TEXTO ÍNTEGRO: Sin freno ABUSOS POLICIALES y del EJÉRCITO en el GOBIERNO de la 4T

Y es que las Fuerzas Armadas de México no están asumiendo con la obligación de capacitar a su personal en materia de derechos humanos y género con la seriedad que amerita, tal como lo ordenó en su resolución la Corte IDH.

Desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa inició una infructuosa y sangrienta guerra contra el narco en 2006, los abusos de fuerza cometidos por soldados y marinos (detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales) han incrementado sin freno hasta la actual administración.

  • Entre el 1 de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha estado involucrada en 4,737 enfrentamientos en total. De esos hubo un total de 3,998 civiles detenidos, 4,809 civiles fallecidos y 697 civiles heridos, según un conteo de Intersecta.
  • Del lado de los militares, sin embargo, hubo 1,661 heridos y 284 fallecidos.

Lo anterior se traduce en que por cada civil detenido en los enfrentamientos de la SEDENA, en promedio fallecieron 1.2 civiles; por cada civil herido en los enfrentamientos fallecieron 6.9 más y por cada militar muerto fallecieron 16.9 civiles.

¿Qué revela esta información? Que en los enfrentamientos, en promedio, mueren más civiles de los que son detenidos.

  • Según Intersecta, si se analiza la tasa entre civiles fallecidos por cada civil detenido, con Andrés Manuel López Obrador, es de 1.5 a 1, mientras que con Calderón era de 1.2 a 1. En este último indicador, la razón en los enfrentamientos del sexenio de AMLO ha incluso superado a la de su antecesor Felipe Calderón. En otras palabras: en lo que va del sexenio de López Obrador, en los enfrentamientos, mueren más civiles que los que son detenidos, en comparación con Calderón.

El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) muestra que entre enero de 2015 y septiembre de 2016 se registraron los siguiente reclamos en contra de militares: 37 quejas por privación de la libertad, 12 por desaparición forzada, 36 por tortura y 372 por trato cruel e inhumano.

  • El Ejército y la Marina en México desempeñan desde 2006, como parte de la guerra contra el narcotráfico, funciones que deberían estar a cargo de las policías civiles, sin que existan leyes adecuadas que limiten el uso de la fuerza. La crítica principal de organismos nacionales e internacionales a la incursión de las fuerzas armadas en estas actividades es el riesgo de la violación a los derechos humanos.

Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo llevan décadas denunciando graves violaciones de derechos humanos en México y en el estado de Tamaulipas, muchas veces a manos de integrantes de las fuerzas armadas.

En muchos casos las autoridades suelen culpar a las víctimas, pintándoles como sicarios o miembros del crimen organizado. Y a sus familias las tratan con desprecio y les dicen que no tienen derecho de reclamar justicia.

Parte del problema estriba en la mala regulación que hay sobre el uso de la fuerza. Si bien el año pasado el Congreso expidió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnó.

Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública.

México sin capacitar a sus militares en materia de derechos humanos

Tras una década de la sentencia que interpuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado Mexicano, por los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos indígenas torturadas y violadas por militares, no se vislumbran muchas mejoras.

  • Y es que las Fuerzas Armadas de México no están asumiendo con la obligación de capacitar a su personal en materia de derechos humanos y género con la seriedad que amerita, tal como lo ordenó en su resolución la Corte IDH.
  • Así lo reveló este jueves el informe “Falsas salvaguardas: Las capacitaciones de las fuerzas armadas en derechos humanos y género (2010-2019)”, elaborado por las organizaciones civiles Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta.

Dichas organizaciones realizaron un monitoreo del cumplimiento de las responsabilidades internacionales establecidas, a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública a las instituciones castrenses del país.

El resultado fue que ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la de Marina (Semar) ni la Guardia Nacional (GN) “cuentan con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones que sí se llevaron a cabo”.

