En materia de seguridad, Sheinbaum informó una reducción del 25 por ciento en homicidios dolosos y del 34 por ciento en feminicidios, gracias a una estrategia basada en prevención, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación institucional, basado en cuatro ejes:
- Atención a las causas
- Consolidación de la Guardia Nacional
- Fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia
- Coordinación entre todos los órganos de gobierno.
La presidenta de México enfatizó que la política de construcción de la paz del país, está basada en soberanía y nadie influye en ella.
Homicidio doloso en México cayó 25%
En 11 meses, agregó, “hemos reducido el homicidio doloso en 25%”, pues en julio se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024.
- La Presidenta destacó la reducción de los homicidios en Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Baja California, Tabasco y Colima.
- En cuanto a delitos de alto impactó un 20%, en robo de vehículo con violencia, 31%; en feminicidio, es 34% la reducción”, dijo.
Sheinbaum Pardo destacó la recién lanzada estrategia para combatir el delito de extorsión, el único que no ha disminuido durante su gestión.
Homicidios en México
24,035 Homicidios sexenio CSP
- AYER: 69
- ANTIER: 57
- 3 DÍAS: 61
- 5 DÍAS: 61
Años
- 2024: 30,899
- 2023: 31,062
- 2022: 33,287
- 2021: 35,700
- 2020: 36,773
- 2019: 36,661
337 Días trascurridos en este sexenio 0 Años 11 Meses 2 Días
1,854 Días faltan para terminar el sexenio
Luces y sombras en seguridad
La importancia de la seguridad ciudadana para el país no solo está plasmada en las encuestas. Desde que estaba en campaña, la propia Sheinbaum reconoció que este es uno de los principales temas pendientes de México y, una vez que asumió el cargo, lo marcó entre sus prioridades.
- Al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) nombró a Omar García Harfuch, un funcionario experimentado en el ramo y quien fue jefe de la Policía de la capital mexicana cuando ella era jefa de Gobierno (2018-2023). Además, la mandataria anunció algunas reformas en la materia —como una para reforzar los trabajos de inteligencia para prevenir el delito u otra para aumentar la coordinación entre instituciones— y dijo que habría más operativos en regiones violentas por la actividad de grupos delictivos.
- Durante los primeros 10 meses de gestión de Sheinbaum —de octubre a julio—, en México se registraron 22.073 homicidios dolosos, según cifras oficiales. Esto representa una baja del 23,67 % en comparación con los primeros 10 meses del mandato de López Obrador. El feminicidio y el secuestro también se redujeron en ese período, en tanto que la extorsión y la trata de personas aumentaron.
Sheinbaum y su gabinete de seguridad continúan resaltando como un logro la disminución de los homicidios, pero especialistas como Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, piden observar con cautela estas estadísticas.
López Portillo dijo a CNN que existen elementos para pensar que las cifras oficiales no reflejan fielmente la realidad. Entre ellos, destaca que no hay registros sobre cuántas de las personas desaparecidas fueron asesinadas ni de cuántas fosas clandestinas hay en el país, factores que podrían hacer que el número de homicidios parezca menor de lo que realmente es.
“Si la presidenta utiliza el número de homicidios como su principal indicador de éxito, entonces proponemos aceptar auditorías especializadas externas sobre la construcción de los datos y mejora en la trazabilidad”, expuso.
El experto considera que el Gobierno de Sheinbaum ha tenido “luces y sombras” en seguridad. Por un lado, dijo, la presidenta ha dado pasos positivos al reconocer la gravedad del problema y “construir un liderazgo civil” encabezado por García Harfuch. Pero en el otro extremo, agregó, “la más oscura de las sombras” está en los altos niveles de impunidad derivados de que las fiscalías no tienen capacidad para investigar y perseguir delitos adecuadamente, a su juicio.
Destacan cambio en plan de seguridad
Aunque para los especialistas gran parte de lo expuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su Primer Informe de Gobierno representó una continuidad con la administración de Andrés Manuel López Obrador, hubo un punto que sobresalió: el cambio de la estrategia en materia de seguridad.
