Tanto en Puebla como en Campeche están en marcha acciones contra la libertad de expresión, utilizándolos como verdaderos laboratorios sociales contra leyes universales como la «Libertad de Expresión».
- En Puebla, la Ley de Ciberseguridad, conocida como «Ley Censura», que castiga con penas de hasta tres años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales, entró en vigor el viernes, luego de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Con ello, el Gobierno del morenista Alejandro Armenta oficializó un nuevo delito en su Código Penal: el ciberasedio o ciberacoso.
- Organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México advirtieron que esta nueva disposición podría ser utilizada para reprimir la libertad de expresión y la crítica hacia el Gobierno.
Campeche dejó de ser un Estado de Libre Expresión
En tanto, en Campeche, un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, ex director del diario Tribuna, y a Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, por presunta incitación al odio contra la Gobernadora Layda Sansores.
La denuncia fue interpuesta por la morenista, quien acusa a los ahora procesados de difundir publicaciones, que, a su juicio, promovían mensajes de odio.
Vinculan a proceso a periodista de Campeche
- Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna, afirmó en entrevista con Ciro que enfrenta una persecución orquestada por el gobierno de Layda Sansores, luego de que una jueza estatal lo vinculara a proceso bajo cargos de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora de Campeche.
Además de ordenar el cierre del portal Tribuna, prohibir a González Valdez ejercer el periodismo durante dos años e imponer una indemnización de dos millones de pesos por daño moral al Director de Comunicación Social del estado, la jueza ordenó el embargó algunas de sus propiedades.
- González Valdez, reconocido periodista con más de 50 años de trayectoria, denunció que el procedimiento es una represalia en el marco de una “persecución” de Sansores en contra de voces críticas en el estado.
- “Desde que comenzó el gobierno de la señora Sansores, los campechanos hemos visto que la libertad de prensa y expresión están totalmente amenazadas”, afirmó en la entrevista para Ciro Gómez Leyva.
Cierra diario ‘Tribuna’ tras denuncia de Layda Sansores
El diario Tribuna de Campeche, fundado en 1975 y que operó durante 50 años, ha sido cerrado en su versión digital el pasado 13 de junio de 2025, tras un resolutivo judicial por supuestas difamaciones en contra de la gobernadora Layda Sansores.
- Esta medida se suma a la vinculación a proceso del periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del medio, y de Isidro Yerbes, representante de Organización Editorial del Sureste, la empresa editora de Tribuna.
- El caso ha generado una fuerte controversia y preocupación por la libertad de expresión en el estado de Campeche y a nivel nacional.
- El proceso judicial contra Jorge Luis González Valdez y Tribuna se originó a raíz de denuncias presentadas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y otros funcionarios de su administración.
La gobernadora Layda Sansores interpuso una denuncia en enero de 2025 ante la Fiscalía General del Estado de Campeche por «calumnias, difamación, delitos de odio y lo que resulte». Los cargos específicos que llevaron a la vinculación a proceso son «discurso de odio» e «incitación al odio y a la violencia».
- La secretaria estatal de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, también secundó la querella con los mismos cargos. Además, Walther Patrón Bacab, vocero del Gobierno del Estado y director estatal de Comunicación Social, demandó a Tribuna y a González Valdez por daño moral.
- Alegando que el periódico publicó información que afectó su honor, como acusaciones de ser prestanombres del sobrino de la gobernadora, Gerardo Sánchez Sansores, y de recibir contratos durante la administración de Sansores como alcaldesa de Álvaro Obregón.
La gobernadora también presentó demandas por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral del Estado.
- Jorge Luis González Valdez ha argumentado que desde 2016 o 2017 obtuvo su jubilación y ya no tenía relación ni funciones directivas con el diario Tribuna de Campeche. El periodista declaró que la denuncia de la gobernadora lo acusa como director, no en lo personal, y que si demanda al director, debe dirigirse al actual director de Tribuna.
