Modificación a la LEY ELÉCTRICA puede terminar como letra muerta al provocar litigios: COPARMEX

Tras la aprobación de la reforma del Ejecutivo a la Ley de la Industria Eléctrica, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ya trabaja en el análisis de la ruta legal para «evitar daños a México y su sector productivo», ante el inminente incremento de costos, por lo que advirtió que dichos cambios podrían terminar “en letra muerta” desde el primer día de su implementación.

  • José Mediana Mora Icaza, presidente de la Coparmex, afirmó: la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica puede terminar como letra muerta al provocar litigios desde su primer día, que podrían llevarla a ser declarada inconstitucional, pues vulnera el artículo 28 de la Carta Magna”.
  • Explicó que la inconformidad del sector empresarial a los cambios en materia de electricidad promovidos por el presidente Andrés Manuel López y el poder legislativo, se sustentan en que el despacho a la energía termoeléctrica producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un costo de generación cinco veces mayor a la generación de energías limpias por empresas privadas. Esto llevaría aumento de precios en las tarifas de electricidad.

Lamentamos que, como resultado de las modificaciones a la ley (eléctrica), México opte por impulsar las energías más sucias y más caras”, reprochó el líder del sindicato de los patrones en México.

  • Además, “esta reforma no contribuye a revertir los 15 meses al hilo en los que la confianza empresarial se encuentra en niveles pesimistas, cuando nuestro país debe otorgar certeza a los inversionistas sobre las reglas a partir de las cuales se tomaron decisiones de inversión que ya se encuentran en operación”, reviró la Coparmex.

En un análisis de la iniciativa, realizado por expertos de Coparmex, se concluyó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica convertiría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un monopolio, situación que traerá graves consecuencias económicas, legales, sociales, de salud y medioambientales no sólo a nivel nacional, sino también internacional./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO

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