Grotesca rapiña en el Poder Judicial

El mandato ciudadano del 1 de julio pasado fue contundente, no más excesos ni rapiña gubernamental del Estado, léase Poder Ejecutivo, federal y locales; Legislativo, Senado y Cámara Diputados, federal y estatales; ni corrupta simulación del Poder Judicial, Suprema Corte, Judicatura ni Tribunales; pues la sociedad está cansada de la hipocresía, abuso y de tanto nuevo rico sexenal.

El virtual presidente electo ha prometido sendas reformas al Sistema Político y Legislativo, la Administración Pública, el Sector Energético, Económico, Educación y Telecomunicaciones, Seguridad Pública y la Impartición de Justicia, entre otras, que en cuanto hizo un primer esbozo de lo que pretende realizar, de inmediato los demonios del estatus quo comenzaron a vociferar maldiciones.

Es así como se intenta revertir la insana práctica del malgastar. Del derroche en edificios y autos de lujo, poner un alto a los grotescos sueldos que perciben altos funcionarios del Estado, entre los que están los Ministros de la Suprema Corte, Magistrados y los propios Consejeros de la Judicatura (CJF), que lejos de impartir justicia están ocupados, en “hacerse de mulas” en el llamado “Año de Hidalgo”.

Foto: Felipe Borrego Estrada, José Guadalupe Tafoya Hernández, Martha Ma. del Carmen Hernández Álvarez, Luis María Aguilar, Jorge Antonio Cruz Ramos, Alfonso Pérez Dasa y Rosa Elena González Tirado, Integrantes del Consejo de la Judicatura Federal

Una investigación de la periodista Magdalena González en PUNTOporPUNTO, consigna un reciente CONTRATÓ DE SERVICIOS ADMINISTRADOS multianuales telefónicos de la llamada Red Privada Virtual del CJF, mediante adjudicación directa, cuyo costo en los dos primeros años es de 70 millones de dólares, prorrogable a 2 más, que suman un gasto de 2 mil 800 millones de pesos.

Varias dudas surgen: ¿para qué el apresuramiento?, ¿por qué no se licitó, conforme a la ley?, ¿para qué apresurar la contratación, cuando los Consejeros de la Judicatura Federal están a 5 meses de dejar el cargo?, ¿acaso no han caído en cuenta que las cúpulas fueron una parte del encono social actual?, ¿no comprenden que los mexicanos están hartos de solapar abusivos despilfarros?

La esperanza es que Andrés Manuel López Obrador aplique la ley sin distingo, castigando a la “alta burocracia” que ha medrado con los dineros del pueblo, ya que es urgente extirpar de raíz el cáncer de la corrupción y la impunidad que tiene tintes de tragedia nacional, toda vez que aún con el Cambio de Gobierno- Partido  en el Poder, sigue creciendo el número de pobres en México, 53.4 millones.

En el caso particular del Poder Judicial, estos empleados al “servicio del pueblo” ostentan el sueldo más alto de toda la burocracia nacional, con 4 millones 715 mil pesos anuales que significan 392 mil 965 pesos mensuales, los 7 Consejeros de la Judicatura Federal parecieran no entender los nuevos tiempos… ¿Quién juzga debiera predicar con el ejemplo?, sin ejercer miles de millones en opacidad.

Diversos medios han dado cuenta de otros casos de descomposición en el CJF, en febrero de 2017 la PGR inició una investigación por el hallazgo de casi 4 millones de pesos en efectivo en la cajuela de un vehículo asignado al titular de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, cercanísimo a los titulares de la SCJN y el CJF, su vecino en San Jerónimo Lídice.

Francisco Javier Pérez Maqueda, Ex director de Inmuebles y Mantenimiento de la CJF

Un estudio de Mexicanos contra la Corrupción desnuda el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, según el cual “hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 501 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción; es decir, 48.6% de las plazas existentes, amparados en el artículo 97 constitucional, que se refiere a su “autonomía”.

La desproporción es evidente, Ministros de la Suprema Corte tienen a su cargo 742 colaboradores, 70 en promedio cada uno, a quienes el Estado les paga 44 millones de pesos al mes, no incluye el salario de los propios funcionarios. A pesar de lo bien pagado que están, hay sobradas muestras de podredumbre como lo cita el documental de la Sen. Layda Sansores San Roman, que ganó un Emmy.

“Presunto culpable” muestra la vida de Toño un joven tianguista de Iztapalapa de 26 años, que vio interrumpidos sus anhelos de superación cuando el lunes 14 de diciembre de 2005, una patrulla de la policía de la Ciudad de México lo arresta acusándolo de homicidio. El 2 de marzo de 2011, dos semanas después del estreno del documental, una juez ordenó su retiro de los cines y plazas.

Con todos estos lances, donde muchos de los Consejeros de la Judicatura, Ministros, Magistrados y Jueces, han sido señalados por el vox populi por sus excesos, como su homólogo Jorge Arturo Camero Ocampo que de acuerdo con diversos medios impresos, pagó de contado 17.8 millones de pesos por una casa en el Pedregal, que puso a nombre de sus hijos, menores de edad, no pasó nada.

Para colmo, el Presidente de la SCJN, el Ministro Luis María Aguilar, recién dijo que la propuesta de austeridad del futuro Gobierno Federal “atenta contra su autonomía”; luego entonces, ¿dónde queda el espíritu de la ley si no hay justicia? Montesquieu decía que “un hombre no es desdichado a causa de la ambición, sino porque ésta lo devora”, y al parecer en México ya socavó al Poder Judicial!

Twitter: @Armando_Alcocer 

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