Para los Estados Unidos la relación bilateral con México se basa en tres puntos: economía, migración y seguridad, en los que se desarrollan una gran cantidad de temas sobre los cuales marcha la relación bilateral.
Por eso es por lo que después de la embajada norteamericana en El Cairo en Egipto, su Embajada en México junto sus Consulados trabajen unas 400 personas. Para Estados Unidos, el Cairo constituye una posición geopolítica de interés, lo mismo que sucede en su embajada en México.
Le interesa que las inversiones norteamericanas cuenten con la certeza política y jurídica necesaria, para acrecentar su dinero y que el fenómeno migratorio no llegue a niveles de invasión territorial.
Pero quizás para Washington lo más importante sea la seguridad, el eje sobre el cuál giran todos y cada una de las agendas temáticas y que lo conceptúan con un vínculo indisoluble a la economía y migración.
Las primeras ordenes ejecutivas luego de la toma de posesión del presidente Donald Trump, fueron sobre declaraciones sobre narcopolíticos mexicanos lo que causó una respuesta de la presidente Scheinbaum.
Sin embargo, en México los temas de economía, migración y seguridad no cobran el mismo interés y relevancia.
La reforma al Poder Judicial de la Federación en México abrió un frente de crisis con la embajada norteamericana y con la de Canadá. La incertidumbre se centra en la politización del proceso y de los juzgadores electos que derivarían en una presunta debilidad que representa para las inversiones de esos países. Esto podría tener impacto en la economía de esos países a propósito del T-MEC, pero mientras tanto, se abre un frente de crisis por la imposición de impuesto a las remesas que envían los paisanos en Estados Unidos.
El punto en donde Washington presiona a México es en seguridad y migración. Conoce las debilidades de seguridad de las instituciones mexicanas, así como de su clase política, en el que muy posiblemente la Casa Blanca y las agencias de seguridad norteamericanas tengan otros datos sobre la radiografía de la seguridad mexicana. Por otra parte, las recientes acciones por la fuerza en Los Ángeles, California para detener a presuntos ilegales abrieron un nuevo frente.
La Casa Blanca seguramente tiene conocimiento que por lo menos el 20% de los centros de población mexicanos está en manos de la delincuencia; sabe que las políticas de seguridad son insuficientes, mal diseñadas, mal alineadas y con algunos tomadores de decisión en seguridad están cooptados por la delincuencia, así como algunos personajes de la clase política. Quizás por eso ahora se ciñe el fantasma del retiro de la visa norteamericana a aquel personaje de la clase política que podría colaborar con la delincuencia.
Saben también que la transformación a que se refiere el régimen no puede lograrse con unas políticas públicas que poco abonan a la redistribución política, económica, social y de seguridad de la ciudadanía, así como con una escasa voluntad política de las entidades federativas. También saben que el compromiso por combatir a la corrupción es parcial, simulada y solo tiene fines electorales.
Cabe la posibilidad que sea necesario valorar la propuesta sobre la necesidad de generar un tratado de seguridad con Estados Unidos y Canadá.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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