La violencia político-electoral en México registró 382 incidentes durante 2025, lo que representa el segundo nivel más alto desde 2018, de acuerdo con el más reciente reporte elaborado por la consultora Integralia.
Además, se indicó que la mayor parte de los incidentes se concentró en el primer semestre del año, cuando se registraron 254 casos, frente a 128 en la segunda mitad de 2025. Los picos más altos ocurrieron en mayo y junio, lo que, según la empresa, reflejó que la cercanía de procesos electorales sigue siendo un detonante relevante para el uso de la violencia como mecanismo de presión política.
- Mientras que, en términos geográficos, la violencia político-electoral se concentró principalmente en Veracruz, con 104 casos; Guerrero, con 34; Morelos, con 32; Oaxaca, con 29; Puebla, con 26; y Guanajuato, con 21 incidentes. Estas entidades comparten, según el estudio, altos niveles de fragmentación criminal y debilidad institucional.
Además, el informe señaló que esta cifra confirma que la violencia se ha consolidado como un mecanismo recurrente de presión política y de control territorial en diversas regiones del país.
- Según el análisis, aunque 2025 no fue un año electoral típico —pues sólo se realizaron elecciones municipales en Veracruz y Durango, además de procesos judiciales en el ámbito nacional y en algunas entidades—, la cercanía de los procesos electorales continuó siendo un detonante relevante de agresiones.
También, se advirtió que este fenómeno está estrechamente vinculado con la presencia del crimen organizado, cuyo objetivo no se limita a la agresión directa contra actores políticos, sino que busca asegurar el control territorial, económico y político en distintas regiones del país. En el documento, se detalló que estas organizaciones recurren a mecanismos de imposición y coacción para dominar rutas, mercados y economías locales, así como influir en la vida pública.
Municipios vulnerables
Integralia también destacó que los municipios siguen siendo el nivel de gobierno más vulnerable, al concentrar 79.3% de los casos, debido a factores estructurales como corporaciones policiales débiles, limitaciones presupuestales y escasa presencia de fuerzas de seguridad estatales o federales.
- En cuanto al tipo de agresión, el homicidio doloso fue el mecanismo predominante, al representar 49.2% de los incidentes registrados. Le siguieron las amenazas, los atentados con armas de fuego, los secuestros y las desapariciones, lo que refleja una escalada en la letalidad de la violencia política.
Finalmente, el reporte advirtió que, pese al incremento sostenido de este tipo de violencia, las actuales propuestas de reforma electoral no abordan mecanismos específicos para enfrentar el problema, por lo que se dijo que existe el riesgo de que en los próximos procesos electorales, particularmente en 2027, se registre un aumento aún mayor de asesinatos, atentados y amenazas contra actores políticos.
El crimen organizado sigue interviniendo en las urnas
Desde 2006 diversos actores políticos han intentado, de manera casi obsesiva pero ineficaz, construir una muralla legal que impida la entrada del crimen organizado a las urnas.
A pesar de que cada reforma electoral se presenta como la “definitiva” para fiscalizar recursos y limpiar candidaturas, la realidad es que el Estado mexicano lleva 20 años intentando blindar las elecciones sin éxito, lo que permite que el financiamiento ilícito y la violencia política se conviertan en actores determinantes de la vida pública.
- La lista de pactos rotos y leyes insuficientes es larga: destaca el “pacto nacional” de 2008, promovido por Jorge Carlos Díaz Cuervo, entonces presidente del Partido Alternativa Socialdemócrata, para que todos los partidos se comprometieran a no postular a personas vinculadas con la delincuencia.
- El intento quedó en el papel, pues la falta de mecanismos de verificación real por parte de la entonces PGR y el IFE lo convirtió en un gesto puramente retórico.
- En el mismo lapso se aprobó una reforma (2007-2008) que prohibió comprar tiempo en radio y TV para evitar que “poderes fácticos” influyeran en las campañas, pero eso sólo desplazó el flujo de dinero a estructuras territoriales y redes clientelares difíciles de rastrear.
