A pesar que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de junio de 2024 con más de 7,443,584 votos frente a los 3,385,155 obtenidos por Nicolás Maduro —y con las actas de votación como prueba irrefutable del triunfo opositor—, el régimen chavista se negó a reconocer los resultados. En lugar de ceder, respondió con una nueva ola de represión. Sin embargo, la oposición, liderada por María Corina Machado, ha logrado asestar importantes golpes a la dictadura. Uno de los más contundentes fue la Operación Guacamaya, una acción encubierta ejecutada en mayo de 2025 que dejó en evidencia la vulnerabilidad del régimen.
La operación fue diseñada para rescatar a cinco colaboradores cercanos a Machado que permanecieron más de 400 días refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, tras ser perseguidos por el régimen. Coordinada por Estados Unidos, con apoyo de Argentina y Brasil, la acción se ejecutó el 6 de mayo de 2025, aprovechando que Maduro se encontraba fuera del país. Duró exactamente 38 minutos y 43 segundos y fue ejecutada con precisión quirúrgica, contando con la participación de elementos infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Los cinco opositores fueron trasladados con éxito a territorio estadounidense.
En marzo de 2024, seis miembros del partido Vente Venezuela —Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Mottola— buscaron refugio en la sede diplomática argentina, ante órdenes de captura por presunta conspiración y traición a la patria. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, la embajada quedó bajo la protección de Brasil desde agosto de 2024. Durante su reclusión, los asilados enfrentaron condiciones extremas: cortes de electricidad, agua y comunicaciones, así como vigilancia permanente de las fuerzas de seguridad del Estado. Fernando Martínez Mottola fue excarcelado a arresto domiciliario en diciembre de 2024 y lamentablemente falleció meses después.
María Corina Machado, junto a un equipo internacional de expertos, coordinó la operación. El éxito del plan también permitió la salida del país de Corina Parisca, madre de Machado, quien estaba bajo constante hostigamiento. La líder opositora calificó la acción como “impecable y épica”. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la operación y reafirmó el compromiso de su país con la democracia venezolana. El régimen de Maduro intentó minimizar el rescate, alegando una supuesta “negociación”, versión desmentida por los gobiernos involucrados.
La respuesta del régimen no se hizo esperar. Más de 70 personas fueron detenidas, entre ellas periodistas, ciudadanos extranjeros, adultos mayores y opositores, como Juan Pablo Guanipa, abogado y dirigente de Primero Justicia. Guanipa estuvo en la clandestinidad desde julio de 2024 y fue secuestrado el 23 de mayo de 2025 por agentes del Estado.
Estas acciones forman parte de lo que organizaciones internacionales califican como terrorismo de Estado, es decir, una política sistemática de violencia, represión e intimidación ejercida por el gobierno para mantener el control político y eliminar toda disidencia.
Nicolás Maduro, conocido como “El Carnicero” —apodo que le atribuyó en 2018 el diario alemán Spiegel Daily tras el asesinato del exagente Óscar Pérez—, ha sido señalado por múltiples crímenes:
En 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusó de narcotráfico y narcoterrorismo, señalando su colaboración con las FARC para introducir cocaína en EE. UU. La recompensa por su captura fue aumentada a 25 millones de dólares en 2025.
En 2024, la Corte Penal Internacional autorizó una investigación por crímenes de lesa humanidad durante la represión de 2017, donde asesinaron más de 150 jóvenes.
Diversas investigaciones lo vinculan a corrupción y lavado de dinero, incluyendo un soborno de cinco millones de dólares por parte de las FARC en 2006.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció en 2019 los abusos cometidos por las FAES y pidió su disolución, petición que fue ignorada.
Las cifras documentadas son alarmantes:
- Más de 10,000 ejecuciones extrajudiciales entre 2013 y 2023, según la ONG Provea.
- Al menos 24 muertes durante las protestas postelectorales de julio de 2024.
- 1,014 presos políticos hasta marzo de 2025, incluyendo civiles y militares.
- 18,000 detenciones arbitrarias desde 2014.
- 64 personas desaparecidas de forma forzada solo en 2025.
- Más de 1,652 víctimas de tortura.
- Más de 45,000 violaciones a los derechos humanos registradas en la última década.
Aunque el régimen organizó elecciones legislativas y regionales el pasado mes de mayo de 2025, la oposición llamó a la abstención ante la falta de garantías. La participación fue inferior al 15 %, aunque el CNE afirmó lo contrario. Se disputaron 285 escaños de la Asamblea Nacional oficialista, 24 gobernaciones y más de 300 alcaldías.
Llamó la atención que supuestos opositores Manuel Rosales perdiera la gobernación del Zulia, mientras Alberto Galíndez fue reelecto en Cojedes y Henrique Capriles recibió una diputación simbólica. Aunque alegan confiar en la votaciones en dictadura, todos ellos tienen un poder muy limitado en un país secuestrado por un régimen totalitario.
María Corina Machado, enfrentando una maquinaria de persecución, sigue liderando una lucha por la libertad que no sólo desafía al autoritarismo de Maduro, sino que también demuestra que el terror de Estado puede ser confrontado con estrategia, valentía y apoyo internacional.
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