El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030, fue concebido bajo una perspectiva centrada principalmente en la prevención del delito, el fortalecimiento de los cuerpos policiales locales y el combate a la delincuencia organizada transnacional, pero exhibe una marcada desconexión conceptual con la arquitectura clásica de la seguridad nacional del Estado mexicano.
Al contrastar este documento rector de la seguridad pública con los precedentes históricos del sector, específicamente el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 y el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, saltan a la vista ausencias críticas que limitan el alcance del plan actual frente a los riesgos sistémicos globales e internos.
Mientras que la política criminal contemporánea se aboca a los polígonos delictivos prioritarios, las fiscalías y el sistema penitenciario, las agendas de seguridad nacional de los periodos referidos incorporaban un diseño multidimensional enfocado en preservar la integridad, estabilidad y permanencia del propio Estado.
De esta forma, al programa vigente le falta la articulación de una verdadera Agenda Nacional de Riesgos que no se limite al análisis delictivo de alto impacto, sino que evalúe y contrarreste de forma proactiva amenazas asimétricas como los desastres naturales de gran escala, el colapso de infraestructura crítica y los flujos migratorios descontrolados, elementos explícitamente regulados en el andamiaje del sector militar y civil en las administraciones pasadas y que fueron abandonadas en esta administración.
Asimismo, al examinar la naturaleza operativa del plan 2026-2030, se evidencia una carencia sustancial en el desarrollo e integración de inteligencias especializadas bajo un esquema unificado, lo cual contrasta abiertamente con los objetivos del periodo 2014-2018, que buscaban la operación formal de un Sistema Nacional de Inteligencia que vinculara las capacidades civiles y militares.
El programa actual carece de líneas de acción claras dirigidas a blindar los sectores energéticos, hídricos, cibernéticos y de salud, los cuales se trataban como temas vitales para la viabilidad de la democracia en la planeación institucional del ciclo 2009-2012. Al centrarse en la proximidad social y en la disminución del índice de homicidios o secuestros, la estrategia actual descuida la defensa exterior de la federación y la seguridad interior desde un enfoque sistémico, ignorando la necesidad imperativa de generar una cultura de seguridad nacional, que capacite a la burocracia y a la sociedad civil en la identificación de vulnerabilidades estructurales frente a presiones geopolíticas externas o la infiltración institucional profunda. Hoy parece que la concepción de seguridad nacional vuelve al anquilosado y obsoleto esquema de la permanencia del régimen, no del sistema democrático.
Esta brecha programática y conceptual no puede subsanarse asumiendo de manera reduccionista que las acciones en materia de seguridad nacional encuentran un sustento suficiente e integral en la simple aplicación de la Ley de Seguridad Nacional vigente. Si bien dicho ordenamiento jurídico provee el marco normativo indispensable, define los conceptos fundamentales y establece la estructura del Consejo de Seguridad Nacional y las facultades del Centro Nacional de Inteligencia, su naturaleza es estrictamente orgánica y procedimental, mas no programática, dogmática, conceptual, ni estratégica. Sustentar la protección del Estado exclusivamente en la literalidad de la ley resulta insuficiente porque las leyes son estáticas y reactivas por definición, diseñadas para normar lo existente, mientras que las amenazas contemporáneas son dinámicas, híbridas y fluidas.
Por lo tanto, la redacción y publicación formal de un Programa de Seguridad Nacional específico en la presente administración no representa un mero trámite burocrático o una duplicidad legislativa, sino una necesidad de primer orden para garantizar la gobernabilidad y la supervivencia del Estado, no del régimen, en el mediano y largo plazo.
Este instrumento de planeación democrática resulta indispensable para trazar la hoja de ruta que unifique los esfuerzos de las fuerzas armadas, las dependencias civiles y los órganos de inteligencia bajo objetivos comunes alineados a las realidades geopolíticas actuales del siglo veintiuno, tales como la ciberseguridad avanzada, las tensiones comerciales globales y la soberanía tecnológica.
Al dotar al gobierno de una visión prospectiva, un programa dedicado permite diferenciar conceptualmente las labores de contención delictiva cotidianas, propias de la seguridad pública, de aquellas acciones orientadas a salvaguardar los intereses vitales de la nación. Solo a través de la publicación de una estrategia explícita y transparente se podrá articular un blindaje institucional sólido que devuelva la certidumbre, fortalezca la soberanía y asegure la viabilidad democrática del país frente a las turbulencias internas y externas de la presente década.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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