El asesinato de Rafael Tirado Lizárraga, empresario frutero en Mazatlán, Sinaloa, representa el caso más reciente de una serie de ataques que, en seis meses, ha dejado al menos nueve empresarios víctimas de secuestro o asesinato en México.
La violencia dirigida contra figuras del sector privado se ha extendido por regiones clave del país, desde Sinaloa hasta Veracruz, generando alarma y exigencias de respuesta por parte de las cámaras empresariales.
- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) condenó el más reciente crimen ocurrido en vísperas de Semana Santa y demandó a las autoridades fortalecer la seguridad.
“La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. Sin ella, se vulnera no solo la integridad de las personas, sino también la estabilidad de nuestras comunidades”, publicó la organización en un comunicado en redes sociales.
Cronología de los ataques: seis meses de violencia contra empresarios
- Octubre de 2025: Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue un líder reconocido entre los productores de limón en Michoacán y un activista que denunció abiertamente la extorsión y las amenazas del crimen organizado contra el sector agrícola.
El 20 de octubre de 2025, Bernardo Bravo fue secuestrado tras acudir al tianguis limonero y dirigirse sin escoltas a la comunidad de Cenobio Moreno, donde fue citado bajo engaños. Horas después, su cuerpo fue hallado en un camino rural cerca de Apatzingán, con signos de tortura y un disparo en la cabeza.
Las investigaciones oficiales apuntan a la célula criminal Los Blancos de Troya, en alianza con Los Viagras y el CJNG, como responsables del asesinato. Entre los detenidos se encuentra César Alejandro Sepúlveda, alias “El Bótox”, identificado como responsable intelectual y material del crimen y dueño del rancho donde fue ultimado Bravo.
Ese mismo mes, otra de las víctimas fue Javier Vargas Arias, empresario citrícola del municipio de Álamo Temapache, Veracruz, quien fue asesinado la mañana del 23 de octubre de 2025 en plena vía pública. El ataque se registró en el ejido Jardín Nuevo, donde un comando armado interceptó a Vargas Arias y le disparó en repetidas ocasiones.
El empresario, dedicado a la producción de naranjas, recibió varios impactos de bala y, aunque fue trasladado de inmediato al Hospital General de Álamo Temapache, murió minutos después de su ingreso. Testigos señalaron que los agresores portaban equipo táctico con apariencia militar y huyeron en una camioneta blanca. El asesinato de Vargas ocurrió apenas cuatro días después del de Bravo Manríquez.
- Diciembre de 2025: José Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona y empresario destacado de Jalisco, fue asesinado tras ser secuestrado en una carretera de la Sierra Occidental el 27 de diciembre de 2025. Mientras viajaba con su familia rumbo a Puerto Vallarta, un grupo armado interceptó su vehículo a la altura del crucero Volcanes, en el municipio de Atenguillo. Los agresores despojaron a la familia de objetos personales y se llevaron únicamente al empresario, dejando ilesos a sus acompañantes.
No hubo demandas de rescate tras el secuestro. Dos días después, el 29 de diciembre, el cuerpo de Corona fue encontrado a un costado de la carretera, cerca del lugar de la privación de la libertad. Presentaba lesiones por golpes y heridas de bala.
A los 42 años, Adrián Corona presidía Grupo Corona, empresa reconocida en la producción de tequila, mezcal, vinos y licores, con impacto económico y social en Tonaya y la región. Su gestión impulsó la proyección nacional e internacional de la compañía, generando empleo y promoviendo el desarrollo local.
Ese mismo mes, Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto” o “Don Beto”, fue asesinado la mañana del 29 de diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco, durante un ataque armado que también cobró la vida de su hija de 16 años y uno de sus escoltas, además de dejar a cuatro escoltas heridos.
El hecho ocurrió en la intersección de avenida Topacio y calle Brillante, donde al menos 30 personas armadas, presuntamente a bordo de varios vehículos, emboscaron la camioneta en la que viajaba Prieto Valencia. La agresión se prolongó durante varios minutos y dejó más de 200 casquillos en la escena.
