TEXTO ÍNTEGRO: Opacidad llega a las COMPRAS PÚBLICAS de los ESTADOS; entidades del Gobierno NO INFORMAN

El IMCO analizó en la PNT 251 mil 148 procesos de compra realizados durante 2021 por las dependencias de los 32 estados de la República, cuyo monto asciende a 346 mil millones de pesos.

Las instituciones de transparencia y dependencias estatales no garantizan información completa y accesible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sobre las compras públicas como contratos de obras, bienes y servicios que realizan los estados, donde el mayor riesgo de corrupción es la opacidad, revela el análisis “Compras públicas estatales: ¿dónde quedaron los datos?” del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

  • El IMCO analizó en la PNT 251 mil 148 procesos de compra realizados durante 2021 por las dependencias de los 32 estados de la República, cuyo monto asciende a 346 mil millones de pesos.

Sin embargo, se hallaron falencias que limitan el acceso a la información como errores de registro (caracteres erróneos en la captura de nombres y datos como el RFC); documentación inaccesible (enlaces electrónicos no funcionales o que no corresponden a la información de los contratos); falta de homologación (los estados usaron mil 849 formas distintas de captura y 329 para registrar el tipo de moneda); e información fragmentada en más de 40 mil bases de datos.

Lo anterior aunado a que las instituciones estatales continúan omitiendo información sobre los procesos de compras públicas, a pesar de ser una obligación marcada en la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  • Ejemplos de esto son los casos de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, que registró 580 veces el mismo enlace a un contrato que ya no funciona; el de la Fiscalía de Veracruz, que publicó mil 844 veces el mismo enlace hacia una pantalla que dice “por la naturaleza de la información que se reporta, no existe documento al cual remitir”; o el de la Unidad de Asuntos Internos del Estado de México, cuyo total de compras remite a un enlace con la leyenda “No aplica”.

“Si el no cumplimiento de la ley no tiene consecuencias, pues lo único que sucede es que termine no cumpliéndose. No diría que quieren ocultar, pero sí es un desdén al cumplimiento de la ley, porque lo que estamos viendo no se explica de otra forma”, puntualizó Valeria Moy, directora general del IMCO, quien agregó que los enlaces rotos y la información inaccesible “raya en una falta de respeto a la ley y a la ciudadanía”

Otra problemática reflejada en el análisis del IMCO, es que sin el acceso a la documentación completa sobre las compras no se puede corroborar que el monto reportado por las instituciones estatales sea el adecuado.

  • En 2021 Baja California reportó en la PNT un gasto de 54 mil millones de pesos en el servicio de agua potable con un enlace que dirige a una hoja de Word con la frase “sin datos”; no obstante, esta cifra supera a los 18 mil 665 millones de pesos del presupuesto de egresos que se aprobó para el estado en 2022.
  • De acuerdo con Moy, el análisis del IMCO sirve para hacer un llamado al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) para que actualice la PNT y se asegure que la información de las compras públicas estatales esté completa, estructurada y sea homogénea. Asimismo, para que los institutos de transparencia estatales monitoreen el registro de las compras públicas y se mitiguen errores.

En este sentido, Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, recalcó la importancia del monitoreo de las compras públicas estatales y afirmó que, hasta el momento, resulta inexistente.

“Si hay errores sistemáticos en cada uno de los estados también falta la segunda parte, monitorear y decir “aquí hay un error corriges estos procesos, 54 mil millones pesos no es posible, no tienes ese presupuesto, ¿qué pasó aquí? No solo corrige sino sube el documento correspondiente”. El monitoreo que además es una obligación también en la Ley General Transparencia es prácticamente, en este punto, inexistente”.— Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO.

