DOLOROSA MEDIDA, pero NECESARIO COMBATIR HUACHICOLEO: Ciudadanos

Detección de tomas clandestinas, una estrategia de Peña reconoce PeMex

Imagen de internet

La mayoría de la población avala el cierre de ductos como medida para combatir el robo de combustible, aunque esto implique desabasto de gasolina por un tiempo. Así lo revela una encuesta telefónica de Grupo Reforma a 400 adultos en siete estados afectados por la reciente decisión del Presidente López Obrador.

  • No obstante, el público entrevistado se divide respecto a la eficacia de esta medida para resolver el robo a Pemex.
  • El 40 por ciento de los encuestados manifiestan haber sido afectados por el cierre de ductos, pero el 67 por ciento considera que la situación se normalizará pronto.
  • El 63 por ciento de los ciudadanos en las siete entidades le cree al Gobierno Federal que el motivo de la escasez se debe al cierre de ducto.

La población ve como principal responsable de la actual problemática en torno a la gasolina al Gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el sondeo ciudadanos del Grupo REFORMA

Detección de tomas, estrategia de Peña

La administración de Enrique Peña Nieto enfocó el combate al robo de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la detección de tomas clandestinas en los ductos, dejando de lado los posibles actos de corrupción al interior de la empresa que pudieron haber propiciado este delito.

Incluso en el libro blanco Diseño y Aplicación de la Estrategia Integral de Salvaguardia para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2012-2018, no hay una mención de la palabra corrupción.

  • De acuerdo con el documento el Mercado Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (MIHPP), este delito se convirtió en un problema de seguridad nacional, que al carecer de atribuciones legales para su combate “coloca a la empresa en el papel de víctima”.
  • Según Pemex, las estrategias y acciones del Estado en contra de la delincuencia organizada fragmentaron las estructuras criminales lo que propició, entre otros cambios, la ampliación de actividades delictivas, entre ellas la sustracción ilícita de hidrocarburos a través de tomas clandestinas.
  • La Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), a cargo del general brigadier de Estado Mayor, Eduardo León Trauwitz —quien es investigado, así lo informó en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador— obtuvo acceso a dos sistemas y software propiedad de Pemex Logística, a fin de monitorear, detectar y localizar las fugas por pérdida de contención del ducto por presión y flujo a través de sensores.
  • Este sistema, aseguró, proporciona elementos a la SSE para la reacción inmediata a fin de minimizar el riesgo a la población de la zona de las perforaciones, así como la protección de la infraestructura y del personal de la empresa.
  • El documento puntualizó que, ante el mercado ilícito de combustibles, Pemex se enfocó en dos aspectos: la identificación del problema y la implementación de una estrategia de contención de la incidencia delictiva.

En el primer rubro, expuso que se realizaron acciones para acceder a diversos sistemas de medición, verificación de las condiciones de operación y control de los sistemas ubicados en las instalaciones de Pemex.

Además del uso de tecnología de vigilancia de ductos e instalaciones de almacenamiento, el incremento de elementos de seguridad para vigilancia y patrullaje, lo que permitió identificar a quienes participan en este mercado ilícito.

  • Sobre la contención del delito, explicó que se clausuraron cerca de 70 estaciones de servicio en diferentes estados al no comprobar la procedencia lícita del combustible que comercializaban, lo que permitió en el 2017 recuperar casi 15 millones de litros sustraídos ilegalmente.
  • Refirió que aunque las tomas tuvieron un incremento entre el 2017 y el 2018 (50.09 y 51.41% de Promedio Anual Móvil de tomas clandestinas, respectivamente), se diminuyó el volumen de combustible sustraído de 62.14 a 9.56% del Promedio Anual Móvil de Faltantes Volumétricos.
  • Sin embargo, a pesar de la estrategia implementada, el documento da cuenta del despido de sólo 40 trabajadores por presuntos vínculos con el MIHPP y la detención de 1,600 personas./REFORMA- EL ECONOMISTA- PUNTOporPUNTO

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