CORRUPCIÓN en México alienta IMPUNIDAD en los DELITOS AMBIENTALES

Expertos consideran que en México los delitos ambientales se presentan en un contexto en el que los denunciantes corren riesgo de represalias y con una autoridad que actúa de manera deficiente.

Tala ilegal de 54 árboles de la colonia Xoco, por parte del proyecto inmobiliario Mitikah

Los delitos ambientales permanecen impunes. Ya sean afectaciones contra la vegetación natural al cortar, arrancar, derribar o talar árboles, así como cambiar el uso del suelo forestal para explotación comercial sin permisos de la autoridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) identifica en los últimos 10 años dos mil 031 denuncias por este tipo de acciones.

  • En materia de averiguaciones previas –así llamadas antes de la reforma al sistema de justicia–, de 2011 a 2016 se consideran mil 032 asuntos, hay registro de 941 carpetas de investigación iniciadas de 2015 a 2020, en tanto que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) complementa la información con un reporte de 58 expedientes.

Los datos no consideran todos los delitos sobre asuntos ambientales, ya que la gran mayoría los lleva la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La Fiscalía concentra aquellos en los que se presume la presencia de personas armadas, se configura presencia de delincuencia organizada u otros grupos.

  • El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la Semarnat carece de información actualizada sobre delitos del año 2020, la cual se dará a conocer en abril de este año. Los informes de 2019 indican que hay identificadas 122 zonas críticas forestales por parte de la Profepa.
  • Esta Procuraduría reconoce que las actividades ilícitas en materia forestal más frecuentes son la tala ilegal y los cambios de uso de suelo sin autorización que han provocado “la deforestación de grandes superficies arboladas”.

Desde 2007, en México se implementó el programa “Cero Tolerancia a la Tala Clandestina”, con especial énfasis en Michoacán y el Estado de México, con el objetivo de reducir el impacto ambiental.

Ante las ganancias que genera la explotación de recursos naturales para la construcción o el cambio de uso de suelo, en donde empresarios se apoderan de territorios para el plantío de aguacate para exportar, por ejemplo, prefieren pagar las multas antes que detener el avance de sus proyectos.

  • Estos actos ilícitos se reportan en todos los estados del país y la tendencia se mantiene tras un año en que hubo menos presencia de actividad social debido al encierro por la pandemia de COVID-19.
  • Expertos consultados consideran que en México los delitos ambientales se presentan en un contexto en el que los denunciantes corren riesgo de represalias y con una autoridad que actúa de manera deficiente.

Los pobladores saben y a veces les da miedo, tienen un temor fundado de denunciar directamente quiénes son los que están haciendo eso, aunque pueden aportar elementos.- Fabiola Vite, Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

“Lo que a veces hacen es llamar y decir ‘en este momento están talando el bosque’, pero de ahí a que llega la autoridad investigadora el talamontes ya se fue, entonces viene un tema también de posible persecución a quienes denuncian esta situación que los pone en riesgo”, afirma Fabiola Vite, Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Arturo Chacón, profesor investigador decano del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la UMSNH, considera que los delitos ambientales prevalecen principalmente por la corrupción y la falta de capacitación de los jueces en la materia.

“Gran parte de esto es por la juventud que tiene el Código Penal para poder atacar este problema y, segundo, no existen jueces capacitados para poder hacer este tipo de procesos de aplicación de la ley.

“Si no lo han sabido hacer en cuestiones de feminicidios, el problema de los de Ayotzinapa, el problema del huachicoleo y el crimen organizado y todo eso, mucho menos le han entrado a la cuestión de los crímenes ambientales”, refiere el experto de la Universidad Michoacana.

  • En tanto, el Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal y el Contrabando Forestal apunta que en las zonas forestales de México habitan alrededor de 12 millones de personas que en su mayoría padecen altos índices de marginación y pobreza; y realizan prácticas de autoconsumo de diferente intensidad.

“La extracción de este tipo de productos ocasiona alteraciones dentro del funcionamiento del ecosistema natural ya que producen daños irreversibles; estos productos incluyen: el carbón, las resinas, tierra de monte, hongos silvestres, plantas para fibras y ceras, así como semillas, tallos, hojas, frutos, rizomas y plantas completas.

“La mayoría de estos productos son recolectados de manera rústica. Cada año se tienen en el mercado cerca de 100 productos, de los cuales 70 están bajo control oficial. Su producción anual promedio es de aproximadamente 70 mil toneladas”, explica.

  • Para los expertos, este tipo de consumo no es de alto impacto para los bosques y muchas veces está relacionado con conductas propias de la cosmovisión de los pueblos originarios, en tanto, a menudo se reportan detenciones de los pobladores que realizan estas prácticas y no tan fácilmente ocurren detenciones de las mafias que trafican con estos productos naturales que provocan daños irreversibles para el medio ambiente.

Delitos ambientales en la Ciudad de México creció 49%

En los últimos 5 años, la Ciudad de México ha padecido un “boom” de denuncias por delitos ambientales al aumentar su incidencia en un 49 por ciento.

