El Congreso de la Ciudad de México avanza en la actualización de su marco legal penal con la aprobación de tres dictámenes que abordan delitos como las amenazas, la asociación delictuosa y las lesiones motivadas por razones de género o prejuicio.
- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia respaldó estas reformas, impulsadas por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina y legisladoras capitalinas, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de la ciudadanía.
- Durante la novena sesión ordinaria de la comisión, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente del órgano legislativo, subrayó la importancia de perfeccionar la tipificación de las amenazas en el Código Penal. Explicó que este delito presenta diversas modalidades y, en consecuencia, diferentes sanciones según la gravedad de la conducta.
Las iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno y la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) buscan, según Martínez Urincho, “mejorar el tipo penal de este delito para generar más protección de estos bienes jurídicos” y así contribuir a la paz y seguridad de las personas.
El dictamen aprobado modifica el Artículo 209 del Código Penal del Distrito Federal para establecer que “Al que por cualquier medio amenace a otro con causarle un mal grave en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de uno a dos años de prisión o de 90 a 360 días multa”.
- El documento destaca que las amenazas constituyen una de las formas más frecuentes de violencia y funcionan como un mecanismo de intimidación que expone a la víctima a la posibilidad real o aparente de sufrir daños personales, patrimoniales o en sus relaciones afectivas y familiares.
- La diputada Yolanda García Ortega (PVEM) manifestó el respaldo de su partido a las reformas propuestas por la jefa de Gobierno, afirmando que el Partido Verde Ecologista de México mantiene la disposición de colaborar y tender puentes de comunicación para alcanzar consensos en cada una de las modificaciones legales.
En cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, el segundo dictamen aprobado responde a la iniciativa de la jefa de Gobierno para reformar el Artículo 253 del Código Penal local. El propósito es incrementar las penas por el delito de asociación delictuosa, especialmente cuando los delitos se cometen de manera permanente por grupos de personas.
La reforma modifica los primeros dos párrafos y añade un tercero al artículo, estableciendo que “Se impondrá prisión de cinco a 10 años y de 200 a 2 mil unidades de medida y actualización al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir. Se impondrá de 10 a 15 años y de mil a 7 mil unidades de medida y actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos, cuando los integrantes de la asociación o de la banda que cometan alguno o varios de los delitos siguientes…”.
Martínez Urincho enfatizó la necesidad de implementar medidas que resguarden la vida, el patrimonio y la integridad de quienes resultan afectados por la criminalidad organizada.
El tercer dictamen, también impulsado por la jefa de Gobierno, introduce una reforma integral al Artículo 131 y la adición del Artículo 131 Bis del Código Penal local. Esta modificación busca que las lesiones infligidas por razones de género o prejuicio sean tipificadas de manera explícita, reconociendo el daño social y simbólico que generan.
El texto señala que estas formas de violencia buscan reafirmar jerarquías y excluir a quienes no se ajustan a los patrones normativos de identidad, género o deseo. Se subraya que la violencia física ejercida contra mujeres por razones de género, así como la motivada por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género o características sexuales no normativas (OSIEGCS), representa una de las violaciones más persistentes y graves a los derechos humanos.
- La reforma al Artículo 131 Bis dispone que “Se incrementará en dos terceras partes la pena que corresponda a la lesión causada, cuando las lesiones se infieran por razones de género en contra de mujeres o por prejuicio en contra de personas con orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género o características sexuales no normativas”.
- El diputado Martínez Urincho argumentó que la exposición de las mujeres a la violencia no es accidental ni resultado de una vulnerabilidad fortuita, sino consecuencia de una discriminación estructural profundamente arraigada que el Estado debe enfrentar.
En este sentido, la jefa del Ejecutivo local propuso armonizar la legislación penal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y seguridad ciudadana, con el fin de que las lesiones de género sean reconocidas y sancionadas de manera expresa, atendiendo tanto su dimensión social como simbólica./Agencias-PUNTOporPUNTO
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