4T deja fisuras en el ABASTECIMIENTO de MEDICINAS e INSUMOS en el PAÍS

Justo en el preámbulo de la crisis sanitaria del Covid19 en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmontó la cadena de abastecimiento de medicamentos e insumos terapéuticos del sector salud que se había desarrollado en las últimas décadas, para ensayar un nuevo modelo basado en la regionalización.

El desmantelamiento del anterior sistema, que se instrumentó en aras de combatir la corrupción y buscar ahorros, dejó fisuras visibles: medicamentos que viajan por Estafeta, transportación deficiente de fármacos, medicinas imprescindibles para tratar pacientes con Covid19 que no llegan y recetas que no se surten por falta de abasto.

• Quinto Elemento Lab reconstruye la extinta cadena de suministro y las medidas de la administración obradorista para sustituirla, a partir del seguimiento documental de contrataciones de la anterior y la actual administración, así como de consultas con funcionarios y exfuncionarios del sector de salud federal, empresarios de los sectores involucrados y dirigentes de asociaciones médicas.
• El gobierno actual suprimió el sistema de compra consolidada que funcionaba hasta 2018, desplazó al equipo que la procesaba, centralizó las compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y excluyó a la industria de distribución de la ecuación de abastecimiento.
• Tras la desarticulación sobrevinieron licitaciones retrasadas por más de medio año, fallidas, o incompletas hasta en 60% de los productos que se proponía comprar; desabasto por encima de 40%; opacidad extrema en los procedimientos de contratación e incluso conflictos de poder al interior del gabinete.

Carlos Ramos Alcocer, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS), advierte en entrevista que el abasto está por debajo de 60%: “Cuando pretendías lograr algo tan barato que ahora no lo tienes, pues no lograste nada. El producto más caro es el que no hay”.

Por su parte, un exintegrante del gabinete federal de salud, consultado bajo reserva de identidad, resume: “Si hubieran mantenido el mecanismo, habría abasto. Daba certidumbre a la industria y ponía el producto en la clínica. 2018 cerró con abasto de 97.7%”.

Pero, ¿se puede decir con absoluta propiedad que el gobierno desmontó la cadena de suministro?

─ Sí ─responde sin apenas pensarlo Ramos Alcocer─, se partió en varios pedazos.

El desabasto derivado de la supresión de la cadena de suministro ya era grave antes de la llegada de la Covid19 al país, pero con la crisis sanitaria, ambos fenómenos fortalecieron entre sí sus respectivos potenciales nocivos.

Y es que no sólo escasearon antibióticos como la amoxicilina, o antiácidos como el omeprazol en los anaqueles de las unidades médicas. También medicamentos utilizados en el tratamiento de pacientes con Covid19. Entre estos, varios analgésicos, medicamentos hipnótico-sedantes como el propofol, o vasopresores como la norepinefrina, explica en entrevista el médico Javier Saavedra Uribe, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias (SMME). Según Saavedra Uribe, un “abasto suficiente” de medicamentos y  equipo de protección habría servido para salvar más vidas, tanto de pacientes como de personal médico”.

Una pregunta que ronda en la estructura de salud es qué ocurriría si llegara al país la vacuna contra el coronavirus.

━Pues enfrentaría el mismo problema, la distribución ━advierte en entrevista Juan Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF).

Lo que existía

Hasta noviembre de 2018, la cadena de abasto de medicamentos e insumos terapéuticos estaba formada de cuatro piezas: la Comisión Negociadora de Precios (CNP), la Compra Consolidada federal, la infraestructura de almacenamiento y distribución, y los fabricantes (laboratorios).

• El 5% de los medicamentos que compraba el gobierno eran de patente y el 95% genéricos. El precio de los primeros se negociaba cada año, a través de la CNP, directamente con los laboratorios que, como titulares de esas patentes, los fabrican en exclusiva.
• La CNP arrancó en 2007, con participación del IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y los órganos fiscalizadores, explica en entrevista Salomón Chertorivski, excomisionado del Seguro Popular (2009-2012).
• La compra de los genéricos, producidos por múltiples laboratorios, se procesaba a través de la Compra Consolidada del IMSS (CC-IMSS).

El sector farmacéutico registra compras consolidadas desde 1980. Siempre con el mismo sentido, dice Carlos Ramos, director ejecutivo de ANDIS: “comprar mayor volumen y tener, como consecuencia, mejor precio”. Ejemplifica con el ácido acetilsalicílico (conocido por su nombre comercial, aspirina): “en el mercado privado puede costar 10 o 30 pesos [dependiendo de la presentación], y en el mercado público 3 o 4 pesos”.