- Entre 2012 y 2014 se firmó el llamado Pacto por México, que derivó en la creación del INE y un Sistema Nacional de Fiscalización que prometía revisar en tiempo real cada peso gastado. Sin embargo, el crimen volvió a encontrar la forma de burlar la ley para financiar candidatos a través de los reportes de “gastos no declarados” y el uso de efectivo en las campañas de 2018 y 2021.
Más tarde, entre 2021 y 2024 el INE y la Secretaría de Gobernación implementaron mesas de seguridad y acompañamiento a candidatos que al final no lograron frenar la intromisión del narco, pues según reportes oficiales esos comicios se colocaron entre los más violentos de la historia reciente, con decenas de candidatos asesinados y regiones enteras donde las planillas se retiraron por amenazas directas de cárteles.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso su reforma electoral con la que plantea fiscalizar campañas para evitar la intervención criminal: entre otras cosas, prohíbe el financiamiento de campañas con dinero en efectivo, con recursos de extranjeros y con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, voces críticas señalan que sin una reforma profunda a las fiscalías y unidades de inteligencia financiera estos candados seguirán siendo un cerrojo de papel ante un poder que opera fuera de la ley.
Narcocandidatos
El fracaso de estas estrategias ha dejado casos con nombres y apellidos, y destaca el más reciente de quien fuera presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, detenido en febrero pasado por vínculos directos con grupos del crimen organizado de la región.
- También figura el caso de Julio César Godoy Toscano (2009-2010), hermano del entonces gobernador de Michoacán y hoy diputado federal por Morena Leonel Godoy Rangel.
- Julio César fue electo diputado federal mientras era buscado por la justicia por sus presuntos vínculos con La Familia Michoacana; sin embargo, logró tomar protesta tras entrar a la Cámara de Diputados escondido en la cajuela de un coche y obtuvo el fuero parlamentario antes de ser desaforado y convertirse en prófugo de la justicia.
Otro caso mediático fue el de José Luis Abarca Velázquez (Iguala, 2014), exalcalde vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con el grupo criminal Guerreros Unidos, quien recibió 112 años de cárcel derivado de varias sentencias también por homicidio, secuestros y otros.
También, Gerardo Cortés Caballero, alcalde de Cuautempan, Puebla, fue detenido en 2026 en la denominada Operación Enjambre; Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa, Chiapas, fue capturado en febrero de 2026; Emiliano Vázquez Bonilla, alcalde de Zapotitlán de Méndez, Puebla, capturado en 2024; Iván Guadalupe López Colín, edil de Chucándiro, Michoacán, detenido en junio de 2023, Ricardo Pérez García, alcalde de Río Blanco, Veracruz (febrero 2023); María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, quien fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en colaboración con La Familia Michoacana, y al menos 12 ediles de Guanajuato y el Estado de México investigados por nexos criminales, pero cuyos nombres se mantienen reservados.
Con el cúmulo de casos y de intentos fallidos por blindar las elecciones, México llega a 2026 con una nueva propuesta, que será votada en los próximos días.
Estrategias cosméticas y superficiales
Para expertos, México no ha logrado frenar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales porque las reformas y estrategias que se han implementado en las últimas décadas han sido “cosméticas” y “superficiales”.
David Saucedo, consultor en seguridad, explicó que las políticas públicas que se han instaurado en México “han sido sólo para contener mediáticamente el problema, no para resolverlo de fondo”.
Planteó la aplicación de la llamada Ley de la Silla Vacía, vigente en países como Colombia.
“Si se descubre que algún funcionario de elección tiene algún vínculo criminal, no sólo pierde el cargo y es procesado, sino que el partido que lo postuló ya no puede postular candidatos en procesos electorales. Pongo un ejemplo: en el caso de Tequila, Diego Rivera no sólo perdería el cargo de alcalde, sino que Morena no podría postular candidatos en Tequila durante dos y hasta tres periodos consecutivos. Esto obligaría a los partidos a no postular narcocandidatos y sería, desde mi punto de vista, un poderoso disuasivo para evitar la penetración del crimen organizado en los procesos electorales”, explicó.
Otra propuesta es la de una reforma para quitar a municipios las áreas de seguridad.
