La posibilidad de que en 2027 coincidan cuatro procesos electorales federales —elección legislativa, elección judicial, revocación de mandato y, de manera concurrente, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y 800 ayuntamientos— abre un debate técnico dentro y fuera del INE sobre la viabilidad, los costos y los riesgos que implicaría organizar la mayor elección en la historia del país.
- Aunque ambos consideran que el instituto “puede con la carga”, los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona y Martín Faz Mora exponen diagnósticos opuestos: el primero considera que habría poco ahorro, pero operación posible, mientras que el segundo advierte que los costos aumentarían de manera significativa y que la estructura del INE no podría sostener cuatro procesos simultáneos sin sacrificar calidad.
- Tanto Espadas como Faz coinciden en algo: una jornada electoral con cuatro elecciones sería extremadamente compleja para la ciudadanía (más de 10 boletas en algunas entidades), partidos y funcionarios electorales.
Uno de los principales problemas, de acuerdo con el consejero Espadas, no es presupuestal, sino operativo, ya que no es viable una casilla única, pues la revocación y la elección judicial no permiten presencia de partidos, mientras que la legislativa y las locales sí.
ADVIERTEN SOBRE VIABILIDAD
La posibilidad de que en 2027 coincidan cuatro procesos electorales federales —elección legislativa, elección judicial, revocación de mandato y, de manera concurrente, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y 800 ayuntamientos— abre un debate técnico dentro y fuera del INE sobre la viabilidad, los costos y los riesgos que implicaría organizar la mayor elección en la historia del país.
Aunque ambos reconocen que el instituto “puede con la carga”, los consejeros Uuckib Espadas Ancona y Martín Faz Mora exponen diagnósticos opuestos: el primero considera que habría poco ahorro, pero operación posible, mientras que el segundo advierte que los costos aumentarían de manera significativa y que la estructura del INE no podría sostener cuatro procesos simultáneos sin sacrificar calidad.
Ahorro incierto
Para Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral, “un ahorro existiría”, principalmente por la posibilidad de que los mismos capacitadores electorales (CAE) recluten y preparen a los funcionarios de casilla para los cuatro procesos.
Recordó que, en 2021, la consulta popular se organizó con parte del personal capacitado para la elección legislativa, y que el grueso de los costos se concentra en las casillas y en el pago del personal temporal.
- Sin embargo, las cifras no son menores: la elección legislativa de 2021 costó 7,861 millones de pesos (156 mil casillas), un mes después se realizó la consulta popular con un costo de 528 millones y 56 mil casillas; la revocación de mandato de 2022 costó 1,700 millones (57 mil casillas); la elección presidencial y legislativa de 2024 ascendió a 8,800 millones (174 mil casillas) y la elección judicial de 2025 requirió 6,219 millones, más una ampliación de 800 millones, (7 mil millones) para instalar 86 mil casillas.
- Espadas consideró que el problema central no es presupuestal, sino operativo: no es viable una casilla única, pues la revocación y la elección judicial no permiten presencia de partidos, mientras que la legislativa y las locales sí.
- Si se instalara un paquete completo de más de 170 mil casillas para legisladores y elecciones locales (tomando el costo de 8 mil 800 millones de 2024), otras 170 mil para la elección judicial, (14 mil millones) más boletas para revocación y eventualmente una consulta popular, el costo de las llamadas “superelecciones” podría superar los 20 mil millones de pesos (sin contar costos locales, sólo federales), según cálculos de esta reportera, y considerando dos grupos de CAE, uno para cada tipo de casilla (Federales más locales/Judiciales más Revocación).
El ahorro real sería la no instalación de casillas para una revocación en 2028, lo que representaría apenas unos 4 mil millones menos, entre casillas y contratación de CAE, pensando en más de 170 mil casillas y no en la tercera parte del total necesarias que se instalaron en 2022.
Para el consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización Electoral, la narrativa del ahorro “no tiene sustento técnico”.
Según sus cálculos, organizar los cuatro procesos simultáneamente “incrementaría los costos marginales” porque nada en la operación permite economías de escala.
Ejemplificó con: añadir un sólo escrutador adicional para la revocación implicaría 90 millones de pesos más; contratar 7 u 8 mil CAE adicionales generaría un aumento cercano a 700 millones; imprimir 100 millones de boletas extra para revocación sumaría alrededor de 300 millones y la duplicación de casillas judiciales y para revocación podría triplicar el gasto en funcionarios y logística.
Faz advierte además que las juntas locales y distritales “no tienen espacio físico” para manejar cuatro cadenas de custodia simultáneas, lo que obligaría a rentar bodegas adicionales y contratar más personal de resguardo.
Tanto Espadas como Faz coinciden en algo: una jornada electoral con cuatro elecciones sería extremadamente compleja para ciudadanía (más de 10 boletas en algunas entidades), partidos y funcionarios electorales.
