Estados Unidos anunció que a partir de enero impondrá a Nicaragua un arancel gradual durante dos años a todos los bienes que no se originen bajo el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
- La medida se adoptará bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 “para abordar los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho”, explicó en un comunicado la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR).
El arancel se establecerá en 0% el 1 de enero de 2026 y aumentará al 10% el 1 de enero de 2027 y al 15% el 1 de enero de 2028, puntualizó.
“Cualquier arancel se acumularía con otros, como el Arancel Recíproco vigente del 18%”, indicó la USTR.
Asimismo, esa Oficina advirtió que “si Nicaragua no avanza en la solución de estos problemas”, relacionados a los abusos de derechos humanos, libertades fundamentales y el desmantelamiento del Estado de derecho, “este cronograma y estas tasas podrían modificarse”.
- El Gobierno de EU evaluaba imponer una subida del 100% de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del acuerdo de libre comercio DR-CAFTA tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas “irrazonables” de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.
- Entre las medidas propuestas por la USTR contra el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se incluían “aranceles adicionales de hasta el 100% sobre algunos o todos los productos nicaragüenses” de forma “inmediata o por fases durante un periodo de hasta 12 meses”.
La entidad comercial estadounidense también había propuesto “la suspensión, el retiro o la prohibición de la aplicación de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana” (DR-CAFTA, en inglés).
- En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del CAFTA, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EE.UU..
- Nicaragua es gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde 2007 y desde hace ochos años junto con su esposa, Rosario Murillo, designada “copresidenta” tras una reforma de la Constitución Política.
Las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de EU sobre las posibles violaciones cometidas por el Gobierno de Ortega y Murillo comenzaron el 10 de diciembre de 2024 durante la Administración del demócrata Joe Biden, bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974.
Entonces, la organización recibió más de 160 comentarios y varios testigos prestaron declaración durante una audiencia pública el pasado 16 de enero.
Hasta el 19 de noviembre pasado, la USTR ha recibido más de 2,000 comentarios por escrito, con lo que han determinado que “el régimen de Ortega-Murillo ha cometido o permitido una serie de abusos de los derechos laborales internacionalmente reconocidos”, junto a otros “abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso contra personas y bienes estadounidenses”
Las evidencias recopiladas, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia estatal, represión sindical, persecución de opositores, apropiación de instituciones públicas y cancelación de más de 3,500 organizaciones, fueron remitidas al Departamento de Estado para una evaluación paralela. Pese a la contundencia del informe, Washington optó por una respuesta gradual.
- El opositor y economista Juan Sebastián Chamorro reconoció que el paquete es “más suave de lo esperado”, pero advirtió que “no deja de ser importante”. Para Chamorro, el arancel del 15 por ciento, sumado al 18 por ciento existente, puede colocar a numerosos productos nicaragüenses “en seria desventaja” una vez que entren en vigor.
“Eso podría dejar por fuera algunos productos del mercado”, señaló. Explicó además que la cláusula de origen 100 por ciento Cafta pondrá presión sobre sectores que dependen de insumos extra regionales, particularmente los textiles. “Nicaragua no produce algodón. ¿Cuánto de esa fibra viene del exterior? Esa es una pregunta que podremos responder con más precisión con el tiempo”.
“La administración buscó proteger a inversionistas y minoristas estadounidenses que venden productos nicaragüenses, asegurándose de que no haya intromisión de insumos de países no Cafta”, dice.
A su juicio, la lógica de la USTR no fue punitiva, sino “correctiva”: dar tiempo para que el régimen modifique políticas antes de que los aranceles se vuelvan efectivos. También subrayó que el régimen sigue expuesto a medidas adicionales del Departamento de Estado y del Tesoro, que operan bajo marcos legales distintos y no han sido descartadas.
- El informe que dio origen a estas sanciones documentó un patrón sistemático de represión: persecución religiosa, cierre de medios, encarcelamiento de opositores, desapariciones forzadas, torturas, expropiaciones masivas, cancelación de organizaciones de derechos humanos, intervención del Poder Judicial y anulación completa de elecciones libres.
- También describió la asfixia del sindicalismo independiente, el uso de la Policía como aparato partidario y la imposición de un “modelo autoritario” que vulnera derechos laborales básicos, desde la negociación colectiva hasta la libertad de asociación.
En ese contexto, Washington decidió no tocar el DR-Cafta. Suspender o expulsar a Nicaragua del acuerdo hubiera afectado de inmediato a productos que representan la principal fuente de empleo formal del país, particularmente en zonas francas.
De hecho, una misión reciente del FMI advirtió que un golpe directo al tratado podría tener consecuencias “severas” para la economía nicaragüense.
Para el opositor Félix Maradiaga, la decisión de Washington no debe interpretarse como un gesto de indulgencia hacia el régimen de Ortega.
Señala que se trata de “una advertencia muy seria formulada de manera prudente”, resultado de una investigación que documenta abusos graves en materia de derechos laborales, derechos humanos, libertades fundamentales y el desmantelamiento del Estado de derecho.
