World Justice Project México dio a conocer los resultados del Índice de Estado de Derecho 2023-2024, en donde la mayoría de los estados resultaron reprobados en indicadores básicos de gobierno como justicia penal en el que 31 estados se ubicaron por debajo del mínimo requerido o el de ausencia de corrupción, en el cual 20 entidades se ubicaron por debajo del promedio.
- Al explicar los indicadores, Alejandro González, director general de incidencia, expuso que en el tema de Justicia Penal, el único estado con un puntaje superior a 0.50 puntos fue Querétaro que se ubicó con 0.51 puntos.
- Posteriormente se ubicaron Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán con 0.43 puntos, por el contrario los peor calificados resultaron: Chiapas, Estado de México, Morelos, Puebla y la Ciudad de México con 0.29 puntos, todos ellos.
Mientras que en el indicador de ausencia de corrupción, el puntaje más alto fue para Querétaro con 0.48 puntos (en donde el máximo es 1), seguido de Guanajuato con 0.44 puntos y después empatados con 0.41 puntos se ubican Sinaloa, Nuevo León y Zacatecas.
- Por el contrario con los peores resultados se ubican Morelos con 0.29 puntos, Ciudad de México con 0.30 puntos al igual que Quintana Roo, mientras que Chiapas y el Estado de México obtuvieron 0.31 puntos, gobernados por MORENA.
Sube percepción sobre orden y seguridad
Por lo que corresponde al tema de Orden y Seguridad, Yucatán se ubicó en primer lugar con 0.78 puntos, seguido de Durango con 0.68 puntos, Coahuila con 0.65 puntos, al igual que Baja California Sur y Chiapas; a su vez los estados con los peores índices fueron: Estado de México con 0.26 puntos, Morelos con 0.29, Quintana Roo con 0.33, Sonora con 0.34 y Colima con 0.35 puntos.
- De acuerdo con el documento, la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos del país, como lo muestran las altas cifras de homicidios y de incidencia y prevalencia delictiva.
- No obstante, incrementaron los puntajes en 16 estados del país; esto se debe en mayor medida a los incrementos en el subfactor que mide la percepción de seguridad de las personas que en 24 entidades aumentó con relación a la edición anterior.
- Cabe destacar que el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente.
También, vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. Además, es uno de los pilares para vivir en sociedades con igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible, democracia efectiva y paz.
Querétaro, el mejor en cinco indicadores
En el evento estuvo presente el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ya que por tercer año consecutivo su estado se ubica a la cabeza en cinco de los ocho indicadores que se evalúan.
Sobre el tema, de acuerdo con el documento presentado, Querétaro se ubicó en quinto lugar en la edición de 2018 y está en primero en 2023-2024, posición que mantiene desde hace tres años.
- Guanajuato pasó de la posición 12 a la segunda; Sinaloa mejoró de la posición 11 a la quinta; Baja California Sur pasó de la 31 a la séptima; Tamaulipas pasó del lugar 19 al octavo; y Guerrero pasó del último lugar al 28.
- La mayoría de los estados muestran caídas en el subfactor que mide si la ciudadanía puede participar de forma efectiva en la formulación de políticas públicas; este indicador tiene un puntaje menor en 22 estados, en comparación con la edición anterior:
- Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Sin embargo, se registraron incrementos de puntaje en el subfactor que mide la garantía de los derechos laborales, en 19 estados, estos son:
- Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Empeora percepción de corrupción en México
México tuvo su peor resultado desde 2012 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). En 2024, último año en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el país obtuvo una calificación de 26 de 100 puntos, lo que lo posicionó en el puesto 140 de los 180 países evaluados, informaron Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.
- El puntaje de 2024 fue dos puntos por debajo del obtenido en 2018, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando la valoración del IPC fue de 28 puntos. El Índice va de 0 a 100, donde 0 es Muy corrupto y 100 Nada corrupto.
- El Índice atribuye la baja en la puntuación a factores como el creciente número de reportes de la prensa a presuntos casos de corrupción a nivel estatal que involucran al crimen organizado y a que organismos dedicados a la fiscalización han detectado empresas fantasma o controladas por el crimen organizado presuntamente siguen siendo contratadas por los gobiernos.
- También señala que hay incertidumbre por las reformas en materia de transparencia, anticorrupción y al Poder Judicial, además de la falta de sentencias y definiciones en casos de corrupción de gran calado como Odebrecht, la Estafa Maestra y Segalmex.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, explicó que el creciente número de acusaciones de todas las fuerzas políticas por la presunta colusión de sus adversarios con el crimen organizado contribuyó a que la percepción de corrupción aumentara.