Esto es una consecuencia del crecimiento irregular de la mancha urbana y también del llamado “Cártel Inmobiliario”, situaciones derivadas de la necesidad de vivienda, aseguran especialistas.

  • De acuerdo con las Estadísticas de Resultados de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, en el 2015 ésta recibió 3 mil 466 denuncias, cifra que creció a 5 mil 169 en el 2019. Es decir, un 49 por ciento más.
  • Del 2002 a marzo de 2020 se presentaron 44,166 denuncias ante la PAOT; el 2019 ha sido el año con más denuncias, de acuerdo a sus estadísticas
  • Tan solo durante el primer trimestre del 2020, el órgano defensor del medio ambiente capitalino acumula mil 169 querellas.

Además, en el 2019 se presentaron el 11.7 por ciento de todas las denuncias de delitos que ascienden a 44 mil 166 desde el 2002, según las cifras que se pueden consultar en el portal de la PAOT.

Lo que convierte al año pasado en el que más hubo incidencia de crímenes ambientales en la capital.

Necesidad de vivienda detona los delitos

El creciente número de habitantes en la Ciudad de México y su necesidad de vivienda son los factores que provocan el aumento de delitos ambientales, asegura Milca Judith Calzada Lemus, maestra en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La ciudad crece y la población también. Entonces necesita un lugar donde vivir, lo que genera asentamientos urbanos irregulares, que provocan delitos ambientales. También la problemática motiva el desarrollo inmobiliario”, dice la especialista.

  • De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la capital la población ha aumentado en 2 millones de habitantes durante los últimos 35 años.
  • Según los datos consultados, en 1970 vivían 6.9 millones de personas en la ciudad, cifra que se incrementó a 8.9 millones en 2015.

Calzada Lemus considera que este crecimiento poblacional ha provocado que la mancha urbana de la capital se extienda y cause crímenes ambientales vinculados con la pérdida de áreas verdes.

  • El estudio “Las Áreas Verdes de la Ciudad de México. Una visión integral” publicado en 2018 por la PAOT, muestra que entre el 2006 y el 2014, la metrópoli perdió un promedio anual de 209 hectáreas de vegetación por año, lo que da un total de mil 679 hectáreas menos en ese periodo.

Además de la extensión de la mancha urbana y la deforestación, el aumento de la población también provocó un “boom” inmobiliario en el sexenio gubernamental 2012-2018, encabezado por Miguel Ángel Mancera, que está relacionado con la comisión de delitos ambientales, afirma Calzada Lemus.

  • Según datos dados a conocer en marzo de 2017 por el Gobierno local, en la Ciudad de México de 2012 a 2017 se invirtieron 13 mil millones de pesos en el rubro inmobiliario y se construyeron 18 millones de metros cuadrados de edificios de departamentos y comerciales.
  • Lo que se vio reflejado en irregularidades. Vecinos de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, principalmente, denunciaron públicamente que los desarrolladores inmobiliarios violaban permisos de construcción y cometían irregularidades administrativas, que provocaban falta de agua en sus localidades y otras afectaciones.

En marzo 2019, estas anomalías fueron evidenciadas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en un informe.

La mandataria local dio a conocer que de la revisión de 174 polígonos de actuación en los que se incentivó el desarrollo inmobiliario durante la administración anterior, se encontraron irregularidades en 48, que es el 27 por ciento.

Calzada Lemus indica que para evitar más afectaciones, la política urbana de la capital debe cambiar y considerar de manera integral al medio ambiente en sus proyectos de desarrollo.

Este aumento de delitos apenas se empieza a reflejar en más inundaciones durante lluvias y contaminación, pero a largo plazo será peor. La política de construcción no debe ir separada del medio ambiente.- Milca Judith Calzada Lemus, Maestra en Ciencias Sociales y Económicas de la UNAM

¿Cómo denunciarlos?

En la Ciudad de México los delitos ambientales se castigan hasta con 9 años de cárcel, pues dañan el patrimonio natural o multas económicas.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que las personas que sean testigos de un delito ambiental, pueden denunciar ante la PAOT, Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, ya sea a través de redes sociales o del teléfono 55 5265 0780.

  • Así como ante la Fedapur, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana 55 5346 8916 o la DGIVA, Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Ciudad de México al 55 5134 2380 extensión 4110.
  • o También ante la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al 800 776 3372.

Se recomendó que para que la denuncia sea más efectiva se presente por escrito, una vez que se contactó con la instancia correspondiente, para ello hay que tener a la mano: fecha, ubicación, fotografías o evidencias y narración de los hechos.

¿Qué acciones son consideradas delitos ambientales?

  • Invasión, despojo o venta de lotes en suelo forestal o agrícola.
  • Tala, poda o transporte de arbolado.
  • Cambio o uso de suelo.
  • Acarreo de piedra, tierra negra o de monte.
  • Tiro de cascajo.
  • Provocar incendios forestales./Agencias-PUNTOporPUNTO

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