Ninguna de las instituciones a las cuales solicitamos información cumple con cabalidad con la obligación de contar con programas de capacitación y de efectivamente capacitar a todo su personal

Señalan que en el mejor de los casos, las respuestas a las solicitudes de información solo les permitieron conocer el número de personas capacitadas, “pero ninguna institución es capaz de responder con evidencia de qué se trató exactamente la capacitación que recibió su personal”.

Las dependencias tampoco fueron capaces de mostrar los mecanismos que utilizan para medir el éxito de las capacitaciones.

  • Por ejemplo, la Sedena reportó 12 cursos y 62 videoconferencias en derechos humanos impartidas entre 2013 y 2019. Sin embargo, no proporcionó información sobre los temarios o contenidos y las personas que las impartieron.
  • En el caso de la Marina, inicialmente su respuesta fue que no estaba obligada a implementar las resoluciones de la Corte IDH relacionadas con los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú.

Además, aunque afirmó contar con un curso permanente de capacitación en derechos humanos, tampoco proporcionó información precisa y desagregada por cargo y por área acerca del personal que asistieron, la duración o el temario de las mismas.

Por su parte, la Guardia Nacional (GN), una corporación de reciente creación, presentó resultados similares a las anteriores instituciones.

  • En el mejor de los casos, sólo siete de cada 100 elementos de la Guardia Nacional han sido capacitados en materia de derechos humanos a través de los cuatro escalones del Curso de Formación Inicial Homologado, un curso que, en teoría, debería ser obligatorio para todos los elementos

En este contexto, las organizaciones civiles concluyeron que las actividades de capacitación que se imparten a militares no obedecen a estándares internacionales, pues sus acciones se limitan a conferencias de dos horas, obras de teatro, presentaciones artísticas, cursos, talleres y diplomados.

Es particularmente preocupante porque se continúa recurriendo a las capacitaciones del personal casi por inercia y sin que sepamos, con base en evaluaciones y evidencia, que están funcionando para lo que se sostiene que deberían funcionar.

Los abusos policiales en el país

Los asesinatos ocasionados por abuso policial, como el de Victoria, una migrante salvadoreña, en Tulum, Quintana Roo; el de Leonardo, un hombre esposado que padecía de sus facultades mentales, en Atzacan, Veracruz; el de Giovanni, de oficio albañil, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; y el de Alexander, un joven de 16 años, en Acatlán, Oaxaca; reflejan la situación de olvido en el que se encuentran las policías municipales.

Este olvido, tanto de gobiernos federales, como estatales y municipales, ha reparado en poca capacitación, condiciones laborales indignas y de pocos recursos a estas fuerzas del orden, así lo señalan expertos entrevistados por La Silla Rota.

«Hay policías que no han disparado una sola vez en su carrera»

  • María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común, aseguró que si se diera un vistazo a las policías municipales, se entendería, sin justificar, las razones detrás de su brutalidad policiaca. «Si vemos cómo preparan a los policías, los salarios que tienen, en qué condiciones trabajan y que no tienen controles internos, ni externos, eso te explica que suceda (la brutalidad policiaca)», dijo Morera

Por su parte, Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especializado en temas de seguridad pública y crimen organizado, señaló la escasa capacitación que reciben las policías municipales en México.

«En la mayoría de las policías municipales, los cursos de preparación duran entre dos y siete meses, hay unos pocos que duran nueve meses o máximo dos años […] en la mayoría de las profesiones uno se prepara de cuatro a cinco años para entrar de lleno a las actividades, hay policías municipales que pasan dos meses y lo que aprenden en ese tiempo tiene que ver con el uso de armas y cuestiones tácticas», explicó Sánchez Valdés.

