México ha presentado este viernes un desglose del registro oficial de personas desaparecidas, tema delicado donde los haya, símbolo de un país sometido a niveles desatados de violencia desde hace dos décadas.
Esperado desde hace meses, el Gobierno que preside Claudia Sheinbaum, ha dado el primer paso en un terreno resbaladizo, con un objetivo tan claro como polémico: convencer de que la cifra de más de 130.000 personas desaparecidas que muestra el registro oficial rebasa por mucho la realidad.
- El problema es serio, pero no de la magnitud que se pensaba. El Ejecutivo no ha querido aportar una cifra nueva. Se ha centrado en cribar el registro -cargado de fallas- y en partir la cifra conocida, los más de 130.000, en tres grupos, dependiendo de la información que se tiene sobre esas personas.
- De acuerdo al desglose, de las más de 130.000 personas desaparecidas, el 33% no ha tenido ningún tipo de “actividad” tras su desaparición, el 31% sí ha tenido actividad y el 36% responden a casos con datos “insuficientes”.
Lo anterior conduce a una conclusión que Sheinbaum y su equipo han evitado verbalizar durante su comparecencia ante la prensa. El número mínimo de desaparecidos que cuenta México ahora mismo es ese 33%, 43.128 personas, reportadas como desaparecidas desde 2006 a la fecha, que no han tenido actividad alguna desde que fueron reportadas como desaparecidas.
Esta cifra representa la intención del Ejecutivo de poner orden en un tema complejo y trágico, que ha traído de cabeza a sucesivos gobiernos desde hace más de 15 años. La polémica sobre cuántos desaparecidos hay en México viene de largo y bebe de la desconfianza de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que creen que cualquier modificación del registro podría sacar de la lista casos reales, por error o puro dolo. El Gobierno descarta este tipo de posibilidades.
“Nosotros estamos reportando lo que encontramos, con total transparencia”, ha defendido la presidenta. Sheinbaum ha destacado precisamente el trabajo conjunto con los colectivos de personas desaparecidas. Según ha podido saber EL PAÍS, la Secretaría de Gobernación convocó este jueves a representantes de colectivos para explicarles el desglose de las cifras.
- De la mano de Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Gobierno ha detallado el desglose. Figueroa ha tomado las más de 130.000 entradas del registro y las ha dividido en tres rubros.
- En primer lugar, figuran las entradas en que los datos de la persona supuestamente desaparecida son “incompletos o insuficientes”. Es decir, que quien quiera que subiera el reporte a la base de datos no añadió el nombre de la persona, su fecha de nacimiento o desaparición, el lugar donde ocurrió, su sexo, o varias de estas variantes combinadas.
Estos casos suman más de 46.000, el 36% del total, e incluyen algunos donde la entrada solo consta de un apodo, el nombre de un negocio o de nombres directamente falsos. Durante años, cualquiera podía añadir un reporte al registro, situación que explica el desorden que ha dibujado el Ejecutivo.
Ahora, las fiscalías son las encargadas de generar los reportes y abrir las investigaciones, obligadas a integrar la batería de datos completa. De cualquier manera, el Gobierno pone estas entradas en cuarentena y no descarta que haya casos reales de personas desaparecidas entre ellas.
En segundo lugar, aparecen los casos en que la persona reportada como desaparecida “tuvo algún tipo de actividad oficial” después de su desaparición. Bajo este rubro, el Ejecutivo coloca los casos de personas que votaron en unas elecciones, que se casaron o tuvieron hijos, que se vacunaron contra el covid-19, que fueron a consulta con médicos de alguno de los seguros sociales públicos del país, el IMSS o el ISSSTE… El Gabinete de Seguridad asume que, si bien en estos casos, alrededor de 40.000, el 31% del total, la ausencia de la persona reportada como desaparecida es real para el denunciante, la situación no tendría que ver necesariamente con el crimen.
Por último, el Gobierno coloca los casos de personas desaparecidas, cuyos registros están bien hechos y no han tenido actividad posterior al reporte de la desaparición. Este rubro agrupa 43.128 casos, el 33% del total, y es, como se explica arriba, la cifra mínima de personas desaparecidas que cuenta México hoy día. Figueroa ha destacado que, de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas. Además, ha dicho que de cada 100 localizadas, 92 son halladas con vida.
La presentación de estas cifras integra la estrategia del Gobierno, que ha colocado la seguridad al frente de sus prioridades, dado el tamaño y sofisticación del crimen organizado en el país, y las mismas carencias de las corporaciones de seguridad.
- El informe que ha presentado Figueroa deja en un lugar delicado a las autoridades locales, sobre todo a las fiscalías estatales, que apenas han abierto investigaciones estos años por casos de personas desaparecidas. Las protestas de los colectivos estos años han sido constantes, por la falta de empatía de los funcionarios, pero también por su desidia y falta de iniciativa a la hora de investigar.