Las cifras de las compras públicas estatales en 2021

  • De las 3 mil 686 instituciones estatales obligadas, solo el 52% registró información de compras públicas en la PNT; pero se desconoce el universo real de estas operaciones.
  • 2 mil 423 instituciones no publicaron estos datos.
  • El Estado de México es donde menos se registra la información de compras públicas, solo el 4% de sus instituciones lo hace.
  • El 100% de las instituciones públicas de Guanajuato registraron información de compras públicas, lo que no significa que se haya reportado todo.
  • Chiapas y Tabasco registraron 263 y 147 enlaces falsos, respectivamente.
  • 6 de cada 10 adjudicaciones directas no cuentan con acceso al contrato; los estados con menor accesibilidad son Coahuila (4%), Sonora (6%) y Tamaulipas (6%).
  • En 2021 se asignaron más de 3 millones de pesos a proveedores riesgosos: sancionados, de reciente creación y fantasmas.
  • Michoacán fue el estado que más recursos asignó a empresas sancionadas con mil 23 millones de pesos.
  • Jalisco encabezó a las entidades que asignan más recursos a empresas de reciente creación con 122 millones de pesos.

4T recurre a “otros contratos” para sacar el ejercicio del gasto de las auditorías

En materia de compras de gobierno, la transformación no ha llegado a México: continúa el abuso de figuras como la adjudicación directa, la asignación de contratos mediante criterios políticos y ha aparecido la figura de “otros contratos”, a través de la cual se saca del alcance de las auditorías, del acceso a la información y del radar del escrutinio público, el gasto en insumos, servicios y ejecución de obra pública, plantearon expertos en estos temas.

  • Además, señalaron que se abusa de la declaratoria de emergencia para contener la pandemia de la Covid-19, con el fin de evitar las licitaciones públicas, e, invocando “motivos de seguridad nacional”, se reserva información sobre obra pública, con lo cual el presupuesto se invierte con total opacidad.
  • En la página 13 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se establece el propósito del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de “prohibir las adjudicaciones directas”.

Además, en octubre de 2020, la entonces secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros aseguró desde la tribuna de la Cámara de Diputados que la intención del gobierno federal era reducir la asignación directa de contratos a 20 por ciento.

Esa promesa está lejos de cumplirse. No solo no se redujo el porcentaje de contratos que se adjudican mediante esa modalidad, sino que aumentó.

De acuerdo con un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a partir de los reportes de la plataforma Compranet, en 2021, se adjudicaron por la vía de la adjudicación directa 126,766 contratos, que representan 80.3%; 16,235 que implican 10.3% mediante licitación pública y 9,692, es decir 6.1% por invitación restringida.

  • Ese año, el monto total de los contratos por adjudicación directa fue de 147,206 millones de pesos, que constituye 38.1% del total; el de las licitaciones fue de 176,126 millones, es decir 45.6% y las licitaciones 19,407 millones que corresponden a 5 por ciento.
  • El abuso de esta figura no es algo nuevo. El director ejecutivo de Transparencia Mexicana (TM), Eduardo Bohórquez, llama la atención que en México las adjudicaciones directas nunca han sido menores a 70 por ciento.
  • En ese sentido, los datos sistematizados por la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI permiten ver que durante los dos últimos años del sexenio del presidente Felipe Calderón, el porcentaje de contratos adjudicados directamente fue de 78.3% (en 2011) y 73.6% (en 2012).

Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto estuvieron entre 74.9% y 82.6 por ciento. Durante 2019, el primero del presidente López Obrador fueron 80.7%, luego subió ligeramente a 80.8% en 2020 y 80.3% el año pasado.

En ese sentido, Eduardo Bohórquez enfatizó que no todas las adjudicaciones directas son corrupción, pero se ha abusado históricamente en el país y durante la pandemia se abusó, como en otros países.

Hay un abuso histórico y sistemático de la figura de compras por adjudicación directa, el cual no revirtió la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se mantuvo la tendencia histórica, expuso.

  • Lo que se requiere, indicó, es corregir esa tendencia y llevarla hacia donde la ley marca, es decir, que el grueso de las adjudicaciones de contratos sea por licitación o por contratos marco y que solo algunos se hagan por adjudicación directa.
  • Una buena práctica sería invertir la proporción que hay ahora, que solo 25 o 30% se hagan por adjudicación directa.
  • El director de TM recalcó que si se observa el porcentaje de este tipo de contratos, se pueden ver cifras cercanas al 80% , pero lo relevante es revisar el monto de recursos que se adjudica por esa modalidad.

