La reforma a la Ley de Amparo tendrá un objetivo claro: favorecer a las autoridades por encima de los derechos de la ciudadanía. Así lo advirtió el doctor Román Lascano, coordinador del Foro de Constitucionalistas de México, en entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en “A las Nueve en Uno“.
- “Estamos viendo una reforma pro autoridad, es decir, en lugar de estar viendo una reforma a favor de los derechos humanos, a favor de los ciudadanos, a favor de las empresas, lo que se está buscando es coartar prácticamente el juicio de amparo para ciertas circunstancias y con ello favorecer únicamente a las autoridades”, señaló.
El especialista subrayó que esta propuesta “diluye el juicio de amparo y la defensa de los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos” y advirtió que detrás existen tintes políticos para “limitar ciertos derechos a determinadas personas”.
Los principales problemas de la reforma a la Ley de Amparo
Uno de los puntos más delicados, dijo, es la limitación a las suspensiones en casos de bloqueos de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Con esta reforma prácticamente señala que no se podrá conceder suspensión alguna respecto de estos bloqueos y que por lo tanto será hasta el fondo del asunto”, explicó. Esto, advirtió, puede tardar años y “afectar a empresas, universidades o pequeños empresarios”.
También alertó sobre las consecuencias en casos de obras que impactan al medio ambiente o a comunidades específicas. “Con esta reforma lo que se busca es evitar a cualquier costa que los jueces de distrito se lleguen a pronunciar respecto de este tipo de circunstancias, afectando los intereses o los derechos de las minorías o de los intereses colectivos”, puntualizó.
- Lascano recordó que desde el Foro de Constitucionalistas y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho ya habían manifestado que esta reforma “iba a modificar la autonomía e independencia de nuestros poderes judiciales”. Según explicó, lo más grave es que las autoridades quedarían sin responsabilidad penal en caso de incumplir suspensiones o sentencias.
“Quiere decir que las autoridades al sólo manifestar que no pueden cumplir porque existe una imposibilidad jurídica o material, por lo tanto existiría una excepción o una excluyente de responsabilidad… y esto va a generar que cualquier presidente municipal manifieste que no tuvo conocimiento, que no puede dar cumplimiento a la suspensión y con ello hacer nugatorio el juicio de amparo”, sostuvo.
Acota los derechos humanos
Aunque aclaró que la reforma no elimina el juicio de amparo, sí lo restringe de manera severa. “No lo mata, pero sí acota la defensa de los derechos humanos, sobre todo porque van a tener un tribunal de inquisición judicial que lo que va a buscar es sancionar a los jueces y magistrados”, apuntó.
- Finalmente, el constitucionalista llamó a que el Congreso reconsidere y escuche a la academia y a la sociedad civil: “Hagamos votos de que en el Congreso se hagan las modificaciones necesarias y que al contrario, que le dé la voz a los abogados, a las organizaciones de la sociedad civil, para que esta reforma realmente beneficie los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos y sobre todo que no se politice”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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