La compra consolidada del IMSS

Desde 2013, la CC-IMSS incluyó organismos de salud federales y locales, como el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, SEMAR, PEMEX, institutos nacionales (de cancerología, pediatría, enfermedades respiratorias, cardiología, nutrición, psiquiatría, neurología, etc.), hospitales generales, regionales, y organismos u hospitales de los estados.

Se procesaba entre febrero y octubre del año previo al ejercicio para el que se programaba el abasto. En febrero y marzo se “levantaba” la demanda de las instituciones que decidían participar, 40 en promedio. En abril cerraba el plazo para subir sus pedidos.

• El requerimiento pasaba a Adquisiciones. De mayo a agosto, 450 mercadólogos y analistas de datos de la Coordinación Técnica de Investigación de Mercados del IMSS desarrollaban el mercadeo. Procesaban entre 1200 y 1700 claves correspondientes a cada producto. Las licitaciones derivadas se realizaban en septiembre y octubre, y en los dos últimos meses del año se emitían fallos y se firmaban contratos.
• Según los testimonios sociales ⎼memorias de los procesos de contratación elaboradas por observadores independientes, registrados por la SFP y sufragados por las dependencias contratantes⎼, en 2017 participaron 39 instituciones, 17 federales y 22 de los estados; y en 2018 fueron 42, 20 federales y 22 estatales. La ANDIS precisa que 54 instituciones sanitarias han participado en la CC-IMSS.
• Un funcionario operativo de la estructura que desarrollaba dichos procesos, quien ofrece su testimonio bajo reserva de identidad, explica la lógica que los regía: “Se procesaba en el IMSS por el conocimiento técnico en análisis de datos de su equipo, la data histórica única, y la experiencia acumulada en su procesamiento, lo que daba una exactitud a sus resultados difícil de obtener por otra institución del Estado mexicano en el rubro de salud”.

Evaluaban el crecimiento o decrecimiento anual de los derechohabientes por entidad, afluencia de pacientes a las instituciones, evolución del consumo de los productos en ejercicios previos, y variables de mercado.

Con esa información establecían un Precio Máximo de Referencia (PMR) para cada clave, es decir, por cada producto. Ese parámetro evitaba que los proveedores acordaran el precio de un producto para imponerlo al gobierno. Por eso, el PMR debía ser suficientemente bajo para que favoreciera al sector público, pero también suficientemente alto para que resultase atractivo a los proveedores, de modo que las partidas licitadas no quedaran desiertas, es decir, sin ofertas ni asignación de contratos.

“Si tu precio se acercaba al del año anterior o no crecía más que la inflación ─explica el funcionario─, y no quedaban desiertas más del 10% de las partidas, tu licitación había sido exitosa”.

• Cada partida desierta, detalla, “detona una cascada de pequeñas compras del producto en las diversas instituciones, durante el resto del año, a un costo global muy elevado. No es lo mismo que te diga te compro la producción de todo el año, a comprar de a poquito”.

Distribuidores: un demonio con dientes

Definido el PMR, se procedía a las licitaciones. Salomón Chertorivski, excomisionado del Seguro Popular, aclara que la CC-IMSS “compraba el medicamento junto con el servicio de distribución” por el mismo precio.

• El precio establecido por los laboratorios sumado al margen de utilidad de los distribuidores ─de 8 a 10% según sus estimaciones─ formaban la oferta con que estos llegaban a la licitación. “Ni el gobierno podía comprar más barato ni nosotros podíamos vender fuera de los precios regulados”, reitera Carlos Ramos Alcocer, director ejecutivo de ANDIS.
• Juan Villafranca, presidente de AMELAF, lo corrobora y describe la ruta operativa del distribuidor: “Digamos que requería 100 millones de piezas. Pedía 30 al laboratorio A, 30 al B, y 40 al C. En un mes las recogía en cada laboratorio y pagaba. A estos les convenía porque les daba flujo. El distribuidor llevaba a los puntos de recepción un paquete ya consolidado. Y esperaba cuatro o cinco meses a que le pagara el gobierno. El servicio costaba entre 8% y 10% del valor final del producto, e incluía toda la logística y el financiamiento”.
• El funcionario operativo del IMSS citado en líneas previas, explica la conveniencia de ese sistema: “Pensemos que un fabricante produce nada más cinco productos y sólo vende uno de ellos al gobierno, y es omeprazol, una clave que se consume a lo bestia. Si además tiene que distribuir, sus costos suben hasta 60% y también el precio final. El distribuidor en cambio juntaba las 150 claves que había licitado y dividía sus costos entre todas ellas”.

Casi medio centenar de empresas de distribución de medicamentos, exclusivamente orientadas a dar servicio al sector público, surtían más de 1,600 millones de piezas por año en más de 2 mil puntos de entrega de instituciones de salud pública, a través de la CC-IMSS, de acuerdo con las respuestas de la ANDIS a un cuestionario de Quinto Elemento Lab.

