El Progreso y Desarrollo de América Latina y el Caribe se ha estancado y se encuentra bajo presión, marcado por la incertidumbre así como un aumento de la violencia y la presencia del crimen organizado en toda la región como consecuencia de las divisiones sociales, la limitada presencia del Estado y las sociedades fragmentadas.
- “El crimen organizado ha crecido en las sociedades fragmentadas de América Latina y el Caribe (ALC). Casi la mitad de los homicidios en la región tienen relación con organizaciones criminales y pandillas”, establece el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Asimismo recalca que pese a los avances logrados en las últimas décadas, 1 de cada 4 personas siguen viviendo en situación de pobreza en América Latina. Además, la región no ha logrado consolidar una clase media estable: el 31 por ciento de la población se clasifica como vulnerable, es decir, que se encuentra justo por encima del umbral de la pobreza.
El documento advierte además de la violencia que ejercen directamente estos grupos criminales, también se integran por completo en las economías locales y representan una importante amenaza para el desarrollo humano, ya que ejercen cada vez más influencia sobre la gobernanza y en la prestación de servicios informales.
“Sus redes descentralizadas, en las que participan diversos actores, han facilitado la rápida expansión y diversificación de los mercados criminales”, alerta
En este contexto, el informe retoma una encuesta elaborada por el Barómetro de las Américas 2014-2023. Vanderbilt University, donde se establece que en promedio el 50 % de los jóvenes en América Latina justifican un golpe militar en casos de altos niveles de delincuencia
- Según ese sondeo, el 50 % de jóvenes entre 18 y 25 años, estaría justificado un golpe militar en una situación de alta criminalidad, seguida del grupo de jóvenes de 26 a 35 años.
- El informe advierte que delitos como la trata de personas, minería, tala ilegal, y la extorsión han aumentado considerablemente en la región de América Latina , llegando en algunos casos a rivalizar con el tráfico de drogas.
Esta diversificación –agrega–ha extendido la influencia criminal a zonas que antes se consideraban seguras, lo que ha contribuido a un aumento de la violencia en toda la región.
- Elaborado a través de un proceso amplias de consultas, el informe refleja las voces de numerosos actores de la región y se sustenta en los hallazgos de los recientes Informes sobre Desarrollo Humano globales sobre desigualdad, incertidumbre y la polarización.
Establece que en la actualidad, América Latina y el caribe navega por un escenario marcado por la incertidumbre donde el desarrollo se ve tensionado por múltiple presiones: tecnologías en rápida evolución, la profundización de la fragmentación social y un clima cada vez más cambiante.
- Recuerda que la pandemia del COVID-19 marcó un punto de inflexión crítico, interrumpiendo la trayectoria de desarrollo y revelando la profundidad de sus vulnerabilidades estructurales.
Se dispara la incertidumbre en la región
Si bien la incertidumbre ha aumentado a nivel global, a principios de 2025 alcanzó niveles especialmente pronunciados en ALC al situarse casi un 50 por ciento por encima de la media mundial y superar en más del doble el nivel registrado en la propia región en 1990.
Esta divergencia se acentuó aún más durante un repunte significativo, a principios de 2025.
- En ese momento, la incertidumbre a nivel global aumentó en un 77 por ciento con respecto al año anterior, mientras que en ALC se disparó drásticamente en un 101 por ciento durante el mismo período
- Estos elevados niveles de incertidumbre ponen en evidencia la gran sensibilidad de la región frente a las amenazas global. Aunque la incertidumbre no es un fenómeno nuevo, los acontecimientos adversos que la región enfrenta son distintos a los del pasado.
- Los riesgos tradicionales son cada vez más frecuentes e intensos y están surgiendo nuevas amenazas como resultado de las tecnologías en rápida evolución, la profundización de la fragmentación social y un clima cada vez más cambiante.
A esto se suman eventos adversos y amenazas que interactúan de formas complejas y, a menudo, imprevistas entre sí; y con otras vulnerabilidades estructurales subyacentes, como la desaceleración del crecimiento y la desigualdad.
Gobernanza criminal y comunidades atrapadas
- El crimen organizado no es un actor oculto que opera en los márgenes, sino un poder que se entrelaza con estructuras sociales, económicas y políticas. En barrios periféricos de Río de Janeiro o en zonas rurales de Colombia, grupos criminales proveen seguridad, aplican «justicia», reparten alimentos o financian obras comunitarias y carreras políticas.
