La Comercializadora JVLY está involucrada en un presunto quebranto por 63 millones de pesos en perjuicio del INE; sin embargo, esto no impidió que también obtuviera contratos por más de 158.1 millones de pesos con Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) de tres entidades.
Una auditoría forense, practicada como parte de la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2024, considera un presunto daño a la Hacienda Pública en un contrato de entrega de materiales de casillas para simulacros de la jornada de votación.
Con los mismos domicilios y socios que la ASF detectó como irregulares, en 2024, además del contrato con el INE, la empresa ganó otros 158 millones de pesos por contratos para surtir materiales a los Oples de Puebla por 129.7 mdp; Aguascalientes, con 1.9 mdp, y Yucatán, de 26.5 mdp.
- Los contratos, indican que el concepto fue para materiales electorales y simulacros, así como que coincide el domicilio legal y representante que fue considerado por la auditoría forense con anomalías y por el que estableció un daño a la Hacienda Pública en la Cuenta Pública 2024.
- La Auditoría descubrió que la empresa mintió al IMSS al señalar que tenía 76 trabajadores registrados, pero no hubo ninguno. «En respuesta de la solicitud de información realizada al Instituto Mexicano del Seguro Social respecto del número de trabajadores activos e inactivos, se informó ‘sin movimientos de afiliación'».
A su vez, los auditores realizaron visitas de inspección y no hallaron indicios de la empresa en el domicilio registrado en el contrato, ante lo que citaron a los socios, pero no se presentaron ante la Auditoría en tres ocasiones.
Información obtenida por 24 HORAS en el Registro Público de Comercio indica que Comercializadora JVLY se formó en 2015 y tiene como socios a Jorge Viana Pimentel y Luis María Yáñez Pimental, según su acta constitutiva. A su vez, el representante legal es Fernando Fernández Parra.
La auditoría forense concluye que, tras varias peticiones de información, citas para entrevistas y visitas, no fue posible entablar un diálogo con ninguno de los tres.
«El representante legal de la citada persona moral informó que las personas convocadas se encontraban imposibilitadas a acudir a sus citaciones por cuestiones laborales y personales, ya que tenían viajes programados el 6 de agosto de 2025, por lo que no fue posible desahogar las entrevistas correspondientes».
Subcontrataron empresas con experiencia en el tema
La empresa subcontrató a otras con experiencia en materiales electorales y la ASF halló un cúmulo de anomalías en la entrega, por lo que determinó el presunto daño a la Hacienda por la totalidad del contrato.
- Los socios establecieron sus domicilios legales en las colonias Necaxa, en Iztapalapa, y Orquídeas, en Ecatepec. A pesar de ganar más de 200 millones de pesos, la empresa registró su domicilio legal en un departamento en Bosque de Radiatas 22, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, que fue donde no los localizó la Auditoría.
También estableció que contaba con una fábrica de materiales, pero la ASF indicó que ya no pertenecía a esa empresa. La Auditoría responsabiliza al INE porque entregó documentación soporte de que verificó a la empresa de manera presencial, pero «el domicilio donde se llevaron a cabo no es el estipulado en el contrato, ya que corresponde al proveedor Formas Finas y Materiales, quien también es proveedor del INE»./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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