- Maradiaga destaca que la decisión de no suspender los beneficios del DR-Cafta responde al objetivo de evitar daños inmediatos en las cadenas de suministro y de no castigar al trabajador nicaragüense, quien vive bajo represión y pobreza. A su juicio, la medida combina presión firme sobre la élite gobernante con un cierto nivel de protección hacia la población, que no es responsable de las decisiones del régimen, pero sí su principal víctima.
“Es evidente que en este proceso se escuchó el cabildeo de grandes intereses económicos que, una vez más, priorizan la estabilidad de sus negocios por encima de los derechos humanos y del sufrimiento del pueblo nicaragüense”, apunta.
Dice también ver “que Washington quiso leer ciertas señales del régimen, como algunas excarcelaciones”, y optó por una respuesta gradual. “El riesgo es que parte del empresariado siga empujando por una ´normalidad´ comercial con una dictadura que no ha hecho reformas de fondo ni ha detenido la represión”, concluye.
Crímenes de lesa humanidad que la ONU atribuye al gobierno de Nicaragua
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el «Estado persigue a su propia gente» con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
«Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población», le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
- El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la «represión sistemática y generalizada» del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
- Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los presuntos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los «copresidentes» Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
«Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites», comunicó Murillo.
«Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía», agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como «dictadura anacrónica».
«Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo», dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
- El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
- Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
- Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
- Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, al menos 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, «bajo acusaciones penales infundadas» es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
«Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar», le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
«Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie», siguió.
- La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
- La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son «generalizados y sistemáticos» desde 2018 y van «contra una parte de la población».
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los «actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad».
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murrillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
«Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial», dicen los expertos.
- El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un «crimen de lesa humanidad» debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como «La 300” para preguntar dónde estaba.
- Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
- La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
«Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares», dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, «en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua».
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
- La Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno «por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales».
Se eliminaron las garantías básicas de los derechos humanos en Nicaragua
Las garantías básicas y fundamentales de derechos humanos “se han eliminado” en Nicaragua a través de una serie de reformas legales, incluida una “profunda” de la Constitución, afirmó el representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin.
En comentario enviado a la agencia de noticias EFE tras la presentación en Ginebra de un informe sobre Nicaragua de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Sánchez Thorin señala que este documento “describe cómo, desde 2024, reforma tras reforma, incluyendo una profunda reforma constitucional casi completa en 2025, Nicaragua ha tenido una transformación preocupante” en la que “el poder se ha concentrado cada vez más en manos del Ejecutivo” que encabezan los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Por medio de estas reformas, hoy, se facilita que cualquier persona que sea vista como crítica al gobierno, incluso sus familiares, pueda ser blanco de represalias y ser detenida”, afirma el funcionario de la ONU.
Agrega que “el reconocimiento oficial de grupos paramilitares o la adopción de leyes penales ambiguas ha creado un clima de miedo y control social que tiende a eliminar cualquier espacio para la crítica y el desacuerdo”.
- Hasta junio de 2025, al menos 75 personas permanecían detenidas en Nicaragua por motivos políticos, y se documentaron en 12 meses al menos 16 casos de tortura (incluida violencia sexual) y 31 desapariciones forzadas, según el informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentado este martes en Ginebra.
- De acuerdo con el informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que revisa la situación de Nicaragua entre junio de 2024 y el mismo mes de 2025, también se documentaron 52 casos de denegación arbitraria de reentrada al país y 156 expulsiones sin recurso legal.
Sánchez Thorin sostiene que “cientos de nicaragüenses han sido expulsados, desnacionalizados o simplemente se le ha negado el reingreso a su propio país”, lo que “ha provocado separaciones familiares, exilio forzado y situaciones de apatridia y sin documentos”.
- El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, formado por tres juristas, denunció este martes en Ginebra que la represión del régimen de Ortega y Murillo alcanza a sus críticos en el exilio, por lo que instaron a otros Estados a exigir responsabilidades a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya por esta razón.
- Los casos documentados indican que al menos 452 personas sufrieron apatridia entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, aunque los expertos indicaron este martes que otros también fueron despojados de su nacionalidad sin proceso legal alguno.
El representante de la OACNUDH, que tiene su sede en la Ciudad de Panamá, destaca además en su comentario a EFE que la “sociedad civil en Nicaragua sigue siendo debilitada”, puesto que “desde 2018, ocho de cada diez organizaciones han sido canceladas o debieron cerrar, muchas de ellas religiosas, y sus bienes han sido confiscados”.
A ello se suma “una reforma del sistema electoral que pone en serio peligro el pluralismo político, y con él, el derecho fundamental de las personas a participar en la vida democrática del país”.
- Sánchez Thorin indica también que la “decisión de Nicaragua de no participar en el Consejo de Derechos Humanos y en los espacios ofrecidos por los mecanismos de derechos humanos no es una señal positiva para la promoción y protección de los derechos humanos en el país”.
“Es crucial que Nicaragua retome el diálogo y la cooperación, aprovechando el Examen Periódico Universal que está en curso. Desde nuestra Oficina, seguimos dispuestos a colaborar con Nicaragua y brindar apoyo técnico para contribuir al avance del país en derechos humanos”, completó Sánchez Thorin./Agencias-PUNTOporPUNTO
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