El informe que ha presentado el Gobierno, una actualización y matización del registro ya existente, deja, sin embargo, una sensación extraña. México y el grueso de colectivos de familiares de personas desaparecidas esperaban la puesta de largo de la nueva Base de Datos de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, un registro mucho más exhaustivo que el actual, dependiente exclusivamente de las pesquisas de las fiscalías, obligadas, desde julio del año pasado, a iniciar una investigación por cada denuncia. A diferencia del actual, que manejaba la Secretaría de Gobernación, el nuevo estará manejado por el SESNSP.
El motivo de que no se haya presentado la nueva base de datos apunta a la complejidad del cribado. El equipo de Figueroa trabaja para que las fiscalías actualicen sus casos y abran una investigación por cada reporte de persona desaparecida.
- Actualmente, solo 3.869 casos de las 43.128 personas desaparecidas tienen una investigación abierta. De la misma manera, el SESNSP demanda que las procuradurías locales completen los registros en que los datos de la persona desaparecida resultan insuficientes, cuando se pueda.
- A la vez, el secretariado labora en dilucidar cada uno de los casos en que la persona reportada como desaparecida ha tenido actividad posterior. En los últimos seis meses, la dependencia ha ubicado a más de 5.000 personas de este rubro, que ascendía a más de 46.000.
Así, la pelota aparece ahora en el tejado de las fiscalías locales. En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al Gobierno, México estrenó una ley para castigar la desaparición de personas cometida por particulares, diferente de la forzada, empleada en América Latina para señalar la participación del Estado. Ya en 2018, el problema era grave, no solo por los miles de casos de desaparecidos que contaba el país, sino por el desorden burocrático y estadístico que reinaba alrededor del fenómeno.
La creación del registro trató de poner algo de orden, pero la falta de criterios para incluir reportes generó fallas, que han seguido sin subsanarse estos años. Desde hace nueve meses, las fiscalías tienen la obligación de abrir investigaciones por cada caso y alimentar así la base de datos.
Veinte años de desapariciones
La guerra contra el narco que inició el ex presidente Felipe Calderón, en 2006, detonó las desapariciones de personas, principalmente aquellas ligadas al crimen organizado, cuyo pico más alto se ha registrado en 2011, cuando se reportaron 11 mil 141 personas desaparecidas.
Solo en ese periodo, las desapariciones aumentaron en mil 738 por ciento, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al pasar de 641 a 11 mil 141, entre 2006 y 2011.
- El acumulado en ese periodo es de 30 mil 594 casos, que superan por mucho los reportados en la llamada larga data entre 1952 y 2005, donde se incluyen casos de la Guerra Sucia, los cuales sumaron 2 mil 356 archivos.
- En el informe dado a conocer este 27 de marzo, se establece que de 2006 a 2026 la cifra suma a 394 mil 645 personas desaparecidas, de las cuales 262 mil 111 han sido localizadas, mientras que 130 mil 178 siguen sin hallarse.
De ellas, el 36 por ciento no cuenta con los datos suficientes para su búsqueda. En otro 31 por ciento, se encontraron actividades administrativas después de la desaparición.
Desapariciones aumentaron exponencialmente desde 2006: estas son las dos etapas
No obstante, el gobierno federal destacó que actualmente, de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas; mientras que del total de personas encontradas, 92 de cada 100 son localizadas con vida, y 96 de cada 100 no están asociadas a la comisión de un delito.
“La desaparición de personas en México es un delito que se puede separar en dos momentos históricos. La llamada Guerra Sucia (…) y la segunda etapa se refiere al periodo contemplado a partir de la irresponsable ‘guerra contra el narco’ declarada en diciembre de 2006, cuando inicia un periodo de desaparición de personas relacionadas principalmente con la delincuencia organizada”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Medina Padilla.
“Y vemos un fenómeno relacionado con organizaciones criminales a partir, sobre todo, de 2006, que es la desaparición cometida por particulares”, remató Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para el actual gobierno federal, el fenómeno de la desaparición y no localización de personas es un tema que exige transparencia, la cual inicia con poner orden a las deficiencias que se arrastran desde las bases de datos hasta los protocolos de autoridades.
“Es con total transparencia. Quien desee acercarse a este registro, lo puede ver y puede verificar que, en efecto, esta es la situación que encontramos.
“A partir de la ley que fue publicada en julio de 2025, el registro garantiza que venga toda la información para poder ser registrada. Y, además, estamos obligando a las Fiscalías a abrir carpetas de investigación a partir de la ley”, garantizó la presidenta Claudia Sheinbaun.
Anteriormente, en la conferencia del 10 de febrero, la mandataria federal recordó además que, desde la Guerra Sucia, las desapariciones no solo estaban relacionadas al crimen organizado, sino también con temas políticos.
- Para dar mayor claridad a este tema, en marzo de 2025, la entonces consejera jurídica del Ejecutivo federal y actual fiscal general, Ernestina Godoy, reveló la creación de la base de datos de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas para evitar los viejos vicios de registros anteriores y, de paso, resarcir las fallas posibles.
