En sus primeros cien días la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación se distinguió por el desconocimiento de las reglas, el protagonismo de Lenia Batres, quien presentó propuestas para pasar por alto el principio de cosa juzgada (secundada por Hugo Aguilar), además de la negativa expresa de revisar leyes aprobadas por el Poder Legislativo pese a vicios durante el proceso.
- La nueva integración fue fruto de la reforma judicial y bajo la sospecha de que las candidaturas ganadoras llegaron inducidas por acordeones.
Desde su primera sesión el constitucionalista Camilo Saavedra comentó que no estaba claro cómo tratarían el tema de la jurisprudencia, ya que si bien los ministros tienen la libertad para resolver como quieran, están sujetos a seguir lo que dictan la Constitución, los tratados, leyes y reglamentos, pero también los criterios dictados por ministros de otras épocas.
Discapacidad, la primera polémica
El 7 de octubre Lenia Batres presentó ante el pleno un proyecto de resolución para que se eliminara el criterio de invalidar las leyes relacionadas con personas con discapacidad, en las que ellas no hubieran sido consultadas. Sin embargo, ese día el proyecto no fue votado, aunque la ministra aseguró que el Pleno ya lo había invalidado.
El problema de que se eliminara ese criterio es que la Convención Internacional de Derechos para personas con discapacidad, firmada en 2016, establece que si leyes que afectan a este grupo no son consultadas, deben invalidarse.
Eso preocupó a organizaciones de personas con discapacidad, quienes solicitaron una audiencia pública (una figura de la nueva SCJN) para pedir que no se eliminara la consulta y que además las comisiones de derechos humanos puedan hacer acciones de inconstitucionalidad en nombre de personas con discapacidad.
A raíz de la petición de las personas con discapacidad, el Pleno acordó recibirlos durante tres días, del 20 al 22 de ese mes para que hablaran tanto a título individual como de organizaciones. En la primera jornada, algunos ministros como Giovanni Figueroa y Yasmín Esquivel aclararon que el tema estaba a discusión y no había sido aprobado, como dijo Batres.
El evento sirvió para que Batres retirara su proyecto.
Los desencuentros
Uno de los temas que Camilo Saavedra pronosticó se presentaría tarde o temprano en el Pleno de la SCJN, es el de las diferencias entre ministros e incluso la conformación de bloques.
- En noviembre la tensión se presentó en la sesión del 3, cuando la ministra Loretta Ortiz presentó un proyecto de controversia constitucional en la que negaba que municipios de Chihuahua tuvieran facultades para cobrar licencias de construcción de subestaciones eléctricas.
- Pero al encontrar que no todos los ministros estaban de acuerdo con su proyectos, como Giovanni Figueroa, quien decía que los municipios sí podían cobrar esos derechos, Ortiz criticó que otros colegas, sin decir nombres, hacían interpretaciones erróneas al hacer uso de exsecretarios de estudio y cuenta de ministros de la anterior corte. (Los secretarios se encargan de analizar y redactar los proyectos que presentan los ministros ante sus pares).
El momento generó tal tensión que hasta el ministro presidente Hugo Aguilar, que tiene en su ponencia a personas que trabajaron en esa situación, los defendió y dijo que él se hacía cargo de sus argumentos.
El 4 de noviembre hubo un desencuentro entre el ministro Figueroa y la ministra María Estela Ríos, que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue la consejera jurídica de presidencia.
Figueroa, durante una discusión en torno a la constitucionalidad de las competencias administrativas de la fiscalía de Quintana Roo para solicitar a jueces federales la intervención de comunicaciones privadas, empleó el término “reducción al absurdo”, como un elemento retórico para plantear un escenario ilógico donde cada fiscalía pudiera pedir lo mismo, cuando en realidad a quien le toca decidir es a un juez.
Ríos lo tomó personal, como si hubiera dicho algo absurdo y así lo hizo saber, visiblemente molesta.
