La consulta pública sobre los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias ha escalado más allá de una discusión técnica. En apenas unos días se ha transformado en una controversia político en la que el Gobierno de Claudia Sheinbaum, el partido gobernante, Morena, la oposición y los medios de comunicación disputan algo más profundo que un conjunto de reglas para radio y televisión: la definición de los límites entre el derecho a recibir información veraz y la libertad de expresión.
El plebiscito abierto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha detonado una reacción inmediata de organismos empresariales, especialistas, periodistas y partidos de oposición, que advierten de algunos apartados del proyecto como un posible mecanismo para condicionar el ejercicio periodístico. La respuesta del Gobierno ha sido igual de rápida. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum ha asumido la defensa de los lineamientos y ha convertido la polémica en una nueva confrontación con sus adversarios políticos y críticos, que interpretan la regulación como el primer paso hacia un modelo de control del Estado.
- La polémica se ha metido en el centro de la agenda nacional. La presidenta dedicó buena parte de su conferencia matutina de este martes a intentar desvirtuar las acusaciones de censura. Horas más tarde, Morena salió en bloque a reforzar el mismo argumento. Del otro lado, el PAN, la agrupación de derecha, elevó el tono hasta advertir que el país se encuentra frente a una amenaza para las libertades públicas comparable con la extinción de organismos autónomos y la transformación del Poder Judicial, dos cambios ejecutados por el oficialismo en los últimos ocho años.
- La velocidad con la que se polarizó el debate inclina el terreno de lo que seguirá en los próximos días, cuando concluya la consulta, el 21 de agosto, y se establezcan los lineamientos que entrarán en vigor. La pregunta que ronda los círculos de discusión es: ¿quién tiene legitimidad para definir los límites entre información, opinión, propaganda y desinformación en una época donde la conversación pública ya no transcurre únicamente en la radio y la televisión, sino también en redes sociales y plataformas digitales?
El Gobierno ha intentado colocar el debate en el terreno jurídico. Sheinbaum insistió este martes en numerosas ocasiones en que los lineamientos no buscan vigilar contenidos ni establecer un ministerio de la verdad. Su argumento ha sido que así como el Estado tiene obligaciones de transparencia, los medios también deben asumir responsabilidades frente a las audiencias a través de códigos de ética, defensores independientes de las audiencias y mecanismos para atender quejas.
La explicación fue ejecutada por la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, quien rechazó las interpretaciones que atribuyen al Estado la facultad de decidir qué información es verdadera. Según explicó, las sanciones previstas únicamente proceden cuando un concesionario incumple obligaciones administrativas: no emitir un código de ética, no nombrar a un defensor de las audiencias o no habilitar mecanismos para recibir quejas. “El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad”, insistió.
El mensaje presidencial, sin embargo, no se ha limitado a la defensa jurídica. Una marcada narrativa política tuvo un espacio en su defensa. Sheinbaum acusó a la oposición de construir deliberadamente una narrativa de censura y sostuvo que algunos de sus críticos incurrieron en contradicciones cuando recurrieron a tribunales para impedir publicaciones o cuando hoy reclaman libertades que antes cuestionaban. La mandataria ha transformado así una discusión regulatoria en un nuevo episodio de la confrontación entre el partido gobernante y sus adversarios.
- Morena reforzó inmediatamente el mensaje. Ariadna Montiel, su dirigente nacional, presentó la consulta pública, que organiza la CRT —dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo del Gobierno— como la prueba de que la Administración federal no pretende imponer reglas unilateralmente.
- Subrayó que el procedimiento sigue abierto precisamente para recibir observaciones y recordó que el derecho de las audiencias no nació con esta administración, sino con la reforma constitucional de 2013. En su interpretación, la discusión actual representa la continuación de un debate inconcluso sobre cómo hacer efectivo un derecho ya reconocido por la Constitución.
El oficialismo ha apostado por desplazar el eje del debate. De diluir la narrativa que habla de restricciones a la libertad de expresión a empujar otra: la protección de derechos ciudadanos. En esa lógica, distinguir entre información y opinión, transparentar la publicidad o facilitar el derecho de réplica no constituyen mecanismos de censura, sino obligaciones compatibles con estándares internacionales de autorregulación, según refieren desde el partido gobernante.
La regulación bajo sospecha
La oposición y los críticos a los lineamientos se mueven sobre un terreno radicalmente distinto. Jorge Romero, dirigente del PAN, ha salido al paso para decir que, según su visión, el problema no reside únicamente en la redacción de las nuevas normas, sino en el contexto político en el que aparecen. Su argumento ha conectado la regulación con la serie de decisiones impulsadas y ejecutadas por los gobiernos de Morena: la desaparición y el debilitamiento de un puñado de organismos autónomos, entre ellos el INAI, la reforma al Poder Judicial, que llevó a la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, y ahora las reglas para medios de comunicación. Bajo esa lectura, el conjunto de cambios y reformas configuran una concentración creciente del poder.