- “Una de las razones por las cuales los grupos del narcotráfico desean controlar a los municipios es porque desean controlar las direcciones de Seguridad Pública Municipales. Creo que hay que quitar a los municipios las facultades y que sean los estados y la Federación los que las que tengan esa facultad. En estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Estado de México, que son centenares de municipios, es imposible que tengamos centenares de corporaciones de Seguridad Pública municipales competentes, eficaces, transparentes, honestas. Es imposible, los ciclos de gobierno son de apenas tres años y no hay posibilidad de que maduren. Creo que la seguridad pública ya no puede estar en manos de los municipios, porque son fácilmente cooptables, corrompibles y se les puede amedrentar, así que si un municipio no tiene estado de fuerza se vuelve menos atractivo para un grupo criminal”, sentenció.
Finalmente, Sebastián Godínez, politólogo de la UNAM, coincidió en que los esfuerzos por alejar al crimen de las urnas “ha quedado en el papel”.
“Esto tiene que ver más allá de una reforma coyuntural, ahí sí es necesario que diversas voces, y expertos, academia, políticos, los partidos tengan la capacidad de sentarse a negociar”, dijo.
La violencia pone en mayor riesgo a los funcionarios
Los criterios para otorgar seguridad a funcionarios en México —en los niveles federal, estatal y municipal— son diversos y no están sustentados en un análisis de riesgo, a pesar de que existen normas legales. Por ello, la asignación de protección es discrecional y una evidencia trágica del centralismo de la seguridad pública.
- Javier Oliva Posada y Raúl Benítez Manaut, especialistas en seguridad, advirtieron que, en el contexto actual de violencia que priva en México, esa situación pone en mayor riesgo a los funcionarios, pero, principalmente, a la gobernabilidad del país.
Funcionarios de entidades federales directamente relacionados con políticas de seguridad disponen de dispositivos de protección de manera automática y justificada. En esos casos están Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, y Raymundo Morales Ángeles, secretario de la Marina.
Protección del mismo nivel o con mayor cobertura que la de los tres funcionarios mencionados debería tener la presidenta Claudia Sheinbaum —quien dispone de una ayudantía de carácter civil, el mismo esquema impuesto por su predecesor tras la disolución del Estado Mayor Presidencial—; Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y jueces penales con casos de alto impacto a su cargo.
- Hay funcionarios del Estado mexicano, no obstante que legalmente tienen mecanismos para disponer de medidas de seguridad, cuentan con aparatos de protección “de película”. En estos casos están los ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, gobernadores de los estados y algunos diputados y senadores.
- A nivel municipal también opera la discrecionalidad, ya que, sin un adecuado análisis de riesgo no se provee de un conjunto de medidas, personal y dispositivos tecnológicos, especialmente ante amenazas derivadas del ejercicio de su función.
- Oliva señaló que el tema de la seguridad para funcionarios en México es de primera importancia: “Si bien existe una legalidad que establece qué funcionarios deben recibir protección, incluyendo a la jefa del Ejecutivo y los secretarios de Estado, así como a algunos familiares de funcionarios, en muchos casos la asignación sigue siendo discrecional”.
Benítez Manaut señaló que, a pesar de que existen leyes y normas, la asignación de escoltas, vehículos blindados y personal de protección sigue siendo desigual entre niveles de gobierno y regiones del país.
El debate sobre la seguridad de los funcionarios volvió a la agenda nacional tras recientes hechos de violencia, como el ataque a diputados en Sinaloa, la polémica por las camionetas blindadas para los ministros de la Corte y el acoso del que fue víctima la presidenta Sheinbaum a principios de noviembre de 2025, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
- Por razones de seguridad nacional se desconoce públicamente cuál es la cifra total de elementos asignados por las distintas corporaciones. Una de las instancias encargadas de esta labor es el Servicio de Protección Federal (SPF), dependiente de la SSPC, que recientemente abrió una convocatoria nacional de reclutamiento. Sin embargo, tampoco se sabe qué criterios se establecen para asignar el número de agentes o vehículos a cada funcionario.
Oliva Posada señaló que, aunque debería existir una homologación nacional, los estados deciden bajo su propio criterio a quién otorgar protección.
