El impacto económico de la violencia en México aumentó el año pasado por primera vez desde 2019 y alcanzó los 245 mil millones de dólares, el equivalente al 18% del Producto Interno Bruto del país, según el informe publicado el martes por el Instituto para la Economía y la Paz que mide anualmente los cambios en la violencia y sus repercusiones.
- El documento de ese centro de investigación mostró un panorama preocupante para México donde la violencia en la última década ha crecido, se mantuvieron la corrupción y la impunidad y faltaron recursos en áreas clave para promover la paz.
- Por ejemplo, el gasto en seguridad pública y en el sistema de justicia penal en 2024 fue equivalente al 0.7% de su PIB, menos de la mitad del promedio de América Latina.
- El reporte también indicó que “la corrupción y la ineficiencia administrativa son factores clave que impulsan la violencia en México, ya que contribuyen a la impunidad y limitan los recursos disponibles para combatir el crimen”.
Destacó mejoras en la distribución de los recursos, lo que contribuye a la paz, pero un empeoramiento en cuestiones de transparencia gubernamental.
- Según el informe, que analiza cifras oficiales, la tasa nacional de homicidios en la última década aumentó un 55% y pasó de 15 a 23 muertes por cada 100.000 habitantes. Ese incremento se debió a una mayor acción de los cárteles del narcotráfico, ya que los asesinatos vinculados con el crimen organizado se multiplicaron por seis pero no hubo cambios en el resto de los homicidios.
- El pico de homicidios se dio en 2021 y 2022 cuando ocho de los 32 estados del país tenían más de 50 por 100 mil habitantes. En 2024 esas cifras se redujeron. Las regiones por encima de este umbral fueron sólo cuatro.
El documento señaló que en la última década crecieron más del 70% los delitos con armas de fuego, las extorsiones aumentaron un 45% y también se multiplicaron las cifras de desaparecidos, aunque hace 10 años no había un registro público donde visualizarlas como sí hay ahora.
A su vez expresó preocupación ante la primera convocatoria para elegir a los jueces en las urnas, el próximo 1 de junio, que “podría hacer al sistema judicial más vulnerable a la influencia política, socavando su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y conforme al Estado de derecho”.
- En tanto, indicó que México cuenta con un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, una cifra equivalente a una cuarta parte del promedio mundial. En la última década, además, el gasto en el sistema de justicia se redujo un 12%.
También hubo una disminución en los fondos destinados a la seguridad pública, que disminuyeron un 30%, aunque el gasto destinado a las Fuerzas Armadas —encargadas de tareas de seguridad pero también de otras muchas labores como la construcción y gestión de grandes infraestructuras— aumentó desde la anterior administración y en 2024 alcanzó su nivel más alto desde 2008.
Colima es la más insegura de todo el país
Durante los tres años completos que han pasado de la administración de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, Colima se ha mantenido como el estado de la República más inseguro del país, de acuerdo con el Instituto Para la Economía y la Paz (IEP).
En su informe 2024 que dio a conocer en días pasados, esta organización no gubernamental internacional, con sede en Sidney, Australia, señala que Colima es la entidad federativa de México que presenta el mayor deterioro de la paz, debido a que durante tres años consecutivos se ha mantenido con tasas de homicidios superiores al 100 por ciento.
- Durante 2024, Colima presentó una tasa de 101 asesinatos por cada 100 mil habitantes, algo que supera en 333.4 por ciento la tasa promedio nacional, que fue de 23.3 víctimas por 100 mil personas.
- En la tasa por ciudades, Colima y Manzanillo, las principales metrópolis de esta entidad federativa, están a la cabeza del país. En el primer caso, la tasa es de 172 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y en el segundo, de 154 por cada 100 mil personas.
Estos indicadores coinciden con un alza de 58 por ciento en las carpetas de investigación por homicidios dolosos durante los tres primeros años de la actual administración, ya que, en 2021, cuando la morenista Indira Vizcaíno llegó al cargo, se abrieron 474, mientras que en 2024 la cifra fue de 750.