- Para Marcos del Rosario, académico del ITESO, es destacable que en el combate al narcotráfico la mandataria se deslindó de la postura de su predecesor. “Al menos se percibe que busca enfrentarlo y no mostrarse como su aliado, como ocurrió con Andrés Manuel. Puede ser una estrategia orientada también a mediar la crisis con Estados Unidos, pero es un viraje relevante”.
- El especialista señaló como positivo que el Gobierno federal haya colocado entre sus prioridades la extorsión, un delito que se disparó en los últimos años. “Era un fenómeno que estaba desbordado, con cifras alarmantes”.
- De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 -primer año del Gobierno de López Obrador- se registraron ocho mil 734 carpetas de investigación por extorsión. Para 2024, la cifra subió a 10 mil 240 carpetas.
Frente a este panorama, Del Rosario reconoció la estrategia de Sheinbaum para contener el delito y recordó que en el próximo periodo legislativo se prevé un aumento en las penas contra los extorsionadores. “Sí hay un plan de seguridad, sí hay combate. Habrá que ver si es efectivo, porque veníamos de seis años de ‘abrazos, no balazos’, una política que permitió al crimen organizado moverse a sus anchas. Es difícil que en un año se vean resultados contundentes, pero es un inicio”.
- Javier Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, lamentó que persistan temas sensibles sin respuesta, como las desapariciones. Sin embargo, también reconoció avances frente al fenómeno de la extorsión.
“Sí vemos una estrategia distinta, lo que es positivo y abre una esperanza, en contraste con la insensatez que fue ‘abrazos, no balazos’ de su antecesor”.
La Presidenta subrayó en su informe que una de las 18 reformas “históricas” de su Gobierno fue incorporar la extorsión como delito grave en el Artículo 19 constitucional.
- La medida contempla que el delito se persiga de oficio y que en los 32 Estados esté disponible el número 089 para denuncias anónimas. “Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la reforma constitucional garantizamos que la víctima pueda denunciar de manera segura y que no haya impunidad”, afirmó Sheinbaum.
- También aseguró que en los primeros 11 meses de su administración la incidencia delictiva de alto impacto se redujo 20% a nivel nacional. Los homicidios dolosos bajaron 25%, los feminicidios 34% y el robo de vehículos con violencia 31 por ciento.
“Vamos bien… y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo y nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la Nación. Por la paz y el bienestar del pueblo, tengan la certeza de que no voy a traicionar. Con la fuerza de México y de su gente caminaré sin descanso, con rectitud y valentía, honrando siempre la confianza depositada en mí”.
Retrocesos nublan intentos de avance en materia de seguridad y justicia
La organización México Unidos contra la Delincuencia (MUCD) aseguró en un análisis que la política de atención a la violencia y la inseguridad se mantiene militarizada y, pese a algunos avances, presenta preocupantes retrocesos.
En el marco de la entrega de su primer informe de gobierno, el MUCD analizó cuáles de las acciones mencionadas en la agenda de seguridad y justicia representan avances y cuáles resultan problemáticas y preocupantes:
- Como primer punto la organización afirmó que la estrategia de seguridad que sigue el gobierno de Claudia Sheinbaum se basa en cuatro ejes fundamentales que son la atención a las causas del delito, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la coordinación de todos los órdenes de gobierno.
- El MUCD coincidió en la importancia de atender las causas del delito y de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública. Por ello, avalaron que en el marco de la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública se haya dotado al Secretariado Ejecutivo (SESNSP) con facultades para desarrollar estándares de profesionalización policial, entre otros.
Sin embargo, no compartieron la incoherencia de querer atender las causas de la violencia manteniendo la militarización de la seguridad tanto a través del uso de la fuerza armada permanente como de la consolidación de la Guardia Nacional, que ya es una cuarta fuerza armada. También rechazaron las atribuciones otorgadas a varias instituciones que permitirán afectar los derechos a la privacidad de la población y fortalecer instrumentos estatales que pueden emplearse para perseguir a personas defensoras, periodistas, críticos del gobierno y vigilar a la población en general.