“En muchos municipios, especialmente en zonas con presencia del crimen organizado, incluso cuando se solicitan medidas de protección no siempre se cumplen. Esto evidencia el centralismo: si eres alcalde en Benito Juárez o Cuauhtémoc cuentas con protección; si estás en un municipio en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, llévate tu escapulario porque no vas a tener más protección.
“Hay solicitudes expresas de cobertura de seguridad que son indudables. Se vio en el caso de Uruapan, Michoacán, donde el alcalde contaba con elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, mucho queda al arbitrio de las autoridades estatales. Es necesario poner énfasis en un protocolo serio”, señaló Javier Oliva.
En opinión de Oliva Posada, los sistemas de seguridad en México empezaron a diluirse a partir de la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP): “Con ese hecho, los riesgos para ciertas personalidades aumentaron, de eso no hay duda”.
De acuerdo con el especialista, lo grave radica en la discrecionalidad: “Si no eres del mismo partido o incluso dentro de un mismo partido no eres del mismo grupo, te encuentras en problemas”. Según Oliva, la política actual muestra una “clarísima inexperiencia e improvisación”, lo cual es grave porque pone en riesgo a gobernantes y cualquier atentado contra ellos repercute en la dinámica de todo el país.
Desorden con la desaparición del EMP
Raúl Benítez Manaut afirmó que la desaparición del EMP provocó un desorden en los esquemas de protección al eliminar un sistema centralizado que definía con claridad los niveles de seguridad. Recordó que cuando este cuerpo existía el esquema estaba codificado y se sabía distinguir quién necesitaba más seguridad, incluyendo visitas internacionales como el Papa o presidentes extranjeros.
- Benítez señaló que, a nivel estatal, los gobernadores suelen contar con amplios esquemas porque ellos mismos nombran a los fiscales que les proveen la seguridad. Sin embargo, el incremento de la violencia ha vuelto vulnerables a más funcionarios, obligando a reforzar medidas de manera reactiva.
Finalmente, el analista destacó que esta fragmentación —donde el Poder Judicial, la FGR o el CNI operan con reglas propias— impide establecer normas homogéneas. Ante la magnitud del problema, concluyó que es sumamente difícil proporcionar seguridad de manera uniforme en todo el territorio nacional.
La violencia política contra las mujeres en México se ha visibilizado
En los más recientes procesos electorales celebrados en el país, se registró el mayor número de candidatas postuladas a un cargo público, incluida la presidencia de la República, pero a la par se presentó la mayor cantidad de ataques en razón de género.
En términos de paridad, la elección de 2024 fue histórica, ya que de ahí surgieron la primera presidenta de México; un Congreso paritario con un número inédito de senadoras y diputadas federales; cientos de alcaldesas y diputadas locales; y cuatro gobernadoras, que llevaron al país a un máximo histórico de 13 entidades con una mujer al frente de un Estado. Pero también fue la elección más violenta de la historia para ellas.
Según diversos informes de las autoridades electorales, las mujeres en campaña son víctimas de ataques en redes sociales, agresiones en medios de comunicación, obstáculos para ser candidatas, denostación y descalificación, ataques verbales y físicos, retiro y destrucción de su propaganda, amenazas, intimidación, hostigamiento, violencia sexual y psicológica, discriminación dentro de sus propios partidos y, recientemente, diversos tipos de violencia digital. Se trata de ataques que crecen en paralelo a una mayor participación en la política, derivada de las reformas de paridad implementadas desde 2019.
“Si bien la paridad ha impulsado la presencia de las mujeres de manera importante, al tener mayor exposición mediática, las candidatas fueron blanco de mayor violencia en razón de género”, concluye el Instituto Nacional Electoral (INE) en un informe en el que analiza el uso de la inteligencia artificial, la proliferación de las noticias falsas, la difusión de mensajes de odio, la violación a su privacidad por medio de espionaje y la propagación de videos manipulados, como nuevas formas de agresión para afectar e inhibir la participación de las mujeres en los comicios.
En el proceso electoral 2024, el INE recibió 215 quejas formales por violencia política en contra de las mujeres en razón de género, que equivalen al 42% de las 511 que se habían registrado en cuatro años, desde la reforma constitucional aprobada en 2020 para prevenir y sancionar esta conducta.
