La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha convertido en una constructora muy poderosa en México, pero su disciplina militar no la ha blindado de cometer fallas en sus procesos de contratación. Esta investigación revela que en 17 obras militares y civiles la Sedena contrató como proveedoras a 100 empresas que incumplieron requisitos legales, no contaban con el personal ni la capacidad técnica para realizar los trabajos o simplemente eran empresas fachada.
- Entre 2007 y 2018 la Sedena no solo combatió al crimen organizado en la llamada guerra contra el narcotráfico, sino que también realizó 851 obras que le fueron encargadas por diversas dependencias gubernamentales por administración directa, un modelo previsto en la ley de obras que no necesita sujetarse a una licitación pública.
En una revisión hecha solo a 17 de las 851 obras realizadas en los dos sexenios anteriores se encontró que la dependencia militar destinó más de 46.000 millones de dólares para contratar como proveedoras de bienes y servicios a un centenar de empresas con inconsistencias, que firmaron contratos en un procedimiento desaseado o con irregularidades.
Ninguna de las 100 compañías estuvo inscrita en el padrón de proveedores de la Sedena, una veintena de ellas fueron creadas ex profeso para las obras, nueve se disolvieron meses después del contrato, siete no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía y tres fueron sancionadas por la Función Pública.
- Cinco empresas o sus socios están señalados en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas que simulan operaciones, ocho proveedores no fueron localizados y cinco tienen algún incumplimiento fiscal que les impediría recibir contratos, mientras que en ocho casos más alguno de los socios formó parte de algún padrón de beneficiarios de programas sociales.
- Tras visitar las direcciones fiscales y de los dueños de 70 de las 100 empresas se encontró que nueve reportaron un número de vivienda que no existía, mientras que en 31 domicilios no había ninguna empresa porque nunca operaron ahí o fueron desmanteladas. En la dirección de una empresa en el Edomex, por ejemplo, en realidad había un gimnasio y en otras dos ubicadas en Puebla un negocio de barbacoa y una papelería.
En otras tres compañías no había personal laborando o eran oficinas virtuales. En una más se estaban mudando de instalaciones y en otras dos los dueños desconocían la dirección exacta de su negocio. Tras entrevistar a un centenar de personas, entre supuestos dueños, familiares de los accionistas y vecinos de las zonas donde se ubicaban las empresas, se encontró que algunos dueños de éstas solo fungieron como prestanombres y en realidad se dedican a trabajar de taxistas, meseros, empleados en un call center, cargadores de mudanzas, venden tacos o cosméticos y son estudiantes o amas de casa.
Además, la mayoría de los domicilios de las empresas o sus dueños están ubicados en unidades habitacionales, vecindades o asentamientos irregulares apostados en cerros o barrancos, que no cuentan con nombre en sus calles y que para llegar hay que sortear caminos empinados y calles estrechas en las periferias de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Puebla y Estado de México.
Se detectaron al menos seis redes de empresas que comparten apoderados legales, accionistas, comisarios, gerentes, notarios, administradores y dirección fiscal, o fueron creadas en la misma fecha.
- También se detectó que se contrataron a ingenieros militares en situación de retiro que en 2012 constituyeron una empresa llamada Neproc Construcciones, que en su página web presume realizar obras para la Defensa Nacional y Marina.
- En los contratos otorgados vía transparencia por un monto de 2.675.862 millones de dólares, la empresa brindó como una de sus direcciones fiscales una vecindad en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí una enfermera que habita el domicilio desde hace una década dijo que ella nunca ha tenido ningún negocio.
En el segundo domicilio reportado en la colonia Anzures, en la Miguel Hidalgo, un hombre que se identificó como el administrador de la empresa dijo que todo lo relacionado a los contratos era información confidencial y se negó a brindar una entrevista.
La Sedena comenzó a realizar obras por administración directa en el Gobierno de Felipe Calderón. En ese sexenio (2006-2012) ejecutó 199 proyectos, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto realizó 652 obras. En este gobierno la Sedena ha firmado cinco convenios de obras públicas, según el primer informe de labores de la dependencia militar. El proyecto más importante es la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
En cada una de las obras, la Sedena tuvo que contratar a su vez a cientos de empresas que le ayudaran a ejecutar los trabajos. En las 17 obras revisadas para este reportaje se encontró que en 160 contratos la dependencia evadió la licitación pública argumentando seguridad nacional o que tenía una necesidad inmediata por terminar lo más antes posible la obra y por ello no podía someterse a los tiempos establecidos en una licitación.
La Sedena ha argumentado que realiza obras por administración directa porque una de las misiones de las Fuerzas Armadas es “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”, según su ley Orgánica. Para ello pueden coordinarse con otras dependencias, siempre y cuando lo apruebe el presidente de la república.
