Huracanes, erupciones volcánicas y terremotos, entre otros, hacen que América Latina y El Caribe sean un hervidero de desastres. Si a ellos se le suman, además, otros factores se convierte en una «región multiamenaza”.
- “La combinación de amenazas climáticas y geofísicas, sumada a crisis económicas y sociales, agrava los efectos de los desastres”, dice a DW Nahuel Arenas, jefe de la Oficina regional para América Latina y El Caribe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Catástrofes, que ha presentado, recientemente, el Informe de Evaluación sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe Regional (RAR24).
Según el reporte, sólo el 6% del dinero destinado a la gestión de desastres en la región se dedica a la prevención. En la actualidad hay muchos países en que la “gestión de desastres se percibe como un problema reactivo más que preventivo”, lamenta.
- Así, según el informe, el 78% de los fondos se destina a la respuesta a los desastres y el 18% a mitigación. «Refleja una falta de planificación estratégica y de incentivos políticos para invertir en la reducción del riesgo”, critica el directivo, apuntando que deben diversificarse los recursos económicos para acciones de prevención, reducción de riesgos existentes y de respuesta y recuperación de los desastres.
“Debemos encontrar un equilibrio y avanzar en acciones preventivas, especialmente en la construcción de infraestructura nueva, que aún está en desarrollo en la región”, asegura Arenas.
- Así lo confirma Juvenal Medina Rengifo, Presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes) en Perú, dónde “aún existen grandes brechas que cerrar en la reducción de la vulnerabilidad”.
“En la medida que crecen las poblaciones en Perú se generan inversiones en nuevas infraestructuras en las zonas periurbanas de las ciudades sin un adecuado ordenamiento para la planificación del desarrollo basado en el conocimiento y comprensión del riesgo”, lamentó.
- América Latina y El Caribe pierden anualmente más de 58.000 millones de dólares en infraestructuras por desastres y a ello hay que sumarle “las pérdidas indirectas en empleo, educación y salud”, advierte Arenas.
“En muchos de los casos se reincide en reinstalar las condiciones de vulnerabilidad preexistentes generando nuevos riesgos, traen consigo el inevitable incremento de la vulnerabilidad”, complementa Medina.
Múltiples dificultades y necesidad de un enfoque integral
La falta de herramientas y de participación de las comunidades locales, así como la fragmentación de políticas e instituciones son algunas de las dificultades.
- “Un problema estructural es que muchos países ni siquiera etiquetan adecuadamente el gasto en la reducción del riesgo lo que dificulta la transparencia en la asignación de recursos”, lamenta el jefe de la Oficina Regional de la ONU.
- De estos, un alto porcentaje, que en algunos casos alcanza el 60%, no llega a ejecutarse, lamenta Arenas, reclamando “transformar la manera en que se planifican e implementan las inversiones en desarrollo”.
“Al ocurrir una emergencia o desastre, eso tiene un impacto negativo en las comunidades, dejando una deuda de desarrollo”, complementa Irasema Magaña, directora de Gestión Integral de Reducción del Riesgo de Desastres de Guatemala, otro de los países que forman parte de los casos de estudio del informe.
Arenas aboga por una “coherencia entre las acciones relacionadas con el riesgo de desastres, el cambio climático y el desarrollo”, y apunta a la cooperación internacional.
- El informe alerta que mientras menos del 1% de la Asistencia Oficial para el Desarrollo en la región se dedica a la reducción del riesgo de desastres, el porcentaje sube a un 6% si se considera la adaptación al cambio climático.
“Eso muestra una falta de alineación entre los flujos de financiamiento y las necesidades reales de reducción del riesgo en la región”, critica.
Algunos avances
A pesar de ello, países como Colombia, Perú, Haití, Bolivia y República Dominicana han podido llevar a cabo avances en la reducción de riesgos de desastres gracias a la cooperación internacional, al ser los mayores beneficiarios de esta ayuda.
- En 2010, Perú creó un Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED). Según el informe 2024, dicho programa ejecutó un promedio anual de 648,24 millones de dólares en el período 2014-2023, un 1,28% del presupuesto del país.
- “Representa un porcentaje muy reducido para pensar que se reduce el riego. De acuerdo a las escalas de evaluación del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES) un porcentaje óptimo es el 3,1 %”, asegura el presidente del organismo peruano.
Por su parte, Guatemala cuenta desde 1996 con el Fondo Nacional Permanente para la Reducción de Desastres dotado de 10 millones de quetzales, en la actualidad.
- “Siendo conscientes que este rubro es insuficiente ante eventos mayores, se han elaborado otras estrategias para financiar las emergencias”, dice Magaña, apuntando a la creación del Fondo Emergente, en 2012, dotado de 110 millones de quetzales, que se activa en caso necesario.
Pérdidas se disparan en la región con impulso de tres países
- Las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México solo confirman que los impactos por el cambio climático son más fuertes año con año. El calentamiento global no solo se refleja en fuertes lluvias, huracanes o sequías, también en el bolsillo de las empresas a nivel global.