- En Durango y Veracruz, donde por primera vez coincidieron elecciones municipales y judiciales, el ensayo dejó lecciones preocupantes pues en Durango votó 44.7% en municipales, pero sólo 20.3% acudió a votar por jueces.
- En Veracruz, 49.9% en municipales contra 17.9% en judiciales.
Es decir, aun teniendo casillas instaladas en cercanía, la participación en elecciones judiciales fue menos de la mitad.
Para Espadas, la complejidad no inhibiría de manera dramática la participación, pero sí generaría “procesos contaminados entre sí”, donde el arrastre de campañas para gubernaturas o diputaciones distorsionaría la votación judicial o la revocación.
Además, la falta de representantes de partido en casillas judiciales “es un problema serio de vigilancia”.
Para Faz, en cambio, el riesgo es estructural: calendarios incompatibles, conteos simultáneos y PREP saturados.
El consejero Faz recordó que después de la jornada electoral, el lunes es clave: se entregan copias de actas a partidos, se define si habrá recuentos totales o parciales y se calcula cuántas mesas de cómputo se necesitan para el miércoles.
Si al mismo tiempo se están procesando cómputos judiciales, necesitamos personal doble. El mismo funcionario no puede estar programando recuentos legislativos y contando votos judiciales”.
- Espadas coincide en el riesgo para los cómputos: en 2025, con sólo 20% de participación, el cómputo judicial en casillas habría tomado 20 horas.
- Sería imposible hacerlo en casilla; debe irse a consejos distritales, lo que implica una semana completa de escrutinio”.
Ambos también advierten que el país podría no tener capacidad para imprimir casi mil millones de boletas si se empalman elecciones federales, locales, judiciales y revocación. “Forzaríamos al aparato impresor del país”, dijo Espadas.
Riesgo sistémico
Faz fue tajante al asegurar que “la saturación provocaría elecciones de baja calidad, y eso impacta la confianza pública”.
Una mala logística puede traducirse en errores en documentación, fallas en PREP, retrasos en conteos y percepciones de improvisación.
Espadas señala que la mayor preocupación no está en lo técnico, sino en el sentido político: elecciones concurrentes “vician” las menos visibles.
Desafíos
Doble casilla obligatoria. No es viable una casilla única.
- Vigilancia. La falta de representantes de partido en las casillas judiciales es un “problema serio de vigilancia”.
- Duplicación de gastos. La duplicación de casillas judiciales y para revocación podría triplicar el gasto en funcionarios y logística.
- Calendarios incompatibles, conteo simultáneo y PREP saturado.
- Tiempo de escrutinio. El cómputo judicial no podría hacerse en casilla (tomaría 20 horas con sólo 20% de participación); requeriría ir a consejos distritales, implicando una semana completa de escrutinio.
Doble personal requerido. Se necesitaría personal doble para procesar cómputos judiciales y recuentos legislativos al mismo tiempo; el mismo funcionario no puede hacer ambas tareas.
Capacidad de impresión. El país podría no tener capacidad para imprimir casi mil millones de boletas si se empalman elecciones federales, locales, judiciales y revocación, “forzando al aparato impresor del país”.
Riesgos
Las elecciones judiciales o la revocación quedarían “oscurecidas” o “viciadas” por las campañas de gobernador o la elección federal.
El arrastre de campañas para gubernaturas o diputaciones distorsionaría la votación judicial o la revocación.
La complejidad de la jornada no necesariamente inhibiría la participación de manera dramática, pero la experiencia pasada sugiere que la participación en los procesos menos visibles cae drásticamente, incluso con casillas cercanas.
¿Conviene adelantar la revocación de mandato a 2027?
La idea de mover la revocación de mandato al 2027 parecía, en un inicio, una forma de “ordenar” el calendario electoral. Pero Morena decidió frenar la reforma y discutirla más ampliamente.
Hay que recordar que, en 2022, 91% votó por que López Obrador siguiera en la Presidencia… pero sólo participaron sus simpatizantes. La oposición prácticamente no acudió. Por eso el resultado fue aplastante.
- En 2027 la historia podría ser distinta. La revocación coincidiría con una intermedia, y las intermedias sí movilizan a poco más del 40% de la población, situación vinculante para la revocación de mandato.
- En las intermedias la oposición sí acude a las urnas tratando de cambiar las tendencias en los congresos federal y locales.
Desde Salinas de Gortari ningún partido ha tenido mayoría absoluta sin aliados.
En 2015 la oposición sumó 71%; en 2021, 22.7 millones de votos; Morena y aliados 27.5 millones.
En una boleta de revocación, la oposición podría participar, ya sea votando por la revocación o anulando masivamente para debilitar el resultado.
Existiría la posibilidad de que la presidenta Sheinbaum sea ratificada no con un margen amplio como sí lo tuvo su predecesor López Obrador./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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