Solo 1.5% del total de las instalaciones para expedir combustible, ya sea bajo las modalidades de autoconsumo o de usos propios, cuentan con permisos por parte de la autoridad, de acuerdo con GMB Abogados; por lo que representan un riesgo de evasión fiscal.
- En el país existen al menos 20 mil instalaciones que realizan esta operación, de las que 300 cuentan con permiso de la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE), explicó Javier Govea Soria, socio de la firma.
- Los permisos de autoconsumo se dan a entidades públicas o privadas que, por su actividad económica, puede recibir, almacenar o expender combustibles a vehículos de su propiedad; en tanto que los usos propios, son permisos de transporte por ducto o de almacenamiento, destinados exclusivamente al consumo final en equipos industriales de la empresa titular. En ambos casos está prohibida por la autoridad la venta a terceros.
La cifra infiere que hasta 98.5 por ciento de estas instalaciones (puertos, aeródromos, empresas transportadoras y otras) no cumplen todas las disposiciones que definen la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), tales como manifestaciones de impacto ambiental y social, así como controles volumétricos e indicadores de seguridad industrial y operativa.
- Estas medidas entraron que incluyeron por primera vez a estos conceptos en la miscelánea fiscal entraron en vigor el 1 de enero de este año. Por ello se busca que al implementar la nueva definición jurídica de Autoconsumos y Usos Propios, en un proceso que exigirá coordinación entre Sener, ASEA y la CNE.
- Govea señaló que, aunque la ley los obliga a contar con todos estos requisitos, tramitarlo representa un reto para las autoridades, ya que deberán resolver al menos 20 mil trámites para autoconsumo y otros miles para usos propios, por lo que, dijeron, es importante establecer un régimen transitorio.
Mientras se publica esa regulación, es conveniente que la Secretaría de Energía disponga un mecanismo que asegure la trazabilidad de los combustibles y que garantice la continuidad de las operaciones industriales.
Según Govea el marco jurídico contribuirá como un mecanismo eficaz al combate del mercado ilícito de combustibles, que requiere del esfuerzo conjunto de iniciativa pública y privada; además abre oportunidades de desarrollar estrategias en la última parte de la cadena de valor.
- Por su parte el director de Desarrollo de Tecnologías en Kernotek, Aldo Vargas, expuso que existe un subregistro de pipas de combustible, ya que solo 10 de cada 20 unidades están inscritas en el portal gubernamental.
- Esta situación se agrava con las nuevas regulaciones implementadas en septiembre de 2025, que exigen códigos QR en pipas, para verificar la trazabilidad en tiempo real.
- Aldo Vargas explicó que de acuerdo con transportistas, se recurren a vehículos no registrados para evitar interrupciones en el suministro, ya que la mitad del país se quedaría sin combustible.
El pasado miércoles la CNE emitió un Acuerdo del Comité Técnico, donde se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que los transportistas cumplan con la implementación del balizado con QR y rastreo por GPS en sus unidades.
El gobierno implementó esta medida del balizado de vehículo y la integración de sistemas GPS para combatir el robo de hidrocarburos, sin embargo hay operadores informales que satisfacen la demanda.
- En caso de no cumplir con las nuevas disposiciones, la autoridad podría imponer sanciones que pueden alcanzar hasta 5 millones de pesos.
- De acuerdo con Aldo Vargas, obtener un permiso por unidad puede demorar hasta 2 meses, a pesar de que la normativa establece plazos de apenas 15 días hábiles para la colocación de los códigos QR.
Esta disparidad entre los tiempos administrativos y los tiempos establecidos crean un escenario donde los transportistas dispuestos a cumplir enfrentan barreras burocráticas que los ponen en riesgo de recibir multas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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