  • Sobre la falta de capacitación, María Elena Morera explicó que hasta los policías están conscientes de sus carencias, para ello cita una encuesta realizada por Causa en Común a policías estatales, quienes están en mejores condiciones que los municipales.
  • «El 65% de los policías estatales dice que no está bien preparado en el nuevo sistema de justicia penal, 52 % no sabe dar primeros auxilios, 45 % no tiene conocimientos para recibir una denuncia, 29 % no tiene capacitación en perspectiva de género y 19 % no tiene conocimiento de uso de la fuerza, en este último yo creo que son más, habrá que hacer nuevas encuestas para saber qué es lo que entienden por uso de la fuerza», señaló Morera.

Fabián R. Gómez, experto en seguridad, añadió a la falta de capacitación, la nula profesionalización de los policías municipales a tal grado que hay algunos que nunca han accionado un arma. «Tenemos a policías que no han tirado una sola bala en 10 años o en toda su carrera policial», indicó Gómez.

  • Esta falta de capacitación se ve reflejada en la poca confianza que los ciudadanos tienen a las policías locales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Policía Municipal es a la corporación de seguridad a la que menos confianza le tienen los mexicanos, con el 47.2 %
  • La poca preparación de las fuerzas del orden locales no solo cuesta la vida de ciudadanos, sino también de los propios oficiales. Un informe de Causa en Común señala que de 2018 a 2020 han sido asesinados mil 422 policías en todo el país, de los cuales más de la mitad son municipales.

Fabián R. Gómez calificó la situación laboral de los policías municipales como «terribles», por su parte María Elena Morera las ve «deplorables».

  • Morera coincidió sobre las malas condiciones laborales de los uniformados: «Yo he encontrado policías municipales con sueldos de 2 mil 500 pesos quincenales, prestaciones insuficientes, no tienen carrera policial, no hay control de confianza, no los capacitan, no tienen prestaciones de seguridad laboral, tienen jornadas de 24 horas o más».

La presidenta de Causa en Común refirió de nuevo los resultados de la encuesta realizada a oficiales estatales para exhibir la situación laboral a la que se enfrentan policías municipales:

«Solo 18 % de los policías tienen un sueldo superior a los 15 mil pesos […] el 51 % paga de su propio dinero su calzado, el 44 % sus capucheras, el 42% sus uniformes, 35 % a papelería para sus informes, el 12 % su chaleco antibalas y el 25 % sus cartuchos».

A esto, dijo Gómez, hay que sumarle las malas condiciones de las armas que les entregan y los escasos informes, si es que se dan. «Imagínate que tienes que vestirte con el mismo uniforme todos los días y te entregan solo dos uniformes al año, las mismas botas [… ] armamento en mal estado y sin capacitación».

Gobierno federal austero

Los expertos insisten en que la situación en la que se encuentran las policías municipales no solo es responsabilidad del gobierno federal, sino también de los gobiernos locales. Mientras la federación hace recortes en materia de seguridad y apuesta por los militares, los gobiernos estatales y municipales se desentienden del problema y desvían los recursos.

«Cuando fortaleces un cuerpo de carácter nacional, como es la Guardia Nacional, o dejas la responsabilidad en materia de seguridad pública en las Fuerzas Armadas, estás -por consecuencia- desatendiendo y olvidando por completo el fortalecimiento de las policías locales», dijo Fabián R. Gómez.

«Lo que pasa es que gobierno federal tiene la responsabilidad de hacer un marco de una estrategia nacional de seguridad en la que se debe de incluir la preparación de los policías [..] en la ley de la Guardia Nacional dice claramente que lo policías tienen que estar preparados para el 2024 y para ello se va a disponer de los recursos necesarios, eso es una mentira y todos los recursos van a las Fuerzas Armadas», coincidió María Elena Morera.

  • La presidenta de Causa en Común acusó a los gobiernos municipales y estatales de estar muy cómodos dejándole la responsabilidad de la seguridad al gobierno federal, una que no tiene la capacidad de hacerlo, aunque el presidente diga lo contrario.
  • Con los recortes del gobierno federal, a los gobiernos locales les va a tocar madurar y destinar recursos propios a una tarea que siempre fue su responsabilidad y que nunca tomaron, indicó Fabián R. Gómez.

