La seguridad nacional hoy no puede entenderse únicamente como la ausencia de conflictos armados, sino como la resiliencia del Estado frente a múltiples crisis que combina la gobernanza criminal, la incertidumbre jurídica y las presiones externas derivadas de la integración regional en América del Norte.
A inicios de 2026, el panorama de la seguridad nacional en México se presenta como una compleja red de desafíos que trascienden las fronteras tradicionales de la defensa del Estado. Tras años de reconfiguraciones institucionales y cambios estructurales, el país enfrenta una realidad donde la soberanía ya no solo se disputa en el terreno físico por el control territorial, sino también en las dimensiones digital, económica y diplomática.
Uno de los ejes más críticos es la evolución del crimen organizado, que ha transitado hacia una «gobernanza criminal» más sofisticada. En 2026, los grupos delictivos no solo buscarían el control de las rutas del narcotráfico, sino que podrían consolidar su economía hacia la extorsión sistemática de sectores productivos esenciales, como el agroalimentario y el minero.
Esta infiltración en las cadenas de valor representa un riesgo sistémico para la seguridad nacional, ya que socava la capacidad del Estado para garantizar el abasto y la estabilidad de precios, debilitando la paz social. Además, el uso de tecnologías de bajo costo, como drones artillados y sistemas de comunicación encriptados, ha nivelado en muchos aspectos la capacidad operativa de estos grupos frente a las fuerzas del orden, exigiendo una modernización urgente de la inteligencia militar y civil.
Simultáneamente, la dimensión digital ha emergido como un frente de vulnerabilidad crítica. En el marco de la preparación para los encuentros en el marco de la Copa del Mundo 2026, México se ha convertido en un objetivo prioritario para el cibercrimen global. Los riesgos no se limitan al fraude financiero masivo, sino que alcanzan el nivel de la soberanía digital que se enfrenta a la falta de un marco sólido de ciberseguridad expone infraestructuras críticas, como el sistema eléctrico nacional y las bases de datos gubernamentales, a ataques de ransomware y desinformación orquestada mediante inteligencia artificial, como actualmente vemos en algunas instituciones sobre todo públicas. El fenómeno de los deepfakes y la manipulación de la opinión pública amenazan la estabilidad institucional, pudiendo polarizar a la sociedad de manera artificial y erosionar la confianza en los procesos democráticos y en la autoridad del Estado.
En el ámbito internacional, la revisión del T-MEC prevista para este año se ha transformado en un vector de riesgo político y de seguridad. La interdependencia económica con Estados Unidos conlleva presiones directas sobre la política interna mexicana, especialmente en temas de migración y control de precursores químicos.
La demanda de Washington por resultados tangibles en la lucha contra el fentanilo coloca al gobierno mexicano en una posición delicada, donde debe equilibrar la defensa de su soberanía nacional con la necesidad de mantener la estabilidad comercial que se conjuga con la detención de Nicolás Maduro en Caracas, así como el envío de petróleo a Cuba, factores que podrían ser determinantes en la política de seguridad norteamericana hacia México. Pero también la posible imposición de aranceles o restricciones fronterizas, motivadas por consideraciones de seguridad compartida, podría detonar crisis económicas regionales que, a su vez, alimentarían el descontento social y los flujos migratorios irregulares, creando un círculo vicioso de inestabilidad.
A esto se suma el riesgo de la incertidumbre jurídica derivada de las recientes reformas constitucionales, particularmente en el Poder Judicial. Para la seguridad nacional, un sistema de justicia débil o percibido como politizado aumenta el riesgo de impunidad, lo que incentiva la reproducción de ciclos de violencia. Los inversionistas ven en esta falta de certeza un riesgo operativo, lo que podría derivar en una disminución de la inversión extranjera directa, limitando los recursos fiscales necesarios para financiar precisamente las políticas de seguridad y defensa. La seguridad nacional requiere de un Estado financieramente sólido y capaz de aplicar la ley de manera previsible; sin estos pilares, la capacidad de respuesta ante amenazas emergentes se ve seriamente comprometida.
En conclusión, la seguridad nacional de México en 2026 es un desafío multidimensional que exige una visión estratégica que integre la tecnología, la diplomacia inteligente y un fortalecimiento real del estado de derecho para proteger la integridad del tejido social y la viabilidad del Estado frente a un entorno global y local cada vez más volátil y que representa un reto para la clase política.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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