Romero ha referido que el Gobierno podría extender las regulaciones hacia plataformas digitales y redes sociales. También denunció una contradicción: mientras el Gobierno pretende exigir estándares a radio y televisión, las conferencias matutinas de la presidencia, dice, operan sin mecanismos efectivos de verificación ni de derecho de réplica. Por ello, ha anunciado la presentación de una iniciativa panista para regular las conferencias presidenciales.
En medio de las posiciones, se encuentra una tercera voz, la de los periodistas que han manifestado preocupación por los nuevos lineamientos. “En el peor de los escenarios, bastaría una camarilla orquestada de quejosos y una CRT con sesgos oficialistas para sacar del aire a un medio incómodo”, refiere Jorge Zepeda Patterson en EL PAÍS. La CRT está formada por cinco miembros designados por mayoría simple en el Senado —con mayoría oficialista— a partir de una propuesta de la presidencia. Se trata de una comisión que depende del Gobierno en turno.
- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se ha subido al debate. Su tono, aunque no contradice la narrativa presidencial, lo matiza. El político, una de las figuras más mediáticas del oficialismo, ha reconocido este martes que cualquier interpretación que pudiera confundirse con censura debe corregirse durante la consulta pública. Adicionalmente, ha dicho que los lineamientos no pueden exceder lo aprobado por el Congreso ni rebasar el marco constitucional. Algunos morenistas lo han interpretado como una invitación implícita a ajustar el texto y a desactivar un conflicto político innecesario.
La consulta pública ha dejado de ser un trámite administrativo para convertirse en un examen sobre los límites del poder regulatorio del Estado mexicano. El Gobierno de Sheinbaum insiste en que se trata de proteger el derecho de las audiencias para fortalecer la democracia. Sus críticos han encendido las alertas y han puesto sobre la mesa el peligro de censura que hay en cualquier norma susceptible de influir sobre la actividad informativa. Si no se logran disipar las dudas sobre los alcances, la sospecha de una intervención indebida seguirá pesando sobre los nuevos lineamientos que se definirán en las próximas semanas.
¿Qué dicen los lineamientos sobre derechos de las audiencias?
Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, compartió que los lineamientos sobre derechos de las audiencias garantizan la información veraz.
Desde la conferencia mañanera del 4 de agosto de 2024, Luisa Alcalde resaltó que éstos no buscan la censura sino la garantía de que la información sea veraz y verificadas en favor de las audiencias.
“Los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancionen contenidos, de que sea el Estado quien determine qué es verdad, qué no es verdad, no es el caso. Son los propios medios de comunicación quienes tienen la obligación de emitir códigos de ética”.- Luisa Aldalde
Asimismo, resaltó que dependerá de cada medio de comunicación evaluar la información que presentan a las audiencias e informar cómo van a garantizar que la información sea veraz.
Luisa Alcalde compartió los lineamientos que se han planteado para la defensa de los derechos de las audiencias que se ha propuesto.
Asimismo, resaltó que los lineamientos están a consulta pública y no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación; además, resaltó que no se trata de una medida para censurar a los medios de comunicación.
Entre los lineamientos se encuentran:
- Distinción entre publicidad y contenidos:
- En televisión abierta o de paga, se debe hacer visible la publicidad con el símbolo “P”.
- En radio o audio de paga, deberá decirse de manera clara cuando el contenido se trate de publicidad.
Aquí los lineamientos del gobierno federal de los derechos de audiencias. pic.twitter.com/3Q0FAeg8xs
— Antonio Caraveo Maldonado (@AntonioCaraveo4) August 5, 2026
- Distinción entre información y opinión:
- En televisión abierta o de paga, los contenidos noticiosos deben contener plecas, cortinillas, mensajes en la pantalla o cualquier otro elemento que permita identificar si se trata de un contenido noticioso o de una opinión. Elementos que deberán incorporarse al menos al inicio y al final del programa.
- En contenidos sin secciones o espacio informativos se debe de contar con plecas, cortinillas, mensajes en la pantalla o cualquier otro elemento que permita identificar el mensaje noticioso de la opinión. Elementos que deberán incorporarse al menos al inicio y al final del programa.
- En contenidos de opinión se debe incorporar plecas, cortinillas, mensajes en la pantalla o cualquier otro elemento que permita identificar que la persona comunicadora expresa principalmente sus opiniones, elementos que deberán incorporarse al menos al inicio y al final del programa.
- En radio o audio de paga, se deberán incorporar elementos sonoros que permitan identificar cuando se trata de una opinión o un mensaje noticioso. Elementos que deberán incorporarse al menos al inicio y al final del programa.
