El número de cuerpos enviados al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) se incrementó 52 por ciento en los últimos cinco años.
- Mientras en 2020 se reportaban 700 casos, el año pasado la cifra alcanzó los mil 64, de los cuales 682 fueron enviados a la fosa común luego de que su identidad no fue establecida.
- A petición de la Fiscalía General de Justicia capitalina, el Instituto puede tener bajo resguardo los cuerpos por máximo seis meses antes de que sean enviados a la fosa común. Otros cuerpos fueron donados.
- Laura Cervantes buscó a su hijo, Julio César, por poco más de tres años, luego de que desapareció en la Alcaldía Álvaro Obregón en septiembre de 2021.
Su cuerpo fue localizado en un camellón en enero de 2024, y fue trasladado al Incifo, pero terminó siendo donado al Instituto Politécnico Nacional.
«Cuando me enteré fui a reclamar y dijeron: ‘dele gracias a Dios de que su hijo no terminó en la fosa común’.
Lo busqué y resulta que estaba a 25 kilómetros de mi casa», narró la madre de Julio.
Padecen familiares omisiones del Incifo
A pesar de que Laura Cabañas entregó al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) un cuaderno con los datos personales y tipo de sangre de su hijo, Julio Cervantes, su cuerpo fue donado para prácticas escolares.
«Les dejé mi teléfono y mi dirección para que me llamaran, nunca lo hicieron y aun así lo donaron, que porque había convenios, pero a mí nunca me avisaron.
- «Cuando fui por mi hijo, me dijeron que ahí estaba, pero me lo entregaron totalmente vaciado, sin esófago, sin lengua. Todos los órganos le quitaron; me entregaron un cascajo», lamentó Cabañas.
- El cuerpo de Cervantes -quien desapareció en 2021- fue hallado por policías de la Alcaldía Coyoacán en enero de 2024, sin embargo, le fue entregado a su madre 10 meses después.
- Su caso no ha sido el único que ha presentado omisiones cometidas por personal del Incifo, por lo que, en agosto, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad emitió las recomendaciones 08, 09 y 10/2025, en materia de desaparición administrativa.
Estas fueron dirigidas a la Fiscalía General de Justicia local y federal, así como al propio Instituto.
Las recomendaciones hacen alusión a los casos de Montserrat Palmeros, Braulio Bacilio y Julio Cervantes, tres víctimas de desaparición cuya identificación de restos se vio retrasada por la falta de coordinación institucional
Bacilio tenía 13 años cuando fue atropellado en la Alcaldía Iztacalco en 2016, sin embargo, cuando lo trasladaron al hospital y se dio aviso a las autoridades, se dijo que la víctima era un adulto de 20 años.
Este error provocó que su cuerpo fuera enterrado en una fosa común y se le entregara a sus padres hasta 2022.
En tanto, Palmeros fue reportada como desaparecida en julio de 2020 y, un año después, su madre recibió un mensaje anónimo que le informó que su hija fue asesinada y arrojada en el Ajusco; sin embargo, sus restos fueron localizados hasta 2024, en el paraje Llano de Vidrio.
Exhumarán cuerpos
De acuerdo con colectivos de búsqueda, el 18 de noviembre se tiene previsto exhumar 286 cuerpos de la fosa común 26 del Panteón Dolores, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual cuenta con 15 niveles y corresponde al periodo 2015-2017.
- Del total de restos, 67 cuentan con hipótesis de identidad y cuatro serán entregados a sus familiares, señaló Jaqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino.
Los trabajos estarán a cargo de la Unidad de Identificación Humana y Búsqueda de Familias, adscrita a la Fiscalía de la Ciudad, la cual, en palabras de la Fiscal Bertha Alcalde, ha identificado 65 por ciento de las personas fallecidas no reclamadas, desde su creación en junio.
Desaparición administrativa
La CDH emitió tres recomendaciones en la materia dirigidas al Incifo y a las fiscalías.
-De acuerdo con la Comisión, la desaparición administrativa origina por la intervención directa de las autoridades, la cual puede provocar que se imposibilite la localización de una persona, con o sin vida.
-Asimismo, las omisiones o negligencias cometidas pueden prolongar el tiempo de ausencia de las víctimas.
-A diferencia de la desaparición forzada, que implica la participación directa del Estado en la privación de libertad y la negación oficial de los hechos, la administrativa surge de un problema de coordinación, burocracia o falta de seguimiento en los procesos de búsqueda./Agencias-PUNTOporPUNTO
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