En 2023, miembros de un grupo delictivo asesinaron al esposo de Carmen, quien para sostener el hogar a partir de entonces se dedicó a vender ropa, zapatos y otros productos en un tianguis de la región.
- Cuatro meses después, madre e hijo fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de la misma organización criminal.
- Carmen y su menor hijo de 11 años, Tomás, permanecen en una ciudad fronteriza desde hace más de un año en espera de la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos y solicitar asilo humanitario.
- Igual que muchas otras personas, la mujer y el niño están huyendo de actos de violencia ocasionados por células del crimen organizado en su lugar de origen.
Con epicentro en Chiapas
El testimonio anterior forma parte del informe Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2024, elaborado y presentado recientemente por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), donde se establece que, a causa de la violencia criminal, los enfrentamientos armados y la presencia de grupos delictivos al menos 28 mil 943 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares durante 2024.
- Esa cifra representa un incremento de 129% respecto de los 12 mil 623 desplazamientos documentados en 2023, y configura lo que la institución califica como una “emergencia humanitaria silenciosa”, extendida a lo largo de 13 estados del país.
- De acuerdo con el documento del PDH Ibero, a lo largo de 2024 se identificó un total de 72 eventos de desplazamiento interno masivo causados por violencia armada, conflictos sociales o desastres asociados a fenómenos naturales, por lo que además de creciente, se trata de un fenómeno invisibilizado y deficientemente atendido por el Estado.
- La Universidad Iberoamericana expone que 79% de los desplazamientos fueron detonados por acciones violentas de grupos criminales: asesinatos, enfrentamientos armados, amenazas colectivas, desapariciones, bloqueos carreteros y ataques con drones y explosivos.
El resto se originó por conflictos agrarios o comunitarios (15%) y por desastres asociados a fenómenos naturales (6%).
En la mayoría de los casos los desplazados enfrentan condiciones de extrema precariedad como falta de albergue, atención médica, servicios básicos y protección, además de que sus derechos humanos son sistemáticamente vulnerados ante la inacción de las autoridades.
- Durante 2024 el epicentro de la crisis de desplazamientos forzados se localizó en Chiapas, particularmente en su frontera con Guatemala, debido a los enfrentamientos entre grupos criminales en municipios como Frontera Comalapa, Tila, Pantelhó, Motozintla y Chicomuselo.
El documento revela que, con 17 mil 865 personas desplazadas, Chiapas concentró 61.8% del total nacional.
Estrategia a medias
Uno de los casos más dramáticos ocurrió en Tila en junio de 2024, cuando más de seis mil 800 personas huyeron simultáneamente luego de la irrupción de civiles armados, quema de viviendas y cierre del acceso por carretera. La violencia fue tan intensa que al menos 600 personas cruzaron a pie hacia Guatemala, buscando un refugio que el Estado mexicano no les garantizó.
- El segundo estado más afectado fue Sinaloa, con cuatro mil 480 personas desplazadas (15.5%), sobre todo en la zona serrana de Badiraguato, en comunidades como San José del Llano, donde se reportaron enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa.
- Le siguen Michoacán y Chihuahua, cada uno con 5.4% de los casos, y Guerrero con 4.8%; también se documentaron desplazamientos en Sonora, Durango, Jalisco, Zacatecas, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Nayarit.
- La región de Tierra Caliente, en Michoacán, ha vivido tres grandes oleadas de desplazamiento forzado desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, en 2006. La más reciente comenzó en diciembre de 2020 y se mantiene vigente.
Un consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) explica en entrevista con Proceso que en la zona prevalecen los llamados “desplazamientos a cuentagotas”: movimientos discretos de pocas familias, difíciles de documentar, pero persistentes y devastadores.
“La gente huye sin que nadie se entere. Por eso en los informes como el de la Ibero, sólo aparecen los eventos masivos, aunque el fenómeno real es mucho más amplio”, señala.
El consejero reconoció avances como la implementación de un reglamento municipal específico en Apatzingán –único en el país–, que prevé la atención diferenciada a personas desplazadas, y que faculta al ayuntamiento a coordinarse con el estado y la federación. Sin embargo, critica que este reglamento esté siendo subutilizado.
Ante los recientes desplazamientos ocurridos en comunidades del municipio, comenta: El ayuntamiento ha ofrecido una línea de WhatsApp, albergues, medicamentos, regularización escolar y expedición de documentos oficiales, pero falta lo más importante: evaluar riesgos, canalizar adecuadamente los casos y construir condiciones reales para un retorno seguro.
- A escala nacional, el PDH Ibero advierte que el Estado mexicano sigue sin reconocer plenamente a las personas desplazadas como víctimas de violencia generalizada. No existen mecanismos oficiales de registro, seguimiento ni atención integral, y muchos gobiernos estatales y municipales tienden a minimizar o negar los hechos.