Para conectar la producción de 250 plantas de la industria farmacéutica con el sector público de salud, los distribuidores desarrollaron a lo largo de los años una infraestructura de 100 mil metros cuadrados de almacenes a lo largo del país, más de dos veces la superficie del zócalo de la Ciudad de México.

También acumularon 2 mil metros cuadrados de red fría ─una superficie de refrigeración semejante a la mitad de una cancha de fútbol soccer ─ para productos que exigen temperaturas controladas, casi el 30% de la demanda pública.

Por ejemplo, los de origen biotecnológico como las vacunas, hemoderivados, anticuerpos monoclonales, algunos tipos de insulina, factores anticoagulantes muy específicos y algunos retrovirales.

Unos requieren temperatura controlada de 2 a 8 grados; otros hasta 25 o 30. La diversidad climática del país amenaza potencialmente su preservación. Hay regiones como Sonora donde la cabina del conductor de la unidad de transporte registra hasta 50 grados.

“Pero la caja con los medicamentos va estable”, explica Ramos Alcocer, porque “nuestras unidades son secas y frías, no húmedas. Algunas llevan doble motor de refrigeración, tienen aislante, y están validadas y certificadas”.

Compran fármacos vetados para Covid

Desde que se detectara el primer caso de Covid-19 en el país, pasado el 28 de febrero, las autoridades sanitarias del país han firmado 46 contratos para la compra de medicamentos por un total de 6 millones 951 mil 404 pesos; sin embargo en algunos casos, adquirieron ivermectina, tocilizumab y cloroquina; medicamentos que después de marzo fueron contraindicados para el tratamiento del nuevo virus.

A través del mecanismo de contrataciones directas, previsto en la ley federal de adquisiciones en caso de contingencia, las compras fueron realizadas por el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); de acuerdo con el portal de CompraNet, el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones y servicios.

• 45% de las personas que han muerto a consecuencia de la Covid-19 reportaron que padecían hipertensión.

La búsqueda incluyó sólo medicamentos que se hubieran adquirido en el contexto de la pandemia por Covid-19, no material de curación ni otros insumos en los 101 mil 492 contratos registrados este año. El IMSS firmó 27 contratos, el ISSSTE 18 y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, uno.

El 5 de mayo, el IMSS adquirió 13 distintos tipos de medicamentos, entre ellos 702 cajas de 20 tabletas de hidroxicloroquina a través del órgano de operación administrativa desconcentrada regional del Estado de México, cuando a finales de marzo, el subsecretario de Prevención y Salud, Hugo López-Gatell dijo que no estaban “clínicamente probados”.

El 19 de junio, el IMSS compró de manera directa 152 cajas de lopinavir, 16 soluciones inyectables de tocilizumab y 60 cajas con cloroquina para tratar pacientes de Covid-19.

“Para atender tan importante estrategia y se establece un programa de trabajo para un periodo de tiempo reducido, que busca contar con los bienes y que nos permita brindar la mejor operación en las adquisiciones con la finalidad de mejorar la calidad y oportunidad de sus servicios, a efecto de otorgar del servicio médico de manera oportuna y adecuada a los derechohabientes del Instituto”; de esta forma justifican la compra directa.

El mismo día pero en el Estado de México, el IMSS adquirió 152 cajas con lopinavir, 16 cajas con tocilizumab, 60 cajas con cloroquina, y 17 ampolletas con Tocilizumab en su versión inyectable.

25% de los mexicanos que han perdido la vida a causa del nuevo coronavirus reportaron que tenían obesidad.

El contrato se firmó con Gam Solutions S.A de C.V por 6 millones 150 mil pesos.

• Entre las adquisiciones se encuentran tubo endotraqueal 8.5 c/globo; tubo endotraqueal 9.0 c/globo; equipos mango mediano de laringoscopio (equipo completo hojas curvas) marca Welch Allyn; equipos mango de laringoscopio (equipo completo hojas rectas) marca Welch Allyn; bolas de reanimación neonatal; azitromicina; ivermectina, somatropina, azitromicina; oseltamivir, ribavirina; pridotimon; vecuronio; alteplasa, heparina; mercaptopurina y linezolid, entre otros.

El 2 de septiembre, las autoridades sanitarias recomendaron no utilizar hidroxicloroquina, ivermectina, tocilizumab, ni remdesivir, recomendados en su mayoría por falta de información, para tratar casos leves o graves de coronavirus, y de uso comprobado para otras enfermedades, pero en el caso de Covid-19, todavía en fase experimental./Agencias-PUNTOporPUNTO