Los generales romanos no podían entrar en Roma con sus ejércitos armados. Esta era una norma fundamental de la mos maiorum (las costumbres tradicionales romanas) y una disposición legal destinada a proteger la República de posibles golpes militares.
Los generales (magistrados con imperium, como los cónsules o procónsules) estaban obligados a disolver sus ejércitos antes de cruzar el pomerium, que era la frontera sagrada de la ciudad de Roma.El pomerium era una línea simbólica y religiosa que delimitaba la ciudad propiamente dicha. Cruzarla con tropas armadas era considerado un acto de sacrilegio y traición, porque implicaba que el militar ponía en riesgo la autoridad civil del Senado y del pueblo romano.
Si un general cruzaba el pomerium con su ejército, estaba cometiendo un acto de guerra contra la República. El ejemplo más famoso fue el de Julio César, quien en el año 49 a.C. cruzó el río Rubicón (frontera de su provincia con Italia) con sus legiones y dijo, según la tradición: Alea iacta est (“la suerte está echada”). Ese acto desencadenó la guerra civil que acabaría con la República.
Los generales victoriosos sí podían entrar a Roma, pero sin su ejército armado, durante el desfile del triunfo, una ceremonia especial concedida por el Senado en reconocimiento a una victoria extraordinaria. A pesar de esta antigua historia en Latinoamerica seguimos impulsando el fantasma de la militarización. La alianza cívico-militar fue uno de los pilares fundamentales del proyecto político de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana en Venezuela desde que tomo el poder por vía democratica en 1998. Esta estrategia consistió en fusionar la participación de sectores civiles y militares en la conducción del Estado, en nombre de la “defensa de la soberanía, la democracia participativa y el socialismo del siglo XXI”. A continuación, se detalla su origen, objetivos e implicaciones con este concepto más nunca dejo el poder hasta su muerte en 2013.
Origen y fundamento ideológico:
Golpe de Estado de 1992: La idea germinó tras la fallida intentona golpista del 4 de febrero de 1992, liderada por Chávez. Desde entonces, él promovió una visión en la que las Fuerzas Armadas no fueran un cuerpo autónomo, sino un actor político comprometido con las “causas del pueblo”.
Ideología bolivariana: Chávez interpretó el pensamiento de Simón Bolívar como una guía para un proyecto nacional en el que militares y civiles trabajaran juntos para construir una nueva república.
Objetivos estratégicos:
Romper con la doctrina militar tradicional: Que separaba lo militar de lo político y del pueblo. Chávez promovió una doctrina donde los militares se integraran a las comunidades y participaran en tareas sociales.
Consolidar poder político: Fortalecer su liderazgo contando con el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas y alinear a los oficiales con su proyecto socialista.
Militarización del Estado: Insertar militares en cargos clave del gobierno con asesoria de Cuba, ministerios, empresas estatales, gobernaciones, alcaldías y misiones sociales.
Manifestaciones prácticas:
Creación de la Milicia Bolivariana (2008): Fuerza armada paralela conformada por civiles armados, subordinada directamente al presidente.
Participación militar en misiones sociales: Los militares organizaron y ejecutaron programas como Barrio Adentro (salud), Mercal (alimentación) o Misión Vivienda.
Presencia militar en la economía: Militares activos y retirados controlaron empresas estratégicas como PDVSA, CORPOELEC, CANTV, y el sistema portuario y aduanal.
Control de la seguridad interna: Militares fueron nombrados al frente de ministerios como Interior y Justicia, y organismos policiales.
Las Consecuencias continúan hoy bajo la dictadura de Nicolas Maduro:
Politización de las Fuerzas Armadas: Se perdió la neutralidad institucional del estamento militar, ahora alineado al partido oficialista (PSUV).
Lealtad ideológica: Se juró lealtad no a la Constitución, sino a Chávez como “líder supremo de la revolución”.
Represión y violaciones de DD.HH.: La alianza permitió el uso de fuerzas militares contra protestas civiles y opositores, lo cual ha sido documentado por organismos internacionales.
Corrupción y redes de poder: Muchos militares fueron involucrados en tramas de corrupción, narcotráfico (Cártel de los Soles) y contrabando de extracción.
El legado que dejo Hugo Chávez fue una alianza cívico-militar que transformó por completo el rol de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Pasaron de ser una institución profesional a convertirse en una columna del poder político chavista. Hasta hoy, el régimen de Nicolás Maduro continúa dependiendo de esta alianza para sostenerse en el poder sobre los fusiles.
