El gobierno de México no cuenta con registros, datos o estadísticas sobre funcionarios federales ligados al crimen organizado en presuntos delitos como portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de narcóticos y corrupción ligada al tráfico de drogas.
- De acuerdo El Universal, mediante una solicitud de información, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encargada de vigilar el comportamiento profesional de los funcionarios a nivel federal, aseguró que si bien tiene 505 mil 265 registros de servidores públicos denunciados por diversas irregularidades —y entre ellas deben estar esas— no cuenta con un documento que precise cuántas denuncias se presentaron por presuntos vínculos con el crimen.
- “En los archivos con los que cuenta la Dirección General de Investigación, así como en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (…) se obtuvieron 505 mil 265 registros dentro del periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 2 de mayo de 2025. Sin embargo, es importante mencionar que no se cuenta con el nivel de detalle” de las infracciones, aseveró.
La Secretaría Anticorrupción asegura que sólo recibe denuncias ciudadanas y turna los casos penales al MP; admite que sus registros carecen de detalle sobre la naturaleza de las faltas denunciadas e indica que la información específica debería tenerla la FGR.
Más adelante, en la misma respuesta, la dependencia federal añadió que el dato específico debe tenerlo la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que Anticorrupción y Buen Gobierno solamente recibe denuncias ciudadanas sobre el comportamiento de los funcionarios, y si hay investigaciones que deban hacerse en el orden penal, éstas se turnan al Ministerio Público federal.
“Derivado de todo lo anterior y bajo los principios de máxima publicidad y transparencia que rigen a esta dependencia, se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de República, quien puede contar con la información requerida en su solicitud”, se expuso en la respuesta de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Se echan la bolita
Por su parte, la FGR respondió a la misma solicitud de información, hecha por este medio, que carece de información sobre funcionarios que actualmente sean investigados por delitos relacionados con el crimen organizado, ya que la dependencia integra las carpetas sin clasificarlas sobre el desempeño profesional de los acusados.
“Se precisa que esta Fiscalía General de la República no inicia investigaciones en contra de personas físicas o morales en específico, debido a que conoce de hechos que la ley considera como delitos y reúne los elementos necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal, la acusación del imputado y la reparación del daño”.
- Además, aseguró que como entidad del Estado mexicano “se encuentra obligada a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los que destaca la presunción de inocencia, en sus distintas vertientes, tales como los derechos fundamentales de intimidad, honor, vida privada, buen nombre y seguridad”.
Por ello, se encontraría impedida para dar datos específicos sobre funcionarios, en razón de su desempeño profesional.
“Debido a lo anterior, no se localizó expresión documental que contenga la información en los términos requeridos, debido a que no cuenta con registros de investigaciones abiertas en contra de funcionarios federales por delitos relacionados con delincuencia organizada, portación ilegal de armas de fuego y/o narcóticos, y portación de armas exclusivas del Ejército”, señaló la FGR.
Denunciados
A pesar de ambas respuestas, el último informe de labores de la entonces conocida como Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que desde diciembre de 2018 hasta junio de 2024 se habían presentado 942 denuncias penales en contra de funcionarios federales relacionadas con “hechos probablemente constitutivos de los delitos”.
- El informe afirma que las acciones presuntamente ilegales por parte de funcionarios de la Administración Pública Federal están asociadas a delitos como enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, fraude, peculado, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y delitos fiscales.
Si bien el informe no especifica si algunos de estos presuntos delitos están relacionados con posibles implicaciones del crimen organizado, sí detalló que únicamente 11 de 899 carpetas de investigación iniciadas pudieron llegar a juicio con responsabilidades penales, no sólo administrativas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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