En muchos casos, esto no sería posible sin la complicidad de autoridades locales o la desesperación de una ciudadanía desatendida por el Estado, aseguró el PNUD.
- Esta «gobernanza criminal», como la denominan algunos investigadores, no intenta sustituir al Estado, sino coexistir con él, negociando favores y estableciendo zonas de influencia. Se trata de un modelo híbrido que combina violencia, corrupción y servicios, y que tiene efectos devastadores sobre el desarrollo humano.
- Cuando las personas deben pagar por protección, obedecer reglas impuestas por bandas armadas, o vivir bajo amenazas constantes, la idea misma de derechos queda suspendida.
- Un ejemplo extremo es el de Haití, donde casi el 80 % de la capital, Puerto Príncipe, está controlada por bandas que reemplazan al Estado en funciones básicas. Estas estructuras no solo extorsionan a la población, sino que utilizan la violencia sexual como arma de guerra y desplazan a cientos de miles de personas.
En otros contextos menos agudos, la ciudad de Rosario se ha convertido en el epicentro de la violencia en Argentina, con una tasa de homicidios que en 2022 alcanzó un récord histórico de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El crecimiento del microtráfico ha fragmentado los liderazgos criminales y ha derivado en una violencia caótica que afecta a las comunidades más pobres.
Obstáculos: violencia, informalidad y exclusión
El crimen organizado no opera en el vacío. Se nutre de entornos marcados por la pobreza, la informalidad, la corrupción institucional y la exclusión social. En esos escenarios, las oportunidades formales y legales son escasas, y los mercados ilegales aparecen como la vía real y alcanzable para la generación de ingresos.
- En países como Perú o Brasil, la minería ilegal no solo destruye ecosistemas y desplaza comunidades indígenas, también captura recursos que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura.
- En el caso de la trata de personas, los criminales encuentran en la migración forzada un negocio rentable basado en la explotación sexual y laboral de mujeres, niñas y niños. Y en ciudades de Centroamérica, pequeños comercios, escuelas y hasta hospitales deben pagar «renta» para poder operar sin represalias.
- Asimismo, países que durante años fueron considerados modelos de estabilidad y seguridad en la región, como Uruguay, Chile o Costa Rica, ya no están exentos de los impactos del crimen organizado.
En estas sociedades, el crecimiento de los homicidios, la penetración del narcotráfico y la consolidación de mercados ilegales están erosionando esa percepción de excepcionalidad.
- La fragmentación de bandas, el aumento de la violencia en zonas urbanas y la presión sobre los sistemas penitenciarios muestran que la amenaza ya no se limita a los países tradicionalmente asociados con altos niveles de criminalidad.
La criminalidad organizada vulnera así el derecho a una vida digna, a la educación, a la salud y a la libertad y el círculo se completa con la impunidad.
- Si los operadores judiciales y policiales son cooptados o intimidados, si las instituciones no protegen a las víctimas ni castigan a los victimarios, la criminalidad se perpetúa. Y con ella, se profundiza la desconfianza en la democracia.
Aumento del crimen organizado en Perú se ha normalizado
El aumento de la inseguridad ciudadana en Perú afecta a la gobernabilidad, la democracia y a los derechos humanos de la ciudadanía y se ha normalizado en la vida cotidiana, alertó un informe presentado este martes en Lima y que propone una hoja de ruta con medidas para combatir esta problemática.
«La ausencia de seguridad ciudadana pone en riesgo a los individuos, la sociedad, el propio Estado y el futuro del régimen democrático en un mundo complejo que se encuentra en medio de un realineamiento político y cultural caracterizado por ser adverso a las políticas inclusivas», indica el estudio elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).
- El Informe, denominado ‘Perú: seguridad ciudadana y derechos humanos‘, surge del «profundo deterioro» de todos los indicadores de seguridad ciudadana en el país y nace en un contexto donde el Congreso ha aprobado numerosas leyes y reformas «que debilitan el Estado y profundizan economías atractivas», dijo el autor Ricardo Soberón.
- La presentación contó con los testimonios de representantes de la Generación Z, de gremios de transportes, especialmente afectados por el aumento de la extorsión, expertos en seguridad y derechos humanos, que alertaron cómo la violencia es cada vez algo más cotidiano.