- La falta de legislación agrava el problema: en abril de 2019 el gobierno federal reconoció oficialmente el desplazamiento forzado y en 2020 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y fue turnada al Senado, donde no avanzó en comisiones y en abril de 2024 fue desechada por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado.
El informe del PDH Ibero califica lo anterior como “un grave retroceso en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas desplazadas internas en México”.
- El representante del OSHRA (organismo que participó en el informe del PDH de la Universidad Iberoamericana) señala que en el caso de Michoacán un proyecto de ley estatal en la materia fue presentado en octubre de 2023, pero permanece detenido en la Consejería Jurídica del Gobierno del estado, en tanto que las autoridades estatales han reconocido públicamente que Apatzingán y Buenavista son los municipios michoacanos con mayor número de desplazados y también los que registran más artefactos explosivos decomisados, dos fenómenos íntimamente vinculados.
- De acuerdo con el documento “Travesías forzadas”, si bien ha habido algunos avances como la aprobación de leyes estatales en materia de desplazamiento interno y sentencias favorables, como la otorgada por la SCJN en 2024 a familias desplazadas en Chihuahua, “la respuesta gubernamental ha sido gradual y fragmentada”.
- Expone que, pese a las movilizaciones y exigencias de las comunidades afectadas, en muchos contextos las autoridades de los tres niveles de gobierno han adoptado una posición restrictiva, argumentando que, en ausencia de una denuncia penal formal o de una amenaza directa identificable, el desplazamiento interno por violencia no puede ser reconocido oficialmente.
“Aunque en algunas entidades, como Sinaloa, se han documentado casos en los que se brinda atención sin requerir denuncia previa, esta no es la regla general. La falta de criterios homogéneos y de un marco normativo que reconozca de forma clara el fenómeno limita el acceso a mecanismos de protección y apoyo, y contribuye a que el desplazamiento interno se consolide como un fenómeno estructural, derivando en una crisis humanitaria de mayor escala”, añade.
- El estudio del PDH Ibero advierte que corresponde a las autoridades reconocer, registrar y atender el desplazamiento interno en el país, pero enfatiza que las respuestas institucionales son predominantemente reactivas, es decir, ocurren una vez que el desplazamiento ya ha tenido lugar.
- El documento hace notar la necesidad de aprobar una Ley General sobre Desplazamiento Interno Forzado, la creación de un sistema nacional de atención integral, el establecimiento de registros oficiales actualizados y la incorporación de criterios socioeconómicos que permitan evaluar si existen condiciones reales de retorno”.
En suma, el PDH Ibero advierte que la tragedia del desplazamiento forzado interno en México continuará agravándose si el Estado no asume su responsabilidad con enfoque de derechos humanos. Mientras tanto, miles de personas seguirán huyendo, sin casa, sin escuela, sin justicia y sin garantías de regreso.
“Esta crisis no sólo trunca trayectorias escolares o laborales; destruye comunidades enteras y pone en evidencia que hay territorios donde el Estado mexicano ha dejado de estar presente”, concluye el consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.
Se recrudece violencia en Chiapas
Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis local, lamentó el resurgimiento de la violencia en el municipio de Frontera Comalapa, donde el viernes presuntos miembros del crimen organizado asesinaron al presidente del comisariado ejidal de El Sabinalito, Rudy Aguilar Lucas y a su hermano Manolo Aguilar Lucas.
- La calma no era total, había como una pausa y desgraciadamente hay nuevos brotes de violencia e inseguridad en esa región colindante con Guatemala, afirmó.
- Qué lástima, pero es eso; hay que decidirnos a que, por nuestra parte, con la palabra y obras sembremos la paz, subrayó.
Entrevistado después de la misa que ofició en la catedral a las 12 horas, Aguilar Martínez expresó que no dejo de repetir:
- La paz requiere, como nos decía San Juan XXII, de verdad, justicia, libertad y amor.
De acuerdo con pobladores de Frontera Comalapa, en las semanas recientes se han incrementado los hechos violentos y secuestros cometidos por presuntos integrantes de organizaciones delincuenciales.
El atentado más reciente se cometió la madrugada del viernes pasado, cuando fueron ultimados a tiros el presidente del comisariado del ejido El Sabinalito, Rudy y su hermano Manolo, hermanos también del ex alcalde priísta Jorge Antonio Aguilar Lucas.
Luego de estos acontecimientos violentos, las fuerzas de seguridad de los tres niveles reforzaron la vigencia en la región, incluso con sobrevuelos de un helicóptero oficial.
Habitantes de Frontera Comalapa señalaron que a raíz de los levantones y del doble homicidio, la tensión aumentó en la zona.
