Desde 2016, la organización internacional Civicus, que reúne a activistas y oenegés de todo el mundo, emite un reporte conocido como Civicus Monitor, donde analiza el estado de las sociedades civiles y el respeto a las libertades en 198 países y territorios.
- El informe publicado en 2025, dice Ana María Palacios, encargada de la investigación, es el que ha mostrado un mayor descenso en esos parámetros, y América es uno de los continentes donde la situación más ha empeorado.
«Una de las cuestiones que identificamos es que quienes protestan, defienden los derechos humanos y la libertad de expresión, enfrentan ataques. Esto no solo lo vemos en gobiernos con un continuado carácter autoritario, sino también en democracias consolidadas», explica la especialista, que menciona los casos de Argentina, Estados Unidos y El Salvador como ejemplos concretos de aumento de rasgos autoritarios y mayores grados de represión al disenso.
«En el caso de América, hablamos de que el 90 por ciento de la población vive en espacios donde ejercer las libertades cívicas es muy complicado, porque hay agresiones físicas y a través de redes sociales, además de amenazas», explica Palacios.
«Una de las principales violaciones que documentamos es a la libertad de expresión, y la situación más extrema la viven quienes defienden el medio ambiente. América es la región más letal para quienes defienden los derechos medioambientales», apunta.
«El continente sigue siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores de los derechos humanos, y esto incluye a periodistas y líderes de la oposición, que deben enfrentar un doble riesgo: por un lado, violencia directa, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza e incluso asesinatos, y por otro, campañas de estigmatización y criminalización que buscan silenciarlos», declara la abogada experta en DD.HH. y exministra de Relaciones Exteriores de Chile Antonia Urrejola.
Democracia erosionada
Uno de los diagnósticos de Civicus Monitor es que ha habido un retroceso sostenido de los espacios cívicos en la región. «Comparto ese diagnóstico», señala Urrejola. «Los casos que ahí se indican son síntomas de una misma tendencia de erosión democrática bajo el discurso de la seguridad o del orden», agrega.
- En este escenario, el caso de El Salvador es paradigmático. Con la justificación de reducir la incidencia criminal se ha abogado por restricciones a las libertades.
«Ya tenemos más de tres años de estado de excepción y año tras año se ha ido erosionando la democracia con cambios en la judicatura, modificaciones constitucionales para permitir la reelección indefinida o la ampliación del período presidencial», apunta Palacios, que también recuerda la aprobación de la ley de agentes extranjeros, «con efectos inmediatos en el cierre de organizaciones de derechos humanos en el país».
«Cuando una medida excepcional pasa a ser el corazón de una política pública, se va degradando el estado de derecho. En Argentina también hemos visto un endurecimiento de la respuesta estatal frente a la protesta, y efectivamente también comparto la preocupación de que se vayan cerrando los espacios de movilización social», apunta Urrejola.
- Precisamente en Argentina, complementa Palacios, «documentamos una caída en las libertades desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió el gobierno, porque a las dos semanas se aprobó un protocolo antipiquetes, que hemos visto implementarse de forma muy agresiva en 2025».
La experta de Civicus menciona que al menos 700 personas han resultado heridas en protestas, con casos de «tortura, maltratos crueles, inhumanos y degradantes de quienes fueron detenidos de forma arbitraria, e incluso casos de violencia sexual».
¿Vivir sin miedo o vivir sin derecho?
El reporte analiza también la situación de Ecuador, donde el estado de excepción «se ha convertido en una forma normalizada de gobernar», dice Palacios, y de Honduras, que ha impuesto «estados de excepción localizados que no han tenido mucha cobertura mediática».
«Cada vez hay más aceptación de que esa es la forma en que se debe abordar la criminalidad, y sin embargo no hay una disminución que justifique una vulneración de las garantías fundamentales en ninguno de estos países”, agrega la investigadora.
- Urrejola, por su parte, estima que esta regresión responde a una combinación de factores: crisis de seguridad, desigualdad persistente, una democracia que no ha ofrecido las respuestas esperadas por la ciudadanía y el auge de liderazgos que ofrecen atajos autoritarios.
«Lamentablemente, cuando se normaliza que jueces, fiscales y periodistas sean estigmatizados, como hemos visto en varios países de la región, por cuestionar la lucha contra el crimen, se abre la puerta a neutralizar los contrapesos que sostienen cualquier democracia», advierte Urrejola, que aprovecha para ensayar una autocrítica: «Quienes creemos en la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos tenemos que preguntarnos por qué nuestras narrativas no están llegando a la gente».
Si bien el informe también deja espacio para cambios positivos, como el avance del Acuerdo de Escazú -el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe-, la inminente aprobación en Chile de una ley que protege a defensores del medio ambiente y una sentencia en la misma línea de un tribunal boliviano, el hecho concreto es que, en la región, las libertades cívicas están cada vez más presionadas.
