El próximo 1 de junio, México enfrentará un dilema inédito: votar o no votar en la elección de más de 1,700 cargos del Poder Judicial, incluyendo jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte. Una decisión que, aunque promovida como un acto de democratización por el oficialismo, podría encerrar peligros profundos para la independencia judicial y el equilibrio democrático.
La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. Venezuela es un caso emblemático: desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, inició un proceso sistemático de cooptación del Poder Judicial. A través de la Asamblea Constituyente, creó una estructura paralela de jueces provisionales y reconfiguró el sistema judicial para responder a intereses políticos. Nicolás Maduro profundizó esta estrategia en 2017, cuando persiguió a los magistrados designados por la Asamblea Nacional legítima, muchos de los cuales hoy se encuentran en el exilio, entre ellos el Dr. Pedro Troconis, exrepresentante del Foro Penal.
En 2024, Maduro reformó nuevamente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para asegurar la lealtad de los magistrados y controlar el Consejo de la Judicatura. La culminación de esta instrumentalización del sistema judicial ocurrió el 22 de agosto de 2024, cuando la Sala Electoral del TSJ emitió la Sentencia N°031 validando los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamaban ganador a Maduro, a pesar de haber perdido frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Posteriormente, la Sala Constitucional ratificó esta decisión y desestimó un recurso del también candidato Enrique Márquez, quien hoy está encarcelado por el régimen.
Ante estos antecedentes, la reforma judicial en México no debe tomarse a la ligera.
Impulsada por el gobierno y su coalición (Morena, PT y PVEM), la reforma fue aprobada para permitir la elección popular de integrantes del Poder Judicial bajo el argumento de combatir la corrupción y acercar la justicia al pueblo. Morena ha promovido activamente la participación ciudadana en este proceso, incluso desafiando restricciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíben a funcionarios hacer proselitismo judicial. Se han difundido videos partidistas desde plataformas oficiales y utilizado bienes de la nación—como la Fragata Cuauhtémoc— y figuras como la magistrada Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todas simpatizantes del oficialismo, han participado en actos de propaganda. Además la camara de diputados tuvo que enmendar el pasado 20 de mayo de 2025 un error en la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, ya que los artículos 94 y 97 de la constitución eran contradictorios, respecto a la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este cargo será ocupado por quien obtenga más votos en la elección y su mandato será de dos años, luego se asignará de manera rotativa a quienes hayan obtenido los siguientes porcentajes de votación, y tendremos elecciones judiciales cada tres años.
Por su parte, la oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) ha llamado a no votar, señalando que esta reforma vulnera la independencia judicial. Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN y Presidente de la ODCA Organización Democráta Cristiana de América, lo explicó con claridad en un artículo publicado en Publimetro (2024):
“La independencia de los jueces es fundamental en un sistema democrático, pues garantiza que las decisiones se basen en la ley, no en intereses políticos. Las reformas propuestas modificarían el proceso de selección de jueces y magistrados, otorgando control absoluto al Poder Ejecutivo, poniendo en riesgo la equidad y el equilibrio democrático”.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en su Anexo 23-A, exige a sus miembros mantener tribunales imparciales e independientes para resolver disputas laborales y comerciales. La elección popular de jueces, lejos de fortalecer esa imparcialidad, podría politizar la justicia. Tanto Estados Unidos como Canadá han expresado su inquietud. Ken Salazar, embajador estadounidense en México, advirtió que esta reforma podría afectar la confianza de los inversionistas en el marco legal mexicano, lo que dañaría la relación comercial bajo el T-MEC.
El sistema que propone México solo tiene un sistema paralelo en Bolivia, donde desde 2009 se elige por voto popular a los altos cargos judiciales. Los resultados han sido decepcionantes: hay alto desconocimiento de los candidatos, votaciones con más del 60% de votos nulos o blancos, y una creciente politización del Poder Judicial.
En Estados Unidos, algunos estados como Texas, Ohio y Michigan eligen jueces estatales y locales, pero esto ha traído otro problema: la necesidad de financiar campañas ha generado dependencia de donantes y cuestionamientos éticos.
En Japón, los ciudadanos ratifican o rechazan a jueces de la Corte Suprema en referendos, pero no los eligen directamente. En Suiza, algunos cantones permiten la elección de jueces, pero en contextos altamente institucionalizados y con tradición cívica consolidada.
En cambio, las reformas judiciales exitosas en el mundo han reforzado la separación de poderes y la meritocracia judicial, como ocurrió en:
Alemania post Segunda Guerra Mundial (1950), España durante la transición democrática (1978), Italia tras los juicios antimafia (1986-1992), Chile con la Reforma Procesal Penal (2000), Costa Rica (1990-2000), Colombia (2004) y Georgia (2004-2012), en su lucha contra la corrupción judicial.
Todas estas reformas comparten un eje común: riguroso proceso de selección de jueces, evaluación técnica, carrera judicial profesional y autonomía institucional.
México necesita una reforma judicial, sí, pero no una que debilite su independencia. La solución no está en trasladar la decisión a las urnas sin filtros ni procesos técnicos. Se requiere una transformación integral que involucre al Poder Judicial, universidades, sociedad civil y organismos autónomos. Deben garantizarse procesos eficientes, modernización tecnológica, reducción de la impunidad, fortalecimiento de las fiscalías, profesionalización y mejores sueldos de las policías.
Legalizar la justicia popular en un contexto de alta polarización política y baja educación cívica puede terminar siendo un experimento peligroso.
Se estima que la participación ciudadana en esta inédita elección de jueces será de apenas entre el 8% y el 10%. Una legitimidad tan baja solo agregaría incertidumbre a un sistema ya colapsado. Como bien han advertido filósofos como Hannah Arendt y Karl Popper, el voto por sí solo no garantiza la democracia. También puede ser utilizado para legitimarla mientras se le destruye desde dentro.
México está a tiempo de no repetir los errores de Venezuela. El poder judicial no puede ser sometido al capricho de las urnas. La independencia judicial no se vota, se protege.
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