Despues de vivir la militarización de Venezuela y perdida de la república, preocupa como hoy en México es un proceso que ha cobrado fuerza en las últimas dos décadas, particularmente comenzó en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006, y que ha tenido profundas implicaciones en la seguridad, la política y los derechos humanos. A continuación, te presento un análisis estructurado del fenómeno de origen del proceso de militarización:
Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012):
En diciembre de 2006, Calderón lanzó una ofensiva contra el crimen organizado desplegando masivamente a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Se justificó como medida excepcional ante la supuesta incapacidad de las policías locales para combatir al narcotráfico.
Continuidad con Peña Nieto (2012-2018):
Aunque con un discurso más institucional, el gobierno de Peña Nieto mantuvo el protagonismo militar en tareas de seguridad. Se impulsaron reformas como la Ley de Seguridad Interior (2017), que fue ampliamente criticada por organismos de derechos humanos.
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024):
A pesar de haber criticado la militarización, López Obrador profundizó el modelo, creando la Guardia Nacional (2019), cuerpo inicialmente civil, pero formado y dirigido por militares. En 2022, se formalizó el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Ámbitos de la militarización:
Seguridad pública:
Los militares patrullan calles, custodian aduanas, aeropuertos, refinerías y operan retenes. Se han involucrado en detenciones, operativos de alto impacto y control de migración en el sur del país.
Administración pública:
La SEDENA y la Marina han recibido contratos para construir y administrar obras emblemáticas como el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y sucursales del Banco del Bienestar. Controlan empresas paraestatales y participan en proyectos civiles, lo que debilita el control civil sobre el poder militar.
Presupuesto y poder político:
El presupuesto militar ha aumentado de forma sostenida. El Ejército se ha convertido en un actor central del gobierno federal, con poder creciente en la toma de decisiones.
Implicaciones y críticas de Derechos humanos:
Diversas organizaciones han denunciado violaciones graves cometidas por militares: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias. Casos emblemáticos como Tlatlaya (2014), Ayotzinapa (2014) y Nuevo Laredo (2023) evidencian abusos impunes.
Debilitamiento de instituciones civiles:
Se ha postergado la depuración y profesionalización de las policías civiles. El principio constitucional de subordinación del poder militar al civil se ha visto erosionado, el desprecio por las ONG y los colectivos civiles es constante en los dos últimos sexenios.
Falta de transparencia:
La SEDENA ha sido opaca en la rendición de cuentas. Documentos filtrados por “Guacamaya Leaks” mostraron su creciente poder y vigilancia interna del aparato civil.
La última ley impulsada por Claudia Sheinbaum a favor de los militares es la nueva Ley de la Guardia Nacional, aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de junio de 2025, en un periodo extraordinario. Esta reforma forma parte de un paquete mayor relacionado con seguridad nacional . Transfiere el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), eliminando su carácter civil. Permite que sus integrantes sean reasignados a otros cuerpos militares según las necesidades de la Sedena. Otorga al mando de la GN un grado militar (General de División), designado por la Sedena. Amplía facultades de inteligencia y vigilancia: operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones (con autorización judicial), geolocalización, “usuarios simulados” e interceptación de internet. Faculta a los militares de la GN a solicitar licencias especiales para participar en actividades civiles, como candidaturas o asumir cargos públicos, previa autorización del Presidente o del titular de la Sedena. Se complementa con otras dos leyes del sistema de seguridad e inteligencia promovidas por el gobierno de Sheinbaum, buscando robustecer la estrategia nacional de seguridad. Aunque contó con mayoría de Morena y aliados, hubo rechazo del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Quienes defienden la militarización argumentan que el Ejército es más disciplinado, menos corrupto y más confiable que las policías locales. Expertos advierten que la militarización es incompatible con una democracia sana y puede desembocar en autoritarismo, se ha demostrado según (ONU, Human Rights Watch, CIDH) que a la delincuencia se le combate más eficazmente con policias civiles, especializados y bien pagados, los militares muchas veces no estan capacitados para tratar situaciones que involucren población civil, están diseñados para defender al país ante amenazas externas no para mantener orden interno.
México vive una expansión sin precedentes del poder militar en la vida pública es evidente que el partido que gobierna juega con fuego. Aunque la justificación inicial fue la lucha contra el crimen ya que existe una guerra interna no reconocida por el gobierno, hoy los militares desempeñan funciones civiles, administrativas y económicas, lo que plantea serios riesgos para la democracia, la transparencia y los derechos humanos. Es posible que en el futuro el poder de los militares llegue a surgir lideres políticos que como en Venezuela no quieran someterse a ordenes civiles y generen una crisis de liderazgo democratico, esto conjuntamente con la destrucción institucional que vive México es muy preocupante.
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