Esta no es la primera vez que González Valdez enfrenta este tipo de casos; en 2022, fue demandado por el sobrino de Layda Sansores, Gerardo Sánchez Sansores, y por Patrón Bacab.
- Las denuncias e intimidación por parte de funcionarios del gobierno de Campeche comenzaron desde 2022. El 9 de abril de 2025, González Valdez fue detenido violentamente por policías estatales por presuntas «faltas a la autoridad» y lesiones a un agente, después de intentar asesorar a un joven motociclista.
El periodista, de 71 años y con problemas cardíacos, fue sometido, golpeado y sangró de una oreja, permaneciendo arrestado por 36 o 48 horas antes de ser liberado sin cargos.
González Valdez ha calificado las acciones como una «Ley Mordaza», indicando que los gobernantes «utilizan la ley como garrote».
- Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han condenado el caso, instando a la gobernadora a suspender las prácticas de desprestigio y respetar el trabajo periodístico. Se ha señalado que estas acciones marcan un «ominoso para los periodistas».
- Sin embargo, Layda Sansores ha negado que se trate de censura o un ataque a la libertad de expresión, acusando al periodista de atacarla «de manera sistemática con insultos y ofensas», incluyendo calificativos como «gorda, anciana, fea, ‘mamá de Chucky'», lo que ella considera «libertad de agresión» y no de expresión.
- Un presunto detonante de la disputa fue la solicitud del periodista a la gobernadora de rendir cuentas sobre señalamientos de corrupción en el DIF estatal por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a lo que Sansores respondió con adjetivos descalificativos como «Don Piraña».
La orden judicial y sus consecuencias
El pasado 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada dictó varias medidas judiciales en contra del periodista y el medio, en una decisión que se tomó tras una audiencia de más de 12 horas.
Medidas judiciales:
- Vinculación a Proceso: Jorge Luis González Valdez fue vinculado a proceso por presuntas notas y críticas que «incitaban al odio en el medio de Tribuna de Campeche». La jueza lo consideró «culpable de haber ordenado la publicación de las supuestas ofensas contra la gobernadora», a pesar de que González Valdez se jubiló en 2017. Isidro Yerbes, representante de Organización Editorial del Sureste, también fue vinculado a proceso.
- Cierre de Tribuna: La jueza ordenó el cierre de la plataforma digital de Tribuna Campeche por un lapso de dos años, medio que dejó de circular en papel en enero de 2024.
- Prohibición de Ejercer el Periodismo: Se le prohibió a Jorge Luis González Valdez ejercer el periodismo por espacio de dos años, una actividad a la que se ha dedicado por más de 50 años.
- Indemnización por Daño Moral: Se le condenó a pagar dos millones de pesos como indemnización a Walther Patrón Bacab por presunto daño moral. Para garantizar este pago, una jueza civil ordenó el embargo de un predio propiedad de González Valdez y solicitó información sobre sus vehículos para aplicar la misma sanción.
- Orden de Protección y Censura: La Fiscalía General del Campeche emitió una orden de protección que prohíbe a González Valdez emitir opiniones negativas o mencionar a la gobernadora Layda Sansores y a la secretaria de Seguridad, lo que ha sido interpretado como una forma de censura.
Situación legal actual de González Valdez
Se encuentra vinculado a proceso, lo que permite al Ministerio Público continuar la investigación para reunir más pruebas y presentar una acusación formal. Aunque no se ha dictado prisión preventiva debido a su edad, él ha permanecido «recluido» en su casa por temor a una orden de arresto.
- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Manuel Enrique Minet Marrero, señaló que las medidas cautelares impuestas son por un tiempo determinado y no son definitivas, indicando que la fase inicial del proceso se cerrará en dos meses (aproximadamente en agosto), cuando se tomará la decisión final.
- Las partes tienen el derecho a medios de defensa como la apelación o el amparo. Minet Marrero subrayó que existe una «línea muy delgada entre la expresión del periodismo y los ataques personales».