- En términos de resultados, MUCD recalcó la necesidad de hacer un manejo honesto y responsable de los datos, así como de fortalecer la calidad estadística y la transparencia de metodologías para informar correctamente a la población, facilitar la toma de decisión y monitorear los fenómenos delictivos que nos afectan.
- Esto nos parece particularmente importante ya que la presidenta presentó en su informe importantes disminuciones de delitos de alto impacto mezclando datos del SESNSP -que aún no están disponibles para agosto de 2025- y de los informes del gabinete de seguridad -cuya metodología no es pública- midiendo, además, dos momentos aislados y no el acumulado completo de su administración.
Así, por ejemplo, reportó una disminución del 25% en el homicidio doloso comparando el promedio diario de víctimas del mes de julio de 2025 contra el promedio diario de septiembre de 2024. Pese a que ese cálculo es correcto, si se mide la diferencia entre los primeros 10 meses de su gobierno contra los últimos 10 meses del gobierno anterior -porque no podemos medir 11 meses dado que los datos del SESNSP de agosto aún no son públicos-, dicha reducción es del 12%.
Es decir, un poco menos de la mitad de lo reportado. Respecto a las disminuciones de homicidios en estados como Tabasco (-48%) y Guanajuato ( -60%), los datos provistos por la presidenta no corresponden con aquellos que arrojan los registros oficiales del SESNSP, pues para el conjunto de los 10 primeros meses de su gobierno, estas entidades presentaron aumentos del 8% y 5%, respectivamente.
En el caso de feminicidio, delito sobre el que la presidenta Sheinbaum aseguró haber logrado una disminución del 34%. La organización comparó que solo el mes de septiembre 2024 contra el mes de julio de 2025 el resultado puede ser correcto. Sin embargo, si se compara todo el periodo de su gobierno para el que tenemos datos disponibles contra el mismo número de meses del último tramo del sexenio anterior, la disminución es de 17%.
Además, en materia de reducción de la violencia letal, es necesario evitar triunfalismos considerando que el INEGI reportó este agosto, en su medición preliminar de homicidios dolosos ocurridos en 2024, que los asesinatos crecieron un 3.1% respecto a 2023, lo que supondría un rompimiento de la tendencia a la baja que se venía experimentando desde 2021.
Alertan un subregistro en delitos
La organización Causa en Común alertó en febrero pasado sobre una posible manipulación de las fiscalías estatales de sus cifras delictivas, ya que, tras analizar datos de 2023 detectaron anomalías en la forma en que catalogan los delitos.
- A través de su estudio “Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones”, Causa en Común estimó que las cifras oficiales mantienen un “subregistro”, el cual indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y, probablemente, manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva.
- Y es que, de acuerdo con el informe, los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que en 2023 hubo 379,086 víctimas y 2 millones 173,220 delitos del fuero común a nivel nacional; un incremento de 2% en el total de víctimas y de 1% de los ilícitos, respecto de 2022.
En contraste, se registraron disminuciones de víctimas de: homicidio doloso (4%), feminicidio (13%), trata (2%) y extorsión (1%).
Lo anterior, se dijo, puede ser reflejo de posibles anomalías, pues al hablar de los asesinatos, existe la posibilidad de que se registren como “otros delitos contra la vida» en lugar de «homicidio doloso», donde también se observa la posibilidad de que haya un subregistro.
Además, algunas entidades presentan una baja de los homicidios dolosos (intencionales), mientras que los homicidios culposos (no intencionales), se incrementaron; tal es el caso de San Luis Potosí, el cual reportó 22% menos en 2023, respecto de 2022, y un incremento de 34% de las víctimas por homicidio culposo.
