DIPUTADOS avalan en lo general PROHIBICIÓN de CIGARROS ELECTRÓNICOS

La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe los cigarrillos electrónicos y vapeadores, con 324 votos a favor y 129 en contra. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece penas de uno a ocho años de prisión y multas de 100 a 2,000 UMA para quienes participen en la venta de estos dispositivos.

  • Uno de los puntos que generó mayor polémica fue la presunta penalización para los consumidores. Legisladores de oposición advirtieron que la posibilidad de enfrentar hasta ocho años de cárcel y multas superiores a 226 mil pesos constituye una criminalización de los usuarios.

Ante este panorama, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal presentará una reservar para que no sea sancionado el consumo y la posesión de vapeadores cuando no se destine a su comercialización, importación y exportación. La propuesta del morenista se orienta a sustituir la prohibición absoluta sobre cigarillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.

De aprobarse la reserva de Monreal se modificaría el artículo 282 Quarter de la Ley General de Salud para prohibir en “todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso. Se exceptúa de la prohibición, su consumo y posesión cuando no se destine a las actividades o fines señalados en el párrafo anterior».

  • Previo a esta reserva, el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, defendió la reforma al afirmar que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de dispositivos diseñados con apariencias atractivas y promocionados mediante campañas engañosas.
  • La reforma prohíbe «en todo el territorio nacional» la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos, así como «todos los actos de publicidad o propaganda» para su consumo.

La iniciativa también reconoce al «vapeo como una amenaza a la salud pública», lo que permitirá implementar políticas públicas para «disminuir la dependencia a su uso, proteger a grupos vulnerables, y asegurar el pleno respeto del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios», apuntó el Legislativo en un comunicado.

Además de prohibir los vapeadores, la reforma también fortalece la atención de la salud en México al ampliar las facultades de la Secretaría de Salud en la planeación de infraestructura, el abasto de medicamentos y la coordinación del Sistema Nacional de Salud.

En mayo pasado, en el marco del Día Mundial del Vapeo, organizacipnes y especialistas advirtieron sobre el alarmante crecimiento del «mercado negro» de vaporizadores y cigarros ilegales en México, derivado de políticas prohibitivas y falta de regulación.

¿Cómo actúa un vapeador?

Los vapeadores actúan calentando un cartucho de líquido que contiene nicotina y otras toxinas en aerosol; quien utiliza uno de estos aparatos, inhala vapor a manera de imitación de consumo de un cigarro convencional.

  • Contexto: en 2024, el Senado aprobó cambios a los artículos 4 y 5 de la Constitución que prohíben y castigan toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares.

El dictamen buscaba garantizar el derecho a la protección de la salud, sancionando toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos y sistemas de vapeo.

Antes de este acontecimiento, en 2021, el ex subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell, mencionó que se buscaba esta prohibición “porque los vapeadores y los productos de tabaco calentado y sus derivados no son una alternativa de reducción de daños; no hay evidencia científica independiente y sin conflicto de interés que haya probado que esto es así”./CONGRESO-PUNTOporPUNTO

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