Los objetivos de seguridad son metas estratégicas establecidas para oponerse a las amenazas, como presiones dominantes, y permitir el logro y/o mantenimiento de los objetivos nacionales permanentes que están señalados en la parte dogmática de la Constitución, como son, los derechos sociales y políticos fijados del artículo 1 al 38 de la Carta Magna. Estos se denominan objetivos de conflicto según la naturaleza de la hipótesis estudiada.
Mientras tanto, las políticas de seguridad son orientaciones generales para los cuatro campos del poder, y que son político, económico, social y militar, respecto a las acciones necesarias para eliminar o atenuar las vulnerabilidades del país, buscando lograr una condición de seguridad que permita la consecución de los objetivos nacionales, a pesar de interferencias externas o internas.
Por su parte, las estrategias establecen el «cómo» se utilizarán los medios disponibles para alcanzar los objetivos fijados, buscando aprovechar las vulnerabilidades del oponente y las circunstancias favorables. Pueden ser estrategias globales o secuencias de aplicación con plazos definidos, ya sea a corto o largo plazo.
Las acciones estratégicas son actividades trascendentes o modos de acción de nivel estratégico, que constituyen el componente ejecutivo de las estrategias adoptadas, necesarias para su aplicación. Se clasifican en acciones de aplicación, de implementación directa, y acciones de preparación, de adecuación del poder.
Dependiendo el nivel de impacto deseado es, que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional establecen políticas de seguridad, o bien, aplican objetivos o estrategias. Lo mismo el Plan Nacional de Desarrollo en lo relativo a seguridad, la Estrategia Nacional de Seguridad, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana, el Programa Sectorial de Defensa, así como el Programa Sectorial de Marina, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero estos constituyen los objetivos nacionales coyunturales.
Sin embargo, aun cuando la Ley de Seguridad Nacional prevé en la Fracción VI del artículo 3, que la seguridad nacional son las acciones de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, esta consecución es insuficiente.
Esto podría deberse a la penetración de factores como la impunidad, la delincuencia y la corrupción, principalmente, que mellan como impulsores de los procesos de crecimiento social, político y económico del país y sus habitantes. El orden de estos factores dependería del impacto de cada uno de ellos.
Si existen diferencias (conceptuales, dogmáticas o pragmáticas) entre los Objetivos Nacionales Permanentes consignados en la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo o el resto de las normas del derecho de seguridad, las políticas de seguridad, las estrategias y las acciones estratégicas, las diferencias de seguridad serán substanciales.
Luego entonces, en tanto exista un diseño dogmático idóneo que sincronice los objetivos nacionales permanentes, con el derecho de seguridad y los objetivos nacionales coyunturales, la seguridad tendría éxito y la delincuencia sería reducida a su mínima expresión, sí y solo sí, existe la voluntad política necesaria para el combate a la impunidad y la corrupción. Sin miramientos y sin criterios políticos en la impartición de justicia.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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