Sólo el 6.3% de las investigaciones contra POLICÍAS son Vinculados a PROCESO

En 2019 se registraron 473 quejas por abusos policiales ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y tres más en lo que va de 2020

Homicidios, tortura, desaparición forzada, feminicidios y lesiones dolosas son delitos por los que las fiscalías y las procuradurías de justicia de los estados abrieron averiguaciones previas y carpetas de investigación contra policías estatales, municipales, federales y ministeriales.

  • En 25 estados del país hubo 8 mil 302 expedientes de 2012 al primer semestre de 2020, pero de éstas sólo hay registro de 529 consignaciones y vinculaciones a proceso, es decir, únicamente 6.3%, según datos a través de solicitudes de transparencia.
  • El delito de homicidio doloso apareció en indagatorias de los estados analizados 328 veces; lesiones dolosas, 2 mil 841; desaparición forzada, 109; tortura, 4 mil 991, y feminicidio, 33.

Chihuahua, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Veracruz acapararon 72.6% de las investigaciones por los cinco delitos estudiados para este reportaje. En total, señala un reportaje de EL UNIVERSAL, tres de cada 10 indagatorias totales se abrieron en las fiscalías y procuradurías estatales durante el gobierno actual, es decir, entre 2019 y durante los meses del primer semestre de 2020.

  • En los últimos meses hay algunos casos que se pueden usar como ejemplo sobre las denuncias contra policías. A principios de mayo, Alejandro Giovanni López Ramírez fue presuntamente asesinado mientras estaba bajo custodia de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco.
  • Su detención quedó registrada en video y un mes después se viralizó en redes sociales. A los pocos días Melanie, de 16 años, acudió a una manifestación en la Ciudad de México para exigir justicia por el caso de Giovanni, pero fue golpeada por varios elementos de la policía capitalina.

En Oaxaca, a principios de junio, Alexander, también de 16 años, fue presuntamente asesinado a balazos por un elemento de la policía municipal en Acatlán de Pérez Figueroa. “Me mataron a mi hijo y me mataron a mí en vida, así me dejaron. Es lo que querían, [ellos] tienen familia, todos tenemos y exijo justicia”, dijo la madre del joven durante su funeral en un video difundido por este diario el día 11 de ese mismo mes.

Para esta investigación se pidió información a todas las fiscalías y procuradurías estatales y, a pesar de esto, algunas entidades no contestaron, como la Ciudad de México, Hidalgo y San Luis Potosí.

  • En el caso de Morelos, Nayarit y Tlaxcala se presentaron problemas para visualizar sus respuestas en la Plataforma Nacional de Transparencia y ante esto se les contactó para solicitar el envío de la información, pero al cierre de la edición nadie respondió.
  • Chiapas no entregó la información desglosada como se le pidió; Sinaloa respondió que no tiene la información al criterio solicitado, y Baja California y Coahuila no entregaron la información solicitada a través de transparencia.

“Cada quien reporta lo que quiere” “Tenemos un problema de datos en el país donde cada quien reporta lo que quiere y cómo quiere, y no debería ser así”, criticó en entrevista María Elena Morera Mitre, presidenta de la asociación civil Causa en Común.

También dijo que es importante que este tipo de información sea abierta para que no sea necesario pedirla a través de solicitudes de transparencia.

  • Varias de las fiscalías estatales no proporcionaron la información de las investigaciones vinculadas a proceso, diciendo que no cuentan con ella, pues es facultad del Poder Judicial y no del Ministerio Público (MP), lo cual resulta falso porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que es el MP el que ante el juez de Control lleva a cabo la imputación del acusado para enseguida solicitar su vinculación a proceso.
  • El MP interviene en todo el procedimiento penal: desde la investigación inicial, pasando por la etapa de juicio donde emite sus alegatos, exponiendo la acusación y las pruebas para demostrarla, hasta en el momento en que el órgano jurisdiccional emite la sentencia, contra la cual incluso tiene la facultad de apelar, llegando así a la segunda instancia.

Esto significa que las fiscalías estatales cuentan con los datos de todas sus carpetas de investigación que integran, el estado que guardan e incluso los datos de sentencias que se han dictado. Respecto a este tema, únicamente 14 fiscalías proporcionaron datos sobre las consignaciones y vinculaciones a proceso.

Tortura va al alza

El delito de tortura registró un total de 4 mil 991 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra policías en el periodo analizado. La cantidad de éstas aumentó de 2012 a 2019, al pasar de 21 expedientes a mil 562. Al analizar 2019 y los meses del primer semestre de 2020 —que corresponde a la presente administración de la 4T— se detectaron mil 921 indagatorias.