- AON publicó su Informe Global de Catástrofes del primer trimestre, en el que reportó 83 mil millones de dólares en pérdidas económicas debido a desastres naturales. La cantidad reportó un crecimiento de 54 por ciento en comparación con los tres primeros meses del 2024.
Sin embargo, la comparación de las pérdidas económicas mundiales causadas por desastres naturales es aproximadamente un 36 por ciento más que lo registrado en el 2000. Además de que es más del doble de la mediana de lo que va en este siglo.
Al respecto, Sergio Gómez, manager director para analytics reinsurance solutions en AON para América Latina, dijo en entrevista para Reporte Índigo que la tendencia es que cada vez más las catástrofes y los desastres naturales generen un mayor impacto económico.
El estudio de AON refiere que según estimaciones preliminares, las pérdidas económicas durante estos primeros tres meses del año, solo en Estados Unidos, alcanzaron casi los 71 mil millones de dólares, la cifra más alta desde 1994. En cambio, los registros de otras regiones fueron menores en comparación con su media.
- En los Estados Unidos los incendios forestales de California contribuyeron aproximadamente con 38 mil millones de dólares o el 71 por ciento de las pérdidas aseguradas totales.
- En enero de este año dos incendios azotaron la región sur de California, particularmente en la zona de Los Ángeles. El incendio de Palisades arrasó cerca de 9 mil 500 hectáreas, mientras que el de Eaton destruyó casi 5 mil 700 hectáreas.
- Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió las cercanías de Mandalay, Myanmar, causando importantes impactos humanitarios y económicos, agravados por la guerra civil en curso. El terremoto causó al menos 5 mil 300 muertos.
Bajo aseguramiento en América Latina
El caso de Estados Unidos fue demoledor respecto a los incendios en el sur de California, pero en la primera economía del mundo existe una alta penetración de aseguramiento en comparación con América Latina.
De acuerdo con el entrevistado, en la región de América Latina por cada 100 dólares de pérdidas, entre 10 y 20 dólares los repone un seguro.
- Información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) refiere que en la última década han tenido dos de los eventos más costosos para la industria: la pandemia de Covid-19 y el huracán Otis.
- La pandemia representó un monto de reclamos en seguro de gastos médicos y de vida, por un monto de 3 mil millones de dólares, lo cual presentó el siniestro más oneroso de su historia.
- El segundo fue el huracán Otis en Acapulco, el cual ha representado 2 mil 160 millones de dólares en gastos. En palabras del presidente de la AMIS, Pedro Pacheco Villagrá, estos eventos fueron sorteados por el sector asegurador, y la solvencia no se afectó.
Explicó que se dio cobertura a personas, empresas y estructura pública de manera responsable y se logró demostrar la fortaleza del sector que lidera.
Por su parte, Sergio Gómez agregó que existe un factor importante: las economías crecen y el ser humano está ocupando cada vez más espacio en zonas donde hay mayor exposición. “Ahora están llegando a espacios que antes no estaban ocupados. Los desastres naturales están dañando y su impacto económico está creciendo”.
México, segundo en Latinoamérica en pérdidas
México ocupa el segundo lugar en América Latina en pérdidas económicas por desastres naturales, solo después de Brasil, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los gastos ocasionados por eventos naturales extremos en 2024 superaron los 85 mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 5 mil millones de dólares.
- Las tormentas tropicales, inundaciones en el sureste y sismos en el centro del país fueron los fenómenos con mayores impactos.
Expertos advierten que gran parte de la población sigue sin mecanismos de protección financiera. Andrés Ramírez, CEO de la empresa de tecnología para seguros Zebra Insurtech, señaló que más del 80% de las viviendas en zonas de alto riesgo carecen de seguro, lo que deja a millones de familias vulnerables ante la pérdida total de su patrimonio.
- Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la industria aseguradora mexicana paga actualmente 25 millones de pesos diarios por siniestros hidrometeorológicos.
Resiliencia poblacional
- La falta de cobertura también afecta la infraestructura pública y privada, con daños anuales superiores a 40 mil millones de pesos, indicó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
- La institución subraya que cada peso invertido en prevención y protección financiera puede evitar hasta siete pesos en reconstrucción, destacando la rentabilidad social de la inversión en resiliencia.
La investigadora Nashelli Ruiz Rivera, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Sociales y Ambientales de la UNAM, indicó que entre 2000 y 2020 las pérdidas materiales por desastres naturales ascendieron a 596 mil millones de pesos, sin contabilizar daños no declarados oficialmente ni las pérdidas sociales a largo plazo.
- Ruiz Rivera alertó sobre la antigüedad y el deterioro de la vivienda en el país: cerca del 25% de las viviendas tiene más de 30 años y casi 45% presenta problemas estructurales como humedad, filtraciones o daños en cimientos, muros y techos.
La académica enfatizó que los gobiernos estatales deben adoptar una visión preventiva del riesgo climático, enfocándose no solo en la reconstrucción de infraestructura, sino también en fortalecer las estructuras de bienestar y la resiliencia de la población. /PUNTOporPUNTO
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