- Asimismo, la Ciudad de México presenta un posible subregistro de víctimas de homicidio doloso, pues el año pasado reportó 3,056 víctimas por “otros delitos contra la vida y la integridad personal”, las cuales contrastan con las 708 víctimas de homicidio doloso reportadas en el mismo periodo.
Además, Causa en Común observa la posibilidad de que haya un subregistro a través del estatus de persona desaparecida o no localizada, lo cual se agrava con la incertidumbre que ha generado la disposición del gobierno federal de rasurar el registro de personas desaparecidas, que ocurrió en la recta final de 2023.
EU prepara lista de políticos mexicanos sujetos a restricciones de visa por presuntos vínculos con el narco
La Administración de Donald Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a destacados políticos mexicanos que, según su criterio, están vinculados a la corrupción derivada del narcotráfico. La medida, confirmada por funcionarios del gobierno estadounidense, puede representar una escalada significativa de la presión de Estados Unidos sobre México.
Hasta ahora, dos figuras políticas mexicanas han reconocido públicamente que se les ha prohibido viajar a Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios estadounidenses anticipan que más mexicanos serán objeto de estas restricciones en la medida que la Administración trabaja con una lista de varias decenas de figuras políticas identificadas por agencias de inteligencia y seguridad como vinculadas al narcotráfico.
La lista incluye a líderes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante de la presidenta Claudia Sheinbaum, a varios gobernadores estatales y a políticos cercanos a su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmaron bajo condición de anonimato funcionarios estadounidenses.
La gobernadora del Estado mexicano de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya confirmó que a ella y a su esposo, un exdiputado, se les revocaron las visas estadounidenses debido a “una situación” relacionada con su cónyuge. “El hecho de que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo”, dijo en una rueda de prensa el lunes. Sheinbaum afirmó que su Gobierno solicitó a las autoridades estadounidenses una explicación sobre la revocación de la visa de Ávila, pero que le respondieron que son temas privados y no ofrecieron más información.
Estas acciones suponen un nuevo desafío político para la presidenta mexicana y su partido de izquierda. A pesar de la histórica sensibilidad de México ante cualquier indicio de injerencia estadounidense, Sheinbaum ha fortalecido hasta ahora su apoyo interno al reafirmar la soberanía mexicana en sus conversaciones con el presidente Donald Trump y, al mismo tiempo, ha accedido a sus demandas de actuar contra los principales narcotraficantes.
- Medios mexicanos reportaron que las autoridades migratorias de Estados Unidos también revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, una afirmación que su portavoz calificó como “no confirmada”. (Villarreal ha sido acusado en repetidas ocasiones de tener vínculos con el narcotráfico, algo que ha negado). El mes pasado, al alcalde de Matamoros, la segunda ciudad más grande de ese estado fronterizo, se le impidió cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, aunque él también negó que le quitaran oficialmente su visa.
- Un portavoz del Departamento de Estado se negó a comentar estas decisiones, al señalar que los registros de visas son confidenciales, según la ley estadounidense.
Tres funcionarios de la Administración señalaron, sin embargo, que estas revocaciones de visas podrían ir acompañadas, en algunos casos, de sanciones del Departamento del Tesoro que impidan a los afectados hacer negocios con empresas estadounidenses y congelen sus activos financieros en el país. Un vocero del Tesoro declinó hacer comentarios sobre el plan de sanciones. De momento, la gobernadora de Baja California ha indicado que no tiene cuentas bancarias en el país vecino y que no se enfrenta a ninguna sanción.
Cuando Trump impuso aranceles a México a principios de marzo, afirmó que el Gobierno mexicano había otorgado “refugios seguros a los cárteles para fabricar y transportar narcóticos peligrosos, lo que ha provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses”.
- Como parte de lo que describió como una lucha total contra el fentanilo y otras drogas ilegales, la Administración del presidente republicano ha designado a algunos de los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha explorado la posibilidad de acciones militares unilaterales contra ellos, según los funcionarios consultados.
- La revisión sobre la corrupción vinculada al narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a agencias de seguridad e inteligencia sobre políticos, funcionarios gubernamentales y militares mexicanos con vínculos criminales.