Además, puede ocurrir que se estén realizando adjudicaciones directas muy bien sustentadas, por ejemplo para la compra de materiales de oficina, pero cuesta trabajo pensar que ocurra lo mismo en casos de licitaciones vinculadas con la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, por ejemplo.

Recalcó que lo que debe hacerse es un análisis diferenciado para identificar dónde los riesgos de la adjudicación directa son mayores y revisarlos a profundidad.

Por su parte Marco Antonio Fernández Martínez, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, aclaró que la adjudicación directa, en sí misma no es sinónimo de corrupción, ya que tanto la Ley de Adquisiciones, como la de Obra Pública prevén razones por las cuales se utilizan; sin embargo, lo grave es que no se cuenta con evidencia que demuestren que la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) verifiquen si las compras que realiza el gobierno mediante la adjudicación directa cumplan con lo previsto en la ley como excepciones a la licitación pública, lo cual constituye una omisión fundamental.

Recordó que la SFP, últimamente ha manifestado que la forma en que se disminuirá la corrupción en la licitación de obra pública será mediante las bitácoras de obra, pero el problema es que ese mecanismo lo desechó de facto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando decretó acelerar los permisos a los entes gubernamentales que están realizando una obra pública.

  • Eduardo Bohórquez explicó que quienes están facultados para revisar si en la adjudicación directa se cumplió con la normativa vigente son los comités de adquisiciones de cada una de las dependencias.
  • Sin embargo, actualmente el problema es que como hay una declaratoria de emergencia para contener la pandemia de la Covid-19, ésta se invoca para adjudicar de manera directa y se cometen abusos. Por ejemplo, se llegó al extremo que, en 2020, una dependencia compró mediante adjudicación directa boletos para el parque de diversiones Six Flags, en medio de la pandemia, invocando a la emergencia sanitaria.

En ese sentido comentó que Transparencia Mexicana ha pedido se suspenda ya la declaratoria en el capítulo de contratación pública que la están invocando en las áreas de compra para asuntos que no deberían estar ahí.

“Si se están quitando las restricciones sanitarias, pues entonces que se vuelvan a habilitar los controles democráticos en las contrataciones públicas del sector público”, abundó.

  • Por su parte, Leonardo Núñez González, investigador de MCCI expuso que, a pesar de que el gobierno actual habla de que se lleva a cabo un cambio de régimen, el marco legal que rige las compras en el país no se ha actualizado desde hace varios años y eso explica que se siga abusando de la figura de las adjudicaciones directas.

Concretamente señaló que si se revisa la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, permanece prácticamente igual que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues solamente fue modificada en agosto de 2020 y otra en mayo de 2021.

La primera, para que las compras de medicamentos en el extranjero quedaran excluidas de la Ley de Adquisiciones y, la segunda, para incluir el nombre de fiscalía general de la República.

  • Por otra parte, destacó que, aunque constitucionalmente el gobierno está obligado a utilizar las licitaciones públicas como el método principal para comprar, es mucho más complicado, lento y requiere mucho más habilidades burocráticas y técnicas y esta administración no las posee.
  • El problema es que esa situación sirve tanto para lo bueno, que podría ser adjudicar y facilitar el proceso de adquisiciones, pero también sirve para lo malo, es decir beneficiar directamente a ciertas personas físicas o morales, con las compras del gobierno, incluso si se trata de empresas sin nula experiencia.

Recordó que cuando inició la actual administración federal, se recurrió a las compras consolidadas desde la Secretaría de Hacienda, sin embargo, pronto se empantanó ese ejercicio.

“Contratar en el sector público no es fácil; se requiere de conocimientos y lo que tenemos acá es que están continuando con una inercia burocrática que venimos cargando de tiempo atrás”.

Por otra parte, subrayó que comprar mediante licitación pública, es el método que deja más evidencia para el escrutinio público, lo cual se convierte en un incentivo perverso para preferir otros métodos que son opacos.

Asimismo resaltó que ya no estamos ante una situación de improvisación, por tratarse de un nuevo gobierno, pues la curva de aprendizaje ya debió concluir. Entonces lo que tenemos es una decantación por la opción más sencilla./Agencias-PUNTOporPUNTO

Documento íntegro:

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