amenazas legales, hostigamiento y agresiones físicas, lo que alimenta un clima de autocensura”, concluye el informe.
LATAM alerta sobre riesgo a la libertad de expresión en México
La propuesta de Ley de Telecomunicaciones impulsada por Morena ha encendido las alarmas no solo en el país, sino también en medios y organizaciones internacionales. Desde diferentes rincones de Latinoamérica (LATAM), periodistas, conductores y analistas han advertido sobre los posibles efectos que esta legislación podría tener en la libertad de prensa y de expresión en México.
- Las reacciones no se han hecho esperar y los calificativos han sido contundentes. En palabras que resuenan con fuerza en la región, se ha señalado que esta reforma representa una “inminente amenaza” y una vía directa hacia mecanismos de control estatal sobre los medios de comunicación.
- Cadenas informativas como TN Noticias han compartido preocupaciones concretas sobre el alcance de la Ley de Telecomunicaciones. En emisiones recientes se escucharon frases tajantes como:“OTRA PRESA DEL RÉGIMEN”, “UN PELIGRO PARA LA LIBERTAD DE PRENSA”, “PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN” y “ESE CAMINO YA NOS LO SABEMOS”.
- Estas expresiones, según los analistas, reflejan una creciente inquietud ante lo que consideran una estrategia de censura impulsada desde el poder. “Un instrumento de control sobre los medios de comunicación”, señalaron en referencia al papel que jugaría una nueva agencia de transformación digital, una entidad que tendría funciones de monitoreo mediático.
Comparaciones con leyes represivas en otros países
En Argentina, los noticieros de la cadena ARTEAR han trazado paralelismos entre esta ley y lo vivido durante el kirchnerismo. La percepción es que México podría estar entrando en una espiral muy similar, con efectos devastadores sobre la prensa libre:
“Esta Ley de Telecomunicaciones no tiene al aroma… apesta a lo que Argentina sufrió con el kirchnerismo que terminó de hundir al país…
Conductor 1: Todo tiene una música, te diría, un aroma, bastante conocido para nosotros.
Conductor 2: Sí, sí, sí… tiene un capítulo tipo ley de medios como el que intentó el Kirchnerismo acá.
Conductor 1: Absolutamente.”
Acusaciones directas y preocupaciones internacionales
Para los analistas internacionales, los responsables de esta iniciativa están claramente identificados. La figura de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha sido señalada como la principal promotora de esta reforma:
“Claudia Sheinbaum es básicamente una discípula de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo sus episodios difíciles con los medios de comunicación.”
- Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), su directora de la Comisión de Prensa e Información, Martha Ramos, también expresó su preocupación durante una entrevista con Noticias Caracol en Colombia:
- “Ya ha habido otros intentos, hubo otro intento hace como seis años de regular el contenido de acuerdo a una evaluación poco clara sobre qué era opinión y qué era información dentro de un noticiero… díganme ustedes lo complicado que es cuando tienes.”
- Y enfatizó con claridad cuál es el verdadero objetivo de la reforma: “Y entonces evidentemente lo que nosotros vimos fue un intento de censura… si no te gusta el contenido, te lo bloqueo…”
El contexto político y judicial detrás de la propuesta a la Ley Censura
- Ramos también recordó que intentos anteriores de implementar medidas similares fueron bloqueados por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la nueva estrategia del gobierno parece buscar un escenario distinto:
- “Esa específicamente fue una reforma que se quiso hacer, me parece, cinco años, tal cual todas las dudas que ustedes tienen se volvieron tan complejas que la Suprema Corte bloqueó esa modificación.”
Ante ese antecedente, observadores políticos vinculan la Reforma Judicial propuesta por Morena con un intento por quitar del camino a los contrapesos institucionales.
Preocupación por concentración de poder en un solo partido
Analistas de toda LATAM coinciden en que cuando el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial están en manos del mismo partido, el riesgo de autoritarismo es real. Así lo advierten los ejemplos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Porque todos los países, absolutamente todos donde los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial recaen en el mismo partido, mutaron hasta convertirse en dictaduras totalmente consolidadas. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/06/asun_4905905_20250620_1750430329.pdf
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