La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se establece una sanción de hasta ocho años de prisión por la adquisición, almacenamiento y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
La reforma, que plantea modificaciones a la Ley General de Salud, establece una pena de entre uno y ocho años de prisión por la “adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores”.
- La misma sanción se aplicará a quienes realicen actos de publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos y vapeadores.
- Además de enfrentar penas de prisión, la sanción incluirá una multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
- La iniciativa de Claudia Sheinbaum llegó la tarde de este jueves 25 de septiembre a la Cámara de Diputados y será turnada a la Comisión de Salud para su análisis.
La iniciativa define los cigarrillos electrónicos y vapeadores como “aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora”.
Dan más facultades a Secretaría de Salud para evitar desabasto de medicinas
La nueva reforma enviada por Claudia Sheinbaum al Congreso es reglamentaria de otra reforma constitucional que se aprobó el año pasado, en la que se prohibieron los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Sin embargo, la presidenta aprovechó su iniciativa para hacer distintas modificaciones relacionadas con la compra de medicamentos e insumos médicos.
- La iniciativa presidencial busca que la Secretaría de Salud pueda consolidar la estrategia de la compra consolidada de medicamentos, equipos médicos y demás insumos para la salud, combatiendo al mismo tiempo la corrupción y los sobreprecios.
- Igualmente se busca combatir el desabasto, ya que en la iniciativa se admite que “una de las problemáticas que mayores retos representa para las instituciones públicas de salud de nuestro país, es contar con abasto continuo y suficiente de medicamentos e insumos para la salud”.
- La reforma plantea modificar diversos artículos de la Ley General de Salud. Entre los cambios se establece que la Secretaría de Salud dará seguimiento y asesoría a los procedimientos de contratación consolidada en los que intervengan las dependencias federales. También tendrá el control respecto de la preparación, aplicación, posesión, importación, uso, suministro, exportación y distribución de medicamentos, productos biológicos, vacunas, insumos y dispositivos médicos, a excepción de los de uso veterinario.
La Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, también deberá administrar una base de datos nacional con información de la prestación de los servicios, la infraestructura y el equipo médico que permita la evaluación de los integrantes del Sistema Nacional de Salud.
La dependencia también tendrá que implementar un Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico de Alta Tecnología, el cual servirá para planear la creación, sustitución y la ampliación de unidades médicas y su equipamiento.
Otro punto relevante es que, en la compra consolidada de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, la Secretaría de Salud deberá promover la participación de personas físicas o morales que acrediten contar, en territorio nacional, con inversión en la cadena de producción de medicamentos, dispositivos médicos y demás insumos para la salud, o con el inicio de instalación de fábricas, laboratorios o almacenes que formen parte de dicha cadena, o bien, de aquellas que desarrollen investigación científica o productos innovadores en materia de salud./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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