- La disputa del territorio entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa a partir de mediados de 2021, ha provocado asesinatos, enfrentamientos, con heridos y/o muertos, quema de vehículos, desapariciones, bloqueos carreteros y cobro de derecho de piso.
Con la llegada del nuevo gobierno estatal, a partir del 8 de diciembre pasado, se había controlado un poco la inseguridad, pero en las semanas recientes han resurgido las agresiones.
Violencia en Michoacán provoca desplazamiento forzado
La disputa entre células del crimen organizado ha alcanzado nuevos niveles de violencia en Apatzingán, Michoacán, donde decenas de familias han tenido que abandonar sus comunidades rurales para refugiarse en la cabecera municipal, huyendo del fuego cruzado entre grupos armados.
- De acuerdo con reportes oficiales y testimonios locales, los enfrentamientos recientes entre una alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de Los Viagras contra lo que queda de Los Caballeros Templarios han dejado una estela de temor, desplazamiento y destrucción en la región. La batalla por el control del narcotráfico y la extorsión a productores de limón ha convertido a varias comunidades en zonas de guerra.
- El Guayabo, El Alcalde, El Morado, El Manzo, El Mirador, Cerro Blanco, Puerta de Álamos y Loma de los Hoyos son algunas de las localidades afectadas. Sus habitantes (en su mayoría campesinos) se han visto forzados a huir en medio de ráfagas de balas, explosiones y bloqueos carreteros. Muchas familias han buscado refugio en casas de conocidos o en albergues improvisados en la zona urbana del municipio.
El viernes pasado, la violencia escaló cuando fuerzas estatales y federales repelieron un ataque en la comunidad de La Piedra. En el operativo fue abatido un presunto sicario y detenidos dos más, identificados como Francisco Javier “El Enano” y Juan Carlos “El Peso Pluma”. Además, se aseguraron cuatro armas largas, 15 cargadores, más de 400 cartuchos útiles y equipo táctico.
Un día antes, el CJNG habría detonado explosivos y disparado armas de alto poder en El Guayabo, lo que desató una confrontación directa con un grupo rival. El saldo fue de dos sicarios muertos, así como vehículos blindados (conocidos como “monstruos”) completamente calcinados en una brecha cercana.
Frente a este panorama, la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola, reconoció en un mensaje difundido por redes sociales la gravedad de la situación: “Les suplico que nos apoyen y exclusivamente nos ayuden a ubicar familias que han tenido que salir de sus comunidades”, expresó.
- Aunque no detalló el número de personas desplazadas, la edil informó que el Ayuntamiento ofrecerá apoyo alimentario, cobijas, colchonetas y atención médica a los afectados. “Ninguna persona debería enfrentar una situación de vulnerabilidad como esta”, señaló la también exdiputada local, quien lamentó que muchas familias vivan actualmente en condiciones precarias.
A pesar de la situación, Arreola no lanzó reclamos a los gobiernos estatal o federal. Por el contrario, afirmó que su administración “cierra filas” con las autoridades “para contribuir en lo que corresponda en estos momentos complicados”.
Operación Apatzingán, operativo para reducir la delincuencia en Michoacán
En respuesta a la ola de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzaron sus labores preventivas y operativas a través del despliegue de la Operación Apatzingán, una estrategia que busca reducir la incidencia delictiva y garantizar el orden público. Las acciones incluyen patrullajes aéreos y terrestres, instalación de filtros itinerantes de inspección, así como el monitoreo constante con las cámaras del C5 y los arcos carreteros.
- La SSP invitó a la población a reportar cualquier emergencia o hecho delictivo a través de los números 911 y 089, como parte de los esfuerzos para mantener la seguridad en el municipio.
Mientras tanto, los pobladores siguen esperando una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad. La región de Tierra Caliente, una de las más golpeadas por la violencia en México, vuelve a ser epicentro de un conflicto que, lejos de ceder, se agudiza con el paso de los días.
Las 10 crisis de desplazamiento forzado en México
La migración ha sido un proceso regular en la historia de la humanidad, ha estado presente desde los primeros tiempos y permite que las personas busquen nuevas oportunidades en otras latitudes.
- El problema es que no toda migración es voluntaria y en ocasiones ni siquiera se hace para buscar mejores condiciones, sino que se realiza de manera forzada para salvar la vida.
- En otros países como Colombia, el fenómeno del desplazamiento forzado, provocado por la violencia y el crimen organizado, ha sido estudiado en extenso, ya que se estima que 4 millones de personas han tenido que dejar su hogar por miedo a ser víctimas de ataques.
- En México el problema no llega a dichas dimensiones, pero la cantidad de desplazados va en aumento y ya se puede considerar una crisis humanitaria, poco estudiada y sobre la que no se han implementado políticas públicas efectivas para su atención.
El programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana estima que, en 2024, un aproximado de 26 mil personas tuvieron que dejar de manera involuntaria su hogar para trasladarse a otro municipio, siendo la principal razón de ello la incursión de grupos de delincuencia organizada, que provocó la huida de personas en decenas de localidades de todo el país.
Para complementar estos datos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha estimado que desde 2012 se tiene conocimiento de casi 380 mil personas desplazadas en México, lo cual ya constituye un problema urgente que debe ser atendido.
- Es como si toda la población de una ciudad del tamaño de Pachuca se hubiera mudado en un lapso de 13 años.
En políticas públicas uno de los primeros pasos para diseñar acciones para hacer frente a un problema es delimitarlo, saber con certeza dónde se focaliza y a quienes afecta, es por ello que el presente texto girará en torno a las mayores crisis de desplazamiento forzado que hemos experimentado en México en los últimos años.
- En Guerrero encontramos los dos primeros nodos de desplazamiento forzado, el primero de ellos se ubica en la zona de Tierra Caliente y la Sierra Sur, con especial énfasis en los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso. Suman un aproximado de 5 mil desplazados derivado de los constantes enfrentamientos de las organizaciones que se pelean la zona, que es la principal productora de amapola del país. En dicho conflicto participan la Familia Michoacana, los Tequileros, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, los Tlacos y el Cártel de la Sierra Sur.
- El segundo nodo se ubica en los municipios de Chilapa y Zitlala, con cerca de 2 mil personas desplazadas, producto de la disputa entre los Ardillos y los Tlacos, las dos células delictivas más fuertes en esa región, que han incrementado las hostilidades en los últimos años.
- En el norte de Sinaloa encontramos el tercer nodo, con un desplazamiento forzado estimado de 9 mil personas en los municipios de Choix, El Fuerte, Badiraguato y Sinaloa, que se generan por pugnas internas del Cártel de Sinaloa y los enfrentamientos que este tiene con otros grupos como la Organización de los Beltrán Leyva.
- Un cuarto nodo se ubica al sur de Zacatecas en los municipios de Jerez, Tepetongo, Nochistlán, Fresnillo y Valparaíso, en donde más de 10 mil personas ha dejado su hogar huyendo de la violencia de la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
- El quinto nodo lo tenemos en el sur de Michoacán, en donde las hostilidades constantes entre Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras y el Cártel de Tepalcatepec ha provocado la huida de cerca de 3 mil personas de la región, de los municipios de Apatzingán, Aguililla, Parácuaro, Tepalcatepec, Coalcomán y Aquila.
- En Chihuahua está el sexto nodo de desplazamiento forzado, en el sur de la entidad, colindante con Durango y Sinaloa, en los municipios de Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Morelos y Batopilas, en donde se enfrentan células de las dos facciones del Cártel de Sinaloa y además se suman elementos de la Línea del Cártel de Juárez y han generado cerca de 1 mil 500 desplazados.
- Mientras que en Chiapas hay dos nodos claramente identificados, el que corresponde al séptimo caso es la región de los Altos, en los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán, Chenalhó, San Andrés Duraznal y Aldama, donde 14 mil personas han huido de sus hogares por conflictos de tierra, persecución gubernamental y la entrada de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
- Y también esas dos organizaciones se están peleando los municipios que se encuentran en la frontera de Chiapas con Guatemala, que es el octavo nodo, lo que ha propiciado la huida de cerca de 10 mil personas, generando una situación inédita de desplazados mexicanos pidiendo asilo en Guatemala.
- El noveno nodo lo encontramos en Teocaltiche, Jalisco, en donde cerca de 900 personas se han tenido que desplazar por un enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
- Por último, el décimo nodo se ubica en la zona de frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos, en donde cerca de 10 mil personas han tenido que migrar de municipios como Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso y Miguel Alemán, derivado de la lucha entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste.
Derivado de lo anterior, urgen al menos 5 acciones para poder enfrentar de mejor manera la crisis generada por el desplazamiento forzado en México:
- Contar con un censo nacional fiable de personas desplazadas por la violencia, que nos permita identificar con claridad las zonas de expulsión en donde se presenta dicho problema.
- Desarrollar un programa nacional de atención a las familias desplazadas, que permita su incorporación a nuevas comunidades, así como el acceso a oportunidades laborales, educativas, de salud, vivienda y alimentarias.
Generar dentro de ese programa un esquema de acceso gratuito a la vivienda o a muy bajo costo, que les ayude a estas familias a comenzar de nuevo sin tantas dificultades.
- Estas familias deben recibir atención psicológica, ya que los traumas generados por la violencia, que les hicieron dejar su hogar, pueden haber causado daños en su bienestar emocional.
Se debe atacar las causas de generación de violencia, para evitar que en el futuro crezca la cantidad de personas desplazadas. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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