La Ley General de Aguas aprobada en diciembre pasado por el Congreso generará una caída de hasta 25 por ciento en la producción agrícola del país este año, lo que acentuará la dependencia alimentaria, advirtieron líderes de organizaciones agrícolas.
- Álvaro López Ríos, dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), explicó a MILENIO explicó que la ley no atiende de manera específica el retraso en permisos y concesiones, lo que provocará abandono.
Indicó que los pequeños productores son responsables de la siembra de 74 por ciento de una superficie agrícola, estimada en 32.4 millones de hectáreas.
“La raíz del problema no son las concesiones de los pequeños productores que en promedio cultivan de dos a cinco hectáreas, sino de los grandes consumidores que acaparan el líquido, le dan un uso distinto o lo revenden. Prueba de ello es que de las más de 500 mil concesiones agrícolas registradas en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), apenas se han detectado 58 mil con irregularidades ya sea por falsificación o duplicidad”, resaltó.
Aseguró que este nuevo escenario de incertidumbre sin estudios técnicos eficientes y devaluación de los predios conllevará una caída de entre 20 y 25 por ciento en la producción agrícola del país en este año, sobre todo de granos y oleaginosas.
“Tan solo en 2025 se importaron más de 47 millones de toneladas de granos de los cuales 25 millones correspondieron a maíz, situando a México como el principal comprador mundial de ese alimento, lo que significa una seria amenaza a la soberanía alimentaria”, remarcó.
- Francisco Chew Plascencia, dirigente del Movimiento Social por la Tierra, coincidió en que la producción agrícola básica puede descender hasta 25 por ciento debido a que los derechos de agua no quedaron vinculados a un esquema territorial y será Conagua quien tenga la potestad burocrática para reasignar volúmenes y transferir concesiones conforme a sus criterios técnicos.
- Señaló que la incertidumbre en la reasignación de volúmenes y constanteabandono del campo por incosteabilidad puede disminuir la producción de granos de 32.4 millones de toneladas en 2025 a 26.5 millones en este año, muy lejos de la producción histórica de 40.8 millones alcanzada en 2021.
En la nueva ley, subrayó, no se atiende de manera específica la regularización y tenencia de derechos obtenidos mediante decretos presidenciales lo que afecta a cuando menos 25 por ciento de los productores agrícolas.
“El campo requiere claridad absoluta en la gestión del agua con la participación directa de los productores y agilización de trámites de la Conagua porque lo que está en juego es el derecho constitucional a la alimentación que hoy lamentablemente recae en el creciente volumen de importaciones que no solo significan pérdida de soberanía, sino la cancelación de miles de empleos”, sostuvo.
- Álvaro López Ríos, de UNTA, concordó con que la ley provocará incosteabilidad e incertidumbre jurídica, pues no atiende la revalidación de derechos de ejidos y comunidades necesarios para acceder a títulos de extracción, subsidios en tarifas eléctricas y financiamientos.
Por lo que insistió en que se requiere una auditoría de los permisos otorgados en administraciones pasadas para cancelarlos y redistribuir el agua en beneficio del sector campesino.
“Esta nueva ley se ensaña con los pequeños productores no solo por quedar impedidos de transferir sus concesiones y que su terreno no pierda valor, sino que las reasignaciones para los cultivos dependerán de un organismo central sin presupuesto suficiente para análisis técnicos”, advirtió.
Ante ello dijo que analizarán retomar la toma de carreteras en el país para exigir modificaciones a la Ley General de Aguas que no afecte a los pequeños productores y que el precio de los básicos, sobre todo el maíz, se sitúe en cuando menos 7 mil 200 pesos la tonelada que fue un compromiso del gobierno federal que no ha cumplido, pese a que eso depende evitar un éxodo de mayor de campesinos y alentar la producción.
Replantear legislación
Ante las omisiones e inconsistencias en la nueva ley, Paulo González Martínez López, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, buscará junto con su bancada abrir un diálogo nacional para replantear la legislación bajo reglas justas e incluyentes para los campesinos.
Aseguró que al vender terrenos sin concesión de agua “quedan prácticamente sin el valor original, lo cual causa un daño patrimonial”, sentenció.
Añadió que contar con un permiso es elemental para acceder a financiamientos que permitan impulsar la producción agrícola.
Añadió que Conagua debe transparentar y sancionar a quienes han acaparado y no a los campesinos, que son los que producen los alimentos para más de 130 millones de mexicanos.
“Seguramente se tiene una lista de quienes incurren en acumulación indebida y sobreexplotación y es ahí donde se debe actuar severamente”, remarcó.
Mientras, el senador Mario Vázquez impulsará una contrarreforma para incluir mecanismos más claros en transmisión de derechos del agua entre familiares directos y no solo quede la figura de reasignaciones a cargo de Conagua.
- “El propósito es brindar certeza jurídica a los campesinos para la continuidad de sus actividades productivas y que sus concesiones vayan acordes con lo que demandan sus cultivos”, expresó.
- Puntualizó que la propuesta no pretende modificar la ley, sino subsanar áreas donde existen tensiones que deben atenderse para avanzar en un proyecto hídrico integral y realmente tengan acceso al agua todos los mexicanos.
Añadió que también será necesario impulsar un Programa Nacional de Agua Potable para ciudades y municipios que signifique mayor inversión en infraestructura y atención inmediata a las redes colapsadas por donde se pierde más de 50 por ciento del suministro.
“El reto de cumplir cabalmente con el derecho humano de acceso al agua, tal como lo establece la nueva ley, requiere reconstruir la capacidad técnica de la Conagua que implique celeridad absoluta en todo tipo de trámites y mayor presencia regional, pues una ley no sirve si la institución encargada de aplicarla recibe cada vez menos recursos para operar tal y como sucede en este año en que su presupuesto aprobado disminuyó a sólo 36 mil millones de pesos, frente a los 62 mil 400 ejercidos en 2024”.
Dependencia de importaciones
López Ríos, de UNTA, enfatizó que lo preocupante es que más de 50 por ciento del consumo de alimentos en México depende de las importaciones y de ellas alrededor de 45 por ciento proceden de Estados Unidos, incluidos cárnicos y lácteos, lo que ante la coyuntura que se vive con el presidente Donald Trump existe el riesgo de que aproveche la situación como un arma de presión comercial.
“Lamentablemente en vez de caminar hacia la autosuficiencia alimentaria se va en sentido contrario, cada vez dependemos más de las importaciones de productos básicos como el maíz, sorgo y trigo y sin embargo se acota a los verdaderos campesinos el uso de agua y se limita a 5 mil pesos la tonelada de maíz, lo que significa la ruina para miles de productores que seguramente dejarán sus parcelas sumándose a los 200 mil que en 2025 abandonaran la actividad, dejando de cultivar dos millones de hectáreas”, explicó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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