- Este caso se enmarca en un debate más amplio sobre el «ciberasedio» y las leyes de difamación y calumnia en México, las cuales han sido derogadas como delitos penales en la mayoría de las entidades, incluyendo Puebla, aunque aún persisten en algunos estados como Campeche.
Organizaciones como Artículo 19 advierten que estas leyes son peligrosas porque permiten la persecución penal de periodistas bajo términos amplios y ambiguos, generando un efecto de autocensura y defendiendo la opacidad y la corrupción, lo que perciben como una «criminalización por la vía legislativa» y el «mal uso de la ley en temas de violencia de género para censurar», configurando un «autoritarismo y censura».
A pesar de las advertencias de organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México, el Periódico Oficial de Puebla publicó la Ley de Ciberseguridad el pasado viernes 13 de junio.
Con la publicación, el Código Penal de Puebla ahora tipifica y sanciona el delito de ciberasedio.
- De acuerdo con el Artículo 480, “comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
De acuerdo con especialistas de Artículo 19, la ambigüedad en la definición de “insulto” es uno de los puntos claves de la reforma al Código Penal, que también incluye delitos como usurpación de identidad, espionaje digital, fraude electrónico, hacking y grooming.
¿Qué delitos incluye la Ley de Ciberseguridad?
El Congreso de Puebla aprobó reformas al Código Penal local, oficialmente denominada Ley de Ciberseguridad, para tipificar los delitos de ciberasedio, usurpación de identidad, engaño digital con fines sexuales y espionaje digital.
- En el dictamen se define como el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital para “insultar, injuriar, ofender o vejar a una persona de manera persistente, al grado de causarle daño físico o emocional”.
El Congreso local también aprobó cambios con la finalidad de tipificar el delito de usurpación de identidad y espionaje digital.
- La ley aprobada tipifica el delito de usurpación de identidad para imponer sanciones a la persona que utilice tecnologías de la información y de comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital para contactar a niñas, niños y adolescentes y personas incapaces, con el propósito de crear un vínculo de confianza para controlarlos emocionalmente o chantajearlos con fines sexuales.
De igual manera, se tipifica el delito de espionaje digital cuando a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, acceda a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legítimo titular o propietario a efecto de conocer u obtener sus datos o cualquier tipo de información o documentos personales.
Las penas para los delitos son las siguientes:
Ciberasedio: Insultar o agredir de forma insistente a través de medios digitales, causando daño emocional o físico.
- Sanción: de 11 meses a 3 años de prisión.
- Si la víctima es menor de edad, la pena se agrava
Usurpación de identidad: Poseer, transferir o apropiarse de datos personales ajenos con fines de lucro o daño.
- Sanción: 6 a 8 años de prisión y hasta 2 mil UMAs
- Aumenta si se usa tecnología o redes sociales
Engaño digital con fines sexuales: Contactar a menores o personas incapaces mediante redes o TIC para manipularlos emocionalmente o chantajearlos sexualmente.
- Sanción: 15 meses a 5 años de prisión.
Espionaje digital: Acceder sin autorización a sistemas o equipos para obtener información personal.
- Sanción: 1 a 3 años de prisión y multa de hasta 250 UMAs.
¿Qué penas establece la Ley de Ciberseguridad en Puebla?
Aquella persona que sea declarada culpable del delito de ciberasedio será castigada con penas que van de 11 meses a tres años de prisión.
- También se le aplicarán multas que van de los 50 a 350 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Las multas mencionadas en la ley censura en Puebla van de 5 mil 657 a los 39 mil 599 pesos.
La ley censura en Puebla agrava las penas en caso de que la víctima sea menor de edad. En esos casos, la reforma establece:
- “Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico, y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima”.
De acuerdo con el Periódico Oficial de Puebla, la Ley de Ciberseguridad entró en vigor a partir del sábado 14 de junio de 2025.
