La federación es el órgano rector del Sistema Nacional de Seguridad Pública; establece las políticas públicas y los lineamientos generales que rigen la actuación de todos los cuerpos de seguridad. Su responsabilidad principal se enfoca en la prevención, investigación y persecución de los delitos del fuero federal y aquellos considerados de alto impacto o que por su naturaleza trascienden el ámbito local, como el narcotráfico, la delincuencia organizada y los delitos contra la seguridad nacional.
También la federación opera sus propias instituciones policiales y de seguridad, como la Guardia Nacional; por lo que se refiere a la fiscalía general de la República (FGR) es un organismo constitucional autónomo, y ambas tienen injerencia en todo el territorio nacional, coadyuvando en tareas de seguridad pública con los estados y municipios cuando la situación lo requiere o existe un convenio de coordinación. Además de la operación, su papel es vital en el financiamiento, la emisión de información sistematizada a través del Sistema Nacional de Información, y la formación especializada para policías y personal ministerial de todos los órdenes de gobierno.
Mientras que las entidades federativas desempeñan un papel de gran alcance que complementa y, en ciertos casos, suple al municipal. Su competencia abarca tanto la seguridad preventiva como, de manera fundamental, la procuración de justicia. Los gobiernos estatales tienen la responsabilidad de organizar y operar sus propias policías estatales preventivas, las cuales suelen encargarse de tareas de mayor envergadura, el auxilio en zonas conurbadas o de difícil acceso para las corporaciones municipales, y la protección de instalaciones estratégicas estatales. No obstante, la atribución definitoria del estado en seguridad es la investigación y persecución de los delitos del fuero común. Esto se ejerce a través de la fiscalía general o Procuraduría de Justicia del estado y la Policía de Investigación bajo su mando.
El municipio es la autoridad más cercana al ciudadano, lo que le confiere la responsabilidad primordial en la seguridad pública preventiva y el mantenimiento del orden público local. Sus atribuciones se centran en el control y la gestión de la policía preventiva municipal. Esta corporación tiene la misión de vigilar, patrullar y proteger las calles, así como prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía. Es responsabilidad del Ayuntamiento expedir las disposiciones administrativas correspondientes, garantizar la profesionalización de sus cuerpos policiales, dotarlos de recursos materiales y tecnológicos adecuados, y ejercer el mando directo sobre ellos a través del presidente municipal.
Sin embargo, es ampliamente conocido que, dentro del esquema de seguridad pública en México, el municipio (y específicamente, la policía preventiva municipal) suele ser considerado el eslabón más débil o vulnerable.
Esta percepción se basa en una serie de factores estructurales y operativos que limitan severamente su capacidad de respuesta y la convierten en el punto de mayor riesgo para el sistema en su conjunto. Su precariedad institucional y limitación de recursos lo exponen a riesgos significativos, como el riesgo de Infiltración y corrupción, riesgo de Ineficiencia operativa y falta de profesionalización, riesgo de colapso institucional y violencia extrema, principalmente.
La debilidad municipal no solo afecta la seguridad local, sino que desarticula el modelo de seguridad pública concurrente, obligando a los órdenes superiores de gobierno a compensar carencias en lugar de enfocarse en sus responsabilidades de coordinación, investigación y combate a la delincuencia de alto impacto.
En esencia, la Federación provee el marco normativo, estratégico y de inteligencia para que los esfuerzos de los estados y municipios no sean aislados, sino que respondan a una política de seguridad pública integral y articulada a nivel nacional. La suma de estos esfuerzos intergubernamentales es lo que, idealmente, permite al Estado mexicano cumplir con su función de garantizar la seguridad y la paz a sus habitantes, sin embargo, parece que los municipios deben transitar en ocasiones en soledad institucional, y con ello, aumentando el riesgo para el municipio y sus habitantes.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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