“Es una desgracia que del delito de tortura no se ha logrado atacar ese problema, entre otras cosas, porque las propias autoridades encargadas de investigar ese delito son muchas veces las responsables de cometerlo, entonces nunca se va a avanzar de esa manera (…) Sabemos que hay un gran atorón en las procuradurías, que están absolutamente desbordadas [y] no tienen la capacidad para realizar todas las investigaciones de delitos pendientes”, aseveró en entrevista Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

  • La tortura es un delito cometido por un servidor público que, con el n de obtener información o una confesión para fines de investigación criminal, emplea como medio intimidatorio o castigo personal medidas de coacción o preventivas, o con razones de discriminación o cualquier otro n que cause dolor o sufrimiento físico o síquico, de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Dentro de las instituciones de seguridad existen delitos cometidos por los propios agentes en la persecución del crimen, por ejemplo, tortura, incomunicación, desaparición, robo, etcétera. También hay delitos realizados por autoridades —en activo o inactivo— que no tienen que ver con sus funciones sino con un negocio propio. En ocasiones los policías identifican estos problemas en la institución, pero callan por temor a perder su empleo o, en el otro extremo, deciden participar en estas prácticas”, indica el Instrumento Pedagógico para la Reforma Policial Democrática en México del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.

Obstáculos para los efectivos

“Están militarizando el país en todos los rubros, no sólo en el tema de seguridad. La incursión de militares en esferas que siempre habían sido civiles es un riesgo para el país, porque estás cambiando los equilibrios”, refirió la presidenta de Causa en Común, quien añadió: “Todo el involucramiento de militares en áreas de seguridad hace que relegues a las policías civiles y hay municipios, por ejemplo, en Sonora [en los] que [Alfonso] Durazo llevó jefes militares a policías municipales”.

Añadió que los policías no sólo están inconformes sobre que un militar tenga una visión de la seguridad completamente diferente a la de un civil, sino que se están rompiendo los sistemas de ascenso, las posibilidades de tener una seguridad pública como tal y se está transformando a una seguridad nacional y militarizada que va a tener graves consecuencias en las policías.

“No se ha apostado en el país por construir policías, ahora inclusive vemos que estos fondos que se enviaban a los estados: Fortaseg y Fortamun se han reducido o eliminado y eso lado del incremento que sí vemos en las instituciones militares, entonces claro que ese descuido de las policías impacta de muchas maneras. No se ha logrado profesionalizarlos, darles certidumbre, darles un proyecto de vida [ni] se ha logrado contar con instituciones que tengan permanencia, sino que siempre están cambiando de jefes y eso no permite que se consolide una buena policía con un proyecto de largo plazo”, explicó Azaola Garrido.

Los efectivos no están exentos de ser víctimas del delito, ya que mil 285 fueron asesinados del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2020, de acuerdo con los datos del Registro de Policías Asesinados realizado por la organización Causa en Común con base en conteos hemerográcos. “Las mismas autoridades no le dan seguimiento”, concluyó María Elena Morera Mitre.

En CDMX, más de 400 quejas por abuso policial

En 2019 se registraron 473 quejas por abusos policiales ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y tres más en lo que va de 2020, de acuerdo con la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez.

  • La ombudsperson dijo que las quejas son por “exceso en el uso de la fuerza en las detenciones, y todo lo que está alrededor de esas vertientes”, además de que “hay algunas de éstas en donde también se acusan cuestiones que tienen que ver con tortura, y con otro tipo de elementos, pero generalmente es abuso físico”.

De 23 recomendaciones emitidas por la comisión en 2019, cuatro identifican a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como autoridad responsable de “tratos crueles, inhumanos y degradantes y otras formas de violencia perpetradas por policías”.

La recomendación 22/2019, por ejemplo, cita el expediente CDHDF/I/121/CUAUH/19/D2433, en el que se informa que el 25 de marzo de 2019 Eduardo ‘N’ fue golpeado al momento de su detención, aunque “en ningún momento (…) realizara alguna conducta que provocara dichas agresiones”.

Fue trasladado al Hospital Gregorio Salas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde se tuvo que someter a una cirugía para tratar los daños físicos y derivado de ello perdió el ojo izquierdo.

Tres policías de la corporación, presuntamente responsables de los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificada, fueron puestos en disposición de la entonces Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México por esos hechos. Nashieli Ramírez detalló que se han emitido 54 recomendaciones por abuso policial, de las cuales cuatro no fueron aceptadas, 16 parcialmente y 34 sí fueron aceptadas.