- El informe del IEP también señala que en el estado de Colima se presenta el mayor impacto per cápita para los ciudadanos como consecuencia de la violencia, toda vez que en 2024 el costo financiero alcanzó los 89 mil 916 pesos por persona.
- Esta cifra representa que en Colima el impacto per cápita de la violencia es 165.1 por ciento mayor al que se registra a nivel nacional, que es de 33 mil 905 pesos por persona, según el estudio.
La organización internacional señala que el estado de Colima se ha visto envuelto en un aumento de la violencia como resultado de enfrentamientos entre cárteles, “pues el pequeño estado costero representa un punto clave para la entrada de precursores químicos provenientes de Asia, que son utilizados en la síntesis de fentanilo y metanfetaminas que posteriormente se procesan y trafican hacia los Estados Unidos”.
Menciona que en el municipio de Manzanillo está el puerto más activo de México, pues ahí se procesa el 30 por ciento de las importaciones marítimas del país.
- Añade que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en toda la entidad federativa y controla el puerto de Manzanillo, pero enfrenta un constante desafío de grupos rivales, como Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.
- El documento del IEP destaca que el municipio de Tecomán, a diez kilómetros de la costa del Pacífico, mantiene altas tasas de homicidio desde 2017, pero este indicador se ha incrementado en los últimos años debido que se trata de un territorio en constante disputa entre los dos principales cárteles que operan en el país.
Menciona, además, que en 2024 el estado de Colima presentó la tasa más alta de delitos cometidos por arma de fuego del país, con 94.5 incidentes por cada 100 mil habitantes.
- A la par, esta entidad federativa tiene una tasa de 92.3 homicidios cometidos con arma de fuego por cada 100 mil habitantes, lo que significa que nueve de cada diez asesinatos registrados el año pasado fueron cometidos a balazos.
Entre el 9 de octubre y el 8 de noviembre de 2024, tres elementos de la Armada, entre ellos el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, fueron asesinados en dos eventos distintos en el puerto de Manzanillo, en crímenes que conmocionaron a la sociedad colimense.
- En hechos recientes, la noche del pasado lunes, en la zona de San Pedrito del mismo puerto turístico e industrial, un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego.
- Los informes policiacos refieren que sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones a la víctima, quien se encontraba sobre la calle Hospital.
- Ese mismo día, el dirigente estatal del PRI, Enrique Rojas Orozco, hizo un “llamado urgente” al Gobierno estatal a que implemente estrategias efectivas de seguridad.
- Rojas Orozco destacó que Colima ha sido señalada como la entidad más violenta de México desde hace tres años, lo que coincide con la llegada de Morena al poder.
Impacto económico de la delincuencia alcanza el 3,4% del PIB de América Latina
América Latina y el Caribe, con sólo el 8% de la población mundial, representan un tercio de los homicidios que se cometen en el mundo, según un informe publicado este lunes por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La violencia y la inseguridad, la principal preocupación de los habitantes de la región, no sólo provocan pérdidas de vida; también merman la economía ya que impacta la inversión, la productividad y el crecimiento, al tiempo que deteriora la confianza en las instituciones.
- Los costos directos de la delincuencia alcanzan el 3,4% del PIB de Latinoamérica, lo que equivale al 78% del presupuesto público para educación, al doble de lo destinado a asistencia social y a 12 veces del gasto en investigación y desarrollo, arroja un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también lanzado este lunes.
- Cada acto de violencia genera un efecto dominó que impacta más allá de las víctimas, trastocando la vida de comunidades enteras, desde la actividad turística o la migración, hasta la productividad empresarial. Ocho de los diez países más violentos del mundo son de América Latina, aunque las cifras de violencia son heterogéneas.
- En 2023, las tasas de homicidios superaron los 30 por 100.000 habitantes en varios países del Caribe, pero fueron inferiores a 10 por 100.000 en Chile y Perú, por ejemplo. Brasil, Colombia y México, donde vive alrededor del 60% de la población de la región, concentran el 70% de los homicidios.