Lineamientos sobre derechos de las audiencias contemplan sanciones
Por otra parte, se señala que los lineamientos sobre derechos de las audiencias también contemplan sanciones.
De acuerdo con lo expuesto por Luisa Alcalde, éstas serán presentadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en caso de:
- no emitir Código de Ética
- no nombrar defensor de las audiencias
- no poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa
Sin embargo, en ningún caso se sancionará por los contenidos que emitan los medios de comunicación.
“El estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad. Serán los medio de comunicación a través de sus códigos de ética los que establezca cómo van a garantizar que esa información sea veraz”, Luisa Alcalde.
Otros de los principales derechos que se buscan garantizar son:
- Recibir información veraz y oportuna.
- Diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión.
- Distinguir la publicidad del contenido editorial.
- Garantizar el derecho de réplica.
- Incorporar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
También, señaló que los concesionarios deberán evitar difundir información falsa, descontextualizada o presentar información histórica como si fuera actual.
Asimismo, cuando un programa incluya opiniones, los medios deberán advertirlo mediante mensajes, plecas o cortinillas para evitar que la audiencia las confunda con información noticiosa.
Códigos de ética y defensorías
Los lineamientos establecen que todas las estaciones de radio y televisión deberán contar con un código de ética que incluya los derechos de las audiencias, los procedimientos para presentar quejas, criterios editoriales y mecanismos para designar a las personas defensoras de las audiencias.
- Cada concesionario deberá nombrar al menos una persona defensora, quien deberá actuar bajo principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, además de carecer de conflictos de interés. En el caso de radios y televisoras indígenas, afromexicanas y comunitarias, la persona defensora deberá pertenecer a la propia comunidad.
Por otro lado, explicó que cualquier integrante de la audiencia podrá presentar una queja ante la defensoría correspondiente cuando considere vulnerados sus derechos.
La defensoría contará con un plazo de 20 días para resolver y emitir una recomendación al medio. Si ésta no es atendida, el caso podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual podrá intervenir y, en casos graves, imponer multas y sanciones.
Sheinbaum desaparece la Vocería de la Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este martes un decreto en el que se da a conocer el nuevo reglamento interno de la Oficina de la Presidencia de la República, con el cual desaparece la Vocería y se crea una nueva Unidad de Ayudantía.
El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en él se detalla que la oficina presidencial tendrá una reorganización para dividirse en tres áreas principales: unidades de apoyo técnico, unidades de apoyo administrativo y unidades de apoyo operativo.
Según lo establecido en el decreto emitido por la Presidenta Sheinbaum, los cambios en la estructura y organización de la Oficina de la Presidencia de la República entrarán en vigor a partir del miércoles 5 de agosto.
De acuerdo con el nuevo reglamento interno de la Oficina de la Presidencia, la nueva Unidad de Ayudantía tendrá las siguientes funciones:
- Apoyar a la Presidenta Sheinbaum en el desarrollo de sus actividades, tanto públicas como privadas.
- Dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos que indique la Secretaría Particular de la Presidencia, así como llevar a cabo las acciones necesarias para su cumplimiento.
- Coordinar las actividades de logística necesarias para llevar a cabo los eventos en los que participe la Presidenta, incluyendo: transporte, alojamiento, alimentación, comunicaciones, sonido, servicio médico y otros servicios.
- Coordinarse con autoridades de seguridad pública, protección civil, servicios médicos y cuerpos de auxilio para ejecutar las estrategias necesarias para cumplir con los eventos de la agenda presidencial.
- Definir las rutas de transporte para el traslado de la Presidenta Sheinbaum hacia los eventos en los que participe.
- Adecuar los escenarios de eventos públicos en los que participe la Jefa del Ejecutivo.
- Resguardar la integridad de la Presidenta de la República.
- Expedir copias certificadas de los documentos resguardados en sus archivos.
El nuevo reglamento interno de la Oficina de la Presidencia de la República establece que este órgano estará integrado por las siguientes unidades administrativas:
Unidades de apoyo técnico
- Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República.
- Secretaría Particular.
- Secretaría Técnica del Gabinete.
- Coordinación General de Política y Gobierno.
- Coordinación General de Comunicación Social.
- Coordinación General de Programas para el Desarrollo.
- Coordinación General de Asesores.
- Coordinación General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.
- Coordinación General de Vinculación e Información.
Unidades de apoyo administrativo
- Secretaría Privada.
- Unidad de Ayudantía.
- Unidad de Administración y Finanzas.
- Unidad de Transparencia.
- Dirección General de Atención Ciudadana.
Unidades de apoyo operativo.
- Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros.
- Dirección General de Recursos Humanos y Organización.
- Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Archivo.
- Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones./Agencias-PUNTOporPUNTO
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