Pese al llamado a los nuevos jueces y magistrados realizado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, a no destituir al personal y aprovechar la experiencia con la que cuenta, desde el 17 de septiembre se ha reportado el despido masivo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Se trata de oficiales judiciales, actuarios y secretarios, especialmente los que tenían cargos de confianza, muchos de los cuales son personal con más de 10 años laborando en alguno de los órganos jurisdiccionales.
- Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, explicó que, hasta la fecha, de los poco más de 14 mil trabajadores que se encontraban contratados bajo el régimen de confianza, al menos cinco mil “quedaron fuera”. Otros 40 mil, que son sindicalizados, mantienen sus cargos.
- “Hubo órganos donde de plano llegó el titular diciendo: ‘Quiero la renuncia de todo el personal’. Obviamente, sabemos que los jueces que vienen de ser electos por voto, pues tienen compromisos. Y no se ponen a ver que están en la curva de aprendizaje y si el titular no sabe llevar la dirección de un órgano jurisdiccional y mete personal nuevo, pues aquí quien se va a perjudicar todavía más son los justiciables que están esperando una justicia pronta”, señaló.
Es el caso de un juzgado de Distrito con sede en Culiacán, Sinaloa, al que le toca ver asuntos en todas las materias, como administrativo, civil, laboral, agrario y penal. A la llegada de la nueva persona titular, quien no ha laborado en el PJF, despidió a tres personas que contaban con entre siete y 10 años de experiencia, entre ellas a una mujer que es madre viuda de tres niños y una persona con leucemia que requiere de tratamiento médico, así como a la proyectista, que tenía una carrera de 10 años.
“Le pidieron unos días para que tuvieran la posibilidad de buscar trabajo, pero no aceptó. Tampoco tuvo miramientos en revisar cada uno de los casos de las personas a las que les estaba pidiendo su renuncia”, explicó una trabajadora del juzgado, quien, por razones de seguridad, pidió el anonimato.
- Además, la nueva persona titular también se olvidó de la paridad de género, pues en el mismo escalafón colocó únicamente a hombres; además, ingresó a personas que no cuentan con experiencia en la labor.
- “Es tan poco personal el que tienen los juzgados, especialmente los auxiliares, que no te puedes dar el lujo de tener a personas que no sepan de derecho (…) se están poniendo la soga al cuello. No se ha dado cuenta de que tiene que sacar 71 asuntos en tres semanas, de todas las materias y de todo el país”, dijo.
Marlene Ángeles, quien hasta el 31 de agosto se desempeñó como titular de dicho juzgado, explicó que la labor de los auxiliares es agilizar, “ser sumamente hábil, tener muchísima experiencia porque a los auxiliares” se les encarga despresurizar toda la carga laboral de los juzgados de Distrito de todo el país
“Es una arbitrariedad que todas esas personas han dedicado su vida a la institución, a construir lo que es hoy, y los hayan echado de esa manera sin un trato mínimo digno… Ya invertiste en su capacitación, en su profesionalización, ya tienen experiencia y las botan como si nada. No se me hace humanista o con un mínimo de respeto”, agrega.
Ángeles Tovar, quien se desempeñó como jueza durante tres años y que cuenta con 22 de carrera judicial, explicó que, en su caso y el de los más de 850 jueces y magistrados cesados, siguen en espera del pago extraordinario que establece la reforma judicial para quienes renunciaron a participar en la elección del pasado 1 de junio.
- “Ha sido terrible, ha sido vivir un duelo y no sólo por mí, sino por las personas que se han quedado sin trabajo. Ahorita vine a ver lo de un trabajo. Yo soy joven, no tengo derecho a pensión (…) Hasta el último día yo cumplí con mis labores. Yo estaba todavía sacando asuntos el 31 de agosto, en trámites para dejar todo en orden con el acta de entrega, y ya me habían mandado mi oficio de baja”, indicó.
Otra de las preocupaciones, de acuerdo con Juan Alberto Prado Gómez, gira en torno a la posibilidad de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) avale la eliminación de prestaciones y antigüedad a los trabajadores que hayan sido promovidos en nuevos nombramientos.
Esto se da a partir de que una opinión técnico-jurídica del OAJ a su director jurídico, en busca de adoptar un criterio sobre los derechos laborales de toda la base trabajadora, concluyó que quienes hayan renunciado a su puesto para tomar un nuevo nombramiento serán considerados jurídicamente como “personal de nuevo ingreso”.
Con ello, perderían el seguro de gastos médicos mayores y el de separación individualizada, dos de las prestaciones históricamente más relevantes dentro del Poder Judicial.
Al respecto, el secretario del sindicato señaló que están tratando de evitar que esa medida sea aprobada, pues de lo contrario se afectaría a toda la base trabajadora.
“Nos dejarían en estado de indefensión a todos los trabajadores. Ya nadie va a querer subir de puesto, porque con ello se acaba la antigüedad, y sería como tener trabajadores de primera y de segunda. Además, los privilegios son de ‘los de arriba’, no los tiene la base trabajadora”, concluyó./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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