El líder de los taxistas autorizados del Aeropuerto Internacional de México (AICM), Gerardo Aurelio Gallardo Ortiz podría pisar la cárcel en las próximas horas toda vez que ha sido denunciado ante las Fiscalías General de la República (FGR) y de la capital del país (FGJCDMX) por desvío de recursos, soborno a funcionarios, falsificación de documentos, acoso, amenazas y agresiones.

Además este líder de taxistas tiene como cómplices a altos funcionarios del AICM, quienes de igual manera ya fueron denunciados ante la Contraloría Interna y la Secretaría de la Función Pública (SFP); y de esas personas se vale Gallardo Ortiz para hacer sus desvíos de recursos, acosar y agredir a mujeres que trabajan en el Aeropuerto, de manera psicológica y verbal.

De acuerdo con informes proporcionados por permisionarios y taxistas de la terminal aérea, las denuncias ya han comenzado a surtir efecto y el acusado ya tiene pleno conocimiento de la situación, por lo que sólo están a la espera de que un juez de control obsequie la respectiva orden de aprehensión debido a la gravedad de los delitos –algunos de ellos son de carácter federal- que se le imputan.

“La mayoría de las pruebas obtenidas en contra de Gerardo Aurelio Gallardo y sus cómplices fue a través de una solicitud que se realizó vía internet ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”, señalaron.

Ante esta situación, los quejosos solicitan al nuevo director general de esa terminal aérea, José Ramón Rivera Parga, que inicie una investigación por actos de corrupción y fraude a la empresa SPASA y a su director Gerardo Aurelio Gallardo Ortiz, a quienes acusan de ingresar al servicio de taxis de forma fraudulenta y con el cómplice apoyo de la administración anterior, cuyos responsables se encuentran aún dentro del Aeropuerto.

Los denunciantes aseguran que desde un principio SPASA, con el apoyo y complicidad del entonces director del Aeropuerto, Carlos Velázquez Tizcareño, utilizó firmas de permisionarios de la empresa SITIO 300 para establecer a la primera como prestadora del servicio. 

Posteriormente, explican, Gallardo Ortiz se colude con el director del área Jurídica del Aeropuerto, José Luis Martínez Colina, para amenazar a permisionarios de SITIO 300, con el fin de que firmaran un reconocimiento de deuda y de agremiarse a SPASA o se quedarían sin trabajo.

 

Es entonces que con el apoyo del abogado Oscar Ernie Orozco, SITIO 300 logró establecer un contrato serio, cuya letra nunca fue cumplida ni por SPASA ni por el AICM.

 

“Hoy nuestro futuro es incierto, ya que sabemos que entrarán otras empresas a competir y no podemos migrar, ya que SPASA no pagó nuestras contraprestaciones como estaba pactado en el contrato y si nos vamos no nos pagará lo que ya nos descontó”, advierten los permisionarios de SITIO 300, quienes consideran que la justicia para ellos no puede esperar.

 

Explican que Martínez Colina, el ex director Carlos Velázquez Tizaremos y el ex subdirector de Transportación Terrestre, Mario Sánchez Becerra, les ordenaron entonces que debían obedecer al director de SPASA, “quien ahora quiere migrar con todos los beneficios de su corrupción a una nueva empresa llamada AEROTAXI sin pagar las contraprestaciones que se pactaron con el AICM”.

 

De esta forma, las permisionarias de taxis acusaron que en la administración de Velázquez Tizcareño reinó la corrupción: dieron a SPASA Tarjetas de Identificación Aeroportuaria (TIA) sin tener contrato y contrataron cajas que le quitaron a SITIO 300.

 

Por ello también exigen a José Luis Martínez Colina, director de Asuntos Jurídicos del AICM, responda por las atrocidades y el manejo discrecional de colocar cajas a SPASA para venta de servicio “por una dadiva de $800,000.00, dicho así por el mismo Gerardo Gallardo Ortiz al pedirle los socios originales de SPASA explicaciones de este faltante”.

 

Los informantes aseguraron que al tratarse por lo tanto de un “gran fraude”, fue necesario promover una denuncia ante la Contraloría Interna y la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya que los funcionarios que participan en estas irregularidades: José Luis Martínez Colina, director de Asuntos Jurídicos; Rebeca Cruz Martínez, asesora jurídica, así como Martha Arciniega y Gustavo Arce Landa, aún se encuentran en sus cargos dentro de la terminal aérea capitalina