La lucha contra el robo de combustible es un fenómeno que ha sido bautizado popularmente como «huachicol» y se ha convertido en una de las batallas más definitorias de la seguridad nacional en México durante los últimos años. Este delito, que en su esencia es un robo a la nación, es mucho más que una simple sustracción de hidrocarburos. Se trata de una operación logística de gran escala, orquestada por redes de crimen organizado que no solo perforan ductos, sino que también corrompen a funcionarios, extorsionan a comunidades y blanquean miles de millones de pesos. El “huachicol fiscal” es una variante aún más sofisticada que implica la venta de combustible legalmente importado o adquirido, pero sin el pago de los impuestos correspondientes, evadiendo así al fisco. El desafío para el Estado mexicano no es meramente policial o militar, sino que abarca lo económico, lo social y lo institucional, exigiendo una estrategia multifacética que ha revelado tanto aciertos como deficiencias significativas.
El combate al huachicol está plagado de debilidades estructurales que impiden una victoria definitiva. La más grave es la corrupción persistente y la debilidad institucional. La participación de las Fuerzas Armadas ha logrado reducir la complicidad a nivel local, pero no ha eliminado la infiltración del crimen organizado en los más altos niveles de las dependencias gubernamentales, incluyendo las propias empresas de seguridad y transporte privadas. La corrupción actúa como un lubricante que permite a los delincuentes sortear los obstáculos impuestos por las fuerzas armadas, ya sea sobornando a inspectores, jueces o funcionarios clave. La impunidad, por su parte, es el eco de esta corrupción: los casos de alto perfil rara vez resultan en sentencias contundentes y, en muchas ocasiones, los responsables continúan operando con total descaro, lo que erosiona la moral de los agentes honestos y refuerza el mensaje de que el crimen sí paga.
Una debilidad adicional es la constante adaptabilidad de los grupos criminales. Lejos de ser estáticos, los huachicoleros han demostrado una asombrosa capacidad para mutar su modus operandi. Cuando la vigilancia militar se intensificó sobre los ductos, muchos de ellos simplemente cambiaron de modelo de negocio, migrando hacia el huachicol fiscal. Ahora, el robo ya no ocurre tanto en los campos, sino en los puertos y las aduanas, donde los criminales aprovechan la opacidad en la importación de combustibles para evadir los impuestos. Esta nueva modalidad es más difícil de detectar y requiere una sofisticación de la que las instituciones mexicanas carecen. La burocracia, la falta de coordinación y la lenta reacción de las dependencias fiscales y de seguridad ante estos cambios en las tácticas delictivas permiten a las organizaciones criminales mantenerse siempre un paso adelante.
En contraste entre las fortalezas más evidentes de la estrategia gubernamental ha sido la participación de las Fuerzas Armadas en la protección de la infraestructura crítica de Petróleos Mexicanos (Pemex). La decisión de desplegar al Ejército o Armada y, posteriormente, a la Guardia Nacional para custodiar ductos, refinerías y terminales de distribución, representó un cambio de paradigma. Esta acción, aunque controversial, tuvo como objetivo principal romper la complicidad que existía entre las redes criminales y algunos elementos de seguridad de menor rango, los cuales históricamente habían facilitado la operación ilícita. La presencia de las fuerzas federales, con su mayor capacidad operativa y de inteligencia, logró un golpe inicial a la estructura delincuencial, reduciendo temporalmente el volumen de combustible robado a través de tomas clandestinas.
En conclusión, el combate al huachicol fiscal en México es una batalla en curso donde las fortalezas de la estrategia, como la intervención militar y el uso de la inteligencia financiera, han logrado contener, pero no erradicar, un problema que es mucho más grande que la suma de sus partes. Las debilidades institucionales, la corrupción y la notable capacidad de adaptación del crimen organizado demuestran que, a pesar de los esfuerzos, las redes criminales siguen encontrando formas de operar y de debilitar al Estado. Para lograr una victoria duradera, se necesita una transformación que no solo endurezca la seguridad, sino que también purifique las instituciones de justicia, desmantele la corrupción desde sus cimientos y ofrezca alternativas genuinas a las comunidades vulnerables. Solo a través de una estrategia holística y sostenida se podrá poner fin a una de las amenazas más persistentes a la seguridad y la prosperidad de México.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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