“Debe abrirse una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ‘72 horas’. Toda la información para la búsqueda de personas asociada a una carpeta deberá registrarse y permitir su consulta en la Base Nacional de Investigación por desaparición o no localización de personas”, dijo Godoy la mañana del 24 de marzo.
Así funciona la nueva estrategia
La estrategia federal de búsqueda de personas desaparecidas presentada el viernes, opera como un sistema interconectado que cruza bases de datos públicas y privadas, activa alertas nacionales e internacionales y despliega verificaciones físicas para confirmar la localización de personas.
El modelo parte del Registro Nacional y de la detección de indicios posteriores a la desaparición, los cuales pueden ser trámites, registros o movimientos que son analizados mediante herramientas tecnológicas.
Cuando se identifica una actividad posterior, las autoridades activan un protocolo escalonado, el cual puede ser la verificación de estatus, la actualización de datos de contacto y, en casos necesarios, visitas domiciliarias para obtener evidencias de vida.
El mecanismo se alimenta además de instituciones como el INE, compañías telefónicas y registros administrativos, lo que permite reconstruir la actividad de una persona desaparecida, incluso años después.
En ese proceso, el gobierno ya ha identificado cientos de casos con actividad posterior, los cuales han derivado en localizaciones confirmadas.
- El eje tecnológico es la Plataforma Única de Identidad que utiliza la CURP para rastrear coincidencias en bases de datos de salud, educación, telecomunicaciones, transportes o servicios financieros, lo que genera alertas automáticas para las autoridades y activa las investigaciones.
- La alerta se distribuye además a aeropuertos, centrales de autobuses, hoteles, empresas telefónicas y medios de comunicación, e incluso puede escalar a nivel internacional mediante fichas de Interpol.
Dicha estrategia funciona como un cruce de datos en el que participan equipos especializados en criminalística, comunicaciones y antropología.
¿Cómo fue la transformación en el registro de los desaparecidos?
Frente al alza de desapariciones y personas no localizadas, tras la estrategia de seguridad del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado en el periodo de 2006 a 2012, organizaciones civiles y ciudadanía demandaron su búsqueda.
En ese sentido, un año previo al cierre de sexenio, la Secretaría de Gobernación (Segob) creó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNEPD), una base de datos alimentada con averiguaciones previas existentes en las procuradurías estatales y por tanto, sólo si había denuncia había persona desaparecida.
- Pero el RNPED arrastraba otro tipo de deficiencias, como fue el registro de información no validada e incompleta que derivó en datos equívocos y poco útiles para dar seguimiento a una investigación.
- Mientras tanto, miles de familiares de víctimas clamaban porque las autoridades no sólo no hallaban a sus desaparecidos sino que año con año las cifras aumentaban exponencialmente.
- Fue de ese clamor del que, a finales de 2017, derivó la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMD).
- De esa Ley General surgió la Comisión Nacional de Búsqueda (y locales), dependiente de la Segob, así como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el cual es actualizado con reportes de desapariciones, personas no localizadas y localizaciones (anteriores a su creación y actuales).
A la fecha, las principales fuentes que lo alimentan son las fiscalías y/o procuradurías estatales en 64 por ciento; las Comisiones de Búsqueda (nacional y locales) con 31; otras autoridades con el 1.12 y cualquier persona que no sea autoridad, con 3.78 por ciento, de acuerdo con el RNPDNO.
ONG señalan que Gobierno busca “minimizar la crisis”
Tras la presentación del informe, varias organizaciones de derechos humanos rechazaron sus conclusiones, cuestionaron la forma en la que se hizo la revisión y acusaron al Gobierno de buscar minimizar el problema.
- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló en su cuenta de X que “acotar a 43.128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”.
“Reconocer que únicamente hay 3.869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías”, agregó.
La organización Fundar se pronunció en términos similares en un comunicado: “El número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas. El RNPDNO reporta hoy más de 132.000 desapariciones, una cifra que es resultado de la lucha histórica de las familias. Pretender validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda”.
De su lado, Amnistía Internacional también respaldó las estadísticas del RNPDNO y llamó al Gobierno de México tanto a trabajar para prevenir la desaparición de personas como a incluir a las familias de personas desaparecidas en el diseño y la ejecución de políticas.
🚨POSICIONAMIENTO:
La “depuración” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) exhibe una vez más la precariedad de la información y la debilidad de las instituciones responsables de generarla.
Se trata de un registro inaccesible, sin reglas claras y… pic.twitter.com/XvYJXpGVrj— Causa en Común (@causaencomun) March 27, 2026
“Amnistía Internacional llama al Gobierno de México a garantizar la inclusión de familias, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema en la implementación de la estrategia y que esta metodología sea pública. #SinLasFamiliasNO”, dijo en X.
CNN contactó a la Presidencia de México para pedir comentarios sobre las declaraciones de las ONG y está en espera de respuesta./Agencias-PUNTOporPUNTO
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