- «No estamos hablando de un incidente, estamos hablando de una situación que afecta a todos en nuestro país y que desgraciadamente se ha ido incrementando», indicó el abogado Germán Vargas al destacar que el informe incluye consideraciones que se deberían tomar en cuenta, especialmente de cara al proceso electoral en abril de 2026.
«Estamos haciendo mal las cosas. Estamos en un mundo más difícil y el debate es político, entre aplicar ‘la mano dura’ y el garantismo.
- Desnudamos (en el informe) que la mano dura no resuelve ningún problema, lo deteriora y que creemos que un garantismo bien elaborado puede ayudar a atacar aquellos segmentos de la criminalidad organizada que nos interesa», indicó Soberón.
- En este sentido, el informe aboga que se necesita plantear un pacto social interinstitucional, pues actividades ilegales como la extracción irregular del oro y la producción de cocaína emplean alrededor de un millón de peruanos y salpican instituciones.
- «La única posibilidad es separar la base social de las cúpulas criminales para ofrecerle un pacto social ciudadano a este millón de peruanos a cambio de servicios básicos del Estado y atacar con fuerza a las cúpulas criminales», agregó.
Mientras que para combatir las 200 organizaciones criminales que están distribuidas en el territorio nacional se deben reforzar las unidades de Flagrancia, los juzgados especiales y las unidades de inteligencia financiera.
- El informe ofrece una hoja de ruta con recomendaciones de reformas para el corto, mediano y largo plazo para la Policía Nacional, Ministerio Público, el Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para poder conseguir resultados sostenibles.
- Añade que se debe redefinir el Programa Penal del Estado, para lo que se tiene que «revisar y muy posiblemente derogar gran parte de las leyes sobre criminalidad dadas en el Congreso de los últimos años».
También incide en que es urgente resolver en el corto y mediano plazo la actual crisis carcelaria, mediante sopesadas políticas de excarcelación, movimiento de internos entre penales y políticas de arresto domiciliario y grilletes, y construir al menos cinco nuevos penales.
«Algo que me queda muy claro es que la seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos humanos son un principio fundacional. No son negociables y más bien son la garantía para poder trabajar eficientemente en combatir las formas de criminalidad organizada», concluyó Soberón.
Invertir en seguridad para ganar en desarrollo en América Latina
- El crimen organizado persiste como uno de los principales desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe. Millones de personas están expuestas a la influencia o al control de organizaciones delictivas.
- Se debilitan las instituciones y las economías formales; y la cultura de la ilegalidad que corroe los tejidos sociales se expande en una región ya marcada por altos niveles de violencia.
- América Latina y el Caribe alberga el 8% de la población mundial, pero sufre un tercio de los asesinatos globales. La tasa de homicidios es más del triple del promedio mundial, y casi la mitad se vincula a la acción del crimen organizado.
La inseguridad es la principal preocupación en varios países de la región
La violencia y el crimen no solo comprometen la seguridad ciudadana, sino que también tienen un profundo impacto en el desarrollo socioeconómico de los países.
- Un estudio del BID estima que sus costes directos representan hasta el 3,4% del PIB de la región, al considerar la pérdida de capital humano y los recursos públicos y privados destinados a la seguridad.
- Más allá de estos costes, la criminalidad desalienta la inversión, frena el crecimiento económico y limita las oportunidades de desarrollo, especialmente para las poblaciones más vulnerables, lo que a su vez agrava la pobreza y la desigualdad.
La violencia y el crimen tienen un profundo impacto en el desarrollo socioeconómico de los países.
- Para enfrentar este desafío común, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó el año pasado la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, una nueva plataforma de cooperación regional.
Hace unos días, en Buenos Aires, en la segunda cumbre de la Alianza, que reunió a ministros y expertos de seguridad y justicia de la región, el BID redobló sus esfuerzos con un compromiso histórico:
- Un total de 2.500 millones de dólares (más de 2.100 millones de euros) en operaciones durante los próximos tres años, que es más de lo logrado en los últimos 16 años. Además, se creó una Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida para dar una respuesta ágil a las diversas necesidades de los países.
La Alianza es una iniciativa que surge desde los propios países miembros del BID. Esta se compone de tres pilares.
- En primer lugar, apuesta por la protección de las poblaciones más vulnerables, principales víctimas del crimen organizado mediante la capacitación de funcionarios, la generación de estrategias interinstitucionales y el reconocimiento del impacto de las debilidades socioeconómicas en el desarrollo de las estructuras criminales.