Los funcionarios indicaron que el grupo ha estado elaborando la política de seguridad con México bajo la dirección del asesor adjunto de seguridad nacional, Anthony Salisbury. Al mismo tiempo, el grupo está supervisado por el subjefe de gabinete, Stephen Miller.
Un portavoz de la Casa Blanca no quiso comentar sobre el papel del grupo en la imposición de las sanciones de viaje. Un funcionario familiarizado con la lista del equipo señaló, no obstante, que coincide en parte con un archivo de unos 35 funcionarios mexicanos compilado por investigadores de la DEA en 2019, después de que López Obrador comenzara a restringir la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidrogas.
Ese trabajo buscaba identificar a funcionarios del Gobierno mexicano que pudieran ser procesados penalmente por ayudar a narcotraficantes, lo que condujo a la acusación en 2019 del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su condena por cargos de narcotráfico cinco años después en una corte federal de Nueva York.
- Los dos exfuncionarios de la DEA en Ciudad de México que supervisaron la creación de esa lista, Terrance Cole y Matthew Donahue, también propusieron que el Departamento de Estado cancelara las visas de algunos de los políticos mencionados. Los diplomáticos estadounidenses de más alto nivel, sin embargo, rechazaron entonces esa propuesta. Actualmente, Cole espera la confirmación del Senado como nuevo director de la DEA bajo la Administración Trump.
Algunos funcionarios actuales y anteriores expresaron su preocupación por el nuevo plan encabezado por la Casa Blanca. Señalaron que la carga de prueba requerida para cancelar visas y aplicar sanciones del Tesoro es mucho menor que el de un juicio penal, lo cual podría llevar a que se actúe con información que no sea completamente sólida.
- Los funcionarios afirmaron que estas medidas se están tomando bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que un extranjero puede ser considerado inadmisible si el Gobierno “sabe o tiene razones para creer” que ha colaborado intencionalmente en el tráfico ilícito de drogas. La ley también permite cancelar las visas de familiares del sancionado que se hayan beneficiado de las ganancias ilícitas.
Un funcionario estadounidense afirmó que, aunque las revocaciones de visas podrían enviar una señal poderosa sobre la nueva disposición de Estados Unidos a luchar contra la corrupción en México, también podrían generar nuevos conflictos con el Gobierno de Sheinbaum. “Deberíamos usar todos los recursos del Gobierno para ir tras estas personas”, manifestó, refiriéndose a los funcionarios corruptos. “Pero la gran pregunta es: ¿esto funciona con la presidenta Sheinbaum? ¿Se perderá una oportunidad con un gobierno mexicano que ha sido muy colaborador en el tema del narcotráfico?”
El exembajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, comentó que nuevas acciones de visado contra figuras prominentes del partido de Sheinbaum dificultarían que ella siguiera afirmando tener una “buena” relación con Estados Unidos, a pesar del tono abiertamente hostil que Trump ha usado frecuentemente.
- “Pero al mismo tiempo”, añadió Sarukhán, “le da a ella [una presidenta nacionalista con un partido muy chauvinista detrás] una excusa perfecta para decir que todo lo malo que pasa en México con la economía y demás es culpa del imperialismo estadounidense”.
- López Obrador, que llegó al poder en 2018, había prometido combatir la corrupción como nunca antes. Sin embargo, dirigió una Administración que negó tener problemas de corrupción en sus propias filas, pese a señalamientos de investigaciones periodísticas sobre funcionarios cercanos al presidente e incluso sobre sus propios hijos, que alegaban que estaban implicados en enriquecimiento y tráfico de influencias.
Sheinbaum ha adoptado un tono diferente. En un mensaje al congreso de Morena el pasado 4 de mayo, advirtió a sus seguidores sobre los peligros del amiguismo, el nepotismo y la corrupción. “Todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez”, dijo. “No puede haber colusión con la delincuencia, ni organizada, ni de cuello blanco”.