Críticas a la Ley de Ciberseguridad en Puebla y Campeche
Tras la aprobación de la ley censura en Puebla, Movimiento Ciudadano (MC), el PRI y el PAN criticaron y acusaron que la ley es ambigua y podría ser perjudicial para víctimas que deseen denunciar a través de redes sociales, o incluso ser utilizada para censurar a activistas y críticos del gobierno.
- Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI, condenó la ley censura en Puebla y la calificó como “una puñalada a la libertad de expresión y un ataque frontal a los derechos humanos”.
🇲🇽 🚔 LLEGÓ LA LEY CENSURA
⛔️ Empezaron con Puebla y Campeche, detenciones y multas, son el laboratorio, después será en todo el país.
📹 El comentario de Daniel Camargo en #LaPolémica@juanmapregunta @MLopezSanMartin @dariocelise @MVSNoticias @latinus_us pic.twitter.com/afu9h3ap18
— Daniel Camargo (@_danycamargo) June 17, 2025
Moreno aprovechó la oportunidad para criticar a Morena, al señalar que “no quiere un pueblo informado, lo quiere sometido, callado y con miedo”.
- Hoy, con la reforma judicial aprobada, ese mismo sistema tendrá más poder, menos límites y ningún contrapeso. Gertz permanece. @ErnestinaGodoy_ asciende. @Claudiashein los protege. El Estado no corrige: consolida su dictadura política- partidista, al mando de la presidenta Claudia Shainbaum Pardo y sus Gober’s Preciosos.
Esto no fue una excepción. Fue un aviso. No estamos ante una crisis de justicia. Estamos ante su colapso. México ha legalizado la venganza como forma de gobierno.
Preocupa a COPPPAL ataques a la libertad de expresión en México
La Comisión de Comunicación instancia de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, que evalúa y da seguimiento al respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información, por parte de los gobiernos de la región, expresó su preocupación por el clima de censura gubernamental que enfrentan periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en México.
- Advirtió que en México la libertad de expresión enfrenta grandes desafíos y ataques que incluyen violencia física, amenazas, restricciones legales y la politización de la justicia para llamar la crítica periodística y también las manifestaciones ciudadanas en redes sociales, como sucedió recientemente en Puebla con la llamada ley de ciberasedio aprobada por el congreso de esa entidad federativa. “Es una ley censura que tiene como objetivo principal eliminar cualquier crítica al gobernador”, señaló.
- La instancia hizo un llamado a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los periodistas, tanto a nivel nacional e internacional, para que denunciar en todos los foros e instancias el caso de Jorge Luis González Valdés e Isidro Yerbes, representante de la Organización Editorial del Sureste, empresa editora del diario Tribuna, también vinculado a proceso, ante una queja de la gobernadora Layda Sansores. “Es una decisión sin precedentes, donde González Valdés,
En América Latina y el Caribe existe una seria preocupación sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones que se discute en el Senado de México. “Nos preocupa la controversia que ha generado la discusión de esta ley que, sin duda, pueda abrir la puerta a la censura y limitar la libertad de expresión”, manifestó.
- “Hemos conversado con organizaciones defensoras de la libertad de expresión en México, así como en América Latina y el Caribe, también con la oposición mexicana, quienes nos han manifestado su inquietud por esta ley que podría dar todo el poder al gobierno para bloquear plataformas digitales, censurar contenidos y acceder a información privada sin un control judicial adecuado”.
- Es indudable que eventos como los de Campeche y Puebla socavan la libertad de prensa y provocan un retroceso en la democracia mexicana que, durante los últimos años se ha visto disminuida por el ataque al Estado de Derecho, la ruptura del equilibrio de poderes, la colonización de los órganos electorales y el poder judicial, así como la violación a los derechos humanos.
Acudimos ante la CIDH
Asociaciones de periodistas y sociedad civil anuncian que presentarán una denuncia formal contra el Estado mexicano por persecución institucional, exilio forzado y el uso del aparato judicial para destruir vidas. Aportamos pruebas del daño profundo a tres generaciones y contamos con el respaldo de la fundación @RhonitaVIVE, que lucha por la verdad, la memoria y la no repetición.