El INE identificó a 157 víctimas, en su mayoría candidatas a diputadas federales, senadoras o presidentas municipales, y procedió contra 266 probables infractores. El Registro Nacional de Personas Sancionadas por esta conducta, que opera desde abril de 2020, multiplicó a las personas inscritas, para llegar a la cifra de 438 sancionados, 360 hombres y 78 mujeres. Aunque la mayoría son ciudadanos comunes (91), en el registro hay presidentes municipales, regidores, funcionarios del ámbito estatal o federal y 53 periodistas.
México es un país pionero en la regulación de la paridad y la prevención de la violencia política que se ejerce contra las mujeres.
- En 2019 se aprobó la reforma de paridad total y, en 2020, la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, las cuales llevaron a la Constitución una serie de acuerdos y medidas que había implementado el INE durante más de una década. De esas reformas surgieron normas y protocolos que buscan mejores condiciones de competencia política para las mujeres, paridad en los cargos públicos y un entorno libre de violencia para candidatas y funcionarias públicas.
Algunos ejemplos son los acuerdos para que los partidos postulen igual o mayor número de mujeres a las gubernaturas en un mismo ciclo electoral, las medidas para generar congresos paritarios a nivel federal y local, la creación de un observatorio de participación de las mujeres; los mecanismos para prevenir la violencia política, como el 8 de 8 que impide que personas violentadoras puedan competir por un cargo público, el Registro Nacional de Personas Sancionadas, los monitoreos especializados para detectar la violencia mediática y en redes sociales y, más recientemente, el modelo integral de atención a víctimas de violencia política que el INE ha comenzado a implementar a partir de febrero.
La consejera Claudia Zavala, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del INE, explica que los avances en materia de paridad han permitido que hoy las mujeres no solo compitan por los cargos, sino que accedan a ellos, lo que ha generado un efecto no deseado de mayor violencia política en razón de género. Zavala lamenta que, a la violencia que se expresa de forma material, hoy se añada una violencia digital y simbólica que busca estereotipar a las mujeres, atacarlas por jugar nuevos roles y encasillarlas en las actividades tradicionales que se les asignaban en el pasado.
“En la medida en la que hemos avanzado en cumplir con el principio de paridad, generando esquemas que permiten que las mujeres no sólo compitan, sino que realmente accedan al poder, los datos nos demuestran que se incrementa la violencia, tanto en las campañas, como en el ejercicio del cargo y al interior de los partidos, donde tenemos un enorme rezago”, comenta la consejera.
- Claudia Zavala llegó al INE en 2017 y está por concluir su encargo el próximo 4 de abril. Desde su experiencia de nueve años, la consejera percibe avances institucionales tanto en paridad como en prevención de la violencia, pero reconoce que persisten formas de discriminación, violencia e inequidad. Zavala considera que es necesario perfeccionar los protocolos para que, por ejemplo, los sancionados por violencia de género, efectivamente, sean impedidos de volver a ocupar cargos públicos, ya que hay casos de personas que son reincidentes hasta en 10 ocasiones y vuelven a ser funcionarios municipales o legisladores.
En el proceso electoral 2023-2024, el INE implementó un programa piloto de atención a víctimas que arrojó datos importantes, como el hecho de que buena parte de la violencia se genera a nivel municipal, muchos casos ocurren dentro de los partidos políticos, y algunas mujeres preferían denunciar en horas de la madrugada, probablemente por temor. De ese programa piloto surgió la necesidad de crear un mecanismo integral, que incluya prevención, atención psicológica, acompañamiento y asesoría jurídica, que aún debe concluirse.
Zavala considera necesario que el INE mantenga este tema como una prioridad de su agenda, que el asunto se considere en los cambios previstos en la reforma electoral y que no se abandone la prevención y atención a mujeres violentadas por un asunto de recursos, lo que podría ocurrir como efecto del inminente recorte presupuestal previsto en la reforma. “Me voy tranquila porque sé que rendimos cuentas de 2017 a 2026; en nueve años tuvimos actividad, vencimos muchas resistencias e hicimos un trabajo colectivo en el que nos acompañamos las mujeres de organizaciones civiles, académicas, investigadoras, magistradas y consejeras”, afirma./Agencias-PUNTOporPUNTO
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