“El IPC confirma la creciente convergencia entre el crimen organizado y la corrupción. Las acusaciones son recurrentes: todas las fuerzas políticas acusan a sus adversarios de estar coludidos con el crimen organizado. Y en estos temas, cuando el río suena, agua lleva”, dijo.
- Los resultados del IPC 2024 se obtienen a través de una encuesta a especialistas, analistas de riesgo financiero, personas de la academia y negocios que en el caso mexicano fue a personas de 13 fuentes independientes.
- Las y los especialistas deben cumplir con una serie de criterios y metodologías para ser considerados dentro de la evaluación del país como poder cuantificar percepciones de corrupción en el sector público, tener metodologías rigurosas para clasificar a varios países, que sea una experta del país o de negocios y que la evaluación se repita, por lo menos, cada dos años
Bohórquez señaló que la incertidumbre generada por las reformas planteadas en el sexenio de López Obrador también se refleja en la calificación que el IPC le dio a México para 2024.
- “Las personas no saben a ciencia cierta si estas reformas darán resultados. La percepción es que se necesitan cambios, pero no si estos cambios darán resultados. Es muy diferente estar en contra de una ‘burocracia dorada’ que estar a favor de las medidas que propuso el gobierno del presidente López Obrador”, señaló
- Bohórquez agregó que la ausencia de sanciones en los casos de corrupción que vienen desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, como los que sumó el sexenio de AMLO “siguen siendo el talón de Aquiles en la evaluación de México. Mucho ruido y pocas nueces”.
- Otro punto que explica el peor resultado en la percepción de la corrupción, según el estudio, es la falta de sanciones en responsabilidades administrativas identificadas por los órganos de fiscalización superior, pues de acuerdo con el IPC de 2017 a 2024 solo 8.4 por ciento de las denuncias terminan en sanción por tribunales administrativos.
En el debate presidencial rumbo a la elección federal de 2018, cuando México se encontraba en la posición 135 de 180 en el IPC, el entonces candidato, López Obrador, dijo que combatiría la percepción de la corrupción en su sexenio al gobernar con el ejemplo.
“Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Vamos a limpiar de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Vamos también a terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno”, declaró Andrés Manuel López Obrador.
- El resultado para México en 2024 ubicó al país en el último lugar de las 38 economías evaluadas que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en el penúltimo puesto del G20, solo por encima de Rusia que obtuvo 22 puntos.
- México quedó empatado en el puesto 140 del IPC, al mismo nivel de países como Camerún, Irak, Madagascar, Nigeria y Uganda. La calificación de 26 puntos en el índice dejó al país por encima de Guatemala, Mozambique, Paraguay, Bangladesh, Congo, Honduras y Líbano por mencionar algunas naciones.
México no fue el único país que obtuvo su peor calificación hasta la fecha
- De acuerdo con el reporte del IPC, más de una cuarta parte de los países comprendidos en la muestra vieron su evaluación más baja desde que se realiza el sondeo, entre ellos Austria, Bangladesh, Brasil, Cuba, Francia, Alemania, Haití, Hungría Irán, Rusia, Sudán del Sur, Suiza, Estados Unidos y Venezuela.
Solo el 4% de las investigaciones de la Fiscalía avanza en los tribunales
En México difícilmente las denuncias de delitos terminan en actos de justicia. O lo que es lo mismo, campea la impunidad. Es muy frecuente que la Fiscalía General de la República (FGR) abra carpetas de investigación a partir de las denuncias que recibe, pero los expedientes no suelen pasar exitosamente la prueba judicial.
- La organización México Evalúa ha documentado un persistente cuello de botella en el sistema de justicia penal. El estudio indica que, de los 2,2 millones de carpetas de investigación abiertas en 2022, solo en 96.500 casos (el 4,3% del total) la Fiscalía logró que un juez dictara la vinculación a proceso de los acusados. La cifra es prácticamente igual a la del año anterior, señala el estudio.
- Este indicador es importante porque muestra la eficacia de los fiscales en la labor de convencer al juez de que los indicios y evidencias que recabaron para sustentar una acusación son legales y consistentes. Si el juzgador da crédito y considera que hay elementos para presumir que el delito se cometió y que la persona acusada puede ser responsable, autoriza que el proceso continúe en la etapa judicial. Esa es la vinculación.
Que el asunto llegue a una sentencia —condenatoria o no— es cosa posterior, pero, de entrada, la vinculación a proceso es un examen en el que se pone a prueba la robustez y limpieza de las investigaciones a cargo de la FGR. Por ello, que menos del 5% de los expedientes de la Fiscalía pasen esta etapa es muestra de un fallo grave en la procuración de justicia, de acuerdo con México Evalúa.