«El riesgo es que se consolide una nueva receta regional con estados de excepción indefinidos, militarización de la seguridad interna y debilitamiento de los controles institucionales, todo esto legitimado por encuestas de apoyo coyuntural», explica Urrejola.
«Si se acepta la idea de que la seguridad justifica todo, la consecuencia lógica es una democracia cada vez más vaciada de contenido, donde el margen para disentir, protestar e investigar el poder se hace más estrecho. Desde una perspectiva de derechos humanos, el desafío central es desmontar esa falsa elección entre vivir sin miedo al crimen o vivir sin derechos. Las sociedades de la región merecen y debiesen exigir ambas cosas».
“Una de las épocas de mayores retrocesos para los derechos humanos”
De acuerdo con el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, el brazo defensor de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos) no suele ser una lectura que induzca al optimismo.
- El correspondiente a 2024, constata problemas desde la reducción del espacio cívico, el aumento de los discursos de odio o, en países concretos, las irregularidades en el proceso electoral de Venezuela o la situación carcelaria en El Salvador. Unos problemas a los que ahora se añade el retroceso de EE UU en el trato a los migrantes o a las minorías.
“Estamos viviendo una de las épocas de mayores retrocesos para los derechos humanos. Sobre todo, porque no advertimos que el sistema internacional esté lo suficientemente fuerte para dar estas peleas”, opina la vicepresidenta primera de la CIDH, la abogada argentina Andrea Pochak.
- Entre los datos más preocupantes, considera esta abogada argentina con más de treinta años de experiencia en materia de derechos humanos, está el hecho de que estos retrocesos “no vienen de dictaduras o a partir de golpes de Estado. En muchos casos son promovidos por gobiernos elegidos democráticamente”. Los casos están ahí: El Salvador, pero también Perú. O el propio Estados Unidos.
A ello se une, en opinión de Pochak, el “ataque a los espacios de multilateralismo para estas discusiones, que debilita aún más la posibilidad de que los organismos internacionales de derechos humanos puedan desempeñar bien su trabajo. Así que hay una tendencia muy regresiva en materia de derechos humanos, y al mismo tiempo una tendencia a atacar y denigrar los espacios multilaterales para este tipo de debates. Este debilitamiento del Derecho Internacional es muy preocupante. Pero es el momento de dar la pelea también”.
“Este es un momento para defender los principios mínimos como la igualdad, para confiar también en que las sociedades tienen que reaccionar. Tienen que saber priorizar también la agenda de derechos humanos en el momento de votar”, insta la representante de la CIDH.
El informe compilado por el equipo del organismo de derechos humanos expone la situación a lo largo de 1.280 páginas. Entre las tendencias generales que detecta, que incluyen una “tendencia generalizada a la reducción del espacio cívico” y el ejercicio de la libertad de expresión, apunta que “se registraron serios desafíos al principio de separación de poderes, uno de los elementos esenciales de la democracia representativa”, y una serie de acciones promovidas por grupos de poder dentro y fuera del Estado para “debilitar la independencia judicial”.
También detecta “un creciente cuestionamiento” entre una parte de la población sobre las instituciones democráticas, y un “incremento de la polarización” entre las ciudadanías del continente. Ambos factores, recuerda la CIDH, generan una pérdida de la confianza de los votantes en las instituciones y un campo de cultivo para que surjan distintas formas de violencia política.
- Respecto a los flujos migratorios, la Comisión Interamericana detecta “un panorama preocupante” para 2025. Las autoridades, denuncia, emplean discursos y otras políticas estigmatizasteis, en las que se describe a los migrantes como seres que atentan contra la seguridad nacional o perjudican económicamente a los países de tránsito o destino. “Ese contacto viene acompañado de amenazas de detención y deportación masiva”, algo que afecta gravemente a los migrantes o solicitantes de asilo.
“Asimismo, la CIDH notó retrocesos caracterizados por la implementación de políticas migratorias restrictivas dirigidas a contener los desplazamientos de personas y limitar el acceso a procedimientos de protección”, apostilla el documento.
Muchos de estos problemas se han detectado en Estados Unidos, la primera potencia mundial y referente para algunos gobiernos de la región. Es una tendencia que ha ido a más tras el regreso al poder de Donald Trump, si bien el informe no llega a tiempo a incorporarlo.
Aunque el país norteamericano siempre ha arrastrado problemas de derechos humanos supervisados por la CIDH, desde el racismo estructural a la violencia de las fuerzas de seguridad, ahora se suman sus drásticas políticas migratorias de deportaciones masivas, que han visto la expulsión de migrantes venezolanos a cárceles de El Salvador, sin haber llevado sus casos a juicio, después de que se les aplicara una ley de más de dos siglos de antigüedad para considerarles enemigos extranjeros.
