Entre el 1 de enero y el 25 de diciembre de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 86 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales 23 fueron resueltas.
- Del total de recursos promovidos por el organismo autónomo, el máximo tribunal resolvió que dos fueron parcialmente procedentes e infundadas.
- Si se compara el número de acciones de inconstitucionalidad promovidas durante el mismo periodo del 2018, se constata un incremento de 62% en los recursos presentados ante la SCJN, debido a que el año pasado se contabilizaron 53.
Entre las acciones promovidas durante el año en curso, destacan el recurso contra Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en el que la CNDH aseguró que persiste la ausencia de parámetros objetivos para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos.
Al igual que los cuatro recursos aún pendientes por resolver contra las leyes de la Guardia Nacional; sobre el uso de la fuerza; del registro de detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, principal mente por omisiones legislativas del Congreso de la Unión para la expedición de las normas.
- En el recurso presentado sobre la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la CNDH consideró que los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad de expresión y de reunión fueron violentados, así como el principio de legalidad y la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos.
- En ese sentido, la comisión explicó que entre las faltas de ambas cámaras durante la creación de la ley fue un marco regulatorio que rija el uso de la fuerza por parte de las instituciones del Estado a través de esquemas adecuados de control, verificación y rendición de cuentas sobre la legitimidad del uso de la fuerza y el desempeño de los servidores públicos, tales como los mecanismos de supervisión externa de la policía.
Por otra parte, el recurso sobre la Ley Nacional del Registro de Detenciones enfatiza particularmente sobre la creación de una base de datos que concentre la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, como parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública.
En ese sentido, la CNDH sostuvo que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República no consideraron la actuación que deberá desplegar el registro y su personal cuando acaezcan hechos que pongan en riesgo o vulneren la base de datos que contiene la información recabada en la materia.
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseveró que las omisiones legislativas implican una regulación deficiente e imprecisa en relación con el registro de las detenciones, ya que vulnera la vida de las personas sujetas a privación de la libertad por parte de autoridades militares en funciones de seguridad pública.
Cabe destacar que en el mismo periodo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dirigida por Alfonso Durazo, acumuló nueve recomendaciones generales por violaciones a los derechos humanos y cuatro recomendaciones por violaciones graves.
Dichas recomendaciones se refieren principalmente a la violación del derecho de seguridad jurídica, así como por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y actos de tortura cometidos por autoridades./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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