«Los presidentes municipales tienen que buscar la manera de financiar a sus policías y hay quienes lo hacen, en Orizaba se financia por medio de los recursos que obtiene de los baños públicos municipales y de la renta de inmueble que pertenecen al municipio, otros se financian con un impuesto adicional a la nómina, sin embargo, la mejor forma de financiarse sería a través del impuesto predial pero los gobiernos municipales son muy irresponsables en esto y cobran muy mal», explicó Morera.

Los recortes del gobierno de AMLO

Si bien, se trata de un problema de años, la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha mostrado señales de realizar un cambio de fondo en materia, al contrario ha realizado recortes serios al presupuesto para la seguridad de estados y municipios.

Por ejemplo, para el Paquete Económico 2021, el gobierno de López Obrador desapareció el programa de Fortalecimiento para la Seguridad Municipal (Fortaseg), que anualmente recibe alrededor de 4 mil millones de pesos.

  • El Fortaseg costea a las corporaciones policiacas locales rubros como evaluaciones de control de confianza, mejora de condiciones laborales, equipamiento, infraestructura, profesionalización, capacitación, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.
  • Para el presupuesto de este año, la administración de López Obrador recortó 956.3 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).
  • El presupuesto destinado a la Fortamun –85 mil 882.1 millones de pesos este año– es para diversas necesidades municipales como drenaje, agua potable y mantenimiento, pero también para la seguridad pública.
  • El único rubro que ha incrementado en su presupuesto es el del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), aunque no ha sido mucho, alrededor de 200 millones de pesos anuales desde el 2019.

El dinero del FASP –7 mil 695.6 millones de pesos, para este año– se destina, entre otras cosas, al diseño de políticas públicas para prevenir la violencia y la delincuencia; desarrollo, profesionalización y certificación policial; tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo; atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas, y fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.

Sin embargo, no solo es un problema de dinero, pues durante los mismos años en los que aumentó el presupuesto a las policías locales, no hubo ninguna mejora, salvo excepciones.

«A las policías locales sí se les metió lana en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, incluso por la Iniciativa Mérida uno de los rubros por los que más daba dinero la Embajada de Estados Unidos a las policías locales era para formación en derechos humanos, hubo quien sí los aprovechó y quienes no», señaló Sánchez Valdés.

Y agrega: «Sin embargo, son una pésima señal (los recortes del gobierno de López Obrador), porque si con dinero como estábamos, como estaremos sin que lleguen recursos a los municipios para temas de seguridad».

Indagan abusos de policías estatales

Los abusos de autoridad por parte de policías estatales y municipales se intensifican en varias entidades. Es el caso de Guerrero, donde uniformados fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado luego de presuntamente violentar a tres jóvenes.

  • El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, David Portillo Menchaca, confirmó que son cuatro los policías estatales (certificados) que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, y que los uniformados ya entregaron el armamento y los requerimientos solicitados para la investigación.
  • El lunes, los policías estatales se vieron implicados en el ataque a balazos contra tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, a quien le fue amputada la pierna derecha.

Por otra parte, en Chihuahua, la Fiscalía General del Estado continúa con la investigación para dar con el paradero de tres agentes de la Policía Municipal de Madera que participaron en la desaparición de dos jóvenes a quienes presuntamente detuvieron el pasado 27 de febrero y los entregaron a un grupo del crimen organizado. Los cuerpos de las víctimas aparecieron sin vida un mes después.

  • En la audiencia inicial de formulación de imputación que se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Ramona Ivette N y a Irving Leonel N, elementos policíacos presentados como presuntos implicados en el delito de desaparición forzada.

Mientras que, en Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa prometió que se investigará un presunto abuso policial en el municipio de Huauchinango, luego de un conflicto en el que se vieron involucradas personas dedicadas a la tala del monte y elementos policíacos./Agencias-PUNTOporPUNTO

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