- Las dependencias federales que le han encargado a Sedena la edificación de obras son el SAT, Sagarpa, Secretaría de Salud, Semarnat, Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Conagua, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y hasta la Agencia Espacial Mexicana, entre otras. En los estados ha hecho obras con los gobiernos de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Coahuila, Chiapas y Oaxaca, entre otros.
Entre las obras realizadas hay desde instalaciones militares hasta distribuidores viales, caminos rurales, carreteras, escuelas, hospitales, aduanas, parques, plantas de tratamiento de aguas residuales y hasta un centro regional de desarrollo espacial.
Las empresas fantasmas y con prestanombres de la Sedena
Entre las empresas subcontratadas por la Sedena hay dos que han sido declaradas por el SAT como simuladoras de operaciones y otras tres donde sus dueños o apoderados legales también han sido señalados.
Una de ellas es Grubernova, que en 2015 vendió insumos para la construcción de una escuela en el campo militar de San Miguel de los Jagueyes, en el Estado de México. En la dirección fiscal que reportó la empresa hay un negocio de barbacoa llamado el Hidalguense que opera desde mayo de 2017 y anteriormente, según los vecinos, había una empresa de bienes raíces llamada Birsa.
- El 1 de agosto de 2017 la compañía apareció en el SAT como presunta empresa que expide comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y el 16 de abril de 2018 las autoridades hacendarias la colocaron en el listado de definitivas.
- Además hay otras ocho empresas o dueños de éstas que fueron reportados por el SAT como no localizados desde 2014, como Francisco Javier López Rodríguez, socio y gerente de Servicios Integrales de Construcción e Ingeniería Ideal, que apareció en los listados del fisco en enero de 2014 y al siguiente año fue contratada.
Al acudir al domicilio reportado en Puebla, este medio tampoco pudo localizarlo porque el número de la vivienda (203) no existe. Al hacer un recorrido por la avenida 33 Poniente la numeración salta del 125 al 300.
También se buscó a Héctor González Baez, otro de los dueños, pero en el domicilio no quisieron brindar información. Una de las vecinas dijo que González Baez se dedicaba a vender tacos. Al hablar al teléfono que reportó la empresa en un padrón de proveedores de Puebla, contestó la administradora de otra empresa que brinda asesoría en temas ecológicos y dijo que no conocía a la compañía.
- Nueve proveedores aparecen actualmente en los listados del SAT con créditos (adeudos) fiscales firmes, y cinco de ellos ya estaban en este supuesto cuando Sedena los contrató, por lo que no debieron recibir recursos. El Código Fiscal de la Federación prohíbe a los gobiernos y dependencias contratar o adquirir servicios con contribuyentes que hayan incumplido una obligación.
- Al menos 9 empresas se disolvieron legalmente entre uno y dos años después de haber sido contratadas por Sedena y una más fue embargada por un juez. En los domicilios fiscales que reportaron ya no hay rastro de ellas.
Una de ellas es Comercializadora de Madera para la Construcción del Centro que estaba ubicada en un edificio en la colonia La Paz en Puebla, donde el encargado dijo que eran las “oficinas virtuales” de varias compañías, un espacio donde una persona se encarga de recibir llamadas y correspondencia.
Tres firmas fueron sancionadas por la Función Pública y una más, Constayma, fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por haber simulado operaciones con beneficiarios de subsidios otorgados por Sagarpa al ser parte de una red que “facturó servicios que no fueron realizados, los equipos o infraestructuras facturados ya existían y, en otros casos, no fueron localizados”.
- Esta empresa se encuentra ubicada en la colonia La Paz, en Puebla, donde también está instalada Concretos Luaya, constituida el 20 de junio de 2016 por el notario y ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y la cual firmó un contrato con Sedena por 1.3 millones de pesos en 2018 para venderle concreto en la construcción de un Centro Aeroespacial en Zacatecas.
Una de las socias de esta empresa es Rubí Esmeralda Costeño, que en el acta notarial dijo ser “vendedora especializada”, y quien aparece en un padrón de beneficiadas con techos de lámina de un programa de la entonces Secretaría de Desarrollo Social.
En el acta constitutiva la joven aportó una dirección incorrecta, ya que la calle no corresponde con la colonia. “Con domicilio en calle Tlacaelel, manzana letra a, lote quince, colonia Joyas del Sur, Puebla, Puebla”, manifestó.
Además de Luaya, hay otras dos empresas con irregularidades donde el exgobernador de Puebla también fungió como fedatario. Nacional Maderera Pucte, por ejemplo, fue creada el 11 de febrero de 2016 y ocho meses después ya estaba firmando un contrato con Sedena para venderle madera en la construcción de un camino rural en Guerrero.