Lo que me hicieron fue un ensayo general. Y ya no habrá Corte que detenga lo que viene. La injusticia fue reconocida, pero nadie ha respondido. Nadie ha pagado. Nadie ha pedido perdón. Esta lucha ya no es solo personal. Es simbólica. Es internacional. Porque si esto no se frena desde fuera, lo destruirá todo desde dentro. El futuro no lo van a escribir los que obedecen. Lo vamos a escribir quienes todavía resistimos.
Sheinbaum asegura libertad de expresión
- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a las recientes acusaciones de presunta censura tras la aprobación de la Ley Ciberacoso en el estado de Puebla y la determinación de una jueza local en Campeche para impedir el ejercicio de la labor periodística del comunicador Jorge Luis González en días recientes.
- Al ser cuestionada en “La Mañanera del Pueblo”, la titular del Ejecutivo Federal sentenció que el derecho a la libertad de expresión siempre será defendido en su sexenio, pero, según dijo, deben analizarse los casos en los que ha existido inconformidad por estos supuestos “ataques” a esta garantía democrática en México.
“Ahora viene lo siguiente: ¡censura! Censura en Puebla, censura en Campeche (…), Ya ahora es el nuevo tema de crítica al gobierno. Libertad de expresión, siempre la vamos a defender (…)“, señaló.
Periodistas de Sinaloa advierten riesgo de replicar casos de censura
La Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio avaló la decisión de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, de suspender el proceso legislativo de las iniciativas de violencia digital y violencia política en razón de género. Sin embargo, sugirió que lo más sensato habría sido «socializarlas primero» y derivar las iniciativas del resultado de estos trabajos, «estamos haciendo las cosas al revés».
- Jesús Bustamante Rivera, presidente de esta asociación manifestó una profunda preocupación por lo que considera una tendencia de los gobiernos de Morena a «autoprotegerse» ante el próximo proceso electoral, así como expresó el riesgo de que una normativa se preste a interpretaciones subjetivas sobre lo que es «ofensivo», lo que podría criminalizar el trabajo de investigación y opinión.
- Entrevistado sobre las iniciativas 1168 y 1169 que presentó Guerra Ochoa con su homóloga Érik Rubí Martínez Rodríguez, mencionó que algo similar ocurrió con la iniciativa para crear la unidad de protección a periodistas y la fiscalía especial, que tuvieron que corregirse post-presentación. A pesar de esto, reconoció que detener el proceso para un «verdadero análisis» y «pulir» las propuestas es lo «más prudente y lo más sano».
Bustamante Rivera cuestionó el alcance de conceptos como la «difamación» en las dos iniciativas presentadas, señalando el peligro de que los periodistas, al abordar temas de servidores públicos o guras políticas, puedan incurrir fácilmente en procesos legales.
«El problema aquí es que quién es el juez, quién va a determinar qué es lo que puede resultar ofensivo, qué no lo es», enfatizó. Advirtió que un análisis o una investigación sobre una mujer en la política, a su consideración personal, podría resultar ofensiva, llevando a quien lo escribió a la cárcel.
«Eso es algo muy grave, eso es algo que definitivamente viola la libertad de expresión», sentenció.
- Aludió a los recientes casos de Campeche y Puebla, donde iniciativas similares han derivado en «leyes censura» y detenciones de periodistas.»Ya son varios estados en los que se ha estado intentando limitar la libertad de expresión», advirtió en referencia a la Ley Censura que aprobaron en Puebla y Campeche.
El presidente de esta asociación de periodistas criticó que, aparentemente, los grupos parlamentarios de Morena no están «aceptando la crítica» y que, con el discurso de participación y luchas sociales con el que llegaron al poder, ahora limitan la acción de colectivos, madres buscadoras, activistas y periodistas, a quienes no se les permite hacer lo que ellos mismos hicieron para alcanzar el poder. /PUNTOporPUNTO
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