“Lo tomo como alusión personal porque entonces usted está diciendo que estoy argumentando al absurdo y no es así”, dijo Ríos.
Figueroa replicó que se trataba de una técnica argumentativa lo que usó. El ministro presidente intervino y aclaró que se aceptaban todas las precisiones.
- Ese mismo 4 de noviembre el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz tuvo un sinsabor cuando acudió en la tarde a la Facultad de Derecho de la UNAM y un estudiante le reclamó la capacidad de los nuevos juzgadores emanados de la elección judicial. Esa misma semana Loretta Ortiz tenía programada una visita a la facultad pero ya no fue.
Quejas por trato a las víctimas
El 19 de noviembre en el Pleno se discutió revivir el fideicomiso de la Comisión de Atención a Víctimas, desaparecido desde 2020, y con ello destinarle cada año el 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, el proyecto para hacerlo, del ministro Giovanni Figueroa, no pasó al quedarse a un voto para ello, ya que 5 ministros votaron a favor y 4 en contra. Entre estos últimos estuvo el de la ministra Sara Irene Herrerías, quien fue titular de la Procuraduría Social para la Atención a las Víctimas de Delitos del Gobierno Federal, instancia que se transformó en la actual CEAV, y fiscal de Derechos Humanos en la FGR. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez y Fundar plantearon que con esta decisión la SCJN no ponía al centro a las víctimas
Discuten en fast track
El 13 de noviembre la SCJN rechazó los 6 recursos de amparos directos contra resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa, presentados por Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, para revisar créditos fiscales impuestos por el Sistema de Administración Tributaria.
El 19 de noviembre fueron discutidos dos más. Todas las solicitudes de amparo fueron rechazadas, algo que ya se esperaba. Lo sorprendente es que fue prácticamente sin discusión y con el voto de la ministra Batres, de quien la parte quejosa había pedido se abstuviera de votar, ante la animadversión que había expresado contra el empresario. Pero el Pleno votó que esa conducta no influía, al haber sido anterior a que fuera ministra.
Cosa juzgada
El 26 de noviembre cinco ministros, Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Irving Espinosa y el presidente Hugo Aguilar plantearon revisar el criterio que impide reabrir juicios con sentencia firme, en los casos en que se presuma que hubo fraude en la resolución. El pleno votó para que la encargada de hacer un proyecto sobre la cosa juzgada fuera Loretta Ortiz. El tema levantó una polvareda de polémica, porque algunos consideraron que eso abría la posibilidad de revisar cualquier sentencia y demolería las bases de la certeza jurídica en México.
La cosa juzgada llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien les enmendó la plana a los ministros. Dijo contundentemente que no estaba de acuerdo.
“Lo que ya fue juzgado ya fue juzgado, entonces hay muchos temas que tiene pendiente la corte”.
Entonces la SCJN reculó y en un comunicado precisó que la cosa juzgada nunca ha sido objeto de cuestionamientos ni ha estado en duda su garantía.
Contexto
Los nueve ministros del Pleno de la Corte fueron electos el 1 de junio. Los ganadores fueron cuestionados porque sus nombres aparecían en 30 de 39 acordeones detectados por el Instituto Nacional Electoral, en los que se inducía el voto.
- Luego de recibir su constancia de mayoría, el entonces ministro electo, Hugo Aguilar dijo en el INE que a él nadie lo había impuesto, sino que llegó por los votos que recibió del pueblo. Por ser el que obtuvo más votos, se convirtió en el presidente de la SCJN, cargo que asumió el 1 de septiembre y que ostentará por dos años.
El tema de la independencia de los ministros aun se aborda, y el presidente ministro lo hizo en su informe de actividades del 10 de diciembre, cuando expresó que no existe sumisión ni subordinación, sino corresponsabilidad institucional y respeto a las atribuciones de cada uno de los ministros./Agencias-PUNTOporPUNTO
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