El Congreso de Campeche aprobó fast track la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho a la Propiedad, iniciativa que fue enviada por el poder ejecutivo del estado.
- En sesión extraordinaria convocada por la bancada de Morena, que es mayoría, se aprobó por mayoría simple el dictamen que establece las causas de expropiación el beneficio de la “Utilidad Pública”, así como los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones, ocupaciones temporales, servidumbres administrativas y limitaciones de dominio de bienes particulares existentes en el territorio estatal.
- Este determinación fue justificada porque presuntamente el municipio capital de San Francisco Campeche no cuenta con reserva territorial para construcción de vialidades o el desarrollo de vivienda social que permita el impulso económico del estado.
Pero también esta reforma lleva una dedicatoria particular del gobierno del estado al exgobernador, Alejandro Moreno, reconoció la mayoría oficialista.
“A qué le teme la oposición, Moreno, como todo México lo sabe y muchos ligados al gobierno han comprado grandes superficies de tierras playas etcétera con un precio de risa de 30 centavos por metro cuadrado durante muchas muchas administraciones municipales terrenos aledaños a la ciudad pasaron a ser fundo legal a propiedad particular casi regalados y muchas veces regalados por favores políticos”, señaló la diputada local, Ana María López del Partido del Trabajo.
- Desde el 2022 la Fiscalía General del Estado de Campeche tiene una carpeta abierta por presunto enriquecimiento ilícito en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien su declaración patrimonial informó tener 13 propiedades, dos casas y 11 terrenos adquiridos entre 2012 y 2021.
- Layda Sansores, gobernadora de Campeche, denunció públicamente que las propiedades de Alejandro Moreno se encuentran en zonas exclusivas y de alta plusvalía en la entidad.
- “Y una de ellas también es la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas o con perjuicio de la colectividad en general de una clase en particular”, subrayó Antonio Jiménez Gutiérrez, diputado de Morena.
En el Artículo 1 Bis fracción III, indica que la declaratoria de utlidad pública se publicará en el Periódico Oficial del Estado se notificará personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resultarían afectados y si no son localizables o dan respuesta en cinco días el estado podrá tomar posesión de la propiedad.
En el Artículo 18 establece que “Decretada la expropiación y notificado el interesado, la Secretaría de Gobierno, tratándose de bienes muebles, o la de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, tratándose de inmuebles, procederá a la ocupación inmediata del bien expropiado y a la ejecución de las obras proyectadas”.
- Para la oposición esta determinación pone en riesgo el patrimonio de los ciudadanos que quedarán a expensas de una decisión ejecutiva sin posibilidad de impugnar y quedará a disposición del gobierno.
“Establece que la declaratoria de utilidad pública emitida por el gobierno no admitirá recurso administrativo alguno, se ha dicho ya mucho antes de que yo pasara y lo voy a recalcar, es decir no habrá forma de impugnarla lo mismo ocurre con la expropiación y la supuesta indemnización tampoco serán impugnables, y aunque hace un momento el diputado Falconi nos explicaba acerca de que pueden recurrir al juicio de amparo por favor cuál amparo si tienen a su servicio al poder judicial qué amparo qué recurso va a utilizar la ciudadanía para defenderse de esto”, reclamó la diputda del PRI, Delma Rabelo. /CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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