Prieto Valencia era un comerciante y empresario vinculado al Mercado de Abastos de Guadalajara, con actividad en el sector de cereales, abarrotes y transporte de carga, y fundador de Transportes Odal. Autoridades estatales señalaron que existían antecedentes penales en su historial y que las investigaciones exploran su posible relación con esquemas de extorsión conocidos como “rifas colombianas” y con préstamos ilegales tipo “gota a gota”.
Las primeras indagatorias apuntan a que el ataque habría sido planeado, ya que vecinos detectaron movimientos sospechosos y uso de drones para vigilar la zona en días previos. Las autoridades manejan como presuntos responsables a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que varios de los atacantes portaban chalecos tácticos con las siglas de este grupo.
- Febrero de 2026: Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva, empresarios de San Luis Potosí, fueron reportados como desaparecidos el 7 de febrero y localizados sin vida en el municipio de Pinos, Zacatecas.
Ortega Venegas era reconocido por su actividad restaurantera y perfilado como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano. Luna Silva, dedicado a la cosecha de chile, era hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024 cuando buscaba la candidatura de Morena.
- Marzo de 2026: Gerardo Arredondo, empresario de la construcción y ex candidato a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, fue secuestrado afuera de su negocio el 7 de marzo y liberado ese mismo día en Juventino Rosas, tras un operativo que dejó detenidos y un presunto delincuente abatido. La gobernadora Libia García Muñoz informó que el rescate se realizó sin pago de rescate y que la víctima ya se encontraba bajo resguardo de la fiscalía estatal.
Eduardo Ochoa Arias, productor y exportador de plátano originario de Colima, fue secuestrado el 13 de marzo de 2026 por un grupo armado presuntamente perteneciente al CJNG, mientras se encontraba en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán. Ochoa Arias era el director de Ochoa Products, empresa reconocida en el sector agrícola por sus exportaciones a Estados Unidos y Asia.
De acuerdo con los reportes, Ochoa fue interceptado y privado de la libertad cuando circulaba acompañado de otras personas. Los agresores lo obligaron a descender de su vehículo y se lo llevaron por la fuerza.
El 21 de marzo, ocho días después del secuestro, el cuerpo de Ochoa Arias fue hallado por habitantes en la playa de Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, Michoacán. El cadáver presentaba signos de tortura, impactos de bala en el pecho, estaba maniatado, envuelto en plástico y colocado dentro de una hamaca
La región donde ocurrió el secuestro y posterior hallazgo del cuerpo está considerada como zona de alto riesgo por la presencia activa del CJNG, grupo señalado por controlar la extorsión y el secuestro de empresarios agrícolas en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán, pese a la presencia de fuerzas federales y puestos de control cercanos.
Otro caso fue el de Arnulfo Aguilar Salazar, empresario gasolinero y propietario de Grupo Águila, quien fue secuestrado en Culiacán, Sinaloa. Casi 24 horas después del reporte, fue rescatado con vida tras un operativo de autoridades estatales y federales. Aguilar es considerado uno de los empresarios más influyentes del sector hidrocarburos en Sinaloa.
Finalmente, Rafael Tirado Lizárraga, propietario de Frutería Alicia, fue privado de su libertad en Mazatlán, Sinaloa, el 27 de marzo y hallado muerto dos días después. El asesinato provocó la condena de la Canacintra y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), que difundieron mensajes exigiendo la creación de un “entorno de paz, legalidad y certidumbre”.
Reacción empresarial
La secuencia de ataques ha generado una respuesta inmediata de las cámaras empresariales. Canacintra, Canirac y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han urgido a las autoridades a reforzar la estrategia de seguridad y garantizar condiciones para la operación de empresas, la inversión y la vida comunitaria.
- Según cifras de la Coparmex, el 46,8% de las empresas mexicanas reportaron ser víctimas de al menos un delito durante 2025, y la extorsión figura entre los principales riesgos para el sector privado. El sindicato empresarial señaló que los casos de extorsión han ido en aumento desde el año pasado, siendo el segundo delito más reportado por sus afiliados.