  • La queja más reciente presentada este año es la de Melanie ‘N’, una joven de 16 años que denuncia abusos cometidos el viernes 5 de junio durante una manifestación por el asesinato de Giovanni López tras su detención en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
  • En un video que circula en redes sociales se observa que después de una caída, la víctima es pateada en la cabeza por al menos dos policías. Al conocerse el hecho la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitó a la presidenta de la CDHCM y a la fiscal Ernestina Godoy Ramos que se iniciaran las carpetas de investigación correspondientes.

“Es convicción personal y de mi gobierno los valores de respeto a los derechos humanos y la sanción a cualquier abuso policial”, señaló.

Dos elementos fueron detenidos y vinculados a proceso el 11 de junio. El juez les dictó prisión preventiva como medida cautelar, por lo que ambos fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Los policías que cometen abusos reciben sanciones disciplinarias, “pero no son tan cotidianas o equivalentes a lo que implica la dimensión de los abusos”, explicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local.

Tortura, extorsión y abusos: así opera Borüs

En la Ciudad de México existe, presuntamente, un grupo de policías “élite” que opera en las sombras y sería responsable de violación de derechos humanos y abuso policial. De acuerdo a lo publicado por el Semanario Proceso, dicho grupo se llama Borüs y según testimonios, sería responsable de asaltos, tortura y extorsión.

“Borüs es una suerte de grupo clandestino que presuntamente hace trabajo de “inteligencia”; sus integrantes se mueven sin uniforme, sin vehículos oficiales y sin permiso de nadie; sólo le informan al secretario de Seguridad en turno”, publica el semanario. También explica que como medida de protección hacia los periodistas que trabajaron en el caso, no se firma el reportaje.

  • Según los testimonios de José Alejandro de 34 años y Juan José de 36, fueron detenidos por integrantes de Borüs , en abril pasado, cuando caminaban por las calles de la colonia Morelos en la capital mexicana; los acusaron de narcomenudeo pero ellos negaron los hechos y ante el Ministerio Público denunciaron tortura y abuso de autoridad.
  • Los consignaron con varias dosis de mariguana y cocaína así como dos armas de fuego, escuadras calibre 9 milímetros con cartuchos útiles. De acuerdo a las declaraciones de los detenidos, asentado en la carpeta de investigación, los dos hombres fueron torturados dentro de la patrulla para que confesaran que pertenecían al cártel de La Unión Tepito y que la droga era para la venta al menudeo.

De acuerdo con lo narrado por los detenidos, ellos negaron pertenecer a dicho grupo criminal pero siguieron golpeandolos. Pidieron auxilio a gritos y los callaron “a patadas”. La confesión la obtuvieron bajo tortura, indica el expediente, pero una vez que estuvieron frente al Ministerio Público, uno de los detenidos pidió ayuda médica para que atendieran el sangrado que tenía.

“Los torturaron, les hicieron de todo y ahora nos dicen que no hay un solo responsable a quien denunciar; a mi sobrino le desgraciaron la vida y no es justo, es un padre de familia que sólo fue a una fiesta”, dijo al semanario un familiar de los imputados.

Cuando empleados de la fiscalía investigaron quiénes era los policías que los consignaron, encontraron que pertenencian al Grupo Borüs. Sin embargo, no encontraron el Informe Policial Homologado, ni los nombres de los responsables, ni a un comandante o a un responsable al cual notificar de los abusos que se habían cometido contra los imputados, quienes luego de las revisiones médicas quedaron en libertad, al acreditarse el abuso de autoridad.

Violencia “naturalizada”

Las violaciones de derechos humanos por agentes del orden han crecido en el contexto de la polémica ofensiva militar contra el crimen organizado que México mantiene desde 2006.

Más recientemente, entre el 1 y 5 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (estatal y autónoma CNDH) recibió 21 quejas de detenciones arbitrarias efectuadas por instituciones de seguridad y justicia.

  • Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señala que estos arrestos “son una práctica cotidiana y casi naturalizada” en el país.
  • Entre 2001 y 2017 se acumularon 13.262 quejas por detenciones arbitrarias, dos diarias en promedio, según estudios de la CNDH.

“En México, primero se detiene y luego se investiga y, en muchas ocasiones, se fabrica a los culpables”, indica Reneaum./AgenciasPUNTOporPUNTO

Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

¿Eres humano? * Límite de tiempo se agote. Por favor, recargar el CAPTCHA por favor.