El estudio del BID titulado Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de estimaciones para América Latina y el Caribe arroja que el gasto público para responder y prevenir el crimen promediaron entre 3 y 3,5% del PIB en 17 países de la región en 2014.
- El cálculo del costo directo considera tres áreas: pérdida de capital humano (tiempo productivo perdido por delitos no letales, homicidios y encarcelamientos), equivalente al 22%; el gasto de las empresas privadas en mitigación, un 47%; y el gasto público en prevención del crimen y justicia penal, que representa un 31%.
Las dinámicas emergentes, como el cibercrimen, y las más complejas, como el crimen organizado, plantean desafíos que “están evolucionando de manera preocupante”, advierte el informe del BID.
Los grupos criminales organizados, que cometen la mitad de los homicidios en las Américas, están aumentando su presencia e influencia, especialmente en las ciudades y territorios cercanos a puertos y rutas comerciales o zonas de industrialización.
El BID busca impulsar políticas públicas como el fortalecimiento las instituciones para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad, centrarse en intervenciones basadas en evidencia y vigorizar los sistemas de justicia a través de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, una iniciativa que se presentará en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia de diciembre. La instancia pretende facilitar la coordinación regional para la implementación de las medidas y promover la movilización de recursos.
- El 30% identifica el crimen y la inseguridad como el principal desafío que enfrentan sus países, por debajo de los niveles máximos registrados en la década de 2010, pero la preocupación está al alza desde la pandemia, según el informe del FMI.
- El aumento de la inflación por encima del 10%, ejemplifica el estudio, está vinculado con un incremento del 10% en los homicidios al año siguiente.
- A nivel municipal, un aumento del 10% en los homicidios reduce la actividad económica alrededor de un 4%. Esto implica que reducir a la mitad las tasas de homicidio podría impulsar la actividad a nivel local en un 30%.
El gasto en orden y seguridad pública en la región promedian alrededor del 1,9% del PIB, lo que es significativo, aunque tiende a no reaccionar ante los cambios en la delincuencia, señala el informe.
Mientras El Salvador ha mostrado mejoras significativas, la tasa de homicidios en Ecuador aumentó de 5,7 por 100.000 personas en 2018 a 45,1 en 2023, convirtiéndolo en el país más violento de América del Sur. La expansión de la migración y las pandillas también están impactando a los vecinos.
Las que se propagan desde Venezuela, por ejemplo, se han relacionado con un aumento de los secuestros y homicidios en Chile. Los migrantes también impulsaron el aumento del crimen en Colombia cerca de la frontera.
- El FMI investigó que reducir la tasa de homicidios en América Latina al promedio mundial (disminuir un 60%) aumentaría el crecimiento anual en un 0,5%, lo que implicaría ganancias del 5% del PIB en 10 años.
El análisis sugiere que disminuirlos solo aumentando el gasto en orden público y seguridad probablemente resulte costoso, por lo que se requiere un enfoque más integrado, que mejore la eficacia de los fondos e incluya inversiones sociales para abordar problemas de larga data, como el acceso al trabajo y mejoras en el Estado de derecho.
- Las tasas de asesinato son más altas donde hay una mayor proporción de habitantes que no ha completado la escuela, donde hay más jóvenes, y en áreas urbanas.
- El estudio revela la importancia de oportunidades económicas para los jóvenes, especialmente mejorando el acceso a la educación y la prestación de servicios en zonas desatendidas.
- Las políticas económicas también pueden mitigar el costo, especialmente mejorando la coordinación de políticas en todos los niveles de gobierno.
Se debe “considerar seriamente” una plataforma regional para apoyar la recopilación, el intercambio y el análisis de datos, concluye el estudio, así como la difusión de mejores prácticas sobre respuestas efectivas de políticas económicas y de seguridad. /PUNTOporPUNTO
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