- En cada caso, las víctimas compartían un perfil de liderazgo empresarial, arraigo local y exposición a amenazas y extorsiones en zonas marcadas por la disputa territorial de grupos criminales. Los antecedentes familiares de violencia, los vínculos políticos y empresariales, y la presión sobre el sector productivo se reflejan en la respuesta social y mediática ante cada suceso.
Las investigaciones oficiales permanecen abiertas en la mayoría de los casos. Las autoridades estatales y federales han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y mejorar la seguridad, mientras el sector empresarial insiste en la urgencia de resultados concretos para frenar una tendencia que, en los últimos seis meses, ha cobrado la vida de varios de sus miembros.
Estas son las industrias más afectadas por la extorsión del narco en México
Las recientes desapariciones de trabajadores en distintos estados de México ha evidenciado la vulnerabilidad de sectores productivos clave frente a la delincuencia organizada.
El secuestro y localización sin vida 7 mineros de la empresa Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa; el plagio de electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Matehuala, San Luis Potosí; y la reciente privación de la libertad de obreros en China, Nuevo León, muestran el alcance de este fenómeno en regiones estratégicas para la economía nacional.
- Estos hechos revelarían la capacidad de los grupos criminales para operar en zonas con escasa presencia estatal y controlar actividades económicas relevantes mediante la extorsión y, en algunos casos, reclutar de forma forzosa a la base trabajadora del país para pelear sus guerras.
Para entender la dimensión del problema, Infobae México entrevistó al Doctor Víctor Sánchez, investigador y especialista en seguridad pública, quien identificó los sectores más expuestos y las prácticas empleadas por las organizaciones delictivas.
Agricultura, ganadería y minería: industrias más expuestas
Víctor Sánchez señaló que la agricultura, la ganadería y la minería son las industrias más afectadas por la extorsión del narcotráfico en México.
El por qué, según el experto, estaría relacionado con que estas actividades suelen realizarse en regiones rurales, con baja vigilancia institucional y limitada cobertura mediática, por lo que sería un factor a tomar en cuenta para los cárteles.
Además, señaló que este fenómeno en aumento podría estar relacionado con el continuo crecimiento de organizaciones criminales en el país, las cuales buscan llenar sus arcas mediante la extorsión, debido a que es uno de los criminales más rentables, el cual no requiere inversión.
- En el caso de Concordia -el cual apunta como culpable al Cártel de Sinaloa- el secuestro de mineros expone cómo los trabajadores de empresas situadas en zonas remotas enfrentan riesgos derivados de la presión de grupos criminales.
Además, Sánchez recordó que la extorsión a mineros no es algo nuevo, sino que ha sido una constante desde los primeros años de la década de los 2 mil.
Transporte y distribución, otro objetivo recurrente
Además de las tres industrias antes mencionadas, el transporte de carga se ha convertido en otro de los principales objetivos de la delincuencia organizada.
Según el especialista, los transportistas son atacados principalmente por el valor y la facilidad de comercialización de la mercancía que trasladan.
“Lo mismo pueden asaltar un tráiler que lleva gasolina, televisores o equipos médicos. A los transportistas se les asalta realmente por la carga”, afirmó Sánchez.
El impacto también alcanza a trabajadores de empresas de alimentos, bebidas y productos básicos, quienes han sido víctimas de extorsión y amenazas. Los grupos criminales exigen pagos para permitir el paso seguro de mercancías, afectando tanto a grandes corporativos como a negocios locales en diferentes regiones del país.
Empresas y familias ante la extorsión: distintas prioridades
Frente a la amenaza de la extorsión, las respuestas de las empresas y las familias de los trabajadores suelen diferir. Según Sánchez, las compañías buscan mantener sus operaciones y negociar con los grupos criminales, mientras que las familias anteponen la seguridad y el rescate de sus integrantes.