- Fue constituida por José López Cruz, que entonces tenía 19 años y que reportó como domicilio una vivienda en Puebla a medio despintar y dañada por la humedad. Al visitar el lugar donde vivía con sus hermanas, éstas contaron que actualmente trabaja de mesero y anteriormente despachaba en una tortillería.
- En entrevista el joven aceptó haber firmado unos documentos, pero nunca supo donde estaban ubicadas las oficinas de la empresa y tampoco recibió ningún peso de la misma. “Nomás hice lo legal y ya de lo demás no me enteré”, afirmó.
La tercera compañía avalada por Mario Marín es Islort Construcciones y Concretos. Uno de los dueños es Telésforo García Baleón, que declaró ser comerciante y vivir en la unidad habitacional San Miguel, en una zona popular en Puebla.
Al acudir al domicilio, la hermana de Telésforo contó que desde hace una década él ya no vivía ahí y que actualmente se dedicaba a cargar muebles en una empresa de mudanzas. Anteriormente se dedicaba a repartir correspondencia.
En los antecedentes notariales de Islort aparece como apoderada Elva Eugenia Torres, que a su vez es socia de Concretos Luaya, otra empresa que también pasó por la notaría de Mario Marín, y que fue creada diez días después que Islort.
Sedena debe aclarar posibles daños a la Hacienda Pública en la 4T
Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su sexenio en diciembre de 2018, entre sus planes para frenar los actos de corrupción en obras de infraestructura pública siempre estuvo incluir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como un nuevo actor en el sector de la construcción a gran escala.
El proyecto de edificación de un complejo urbano en Santa Fe, su participación en las obras del Tren Maya, la responsabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, e incluso un acuerdo de Colaboración para la Construcción de Infraestructura entre la Sedena y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2019) para desarrollar carreteras, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, sistemas satelitales, entre otros, dan cuenta del peso que tiene y que tendrá la Sedena como constructora durante éste sexenio.
Sin embargo, la Sedena y sus dependencias no están exentas de incurrir en irregularidades que pueden o no estar ligadas a actos de corrupción, pero que en definitiva suponen fallas administrativas de diversa índole.
- En la última entrega de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró 12 millones 438 mil 20 pesos en posibles daños a la Hacienda Pública Federal por parte del sector de la Defensa Nacional, que están relacionados con obras de infraestructura pública militar.
Entre las irregularidades ligadas a la Secretaría del General Luis Cresencio Sandoval González están las obras para edificar el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, que tiene la misión de capacitar a personal civil y militar para especializarlos en tácticas y operaciones de mantenimiento de la paz, en concordancia con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas.
- La construcción del Centro inaugurado en enero de 2019 por el Presidente AMLO implicó probables daños por 9 millones 791 mil 557 pesos ligados a pagos realizados fuera de norma, así como a pagos en demasía debido a que los volúmenes de obra pagados fueron –en algunos casos– mayores a los ejecutados, o debido a que hubo diferencias entre los salarios pagados y acordados, duplicidad de conceptos pagados y pagos no acreditados, de acuerdo con la auditoría número 2019-0-07100-22-0065-202065-GB.
- En 2019, la ASF también encontró probables daños al erario público por 826 mil 404 pesos relacionados con obras de demolición del proyecto de construcción de una unidad habitacional naval en Veracruz por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam). De acuerdo con la auditoría número 2019-1-07HXA-22-0072-202072-GB, las autoridades responsables de las obras no registraron el volumen de las estructuras a demoler, lo que influye en el costo de la obra.
Aunque el Issfam cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, la Auditoría determinó que la institución tuvo problemas contables y procesales, además de que incurrió en incumplimientos administrativos, normativos y contractuales, entre ellos los vinculados con funciones de verificación, amortización de anticipos e incrementos injustificados de plazos por contrato.
Asimismo, la ASF señaló que hubo una “deficiente planeación de obra, toda vez que el proyecto de la unidad habitacional naval no fue coincidente con los conceptos de trabajo del presupuesto de la Sedena”.
El año pasado, Issfam también causó probables daños económicos por 1 millón 820 mil 60 pesos relacionados con la construcción de una unidad habitacional militar en Chiapas. La auditoría número 2019-1-07HXA-22-0071-202071-GB indica que el perjuicio se debió a “pagos efectuados sin el soporte que permita comprobar que fueron devengados, toda vez que las estimaciones carecen de los números generadores, fotos, notas de bitácora y croquis de localización que acrediten los volúmenes de obra ejecutados”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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