La Reforma a la Ley Aduanera si bien parte de una intención legítima de fortalecer la fiscalización y combatir malas prácticas, su aplicación elevará los costos operativos de los agentes aduanales, aumentará los tiempos de despacho y es probable que entorpezca la operación logística, aseguró Sergio Islas Arias, CEO de SIEM Business, empresa de comercio exterior.
- Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que se prevé su discusión en los próximos días en el Senado de la República, así como su aprobación.
- Islas Arias explicó en entrevista que, si bien representa un cambio sustancial respecto al modelo actual del comercio exterior en México, uno de los puntos que más preocupan al sector es la limitación de la vigencia de las patentes aduanales a 40 años máximo, pues actualmente no había limitaciones.
“Nos preocupa porque un modelo de negocio en el comercio exterior requiere de infraestructura. La inversión que se hace como agente aduanal, tanto en la oficina, equipos, y empleados calificados, eso es una inversión grande que no la recuperas en 10 años (como era la propuesta original de la patente aduanal)”.
La nueva Ley también exige mayor corresponsabilidad entre agentes aduanales y empresas importadoras y exportadoras, así como una mayor exigencia en la identificación de las empresas que solicitan operaciones de comercio exterior.
“Es un cambio drástico que, si bien parte de una intención legítima de fortalecer la fiscalización y combatir malas prácticas, su aplicación, en caso de ser aprobada por la Cámara alta, podría tener efectos mixtos, por un lado, podría mejorar la recaudación fiscal, pero también es muy probable que eleve los costos operativos, aumente los tiempos de despacho y entorpezca la operación logística”, insistió Islas.
- En ese sentido, explicó que con la nueva regulación se va a solicitar la inspección al 100 por ciento de la mercancía, cuando anteriormente se permitía una inspección del 20 por ciento, esto encarece el servicio.
- “En la inspección aduanera incluyes la maniobra, la inspección, si no lo terminaste, pues van a tener que cerrar el contenedor, volverlo a posicionar, volver a sacar otra cita, esperar otros tres a cinco días, volverlo a hacer. Entonces, es un proceso que podíamos sacarlo en siete días de la aduana. Hablando en puertos marítimos puede ir de 15 a 25 días. Entonces, los costos de almacenaje y demoras pues se van a ir a la nube”.
El experto en comercio señaló que podrían estar pagando 75 mil pesos más por todo este tiempo de demora, lo cual no se tiene ahora contemplado.
“Esta reforma será, sin duda, un parteaguas. Más que un cambio normativo, es un reacomodo de responsabilidades dentro del ecosistema logístico nacional. Sin embargo, será la operatividad en el día a día quien defina si la moneda cae del lado del fortalecimiento institucional o de la sobrerregulación costosa”, dijo.
Sin cargas excesivas
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, pidió al legislativo que la reforma concentre su fuerza en quienes defraudan, no en quienes cumplen.
- “La autoridad debe contar con herramientas firmes para combatir la ilegalidad, pero sin generar cargas excesivas que terminen afectando al sector productivo, especialmente a las pequeñas empresas, que representan más del 70% del empleo formal del país”, pronunció.
- Sobre las modificaciones a los artículos 178 y 184-B, solicitaron proporcionalidad en las sanciones. Si bien coinciden en aplicar castigos firmes al fraude, la simulación y la reincidencia, es indispensable que los errores sin dolo no pongan en riesgo la viabilidad de las empresas.
“Hoy existen sanciones que pueden alcanzar hasta el 300% del valor de la mercancía por errores formales, como una discrepancia menor en una Norma Oficial Mexicana (NOM) o en una descripción comercial. Una multa de ese nivel puede significar el cierre definitivo para una empresa que sí quiere cumplir”.
Sobre integrar un expediente electrónico único, la Coparmex considera que su implementación requiere tiempo. Por ello, propone que entre en vigor 12 meses después de la publicación de la reforma, para que las empresas puedan adaptar sus sistemas a ello./Agenicas-PUNTOporPUNTO
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