- El informe de la ONG también muestra que hay un enorme rezago de la FGR en la integración de las carpetas o francamente una renuncia a su facultad de indagar. El periodo del análisis abarca la gestión de Alejandro Gertz al frente de la institución de procuración de justicia. Al cierre de 2022, del total de expedientes abiertos, 1,1 millones seguían en etapa de investigación (el 52,3%).
- En otros 967.000 casos (el 43%), la Fiscalía tomó la decisión de no seguir investigando, ya sea porque envió las carpetas al archivo temporal, o decidió no ejercer la acción penal, o se abstuvo, o se declaró incompetente, o decidió acumular a otros expedientes, entre otras figuras previstas en la ley y que respaldan la inacción de la FGR, “sin tener claridad sobre si se justificaban esas determinaciones”, indica el estudio.
México Evalúa advierte de que hay una tentación de atribuir los fallos en el sistema de justicia penal a los jueces. Ejemplos recientes hay muchos en el ambiente político mexicano. Andrés Manuel López Obrador, ha convertido al Poder Judicial en el sospechoso habitual y ha descargado en los juzgadores la responsabilidad de la impunidad que impera en el país. Para el mandatario, los fallos se deben a la corrupción judicial y a las “convivencias inconfesables” de los jueces y no a las violaciones al debido proceso cometidas por la Fiscalía o los cuerpos de seguridad.
- “En múltiples ocasiones en el contexto reciente se ha querido trasladar a los poderes judiciales la responsabilidad entera sobre el fracaso de los esfuerzos para disminuir la impunidad y la prevalencia de la corrupción.
- No obstante, es preciso subrayar que estos solo pueden actuar sobre la base de los casos que las fiscalías [la federal y las estatales] logran judicializar. Si las fiscalías fracasan en el cumplimiento de su mandato, todo el sistema lo hace”, afirma el estudio.
La ONG advierte de que “existen retos al interior de los poderes judiciales. Uno de ellos, muy evidente en los tiempos recientes, tiene que ver con su independencia. El Poder Judicial de la Federación ha sido blanco de múltiples ataques por parte de diversos actores políticos”.
La confrontación es constante. El presidente incluso ha decidido mostrar en su conferencia diaria, la popular mañanera, los nombres de los jueces que, desde su punto de vista, dictan resoluciones contrarias al interés de la nación.
- El malestar del oficialismo con los juzgadores que instruyen la liberación de un detenido por violaciones al debido proceso llegó a tanto que la bancada de Morena en el Congreso impulsó hace unos meses una reforma para anular esa facultad de control judicial. La reforma no avanzó, pero las confrontaciones desde Palacio Nacional no cesaron.
- La percepción de que hay corrupción entre los jueces ha aumentado entre la población. El análisis de México Evalúa demuestra que, en 2021, el 67,3% de la ciudadanía consideró que los jueces son corruptos, dos puntos más que el año anterior.
- Si bien no se puede establecer una relación directa entre esa percepción negativa y los cuestionamientos constantes de López Obrador al Poder Judicial, tampoco se puede pasar por alto la influencia del presidente en la opinión pública, considera Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de la ONG.
“Ha faltado hacer mucha pedagogía de las reglas de una justicia penal más garantista. Se prevén derechos tanto para víctimas como para personas imputadas, y estos derechos no están en pugna, no es un juego de suma cero donde al garantizar los derechos de unos se contrarrestan los derechos de otros. Esa es una narrativa que muchas veces se busca impulsar en las políticas de punitivismo penal”, explica la investigadora en entrevista.
Para Rosales, el desconocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia, sumado a la falta de respuesta pronta y efectiva a las necesidades de la ciudadanía, conforma el caldo de cultivo que alimenta el discurso oficialista donde los jueces son culpables de la impunidad.
“Esta narrativa en realidad desinforma a la población, porque cuando un juez no vincula a proceso, o decreta como ilegal una detención, o emite una sentencia absolutoria, en muchos casos se debe a deficiencias en la procuración de justicia [a cargo de la Fiscalía] o en la labor de los primeros respondientes [las corporaciones de seguridad: policías, guardias nacionales, militares]”, señala.
La investigadora afirma que los elementos de seguridad y los fiscales deben recibir una mejor capacitación en el debido proceso para reducir el cuello de botella en la etapa judicial.
- “No quiero decir que no hay casos donde no se corrompan los jueces, pero lo cierto es que este sistema de justicia penal sí tiene mayores controles, y, en la práctica, la gran mayoría de los casos que se caen en tribunales es porque no vienen bien armados de inicio y porque hubo de origen violaciones a derechos”, señala.
- Rosales agrega que el análisis de la impunidad debe abarcar a otras instituciones del sistema de justicia penal, y no solo centrarse en la labor judicial.