“Los países tienen la posibilidad y tienen la atribución de definir sus políticas migratorias. Pero sin estas políticas migratorias no pueden ser contrarias a los principios básicos de derechos humanos. Cuando un país decide expulsar a una persona de su país por una razón migratoria, tiene que, de todas maneras, tomar una decisión fundada y justificar esa decisión. Y lo que vemos en el caso de Estados Unidos son expulsiones masivas que no analizan las situaciones particulares”, expresa la representante de la CIDH.
“Estamos viendo que hay personas que tienen la documentación migratoria al día y, sin embargo, son expulsadas. Hay personas que están con estatus de refugiado en Estados Unidos y, sin embargo, son expulsadas. Hay personas que son expulsadas a sus países a pesar de no poder regresar por tener riesgo de que su vida y su integridad corran peligro…Esto es todo contrario a los compromisos de derechos humanos”, sentencia. Pochak también matiza que los países que reciben a migrantes deportados por EE UU que no son nacionales suyos “también están obligados a respetar los derechos humanos de esas personas, no se pueden desentender de ellos”.
Pero entre los motivos de preocupación que genera ahora EE UU se añaden también, recuerda la vicepresidenta del organismo interamericano, “atropellos a la libertad de expresión y a la libertad académica, que son algo bastante novedosos en la realidad democrática de Estados Unidos, o incluso a la independencia judicial”.
Lo que ocurre en EE UU, matiza, no es exclusivo de ese país, sino que se enmarca en una tendencia mundial. “Pero lo que pasa allí también tiene impacto en otros países, y eso es algo muy preocupante”, reconoce la representante del organismo de derechos humanos.
Ese país, que ha recortado drásticamente sus fondos a la ayuda exterior desde el regreso de Trump, mantiene sus aportaciones al organismo interamericano. Pero ahora recurre a una prerrogativa de los gobiernos donantes, de la que no había hecho uso en el pasado, para imponer vetos sobre el destino de su dinero: sus fondos no podrán emplearse, por ejemplo, para la defensa de la igualdad, la inclusión y la diversidad.
“De todas maneras la comisión interamericana tiene la autonomía suficiente y tiene los recursos suficientes para poder seguir trabajando esas temáticas con otros fondos, de manera que vamos a seguir levantando las banderas de la igualdad, de la diversidad género, de la identidad sexual, de la no discriminación”, tranquiliza Pochak.
- La vicepresidenta argentina de la comisión, que por las normas internas no puede hablar sobre su propio país, también enumera los casos de El Salvador o Perú entre los que suscitan una preocupación más intensa en la CIDH, además de los de Cuba, Venezuela y Nicaragua -a los que el informe dedica un capítulo especial, el 4B, como situaciones especialmente preocupantes en cuanto al deterioro de su situación de derechos humanos.
En el caso de El Salvador, “especialmente por la política de seguridad y el estado de excepción que tenía desde hace tanto tiempo y que ha permitido la detención masiva de personas sin orden judicial, entre numerosas denuncias de condiciones muy malas de detención”, señala la abogada argentina. La situación de los deportados desde Estados Unidos, de los que no se han recibido datos desde su ingreso en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha venido a intensificar aún más la desazón.
Sobre Perú, la alto cargo señala que forma parte de un grupo de países que, tras haber registrado avances graduales en su respeto de los derechos humanos después de años de gran debilidad, vuelven a dar señales preocupantes de regresión.
Un país que hasta el año pasado figuró en ese capítulo dedicado a los Estados de especial preocupación ya no aparece en él en la edición de este año: Guatemala, a raíz de la apertura por el nuevo cambio de Gobierno. Pero, matiza Pochak, esa nación, a la que la CIDH visitó oficialmente en 2024, sigue siendo “un tema de enorme preocupación” por cuestiones como su uso arbitrario de la justicia penal para “hostigar y criminalizar defensores de los derechos humanos, líderes indígenas, referentes sociales, políticos..”.
- En el lado positivo de la balanza -o, al menos, con un panorama más mixto- se encuentran países como Colombia o México, un “faro” en lo relativo a las políticas de igualdad de género y políticas sociales de integración social y para los pueblos indígenas, que “sin embargo sigue teniendo un problema muy serio en materia de violencia, de crimen organizado y desaparición de personas”.
En el caso de Colombia, ha habido “una apertura importante este año”, tras haber recibido una visita de la Comisión, y ha “tenido avances importantes en muchas políticas vinculadas con la justicia”, explica Pochak, que recuerda que la CIDH hace un seguimiento del acuerdo de paz y la violencia que persiste en la nación andina./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://civicusmonitor.contentfiles.net/media/documents/GlobalFindings2025.EN.pdf
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