- El especialista explicó que la familia prioriza ante todo el bienestar y la seguridad de sus integrantes, mientras que la empresa, aunque muestra preocupación por sus empleados, también considera la continuidad de sus operaciones y su viabilidad a mediano y largo plazo.
- Además, el doctor Sánchez recomendó fortalecer la coordinación entre cámaras empresariales y autoridades para mejorar los sistemas de alerta y el reporte de zonas de riesgo.
El análisis de Víctor Sánchez y los casos recientes muestran que la extorsión y los ataques a trabajadores forman parte de un fenómeno estructural que exige atención prioritaria.
Fallan operativos contra extorsión
Durante 2025 se acumularon 10 mil 505 denuncias, la cifra más alta en la historia, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Detrás de los números hay historias como la del chofer en Zapopan, pero también comerciantes obligados a pagar cuotas o cobros de piso, estudiantes víctimas de secuestro virtual o familias enteras amenazadas por una llamada telefónica.
- Ante este panorama, el Gobierno federal ha buscado frenar la extorsión con una estrategia integral. En julio de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia y el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, en coordinación con estados para homologar leyes, fortalecer instituciones y combatir la impunidad.
- El plan se basa en cinco ejes: perseguir la extorsión de oficio, armonizar leyes, fortalecer el 089, crear unidades especializadas en Fiscalías y unificar los procesos de denuncia e investigación. Busca que ninguna víctima enfrente sola el delito ni dependa de denunciar para que haya acción.
A estas acciones se sumó, en noviembre pasado, la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La reforma endurece las penas -de 15 a 25 años de prisión, con agravantes que pueden elevarlas hasta 42 años- y amplía el catálogo de conductas sancionables.
Sin embargo, el delito sigue diversificándose. Las llamadas desde cárceles o centros clandestinos siguen siendo clave. El secuestro virtual afecta a jóvenes jaliscienses con llamadas tripartitas que simulan privaciones de la libertad. A la par, el cobro de piso mantiene bajo amenaza a comerciantes, transportistas y productores en estados como Michoacán, Veracruz, Guerrero y Nuevo León.
- En algunos casos, la negativa a pagar ha tenido consecuencias fatales. La extorsión ha dejado de ser solo un delito económico para convertirse en un mecanismo de control territorial por parte de grupos criminales.
- El problema no se limita al crimen organizado: también involucra a autoridades. Destaca el caso del exalcalde de Tequila, Diego “N”, detenido por presunta extorsión a empresarios y comerciantes. A esto se suma la captura de José Armando “N”, “Comandante Callejas”, líder de una célula delictiva en el Estado de México.
Para especialistas como Francisco Jiménez y Rubén Ortega, el reto es enorme. Coinciden en que es necesario profundizar las investigaciones dentro de los centros penitenciarios y reforzar las estrategias preventivas en las calles.
La extorsión en México dejó de ser un delito aislado para convertirse en una maquinaria constante de presión, miedo y desgaste económico. Desde llamadas telefónicas hasta el cobro sistemático de piso, su expansión obligó al Gobierno federal a articular una respuesta de alcance nacional. Hoy, esa estrategia comienza a tomar forma entre reformas legales, operativos y detenciones, aunque el desafío sigue siendo mayúsculo.
- En julio de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, con el objetivo de coordinar a los tres niveles de gobierno frente a uno de los delitos que más afectan a la sociedad. La premisa es cerrar espacios a la impunidad mediante reglas homologadas y una respuesta institucional más ágil.
- El acuerdo propone armonizar la legislación en las 32 entidades para evitar vacíos legales y consolidar unidades especializadas en las fiscalías estatales, con personal capacitado para investigar un delito que se adapta y evoluciona constantemente.
- Las modalidades son diversas: desde los “montachoques”, que simulan accidentes, hasta el secuestro virtual y llamadas intimidatorias desde penales o centros clandestinos. Sin embargo, el cobro de piso ha encendido las alarmas, sobre todo en sectores productivos.