Segundo, creemos que fortalecer las instituciones de seguridad, justicia y otros sectores estratégicos del Estado es fundamental. Por eso, promovemos una coordinación innovadora tanto en el interior de los países como entre ellos.
En tercer lugar, trabajamos para “seguir el dinero” y prevenir que pueda integrarse en flujos legales. Lo hacemos con mecanismos innovadores y ágiles para impactar actividades lucrativas como la minería ilegal de oro en la Amazonía.
- Las intervenciones propuestas requieren importantes aportes financieros dedicados por periodos largos de tiempo
Somos conscientes de la magnitud de los desafíos que enfrentamos en América Latina y el Caribe, con el crecimiento de múltiples formas de violencia, así como la proliferación de mercados ilegales, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la minería, tala y pesca ilegal, el desarrollo de la extorsión, así como una gran variedad de mercados vinculados al contrabando.
- También reconocemos que, en contextos de bajo crecimiento económico y dificultades para el desarrollo regional, las intervenciones propuestas requieren importantes aportes financieros dedicados por periodos largos de tiempo.
- Pero la experiencia y el compromiso del BID, las instituciones socias y los países miembros de la alianza permitirán que este primer año sea el inicio de un camino para asegurar una mejor calidad de vida para todos.
América Latina creará una fuerza de respuesta ante crisis de seguridad
América Latina busca financiación y estrategias conjuntas para contener el avance de las redes narcocriminales en la región. “Solos no podemos”, admitió la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en la inauguración de la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia que se celebra este lunes y martes en Buenos Aires.
- Como parte de los esfuerzos en común, el año pasado se creó en Ecuador la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo y ahora se reforzará con la creación de una fuerza de tarea de respuesta rápida que permitirá a los países miembros recibir apoyo urgente ante crisis de seguridad.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coorganizador de la cumbre junto al Ministerio de Seguridad argentino, se comprometió a invertir 2.500 millones de dólares en préstamos para los próximos tres años para fortalecer este tipo de iniciativas.
“La Alianza avanza hacia una nueva etapa”, aseguró el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en Buenos Aires. Goldfajn celebró que la nueva fuerza permitirá dar “una respuesta más rápida y eficaz” a los problemas regionales en materia de seguridad.
- Se trata de un mecanismo permanente que podrá activarse cuando los países enfrenten crisis repentinas —ya sea un aumento de la violencia, un repunte en la trata de personas o vulnerabilidades institucionales— para ofrecer equipos de asesoría en crisis y planes de acción a corto plazo para ayudar a los gobiernos a coordinar policías, fiscales, sistemas penitenciarios y otras instituciones cuando más lo necesiten.
- Bullrich reclamó un mejor intercambio de información entre países para poder hacer frente a redes narcoterroristas que no entienden de fronteras. Según la ministra argentina de Seguridad, es vital agilizar las alertas migratorias y el congelamiento de activos como herramientas contra el crimen organizado.
- Bullrich puso como ejemplo el caso del capo narco ecuatoriano José Adolfo Fito Macías, líder de Los Choneros. El narcotraficante fue detenido en Ecuador y extraditado a Estados Unidos, pero se descubrió que su esposa y sus hijos residían en Argentina: “Fito Matías tenía a su familia acá cómodamente instalada y viviendo del dinero que los hombres de su familia hacían a sangre y fuego”.
Ecuador cederá a Argentina la presidencia pro tempore de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. La Alianza hoy cuenta con 22 países miembros y 12 socios estratégicos, y trabaja en tres pilares: protección de poblaciones vulnerables, fortalecimiento institucional y desarticulación de flujos financieros ilícitos.
- Durante su estancia en Buenos Aires, Goldfajn se reunió con las autoridades argentinas. Su encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, y con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, fue el primero tras la derrota electoral sufrida por el mileísmo en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país.
- El titular del BID definió como “excelente” la reunión y detalló que conversaron sobre la agenda de reformas económicas, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad y la integración de Argentina en la región.
En julio, el BID anunció la concesión de dos préstamos a Argentina por un total de 1.200 millones de dólares para este año en el marco de un programa de créditos para este país sudamericano por 10.000 millones de dólares entre 2025 y 2028. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-10/58590_lac_hdr_sp_web.pdf
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
