En el segundo día de audiencias públicas en la Cámara de Diputados, en torno a la minuta de Ley de Amparo, se confrontaron posturas. Por un lado, académicos, litigantes y representantes de grandes bufetes jurídicos demandaron eliminar los cambios en materia del concepto de interés legítimo ya que, sostuvieron, vulnera derechos humanos, al restringir a colectivos el juicio de garantías. Por el otro, hubo quienes sostuvieron que debe permanecer en sus términos porque acaba con excesos y arbitrariedades.
- Académicos y juristas como Arturo Guerrero Zazueta y Arturo Pueblita, expertos en derecho fiscal, sostuvieron que de aprobarse la legislación con la redacción del artículo quinto se restringe la protección de los derechos y plantearon que se dé a los jueces la libertad de decidir cuándo se trata de un interés legítimo en una demanda de medidas cautelares.
- Otro de los ponentes, el abogado Andrés García Repper, comentarista político y quien fue integrante del comité de evaluación del Poder Legislativo –que calificó a parte de quienes contendieron en la elección judicial de junio pasado– refutó esos argumentos y advirtió que lo que proponen realmente es “llevarnos a un gobiernos de los jueces, donde la ley no diga nada, los diputados y senadores no legislen, para que todo lo interpreten las y los juzgadores”.
Esta audiencia se centró en el artículo quinto de la Ley de Amparo, que el Senado les remitió y que establece: “Tratándose de interés legítimo, la norma, acto o omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual, en caso de que se otorgue el amparo”.
- García Repper recordó que los senadores modificaron la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, para dejar claro que en el interés legitímo se incluyen asuntos individuales y colectivos. “Simplemente se cambió la definición, para que los jueces tengan mayor claridad y, por supuesto, que tendrán plena jurisdicción para interpretar”.
- Pueblita sostuvo que ese cambio en materia de interés legítimo fue por la gran cantidad de amparos contra el Tren Maya, pero “la solución no está en limitar el acceso al juicio de amparo”, sino en evitar que el Legislativo y el Ejecutivo cometan actos arbitrarios”.
- A nombre del centro de análisis e investigación Fundar, Natalia Pérez Cordero, pidió también cambiar la redacción de ese artículo, pues, declaró, limita el acceso a la justicia en temas ambientales y en general de defensa de derechos humanos. Por su parte, la abogada Verónica Osornio Plata propuso “poner límite” a “asociaciones enmascaradas” que hacen mal uso del interés legítimo.
Directivo de un despacho jurídico que representa a más de 600 clientes mexicanos y extranjeros, Eduardo Rusconi Trujillo, advirtió que la reforma a la Ley de Amparo en su conjunto “es profundamente regresiva” y con ella el gobierno federal sólo “busca un control político y fiscal contra los empresarios y los contribuyentes relevantes”.
Vale decir que el Salón Verde de San Lázaro estaba casi vacío, no había más de siete legisladores entre ellos el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, quien al final rechazó que pretendan dar un albazo, pero mantuvo que las dictaminadoras se reunirán el lunes por la tarde para votar esa minuta, “que es perfectible”, luego de la tercera y última audiencia ese mismo día./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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