Un caso emblemático ocurrió en Michoacán, donde el líder limonero Bernardo Bravo fue asesinado tras denunciar cuotas impuestas por grupos criminales. El hecho evidenció la vulnerabilidad del sector agrícola y cómo la extorsión se infiltra en cadenas productivas clave, afectando también a aguacateros y otros actores del campo.
La estrategia federal se basa en cinco ejes: persecución de oficio -sin necesidad de denuncia-, armonización legal, fortalecimiento del número 089 para denuncias anónimas, consolidación de unidades especializadas y creación de un manual nacional para estandarizar procesos de denuncia e investigación.
- A esto se suman avances legislativos. En noviembre, el Congreso aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que endurece penas y amplía agravantes. Establece castigos de 15 a 25 años de prisión, multas de 300 a 500 UMA y sanciones de hasta 42 años en casos agravados, como cuando las víctimas son menores, migrantes o en esquemas de cobro de piso.
El combate también se ha trasladado a los centros penitenciarios. En diciembre, autoridades identificaron 12 reclusorios que concentran el 56% de las líneas usadas para extorsionar. Una tercera parte ya ha sido bloqueada, y se proyecta eliminar el uso de telefonía en penales federales y de la Ciudad de México para cortar esta fuente de operación.
Las detenciones también reflejan avances. Destacan los casos del ex alcalde de Tequila, Diego “N”, y de José Armando “N”, alias “Comandante Callejas”, ex director policial presuntamente vinculado a redes de extorsión en el Estado de México. Ambos evidencian que la red delictiva atraviesa distintos niveles de poder.
Pese a ello, la extorsión sigue siendo un delito de alta incidencia y baja denuncia, marcado por el miedo de las víctimas y la sofisticación criminal. El reto es desmantelar un delito que opera en las sombras, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la ley alcance a quienes han hecho de la amenaza un negocio rentable.
Expertos en materia de seguridad urgen a combatir el delito de extorsión en México, considerando que no ha funcionado la estrategia.
- En julio de 2025, el Gobierno Federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la puesta en marcha del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, estrategias conjuntas con los gobernadores para reforzar el combate a este delito y que implicó la homologación de la legislación federal en todos los estados y crear las áreas especializadas dentro de las Fiscalías.
Pero tras ello, han ocurrido crímenes como el asesinato de Bernardo Bravo, en el estado de Michoacán, durante el mes de octubre. Por esa razón, Rubén Ortega, académico de la Universidad de Guadalajara, consideró que la situación “sigue igual”.
“Donde se realiza el cobro de piso son células de la delincuencia organizada. Mientras no lleguen a realizarse detenciones, que se combata la impunidad, que haya sentenciados, no va a empezar a bajar”.
El académico puso de ejemplo que una importante cantidad de las llamadas de extorsión provienen de las cárceles del país donde no debería haber comunicación. Sin embargo, a raíz de la puesta en marcha de las estrategias del gobierno Federal, siguen persistiendo los llamados call centers que, incluso, operan desde las cárceles del país.
“Si desde adentro siguen operando para realizar para realizar las extorsiones telefónicas, los secuestros virtuales y todo este tipo de delitos, incluso los cobros de piso, pues no va a cambiar”.
Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG, recordó que una importante cantidad de llamadas surgen de los centros penitenciarios del país: “El 56% de las llamadas de extorsión proviene las cárceles. Es muy grave porque ahí hay tecnología para inhibir que se puedan comunicar los presos al exterior. También operan los call center en cualquier colonia”.
Otras modalidades que urgen a atender y desmantelar son el secuestro virtual a través de llamadas tripartitas, con afectaciones principalmente a estudiantes; amenazas de muerte, montachoques o el cobro de piso.
- Como parte del endurecimiento de la estrategia nacional contra la extorsión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que en el primer trimestre de 2026 quedará completamente bloqueada la señal telefónica en los 14 reclusorios federales y en los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. La medida busca cerrar una de las principales vías desde donde operan redes de extorsión.