Marco Rubio llega a Palacio Nacional bajo fuerte comitiva de seguridad
El secretario del Departamento de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha llegado a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la reunión que se tiene planeada como parte de un encuentro binacional para tratar temas como comercio internacional, combate al narcotráfico y desarrollo de medidas de seguridad para reforzar diversos puntos de violencia en el país.
- Las primeras versiones apuntan que Rubio ha sido escoltado con un fuerte dispositivo de seguridad, el cual también integra a delegaciones de otras instituciones norteamericanas, así como periodistas e integrantes de medios desde la Unión Americana.
Después de su conversación de alto nivel con Sheinbaum Pardo, se espera que Rubio sea parte de una conferencia de prensa conjunta con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el mismo canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.
Estados Unidos confirma la “Lista Marco”
La inteligencia estadounidense confirma la existencia y activación de un mecanismo secreto de sanciones, llamado informalmente “Lista Marco”, nombrado así por el Secretario de Estado Marco Rubio. Está dirigido a 44 figuras políticas, administrativas y militares mexicanas por presuntos vínculos con cárteles de dr0g4 y organizaciones criminales transnacionales.
Operado por:
- Departamento de Estado de EE. UU.
- En coordinación con: DOJ (Departamento de Justicia), DEA, @FBI, OFAC, @CBP, HSI
Base legal:
- Ley Patriota (Patriot Act)
- Ley de designación de organizaciones terroristas extranjeras (FTO)
- Autoridad de la OFAC
- (No está cubierta por ningún acuerdo binacional con México)
Acciones clave desencadenadas:
- Cancelación inmediata de visas (incluidos familiares)
- Detenciones e interrogatorios en la frontera
- Congelamiento de activos y cuentas bancarias en EE. UU.
- Alertas confidenciales a la unidad de inteligencia financiera de México
- Exclusión permanente para realizar trámites con instituciones estadounidenses
Objetivos destacados:
- Políticos (mayormente de Morena, pero no exclusivamente)
Gobernadores actuales:
- Alfonso Durazo (Sonora)
- Rubén Rocha Moya (Sinaloa)
- Miguel Ángel Navarro (Nayarit)
- Américo Villarreal (Tamaulipas)
- Samuel García (Nuevo León)
- Layda Sansores (Campeche)
- Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán)
- Exgobernadores / Líderes:
- Enrique Alfaro (Jalisco)
- Ricardo Monreal Ávila (Senado)
- Adán Augusto López (Cámara de Diputados)
Funcionarios federales:
- Mario Delgado (Educación)
- Clara Luz Flores (Gobernación – Asuntos Religiosos)
- Manuel Bartlett Díaz (ex-CFE)
Militares:
- Cuatro generales (retirados/activos), ex unidades de operaciones/inteligencia EE.UU.-México
Alcaldes implicados:
- Eduardo Gattás (Ciudad Victoria)
- Erasmo González (Ciudad Madero)
- Cruz Pérez Cuéllar (Ciudad Juárez)
- César Iván Sandoval (San Luis Río Colorado)
Casos de alto perfil:
- Marina del Pilar (Gobernadora de Baja California) y su esposo Carlos Torres: Visa revocada. Acusados de lavar fondos de cárteles vía contratos.
- Alberto Granados Favila (Alcalde de Matamoros): Detenido 14 horas en la frontera de EE. UU. Acusado de apoyar la estructura municipal controlada por cárteles.
Vínculos financieros ilícitos:
15 de los 44 objetivos estarían relacionados con la red de contrabando de impuesto al combustible (“huachicol fiscal”) liderada por Sergio Carmona Angulo, financista vinculado a cárteles de campañas de Morena en el noreste de México.
Colaboradores en EE. UU.
- Ruiz Hernández, ex Procurador de Baja California, huyó tras amenazas
- Senador Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador y ciudadano estadounidense, presentó evidencia en Washington D.C./Agencias-PUNTOporPUNTO
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