- Por ejemplo, la investigadora llama la atención sobre el hecho de que, en 2022, alrededor de 560.000 carpetas de investigación (el 25% de los expedientes abiertos) fueron enviadas por la Fiscalía al archivo temporal.
“Eso es esperar a que los delitos terminen por prescribir. Esa es una apuesta a la impunidad, algo que podríamos catalogar como una impunidad activa, una que es por decisión de las instituciones”, detalla.
La precariedad del sistema judicial
En el cierre de 2023 existían dos millones 654 mil carpetas de investigación pendientes en la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 procuradurías locales, mientras que los sistemas estatales de justicia tenían cuatro millones 219 mil casos pendientes.
- Ese año, cada uno de los fiscales que ejercía sus labores en la FGR y en las fiscalías estatales abrió, en promedio, 127 carpetas de investigación; cerró 106 de ellas y terminó el año con 151 carpetas pendientes. En Guerrero la fiscalía local reportaba mil 143 carpetas de investigación pendientes por fiscal.
Ese mismo año cada juez o magistrado que integraba el sistema judicial mexicano –federal y estatal– conoció 558 asuntos jurisdiccionales y emitió 424 sentencias, en promedio.
- En el Estado de México, por cada juez y magistrado que labora en el sistema judicial, existen 10 mil 614 casos pendientes de resolución, en Veracruz son ocho mil 151 y en Jalisco y la Ciudad de México hay más de tres mil 300 casos.
- Y es que en México ofician seis mil 707 jueces y magistrados, un promedio de 5.2 jueces por cada 100 mil habitantes, menos de una cuarta parte del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Al margen de la candente discusión política en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dos reportes recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) exhiben la precariedad de todo el sistema judicial en México, desde las fiscalías hasta las cortes, que explica en parte la tasa de impunidad superior a 90%, la “cifra negra” de actos delictivos no denunciados de más de 92.4%, y los millones de expedientes que se acumulan en las oficinas de las fiscalías y los juzgados.
- Rebasados: Así, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, publicado el mes pasado, muestra que algunas fiscalías estatales están inundadas debajo de miles de carpetas de investigación, que colapsan sus capacidades operativas.
- Un ejemplo: en Guanajuato, el estado con la mayor tasa de violencia homicida del país, se abrieron 143 mil 341 carpetas de investigación en 2023, un año en que apenas 325 fiscales ejercían sus funciones en la entidad.
En seis estados existían más de 500 carpetas de investigación pendientes por fiscal a finales de 2023, con situaciones de rezago particularmente graves en Jalisco, que sumaba 526 mil carpetas inconclusas –equivalente a 660 por cada fiscal–, pero también en Baja California, Coahuila o Nuevo León, donde existían más de 200 mil carpetas pendientes.
- De acuerdo con los datos del INEGI, si la fiscalía de Jalisco ejerciera todo su presupuesto de 2023 para resolver las carpetas del pasado, dispondría de apenas cinco mil pesos por expediente.
- De hecho, a nivel de presupuesto también existen abismos entre fiscalías: mientras la FGR disponía de un promedio de 236 mil 283 pesos por cada carpeta de investigación que abrió en 2023, la fiscalía del Estado de México ejerció menos de 14 mil pesos.
Las fiscalías abrieron dos millones 226 mil carpetas de investigación en 2023, de las cuales ejercieron acción penal en 204 mil 870, es decir, en 9.2% de los casos. El resto lo archivaron “temporalmente”, determinaron el no ejercicio de la acción penal o prefirieron declararse incompetentes.
La mitad de las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías locales estaba vinculada a robos, violencia intrafamiliar y lesiones, mientras que las de la FGR estuvieron ligadas a armas, robos y huachicoleo, principalmente.
- Las fiscalías de 13 entidades ejercieron acción penal en menos de una de cada 10 carpetas de investigación que abrieron en 2023: Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. El censo del INEGI muestra enormes disparidades en la procuración de justicia a escala estatal.
- Así, los datos muestran que algunas fiscalías imputan a muy pocas personas: en Tabasco, por ejemplo, los datos del INEGI muestran que, en las 40 mil carpetas de investigación abiertas, sólo hubo 37 imputados; en Baja California, de 115 mil carpetas aparecieron apenas 481 imputados; en Sinaloa hubo 31 mil 500 carpetas por 926 imputados, y en Tamaulipas 41 mil 648 carpetas y mil 555 imputados.
Las fiscalías locales también están afectadas por casos de corrupción y por deficiencias en su personal. En Guerrero, por ejemplo, más de la mitad de los agentes obligados a pasar controles de confianza no lo hicieron o tuvieron resultados “no probatorios”; aparte, 519 integrantes de la fiscalía fueron denunciadas ese año por la presunta comisión de algún delito. /PUNTOporPUNTO
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