- El funcionario explicó que esta acción forma parte de un paquete coordinado entre autoridades federales y locales para impedir llamadas de amenaza, engaño o cobro de piso desde las cárceles. “Para evitar que este delito se cometa desde los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión”, sostuvo.
La decisión se sustenta en datos del número de denuncia anónima 089: 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las líneas utilizadas para extorsionar, lo que permitió focalizar los esfuerzos en puntos críticos.
En el frente operativo, entre el 6 de julio y el 30 de noviembre se detuvo a 615 personas por su presunta participación en este delito en 22 estados. Además, el plan contempla inhibidores de señal, videovigilancia, sensores, escáneres y otras herramientas tecnológicas. En algunos penales, como Santa Martha Acatitla, ya se aplica el bloqueo total de servicios 3G y 4G.
Hasta ahora, el 33% de las líneas detectadas han sido inhabilitadas en entidades como Tamaulipas y la Ciudad de México, con la meta de eliminar por completo la operación telefónica ilícita.
García Harfuch adelantó que se reforzará la presencia en estados como Sinaloa y Michoacán. “La estrategia no solo busca contener el delito, sino recuperar la confianza ciudadana”, subrayó.
Extorsión y reclutamiento las razones detrás de las desapariciones
“Hay una propensión de las organizaciones a buscar trabajadores de empresas transnacionales o con cobertura nacional como una forma de obtener ingresos”, señaló el investigador Víctor Sánchez Valdés.
El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) también añade que no solo se trata de actividades de extorsión contra los trabajadores, pues al parecer en el caso de San Luis Potosí, el objetivo habría sido el de reclutar a los electricistas.
Además, agrega que las acciones por parte de grupos criminales pueden rastrearse hasta hace varios años.
“Desde la década de los 2000 había extorsiones a agricultores mucho tiempo antes y el sector energético también desde la década de los 2000″.
Como una posible solución, Víctor Sánchez apuesta porque haya coordinación de las autoridades con las cámaras de comercio y que haya sistemas tempranos de alerta. Lo anterior en el marco de la Estrategia Nacional contra la extorsión anunciada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aumenta 3.9% delito de secuestros en México
De acuerdo con la organización civil Alto al Secuestro, de noviembre a diciembre de 2025, el delito de secuestro aumentó 3.9 por ciento, toda vez que en dicho periodo los reportes pasaron de 103 a 107 casos, con un número de víctimas de 199 a 219 víctimas respectivamente.
Agregó que los incrementos estuvieron marcados por la persistencia de secuestros de alto impacto, particularmente aquellos que involucran a múltiples personas y a población migrante en entidades del norte del país.
- Asimismo, indicó que durante diciembre se registraron 11 secuestros de migrantes, que concentraron 69 víctimas; tan sólo, el estado de Chihuahua concentró 10 de estos casos con un total de 67 personas. También, se documentaron seis secuestros masivos que dejaron un saldo de 40 víctimas en diversas entidades.
- En el acumulado de la actual administración federal, que abarca de octubre de 2024 a diciembre de 2025, Alto al Secuestro tiene registro de dos mil 412 secuestros y tres mil 816 víctimas, lo que equivale a un promedio de 5.3 plagios diarios a nivel nacional.
El informe también evidenció una brecha entre los registros de la sociedad civil y los datos oficiales. De las 219 víctimas documentadas en diciembre de 2025, las autoridades sólo reconocieron 52, lo que implica que 76.2 por ciento de los casos no fue incorporado a las estadísticas gubernamentales.
De los secuestros que sí fueron atendidos por la autoridad, la gran mayoría quedó en manos de instancias estatales, con una participación limitada de autoridades federales.
Por último, Alto al Secuestro advirtió que, pese a que algunas entidades reportaron oficialmente cero secuestros durante diciembre, la discrepancia entre fuentes oficiales y registros independientes sugiere un subregistro que dificulta dimensionar la magnitud real del problema./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://www.altoalsecuestro.com.mx/_files/ugd/3804e6_42ff20f811f84c3a8657b3e1cd70f272.pdf
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